POLITICA
Adorni evalúa hacer otra rueda de prensa y prepara su estrategia judicial ante las dudas por su patrimonio: “Ya lo voy a demostrar”
Manuel Adorni les ha avisado a varios funcionarios del Gobierno que está preparando las pruebas que podrían explicar que las compras de los inmuebles y los viajes que realizó en los últimos dos años se ajustan a su situación patrimonial. “Ya lo voy a demostrar”, le dijo recientemente a un integrante que frecuenta las reuniones de Gabinete, según pudo saber Infobae.
El jefe de Gabinete ya se encuentra con el patrocinio legal del abogado penalista Matías Ledesma, con quien elabora los últimos ajustes de su estrategia para salir a hablar en público. No es algo que le fuera habilitado para las últimas semanas: lo que comenzó como un desliz casi de carácter ético -la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial-, finalizó con revelaciones de compras de propiedades de las que no se tenía registro público.
En el entorno de Adorni dan a entender que no deberían haber más sorpresas de movimientos patrimoniales hacia adelante, por lo que consideran que solo están expuestos a las declaraciones judiciales de las personas que sean convocadas por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes tienen a su cargo las causas por presunto enriquecimiento ilícito y por irregularidades en el marco de su viaje en avión privado a Punta del Este.
Con eso como marco, el jefe de Gabinete tendría intenciones de recuperar, poco a poco, sus funciones de vocero presidencial. “Es probable que pueda haber una conferencia de prensa antes de que se tenga que presentar en el Congreso”, confirmó una fuente de su círculo íntimo.
En ese sentido, se baraja hacer una rueda de cinco preguntas antes de que Adorni deba ir a presentar presencialmente su Informe de Gestión al recinto de la Cámara de Diputados el 29 de abril. Es altamente probable que ante las consultas periodísticas sobre sus causas penales, el jefe de Gabinete se limite a responder que no emitirá palabra alguna ante procesos judiciales en curso.
“Si le hacen cinco preguntas sobre ese tema, en las cinco les va a decir lo mismo. Van a perder la posibilidad de consultarle sobre otros aspectos de la gestión”, avisan quienes conversaron con el vocero presidencial por estas horas.
¿Será la misma estrategia que prevé desplegar para su presentación en el Congreso? Los legisladores de la oposición están preparando diferentes tipos de preguntas sobre las operaciones inmobiliarias que se conocieron en las últimas semanas y sobre los viajes que el funcionario realizó en los últimos años, en particular el que hizo en febrero de este año hacia Uruguay junto a su familia y Marcelo Grandío, su periodista amigo. Adorni podría no hacer aclaraciones sobre esos asuntos ante los diputados.
En paralelo, la Jefatura de Gabinete ya se encuentra tratando de responder las 4.800 consultas que los bloques de diputados le realizaron para su Informe de Gestión. El número de preguntas, que no son las únicas que deberá responder, es un récord desde que existe la figura de Jefe de Gabinete y realizan informes al Congreso. En las últimas tres presentaciones que hicieron sus antecesores en el Palacio Legislativo, los diputados presentaron 2.900, 4.000 y 3.300 consultas. En abril del 2025 cuando el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo que responder por el caso $Libra, su oficina recibió 4.000 preguntas.
Luego de que Adorni anunciara dos semanas atrás que irá al Congreso, el Presidente de la Nación, Javier Milei, reposteó el video en X de la cuenta del funcionario en donde había un recorte del anuncio y escribió: “No me lo pierdo. Ahí estaré”. Esto fue leído como un apoyo de parte de la máxima autoridad del Ejecutivo al funcionario. Además, se espera que el Presidente no asista solo y se especula que también vaya la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Pero así como cada uno de los bloques presentó sus preguntas, en el caso de los cuestionamientos al Jefe de Gabinete, desde algunos sectores están trabajando para establecer una estrategia conjunta. “Ya tuvimos la experiencia de Francos en el Senado, no puede pasar lo mismo”, explicó un diputado de la oposición que asegura haber enviado una buena cantidad de preguntas en relación a cuando el ex funcionario se ofendió y se retiró del recinto. “La intención es organizarnos con el fin de que Adorni tenga que responder todos los cuestionamientos. Para eso no hay que entrar en el juego de las provocaciones que seguro van a plantear los libertarios en el recinto con el fin de pudrirla.
Mientras tanto, en la Casa Rosada permanecen atentos a las novedades que puedan surgir de las declaraciones de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien escrituró las dos propiedades que adquirió la familia Adorni-Angeletti en el último año y medio.
Nechevenko compareció este martes ante la fiscalía federal y aseguró que las transacciones inmobiliarias vinculadas a Adorni se realizaron con normalidad y sin irregularidades. El motivo de su declaración fue la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga la evolución patrimonial del funcionario. Durante casi tres horas, Nechevenko respondió bajo juramento ante el fiscal Gerardo Pollicita y exhibió documentación que respalda su actuación profesional.
