Enojada, la exfiscal federal Viviana Fein se quejó ante el juez federal Julián Ercolini de que la toman “como un chivo expiatorio” al acusarla de encubrir la muerte del fiscal Alberto Nisman porque, supuestamente, no tomó recaudos para preservar las evidencias en el departamento de Puerto Madero donde apareció el cuerpo hace 11 años.

Ercolini indagó a la exfiscal Fein a pedido de ella, que se defendió enérgicamente de la imputación por encubrimiento agravado, al denunciar que la usaban para direccionar responsabilidades.

A lo largo de su exposición, Fein se mostró indignada frente a lo que considera una persecución selectiva y cuestionó duramente al fiscal Eduardo Taiano.

Según el acta que registró su declaración, Fein dijo ante el juez que “si porque es jubilada, retirada y no tiene cargo público, ni político, el acusador [e fiscal] la toma como chivo expiatorio”.

Asimismo, cuestionó la falta de equidad en el trato judicial: “¿Por qué el acusador no adoptó ningún temperamento procesal respecto de los coimputados en esta causa, quienes hace siete meses hicieron su descargo y nunca fueron escuchados?“.

Fein se refiere al resto de los imputados porque supuestamente no preservaron el departamento. Se trata del exsecretario de Seguridad Sergio Berni, del exjefe de la Policía Federal Román Di Santo y el exjefe de la Prefectura Naval Luis Heiler.

Para la exfiscal, la acusación en su contra resulta “un absurdo total y hasta delirante”. En su declaración, explicó que “el encubrimiento requiere un delito previo y conocido por el encubridor, que requiere colaborar con el autor y/o autores”.

Fein argumentó que, al llegar al departamento del complejo de edificios Le Parc, de Puerto Madero, se encontró con el juez Manuel de Campos y su secretario esperando en el palier, por lo que llevar a cabo un encubrimiento habría implicado “un complot o un acuerdo de voluntades con todos los presentes para cometer semejante delito”.

Sobre este punto, se preguntó de forma retórica “si sólo fue ella una encubridora durante toda esa noche”.

Además de defender su tarea en la preservación de huellas y el trabajo de los peritos en criminalística, Fein expuso lo que considera una grave contradicción por parte de la fiscalía.

La exfiscal “refiere lo contradictorio del Sr. Fiscal [Taiano] cuando por un lado la acusa y por el otro hace alusión a que la dicente fue objeto de espionaje de parte de la AFI”.

Ante esta supuesta incongruencia, planteó: “Se puede ser encubridora y a la vez espiada por fuerzas de un gobierno”.

Sobre el cierre de su ampliación de indagatoria, la exfiscal se dirigió al juez Ercolini y le dijo: “Se llegó a un extremo que nunca esperó, en donde fue llamada encubridora”.

Angustiada, declaró que “lo que está viviendo actualmente es una pesadilla ya que tiene una familia y queda expuesta declarando sobre estos hechos, lo que le genera una impotencia que la supera”.

Frente a este escenario, donde siente que se convirtió en el “chivo expiatorio” de un caso de peso político y mediático, la exfiscal le solicitó formalmente al juez Ercolini “tener a bien adoptar una solución liberatoria o, en su defecto, dictar la falta de mérito”, exigiendo únicamente “total imparcialidad y justicia”.

Este es un expediente paralelo al que investiga la muerte de Nisman. Aquí la Justicia averigua sobre los responsables de haber arruinado la escena del crimen, el departamento de Puerto Madero donde fue hallado el cuerpo del fiscal con un tiro en la cabeza.

Allí el secretario de Seguridad Sergio Berni, para defenderse, apuntó para arriba, como hicieron los jefes policiales cuando presentaron sus descargos. Fein también aludió a las personas que ya estaban en el lugar cuando ella llegó, por ejemplo el juez De Campos.

En su presentación, Berni habló de un “escenario caótico” y culpó a Fein de la “falta de control”.

“La responsabilidad de la preservación de la escena y de la conducción del procedimiento recaía exclusivamente en la fiscal Fein”, afirmó Berni, que era secretario de Seguridad de la presidenta Cristina Kirchner en 2015.

