La Unidad de Información Financiera (UIF) introdujo cambios significativos en los requisitos de inscripción y actualización para los Sujetos Obligados bajo la Ley N° 25.246, apuntando a fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Según se explica la Resolución 37/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, el organismo busca agilizar la gestión documental y optimizar la trazabilidad de los procesos de registración, exigiendo una mayor rigurosidad y digitalización en la presentación de documentación respaldatoria.

Desde la entrada en vigor de la nueva normativa, la inscripción de los Sujetos Obligados debe realizarse exclusivamente a través del Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+), plataforma digital que centraliza la recepción, revisión y validación de documentos. Esta medida alcanza tanto a personas humanas como a estructuras jurídicas, quienes deberán adjuntar en formato PDF —u otro que pueda establecerse en el futuro— toda la documentación requerida, quedando sujeta a revisión y posibles solicitudes de rectificación por parte de la UIF.

El nuevo marco normativo establece que, al momento de la inscripción, los Sujetos Obligados deben presentar un conjunto detallado de documentos identificatorios y habilitantes. En el caso de personas humanas, se exige una nota dirigida al presidente de la UIF con datos personales, domicilios y actividad principal, así como copias de documentos de identidad, CUIL, CUIT o CDI, autorizaciones profesionales, certificación de antecedentes penales y, en caso de corresponder, constancias sobre condición de Persona Expuesta Políticamente o contratos de fideicomisos activos. Si la presentación la realiza un apoderado, debe adjuntarse el respectivo poder.

Para personas jurídicas o estructuras legales, la normativa exige una nota suscripta por la autoridad máxima, representante legal u Oficial de Cumplimiento, detallando razón social, actividad, domicilios y datos de contacto. Deben adjuntar el estatuto social actualizado, constancias fiscales, autorizaciones habilitantes, actas de designación de autoridades, declaración jurada de beneficiarios finales y certificaciones de antecedentes penales, entre otros documentos.

La UIF podrá solicitar datos adicionales para verificar la identidad de los beneficiarios finales, y toda modificación deberá ser informada en un plazo máximo de treinta días corridos. Cuando la mayoría accionaria pertenezca a una sociedad que cotiza en mercados regulados, podrá exceptuarse la identificación de beneficiarios finales si se garantiza acceso oportuno a la información.

La normativa dispone que la documentación observada debe ser regularizada en un plazo de quince días hábiles administrativos. Si el Sujeto Obligado no remite la información faltante o rectificada mediante el sistema SRO+ dentro del plazo, la inscripción será automáticamente bloqueada, quedando expuesto a las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246. Este mecanismo de control busca asegurar que solo aquellos que cumplan estrictamente con las exigencias puedan operar bajo el régimen de prevención de lavado de activos.

Los Sujetos Obligados ya registrados y sus Oficiales de Cumplimiento deberán mantener actualizados sus datos de domicilio legal o real, teléfonos y correos electrónicos en el sistema SRO+, informando cualquier modificación dentro de los cinco días hábiles de producida. En casos de ausencia o reemplazo del Oficial de Cumplimiento, la UIF debe ser notificada electrónicamente en el plazo de cinco días, incluyendo los motivos y duración del reemplazo, si corresponde.

En caso de incumplimiento de estas obligaciones de actualización, tanto el Sujeto Obligado como el Oficial de Cumplimiento podrán ser objeto de sanciones conforme al marco sancionatorio vigente. La Dirección de Supervisión de la UIF queda facultada para requerir actualización de documentación registral y adaptar los sistemas digitales de comunicación y notificación según sea necesario. La digitalización total de los trámites de inscripción y actualización representa un salto en la eficiencia de los controles aplicados por la UIF.

Un informe del banco de inversión Morgan Stanley volvió a poner a Vaca Muerta en el centro de la escena económica argentina. Según el gigante de Wall Street, el desarrollo energético no convencional se consolida como una verdadera «fábrica de dólares» para el país, con capacidad de impulsar un cambio estructural en el frente externo.

La entidad destaca que la Argentina está logrando algo poco frecuente en su historia reciente: generar divisas de manera más robusta y diversificada, con tres motores principales —energía, agro y minería— que podrían llevar las exportaciones a superar los u$s100.000 millones.