Al ser consultada sobre el origen de los fondos que Adorni utilizó para adquirir un departamento en el barrio porteño de Caballito en noviembre de 2025, Nechevenko fue tajante: “Eso pregúntenle a él”. En su encuentro con la prensa tras la declaración, la escribana enfatizó que “todas las operaciones están explicadas” y sostuvo que la compraventa del departamento —certificada el 18 de noviembre de 2025— se realizó a través de una hipoteca convencional, sin préstamos de efectivo, por un total de USD 230.000.
La operación en cuestión involucró a dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes accedieron a financiar USD 200.000, equivalente al 90 % del precio, mediante una hipoteca con saldo de precio, una práctica habitual según explicó Nechevenko a la fiscalía. Ambas vendedoras fueron citadas para declarar como testigos al día siguiente, con el objetivo de esclarecer los términos de la transacción.
En uno de los ejes de la investigación, la fiscalía también detectó que Adorni había contraído una hipoteca previa de USD 100.000 para la adquisición de una vivienda familiar en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco. En esa operación, las prestamistas fueron la excomisaria de la Policía Federal Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija, Victoria Cancio, también agente de la fuerza, quienes deberán presentarse a declarar el lunes 13 de abril.
POLITICA
Cristian Ritondo reconoció que creció la morosidad y adelantó que el PRO prepara una propuesta sobre el sistema de crédito
El jefe del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, reconoció este miércoles la problemática por el crecimiento de la morosidad en las familias y adelantó que su espacio presentará una propuesta propia para abordar el problema, alejada de lo que calificó como salidas “populistas” alentadas por la oposición.
El anuncio de Ritondo llegó tras la sesión especial en la que la oposición emplazó a las comisiones correspondientes a tratar el tema del endeudamiento —por el que hay alrededor de 50 iniciativas— junto con la emergencia en discapacidad.
En ese contexto, el diputado admitió en diálogo con TN Central que “la morosidad está más alta”, pero planteó: “Antes no había morosidad porque no había crédito, son dos cosas que van de la mano”.
Sin embargo, a diferencia de la postura del oficialismo, que considera que se trata de “un problema entre privados”, Ritondo sostuvo que el endeudamiento “es un tema a atender”.
“Le faltan recursos a la gente, nadie se endeuda ni no paga porque no quiere. Lo tenemos que atender, sí, pero tenemos que tener cuidado”, advirtió el legislador. Y agregó: “Si nos excedemos podemos jorobar el tema del crédito. Tenemos que ser responsables. Ni populismo, que esto lo pague el Estado porque después lo pagamos todos, ni corregir de una manera donde le ponemos un límite a la tasa, que tiene que ser una cuestión de mercado”.
De esa manera, Ritondo afirmó que su espacio trabajará junto a los economistas del bloque para acompañar una propuesta propia y llevarla al recinto. “Lo vamos a anunciar la semana que viene después de la reunión de bloque, la propuesta que nosotros tenemos para el sistema de crédito y morosidad”, adelantó.
Transparencia en los créditos e impuestos sobre la tasa: las dos propuestas del PRO
Para Ritondo, uno de los puntos centrales a abordar es el sistema de oferta de créditos de las fintech y algunos bancos, donde advirtió que “muchas veces el tomador no tiene claridad sobre lo que efectivamente va a pagar”. Rechazó, sin embargo, la idea de incorporar advertencias visuales similares a los octógonos nutricionales: “Tiene que ser mucho más claro”, planteó como alternativa.
El segundo eje que Ritondo puso sobre la mesa fue el peso de los impuestos en el costo final del financiamiento. Según detalló, sobre la tasa de un crédito se aplica un 21% de IVA, un 8% de Ingresos Brutos y tributos municipales adicionales, que en algunos casos elevan al 37% la porción del costo que no corresponde ni al banco ni al propio crédito.
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“No hay país en el mundo que tenga carga impositiva sobre un crédito”, sostuvo, y planteó que cualquier corrección en ese sentido deberá discutirse a la par de su impacto sobre el déficit fiscal.
Cuestionamientos a la jueza que suspendió el régimen penal juvenil y la posición del PRO ante el proyecto por Malvinas
Consultado por la decisión de la jueza bonaerense que suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, Ritondo consideró que una magistrada puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero cuestionó que se frene una ley nacional aprobada tras “años” de debate y “ocho meses” de trabajo en comisiones con especialistas y organizaciones.