Berni habló de una demora y dijo que “la ausencia de una autoridad judicial en la escena desde el momento en el que fue informada imposibilitó una preservación óptima desde el inicio”

En el caso de la muerte de Nisman, la investigación está abierta. La Cámara Federal confirmó un fallo de primera instancia que sostuvo la hipótesis del homicidio, pero resta que el expediente sea elevado a un tribunal oral, que se haga el juicio y que se dicte una sentencia. Está procesado como partícipe el técnico informático Diego Lagomarsino, quien le acercó el arma con la que se efectuó el disparo que terminó con la vida de Nisman. También están procesados los excustodios del fiscal.

El fiscal Taiano investiga como hipótesis que la muerte de Nisman se produjo en medio de una guerra de diversos grupos de inteligencia locales que respondían a Cristina Kirchner o a Jaime Stiuso. Al declarar en la causa, Stiuso sugirió que grupos kirchneristas estaban detrás del crimen.

El fiscal tomó declaraciones a decenas de agentes de inteligencia por la explosión de llamadas telefónicas registradas entre el 18 y 19 de enero de 2015, en una actividad intensa, atípica para un fin de semana. Además, investiga un virus introducido en el teléfono del fiscal, donde hay dos colaboradores de la SIDE, exfuncionarios de Entre Ríos, acusados de realizar esa tarea.

La maniobra judicial para intentar unificar al menos tres causas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el juzgado federal de Campana quedó en suspenso. El fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, opinó que el expediente con todos los registros bancarios de la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, debe tramitar en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión final quedó en manos del camarista Ignacio Rodríguez Varela, que ya decidió en ese sentido.

Sáenz sostuvo que la sede social de la AFA, al momento que se habrían cometido los delitos, estaba en la Ciudad de Buenos Aires. Y se alineó con la argumentación del fiscal de la Cámara de Casación, Mario Villar, que argumentó que el juzgado de Campana no es competente para investigar las denuncias contra los máximos dirigentes de la AFA y denunció que esa causa se inició con un simple mail de Luciano Pantano, el supuesto dueño de la mansión. “La incompetencia intentada resultaría prematura, en tanto no se ha establecido aún cual es el tribunal a cargo de investigación del delito de lavado de activos, a la cual se está pretendiendo anexar esta pesquisa”, planteó Sáenz.

La causa que se pretende enviar a Campana comenzó con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni y es la única que tiene todos los registros bancarios que reveló a partir del 28 de diciembre. Son más de 3000 páginas de transferencias obtenidas a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos.

Entre otras cosas, esos documentos revelan que se desviaron al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. La investigación de demostró que en realidad fueron al menos diez sociedades y que el desvío supera los US$ 57 millones.

El dinero provenía de al menos cinco cuentas de TourProdEnter. La última que se descubrió estaba en el PNC Bank y fue abierta por el propio Faroni. Esa cuenta recaudó unos US$13 millones y desvió más de USS 3 millones al mismo universo de sociedades fantasma que controlaban los implicados en la maniobra.

En dos ocasiones, la fiscal Silvana Russi y la jueza Paula Petazzi intentaron mandar la causa a otra jurisdicción. La última ocurrió hace pocos días. La decisión fue apelada por los abogados de Tofoni y ahora por el fiscal ante la Cámara Criminal y Correcional. “Frente a estos graves cuestionamientos señalados por mi colega ante la Cámara Federal de Casación Penal, y no habiéndose modificado el escenario en estos actuados respecto de aquellos que obraban cuando la Sala V de esta Cámara de Apelaciones revocó la incompetencia en favor de la Justicia Federal de Lomas de Zamora, entiendo que debe rechazarse la inhibitoria planteada y mantenerse la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11”, sostuvo Sáenz.

En su dictamen, el fiscal general también tuvo en cuenta un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ) “explicando toda la secuencia relativa al cambio de jurisdicción de la sede social de la AFA, y solicitando al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención de dicha Asociación en grado de veeduría”.

La otra investigación que ya aterrizó en Campana es la que llevaba adelante el juez Luis Armella, que comenzó con una denuncia sobre ex dirigentes de Banfield, luego se amplió a la financiera Sur Finanzas, y terminó rozando a Faroni y las sociedades fantasma.

Los encargados de resolver la disputa de fondo por la competencia son Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación. El viernes, los jueces de la Cámara de Casación rechazaron una recusación contra Ledesma y quedaron en condiciones de resolver. Deben establecer qué tribunal es el competente para investigar las causas contra la AFA: el penal económico de Marcelo Aguinsky, el federal de Daniel Rafecas (el que ordenó los primeros allanamientos) o el federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

El presidente de la AFA Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino ya están procesados por la evasión de impuestos, pero están más pendientes de esa decisión.