POLITICA
Adorni evalúa hacer otra rueda de prensa y prepara su estrategia judicial ante las dudas por su patrimonio: “Ya lo voy a demostrar”
Manuel Adorni les ha avisado a varios funcionarios del Gobierno que está preparando las pruebas que podrían explicar que las compras de los inmuebles y los viajes que realizó en los últimos dos años se ajustan a su situación patrimonial. “Ya lo voy a demostrar”, le dijo recientemente a un integrante que frecuenta las reuniones de Gabinete, según pudo saber Infobae.
El jefe de Gabinete ya se encuentra con el patrocinio legal del abogado penalista Matías Ledesma, con quien elabora los últimos ajustes de su estrategia para salir a hablar en público. No es algo que le fuera habilitado para las últimas semanas: lo que comenzó como un desliz casi de carácter ético -la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial-, finalizó con revelaciones de compras de propiedades de las que no se tenía registro público.
En el entorno de Adorni dan a entender que no deberían haber más sorpresas de movimientos patrimoniales hacia adelante, por lo que consideran que solo están expuestos a las declaraciones judiciales de las personas que sean convocadas por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes tienen a su cargo las causas por presunto enriquecimiento ilícito y por irregularidades en el marco de su viaje en avión privado a Punta del Este.
Con eso como marco, el jefe de Gabinete tendría intenciones de recuperar, poco a poco, sus funciones de vocero presidencial. “Es probable que pueda haber una conferencia de prensa antes de que se tenga que presentar en el Congreso”, confirmó una fuente de su círculo íntimo.
En ese sentido, se baraja hacer una rueda de cinco preguntas antes de que Adorni deba ir a presentar presencialmente su Informe de Gestión al recinto de la Cámara de Diputados el 29 de abril. Es altamente probable que ante las consultas periodísticas sobre sus causas penales, el jefe de Gabinete se limite a responder que no emitirá palabra alguna ante procesos judiciales en curso.
“Si le hacen cinco preguntas sobre ese tema, en las cinco les va a decir lo mismo. Van a perder la posibilidad de consultarle sobre otros aspectos de la gestión”, avisan quienes conversaron con el vocero presidencial por estas horas.
¿Será la misma estrategia que prevé desplegar para su presentación en el Congreso? Los legisladores de la oposición están preparando diferentes tipos de preguntas sobre las operaciones inmobiliarias que se conocieron en las últimas semanas y sobre los viajes que el funcionario realizó en los últimos años, en particular el que hizo en febrero de este año hacia Uruguay junto a su familia y Marcelo Grandío, su periodista amigo. Adorni podría no hacer aclaraciones sobre esos asuntos ante los diputados.
En paralelo, la Jefatura de Gabinete ya se encuentra tratando de responder las 4.800 consultas que los bloques de diputados le realizaron para su Informe de Gestión. El número de preguntas, que no son las únicas que deberá responder, es un récord desde que existe la figura de Jefe de Gabinete y realizan informes al Congreso. En las últimas tres presentaciones que hicieron sus antecesores en el Palacio Legislativo, los diputados presentaron 2.900, 4.000 y 3.300 consultas. En abril del 2025 cuando el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo que responder por el caso $Libra, su oficina recibió 4.000 preguntas.
Luego de que Adorni anunciara dos semanas atrás que irá al Congreso, el Presidente de la Nación, Javier Milei, reposteó el video en X de la cuenta del funcionario en donde había un recorte del anuncio y escribió: “No me lo pierdo. Ahí estaré”. Esto fue leído como un apoyo de parte de la máxima autoridad del Ejecutivo al funcionario. Además, se espera que el Presidente no asista solo y se especula que también vaya la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Pero así como cada uno de los bloques presentó sus preguntas, en el caso de los cuestionamientos al Jefe de Gabinete, desde algunos sectores están trabajando para establecer una estrategia conjunta. “Ya tuvimos la experiencia de Francos en el Senado, no puede pasar lo mismo”, explicó un diputado de la oposición que asegura haber enviado una buena cantidad de preguntas en relación a cuando el ex funcionario se ofendió y se retiró del recinto. “La intención es organizarnos con el fin de que Adorni tenga que responder todos los cuestionamientos. Para eso no hay que entrar en el juego de las provocaciones que seguro van a plantear los libertarios en el recinto con el fin de pudrirla.
Mientras tanto, en la Casa Rosada permanecen atentos a las novedades que puedan surgir de las declaraciones de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien escrituró las dos propiedades que adquirió la familia Adorni-Angeletti en el último año y medio.
Nechevenko compareció este martes ante la fiscalía federal y aseguró que las transacciones inmobiliarias vinculadas a Adorni se realizaron con normalidad y sin irregularidades. El motivo de su declaración fue la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga la evolución patrimonial del funcionario. Durante casi tres horas, Nechevenko respondió bajo juramento ante el fiscal Gerardo Pollicita y exhibió documentación que respalda su actuación profesional.