“El principal problema que tiene la provincia de Buenos Aires es la inseguridad, y a alguien se le ocurre suspenderlo porque el Ejecutivo no tiene las condiciones para recibir a los presos, es una locura”, cuestionó. En ese sentido, sostuvo que ante la falta de infraestructura en comisarías y en el servicio penitenciario bonaerense, la respuesta no puede ser la suspensión de la ley sino exigirle al Ejecutivo que la cumpla. En ese contexto, el diputado recordó que su bloque ya impulsa un juicio político contra la jueza en el Senado provincial, impulsado por Guillermo Montenegro, exintendente de Mar del Plata, exjuez y exfiscal.
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“En la provincia de Buenos Aires quisimos terminar con la puerta giratoria y no adhirieron a la ley nacional, ahora suspenden esta ley. En el lugar donde hay que dar la batalla contra la inseguridad el gobernador y algunos jueces miran para el costado”, sentenció.
Finalmente, sobre el proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso vinculado a la soberanía sobre las islas Malvinas, Ritondo remarcó que se trata de “un tema de Estado, no partidario” y que el PRO acompaña al Presidente en la iniciativa. Aclaró, sin embargo, que el bloque todavía no conoce el texto del proyecto y que su respaldo estará condicionado a su lectura previa, asesorados por especialistas: “Si no, estamos diciendo que sí a algo que desconocemos”, cerró.
PRO, Cristian Ritondo, endeudamiento
POLITICA
El Gobierno anunció que presentará “nuevas denuncias penales” contra empresas por sus actividades en Malvinas
El gobierno de Javier Milei anunció este miércoles que presentará “nuevas denuncias penales” contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley N.° 26.659.
“Las denuncias alcanzarán no sólo a nuevas empresas involucradas, sino que también individualizarán a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades”, anticipó la Oficina del Presidente en un comunicado.
Y agregó que esta acción “derivará tanto en la ampliación de procesos judiciales preexistentes como la apertura de otros nuevos”.
La administración de Milei señaló que “el Estado nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional”.
“Estas acciones no se limitarán a las personas jurídicas y alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en la realización de estos ilícitos”, advirtió el Poder Ejecutivo en el comunicado firmado por Milei.
Y reiteró que “continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables”.
El martes último el Gobierno había adelantado que sancionaría a 15 empresas internacionales que operan en las islas sin autorización, y que se sumaron al listado de 45 anunciadas el viernes pasado, tras la cadena nacional de Milei del día anterior.
En tanto, el Poder Ejecutivo evalúa extender las sanciones en el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional a otras áreas más allá de las de hidrocarburos, como contempla la legislación actual, por lo que entre los sectores que se verían alcanzados con las modificaciones está el de la pesca, según confirmaron a fuentes oficiales.
El proyecto legislativo ingresará el lunes próximo al Congreso, por la Cámara de Diputados.
La iniciativa contempla estos cambios a la Ley 26.659, sancionada durante la gestión de Cristina Kirchner, con la búsqueda de aplicar no solo de penas más duras sino también alcanzar a otras áreas como la pesca. La normativa vigente solo contempla sanciones al área de hidrocarburos.
Novedades judiciales
Por otro lado, la Justicia Federal de Río Grande se declaró competente este miércoles para intervenir en la acción preventiva por daño ambiental colectivo contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development, en tanto que admitió la jurisdicción internacional de la Justicia argentina.
La jueza federal Mariel Borruto dio el primer paso en una causa que apunta a frenar la ejecución de obras del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la costa de las Islas Malvinas.
[e]MARTIN ZABALA – XinHua
El dictamen de Río Grande da lugar así a la demanda presentada en los tribunales fueguinos la semana pasada —dos días antes de que Milei anunciara sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las islas—, por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, AAdeAA, y el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata, CECIM, quienes reclaman la suspensión inmediata de las obras y de las operaciones financieras destinadas al proyecto petrolero.
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POLITICA
Sebastián Galmarini habló sobre la deuda de las familias: “El Gobierno decía que no existía el problema”
La Cámara de Diputados avanzó con el tratamiento de los proyectos vinculados al endeudamiento de las familias y las empresas. La oposición consiguió emplazar a las comisiones de Defensa del Consumidor y de Finanzas para comenzar a trabajar sobre los más de cincuenta expedientes presentados y definir una iniciativa para llevar al recinto. Para Sebastián Galmarini, el problema ya no admite postergaciones y expone una situación que el Gobierno, hasta hace poco, negaba.
“Hoy se votó el emplazamiento a las comisiones para trabajar, de los cincuenta y pico de proyectos que existen, cuál va a ser el despacho que vamos a llevar al recinto para votarlo y darle media sanción”, explicó en Infobae al Regreso, y apuntó: “Hasta hoy, te diría hasta hace algunas horas, el Gobierno oficialmente decía: ‘No existe problema’”.
Galmarini sostuvo que los niveles de morosidad reflejan un deterioro que atraviesa a distintos sectores. Mencionó un 12% y pico de irregularidad entre las familias dentro del sistema bancario, alrededor de un 3,5% en las empresas y más de un 33% en el universo de las fintech. En ese escenario, advirtió sobre el recorrido que puede hacer una persona cuando deja de acceder al crédito tradicional: “No pudiste cumplir con el banco, vas a buscar a la fintech, que tiene otro mecanismo de scoreo”.