Dentro de ese esquema, Vaca Muerta aparece como el factor decisivo. El informe proyecta que el superávit energético crecerá con fuerza, pasando de unos u$s8.000 millones en 2025 a cerca de u$s13.000 millones en 2026, impulsado tanto por mayores volúmenes como por precios internacionales elevados.

Vaca Muera: más exportaciones, pero un problema estructural

Sin embargo, el diagnóstico de Morgan Stanley introduce una advertencia clave: generar dólares no es lo mismo que acumularlos.

El informe señala que, pese a la mejora en la balanza energética, existen fuertes presiones que limitan la acumulación de reservas. Entre ellas se destacan:

• Un elevado déficit en servicios, impulsado por turismo y consumos en el exterior
• Pagos de intereses de deuda en moneda extranjera
• La dolarización de carteras por parte de los residentes

En ese contexto, el banco estima que la demanda privada de divisas podría rondar los u$s24.000 millones en 2026, absorbiendo buena parte de los dólares generados por la economía.

El resultado es un escenario dual: la Argentina produce más dólares, pero tiene dificultades para retenerlos.

El rol del financiamiento externo, según Morgan Stanley

Ante esa dinámica, el informe remarca que la acumulación de reservas dependerá en gran medida del acceso al financiamiento internacional.

Morgan Stanley proyecta una cuenta financiera prácticamente equilibrada, lo que implica que los ingresos por deuda —tanto soberana como corporativa— deberán compensar la salida de divisas del sector privado. En ese marco, estima una acumulación de reservas de alrededor de u$s6.000 millones, aunque condicionada a la llegada de nuevos flujos de capital.

La conclusión es clara: sin acceso sostenido al crédito externo, la mejora en el frente externo pierde potencia.

Vaca Muerta, clave en el nuevo esquema económico

El informe coincide con otras visiones del mercado que ubican a Vaca Muerta como el eje del nuevo modelo exportador argentino. La formación no convencional se consolida como el principal generador de divisas, en un contexto internacional que favorece a los países productores de energía.

Además, el aumento del precio del petróleo a nivel global refuerza el atractivo del sector, elevando los ingresos potenciales por exportaciones y posicionando a la Argentina como destino de inversiones energéticas.

Bonos y mirada de mercado

En términos financieros, Morgan Stanley mantiene una visión relativamente positiva sobre los activos argentinos. Tras el rezago reciente, considera que los bonos soberanos resultan atractivos en términos de valuación, aunque advierte que su desempeño dependerá de la capacidad del país para fortalecer sus reservas.

El foco, además, ya comienza a trasladarse hacia 2027, un año que combinará mayores vencimientos en dólares con incertidumbre política, lo que podría tensionar nuevamente el acceso al financiamiento.

Un cambio de era, con límites

El diagnóstico del banco sintetiza el momento actual de la economía argentina: una transformación en marcha, impulsada por sectores exportadores dinámicos, pero aún condicionada por debilidades estructurales.

Vaca Muerta se consolida como la gran apuesta para generar divisas y atraer inversiones. Pero el desafío de fondo sigue siendo otro: lograr que esos dólares no se vayan, sino que se transformen en reservas que sostengan la estabilidad macroeconómica.

Bruselas, 14 abr (.).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este martes que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la Administración no es una medida suficiente para sancionar dichos abusos.

La corte de Luxemburgo argumenta que esa práctica supone mantener una relación laboral «temporal», así como la situación de «precariedad» del trabajador.

Argumenta que el Derecho comunitario se opone a esta transformación de la relación laboral en indefinida no fija en el sentido de que «no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos».

Además, dice que el pago de una indemnización cuando finaliza la relación laboral, el régimen de responsabilidad de las Administraciones y la convocatoria de procesos selectivos para cubrir las plazas teniendo en cuenta la experiencia anterior del trabajador tampoco «parecen sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión».

El TJUE responde así a las preguntas formuladas por el Tribunal Supremo, que buscaba claridad por parte de la Justicia europea para dilucidar si era obligatorio para España convertir a los interinos en trabajadores fijos para subsanar una situación de abuso por el encadenamiento de contratos temporales.