Al ser consultada sobre el origen de los fondos que Adorni utilizó para adquirir un departamento en el barrio porteño de Caballito en noviembre de 2025, Nechevenko fue tajante: “Eso pregúntenle a él”. En su encuentro con la prensa tras la declaración, la escribana enfatizó que “todas las operaciones están explicadas” y sostuvo que la compraventa del departamento —certificada el 18 de noviembre de 2025— se realizó a través de una hipoteca convencional, sin préstamos de efectivo, por un total de USD 230.000.
La operación en cuestión involucró a dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes accedieron a financiar USD 200.000, equivalente al 90 % del precio, mediante una hipoteca con saldo de precio, una práctica habitual según explicó Nechevenko a la fiscalía. Ambas vendedoras fueron citadas para declarar como testigos al día siguiente, con el objetivo de esclarecer los términos de la transacción.
En uno de los ejes de la investigación, la fiscalía también detectó que Adorni había contraído una hipoteca previa de USD 100.000 para la adquisición de una vivienda familiar en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco. En esa operación, las prestamistas fueron la excomisaria de la Policía Federal Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija, Victoria Cancio, también agente de la fuerza, quienes deberán presentarse a declarar el lunes 13 de abril.
POLITICA
Suspendieron al intendente libertario de Allen mientras avanza la causa por presunto peculado y administración fraudulenta
El intendente de Allen, Marcelo Román, fue suspendido preventivamente de su cargo por decisión del Concejo Deliberante, mientras continúa siendo investigado por la Justicia de Río Negro en una causa por presunto peculado y administración fraudulenta.
La medida fue aprobada por seis votos a favor y tres en contra durante una sesión marcada por fuertes cruces políticos y la presencia de vecinos que siguieron el debate desde el recinto. Como consecuencia de la decisión, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, quedó al frente del Ejecutivo municipal de manera interina.
El apartamiento está contemplado en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que faculta al Concejo a suspender preventivamente a un funcionario sometido a un proceso penal. La norma establece que la medida se extenderá hasta que exista una resolución definitiva de la Justicia: si el funcionario resulta absuelto recuperará automáticamente el cargo, mientras que una condena firme derivará en su destitución.
La decisión del cuerpo legislativo se produjo en medio del avance de la investigación judicial por presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales. La causa derivó en distintas medidas de prueba, entre ellas allanamientos en dependencias de la Municipalidad de Allen, una situación que fue mencionada durante el debate por varios concejales que respaldaron la suspensión.
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Desde la mayoría que impulsó el apartamiento sostuvieron que la medida no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad del intendente, sino que busca garantizar el normal desarrollo de la investigación y preservar el funcionamiento institucional del municipio.
La concejal Agustina Sánchez, de Juntos Somos Río Negro, afirmó que el objetivo es “velar por la transparencia pública y resguardar la administración” y aclaró que “esto es un apartamiento preventivo para que la Justicia pueda avanzar en la investigación”.
En la misma línea, su compañero de bloque Gustavo Addamo aseguró que “no hay nada para festejar ni para enorgullecerse” por la situación que atraviesa la ciudad y remarcó: “Queremos que la Justicia tome la decisión correcta. Esto es un apartamiento, no es un golpe de Estado”.
El concejal Guillermo Penessi también respaldó la iniciativa y cuestionó la gestión del jefe comunal. “Hubo muchos errores cometidos por el intendente municipal en delegar sus facultades a terceros que la gente no eligió”, sostuvo. Además, afirmó que el caso plantea “una cuestión legal” y también “una cuestión de respeto y ética”, y expresó su deseo de que la resolución adoptada “sea algo positivo para Allen”.
Por su parte, la concejal Marta Crespo consideró que el allanamiento realizado en la Municipalidad fue un hecho “vergonzoso” y justificó su voto favorable al apartamiento preventivo.
El rechazo del oficialismo
La suspensión fue rechazada por las concejales oficialistas Analía Martínez y Valeria Bezic, además del edil radical Antonio Sepúlveda, quien durante la sesión calificó la decisión como un “golpe constitucional” y cuestionó que se adoptara antes de que exista una sentencia judicial.
Horas antes de la votación, Román publicó un mensaje en sus redes sociales en el que denunció que detrás de la iniciativa existe un intento de desplazarlo del cargo por razones políticas.
“Detrás de este conflicto hay una disputa política de quienes quieren gobernar Allen, sin pasar por las urnas, y por el rumbo de nuestra ciudad”, escribió.
El jefe comunal también advirtió: “Hoy estaríamos ante un golpe Institucional Antidemocrático, y no estará solamente en discusión este Intendente. Estará en discusión si una mayoría circunstancial puede reemplazar la voluntad del pueblo, y violar la Carta Orgánica Municipal”.
Con la suspensión ya vigente, Fabián Figueroa ejercerá las funciones de intendente hasta que la Justicia defina la situación procesal de Román.
El futuro político del jefe comunal dependerá del resultado de la causa penal. La Carta Orgánica de Allen establece que, si la investigación concluye con una absolución, recuperará automáticamente el cargo con todas sus atribuciones. En cambio, una eventual condena firme habilitará su destitución definitiva.
administración fraudulenta, Río Negro, Allen
POLITICA
ARA San Juan: la Justicia condenó a un oficial de la Armada y absolvió a otros tres en el juicio
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, condenó hoy a tres años de prisión, de ejecución condicional, al capitán de navío Claudio Javier Villamide, que conducía la Fuerza de Submarinos en el momento de la tragedia del ARA San Juan, que produjo la muerte de sus 44 tripulantes en noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. En el mismo fallo, los jueces absolvieron por unanimidad al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien era el comandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada -el máximo cargo operativo de la fuerza-, y a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.
En una decisión tomada por mayoría, los magistrados Mario Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez encontraron a Villamide penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por haber causado la muerte de los 44 tripulantes. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 21 de agosto.
El fallo desconoció los pedidos que había presentado el Ministerio Público Fiscal, en un caso que fue seguido con atención en sectores de la Armada, especialmente entre quienes integran el Foro de Almirantes Retirados, por los efectos que una eventual condena a los cuatro oficiales superiores de la fuerza que enfrentaron el proceso podría tener en las camadas más jóvenes, como informó el último fin de semana. Institucionalmente, las autoridades de la Armada no fijaron posición sobre el tema.
El juicio por la tragedia del ARA San Juan se concentró en los oficiales navales que ejercían funciones por encima del comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quien murió en el naufragio. Quedaron fuera del proceso judicial el entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y las autoridades políticas, entre ellas el entonces presidente Mauricio Macri y el ministro de Defensa Oscar Aguad.
El tribunal impuso a Villamide normas de conducta para mantener el carácter condicional de la condena. Deberá fijar domicilio y teléfono en sede judicial, no podrá cometer delitos y tendrá que someterse al contralor de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (Decaep).
Los cuatro oficiales de la Armada que enfrentaron el proceso judicial estuvieron presentes en la sala. Antes del veredicto, cada uno expuso sus palabras finales.
“Soy inocente. No entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio del submarino. A lo largo del proceso no me pudieron explicar qué hice mal”, declaró el capitán Villamide en su exposición. Dijo que se desconocen las razones por las cuales el ARA San Juan se fue a pique y, sin embargo, los marinos tuvieron que enfrentar la acusación.
“Nunca me preguntaron nada y, sin embargo, me acusan. Este es un juicio a la Armada. Nos han preparado y cumplimos los reglamentos. Aquí se cuestionan los reglamentos y también a la Armada. Es un ataque directo al ejercicio del comando en el mar”, dijo el exjefe de la Fuerza de Submarinos.
En una exposición tensa, declaró: “Se pretende que demos la vida por la patria y, sin embargo, ante un hecho luctuoso y desgraciado, lo primero que se hace es arrojarnos a la arena mediática y judicial para satisfacer la necesidad social de encontrar culpables”.
También el contralmirante López Mazzeo, quien tenía a su cargo el Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, cuestionó el proceso judicial y alegó que no se aportaron pruebas convincentes.
Afirmó que la documentación existente muestra que el motivo del naufragio fue el ingreso de agua por el sistema de ventilación y explicó: “Eso no tiene que ver con el estado de alistamiento del submarino”, al ratificar que el buque estaba en condiciones de navegar y entrar en inmersión.
“La acusación formuló un relato, que intenta completar mediante inferencias. Donde faltó una norma, se la presumió. Donde faltó una orden, se la infirió. Donde faltó un deber jurídico, se lo supuso. Donde faltó el dolo, se lo dedujo. Donde faltó la causalidad, se la reconstruyó retrospectivamente”, advirtió López Mazzeo.
El capitán Correa dijo que cumplió en forma rigurosa con todas las responsabilidades que la reglamentación le exigía. “Soy inocente. Actué con el convencimiento absoluto de estar haciendo lo correcto. Cuando me he equivocado, me han sancionado. En la Armada somos rigurosos con nosotros mismos”, señaló ante los jueces. Y agregó: El dolor por la ausencia de los 44 submarinistas del ARA San Juan es un luto institucional”.
Alonso recordó que por su función le tocó acompañar a las familias de los submarinistas en los días de mayor incertidumbre y tensión en Mar del Plata. “No nos prepararon para eso”, dijo. Y recordó con emoción que, en medio de esas jornadas, su hijo le transmitió su decisión de ingresar a la Armada. “Quiero ir a buscar al submarino San Juan”, le confió. Hoy su hijo es guardiamarina, en la aviación naval.
Fiscales y querellas
El Ministerio Público Fiscal había pedido cinco años de prisión para López Mazzeo y Villamide, quien fue destituido en marzo de 2021 por el Consejo General de Guerra constituido por el Ministerio de Defensa, durante la gestión de Agustín Rossi. Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el capitán de navío Alonso, quien conducía el Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, y tres años y seis meses para el capitán de fragata Correa, exjefe de Comunicaciones.
Las letradas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias, que representan a 34 familias de los marinos muertos en la tragedia, pidieron cinco años de prisión para los cuatro marinos por “la imprudencia grave y sistemática” de quienes tenían el deber de cuidar a los tripulantes.
En tanto, el abogado Luis Tagliapietra, también querellante y padre de una de las víctimas del siniestro, solicitó penas de siete a ocho años de prisión para los cuatro oficiales superiores de la Armada y dejó asentada la reserva federal.
Conocido el fallo, Tagliapietra anticipó a su decisión de apelar y avanzar con un pedido de nulidad del juicio ante la Cámara de Casación Penal. Ya veníamos advirtiendo sobre presiones, las negativas constantes para que se realicen las presiones y el forum shopping para asegurar que el juicio se realizara en Santa Cruz, como pretendía la Armada”, explicó el abogado.
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POLITICA
Río Negro: suspendieron a un intendente libertario mientras la Justicia lo investiga por presunta administración fraudulenta
El intendente de la ciudad rionegrina de Allen, Marcelo Román fue suspendido de sus funciones como jefe comunal mientras la Justicia lo investiga por presunto peculado y administración fraudulenta de fondos públicos.
El titular del municipio calificó la decisión de los ediles como un “acto avasallador, ilegal e inconstitucional” y anticipó que inició acciones legales para anular la ordenanza que lo alejó del cargo.
Está sospechado de administrar de forma fraudulenta las finanzas comunales, aunque el caso aún no tiene veredicto.
Fue procesado por un supuesto desvío de fondos estatales que también involucra a un empresario de medios Sebastián Ocampo, señalado por los fiscales como partícipe necesario en las maniobras delictivas destinadas a damnificar las arcas de la comuna.
Román, hasta septiembre de 2025, era el único jefe comunal libertario de la provincia e incluso llegó a ejercer el rol de vicepresidente de LLA en la provincia patagónica. Sin embargo, a partir de las sospechas que surgieron por la supuesta administración fraudulenta, tuvo que dar un paso al costado y renunciar a esa representación partidaria.
Hasta allí se escudaba en el paraguas político de la diputada Lorena Villaverde, quien aún ostenta el cargo de presidenta del partido, aunque con funciones disminuidas y “silenciada” a partir del escándalo que la involucra por una causa de narcotráfico en Estados Unidos, por la cual incluso debió renunciar a su banca en el Senado de la Nación.
El suspendido intendente denuncia que ediles opositores se confabularon en una maniobra para intentar arrebatarle el cargo sin haber ganado en las urnas, según sus propias expresiones.
Con el argumento de que el poder legislativo avanza sobre facultades que corresponden a la Justicia, tres ediles que responden a Román se esforzaron para revertir la decisión de los bloques opositores, quienes finalmente lograron las mayorías necesarias para imponer la suspensión.
Los impulsores de la medida rechazaron la idea de que se trate de un castigo anticipado y la medida se encuadra dentro de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal.
El expediente que puso en jaque al primer intendente libertario de Río Negro tuvo un giro decisivo el 18 de junio pasado, cuando la jueza de Garantías Natalia González formalizó cargos contra Román y el empresario Sebastián Ocampo. La investigación apunta a la compra de un teléfono celular con dinero del municipio y su posterior entrega a un tercero.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025 el Ejecutivo local habría adquirido un equipo valuado en 479.999 pesos a través de un plan corporativo contratado por la comuna. La línea asociada al dispositivo se pagó con fondos públicos, lo que elevó el gasto total a 596.812,38 pesos.
La magistrada dispuso un plazo de dos meses para profundizar la pesquisa y ordenó producir nuevas pruebas. Ese punto fue clave para el dictamen que terminó recomendando el apartamiento preventivo del intendente, al entender que aún faltan testimonios y pericias relevantes.
Junta de firmas
En paralelo, sigue sin resolverse la iniciativa impulsada por Silvina Susana Cantero, una docente jubilada que impulsó de manera independiente —según su propio relato— una campaña de recolección de firmas para pedir la revocatoria del mandato.
El pedido ingresó formalmente al Concejo Deliberante invocando el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal, que habilita este mecanismo cuando el reclamo cuenta con el respaldo de al menos el 10% del padrón electoral.
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