Según explicó, las fintech evalúan variables diferentes a las de los bancos tradicionales y pueden otorgar financiamiento a personas que ya quedaron afuera del sistema bancario formal. “Básicamente, la fintech lo que hace es que scorean por tu nivel de consumo. No están mirando cuál es tu ingreso formal, cuál es tu recibo de sueldo”, señaló.
El riesgo, planteó, aparece cuando ese circuito desemboca en el crédito informal. “El final de esa rueda termina yendo al financista del barrio, que te cobra el 5.000% y además viene con un arma y te dice: ‘Si no me pagás, te mato a un chico’”. Por eso rechazó las explicaciones que reducen el endeudamiento a consumos considerados innecesarios.
Para Galmarini, el punto central es que una parte importante de las familias se endeuda para afrontar gastos cotidianos. Citó que el 73% de los endeudados destina esos recursos a alimentos y servicios y señaló que existen asalariados con ingresos promedio de $1,3 millones que acumulan deudas de unos $500.000 y no pueden afrontarlas. “Estás hablando de asalariados de un promedio de un millón trescientos mil pesos, que tienen una deuda media de quinientos mil pesos y que no la pueden pagar”, sostuvo.
La mora, además, puede cerrar el acceso a todo el sistema financiero. “Cuando vos estás irregular en la tarjeta, la irregularidad te toma todos los demás créditos que vos tengas en todo el sistema”, explicó. Y resumió el impacto que tiene quedar registrado como deudor: “El día que entraste al Veraz, al NOSIS, no volviste más”.
El diputado defendió una política que permita regularizar las obligaciones sin convertirla en una condonación generalizada. “No es salvarnos. Yo creo que lo que hay es que generar incentivos”, afirmó. En esa línea, sostuvo: “No te están diciendo: ‘No la quiero pagar ni me regales nada’. Hay que darle condiciones”.
Entre las herramientas posibles, mencionó mecanismos de refinanciación y crédito que permitan aliviar la situación de los hogares y, al mismo tiempo, sostener la actividad económica. “No me traigás a la noche los 100 pesos que me tenés que depositar, depositame 90 y con eso da líneas de crédito a refinanciación, de crédito para inversión productiva, para capital de trabajo”, explicó.
Galmarini también cuestionó las modificaciones recientes en la Carta Orgánica del Banco Central y las vinculó con la discusión sobre el financiamiento. “Eso es lo que el Gobierno, diciendo que no existe el problema, eliminó hace algunos días, por ejemplo, con la reforma de la Carta Orgánica”. Y marcó lo que considera un giro en el discurso oficial: “Dos semanas después dicen: ‘El problema existe, vamos a trabajarlo’”.
El diputado remarcó que cualquier respuesta deberá contemplar las diferencias entre las entidades financieras y sus clientes. “Es un universo muy heterogéneo. Hay deudas de distinta naturaleza”, sostuvo. Y agregó: “No es la misma cartera de clientes la de un banco privado que la de un banco público. El nivel de ingreso de los clientes no es el mismo, el nivel de deuda no es el mismo, la irregularidad no es la misma”.
Baja de la edad de imputabilidad
Galmarini también cuestionó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en los términos en que está planteado. Recordó que el Frente Renovador acompañó la reducción de la edad, pero sostuvo que una modificación legal no alcanza para resolver el problema si no está acompañada por infraestructura y políticas de reinserción.
“El punto crítico por el cual todos votamos en contra de esta ley en particular fue porque ni bajar la edad de imputabilidad ni dejar a los chicos en la calle resuelve el problema”, afirmó.
Su principal reclamo apunta a la falta de establecimientos adecuados para los menores que ingresan al sistema penal. “Lo que nosotros necesitamos es que se hagan las obras para reinsertar a esos chicos que entraron al delito a esa edad, siendo más o menos conscientes de lo que están haciendo y del tipo de delito”.
Por eso, reclamó que los plazos previstos para la implementación de una reforma estén acompañados por un cronograma concreto de obras y aperturas: “Pongamos un plazo de obra, pongamos una rendición de que se vayan haciendo, que se vayan abriendo toda la infraestructura que se necesita”.
Massa, las PASO y el futuro del peronismo
Sobre el escenario electoral de 2027, Galmarini evitó anticipar una candidatura de Sergio Massa. “Todavía el que te diga que es candidato te está mintiendo”, sostuvo. Sí destacó el rol que el exministro de Economía conserva dentro del Frente Renovador: “Sergio siempre estuvo laburando mucho, siempre fue el líder del Frente Renovador, de nuestro partido, de nuestro espacio”.
Galmarini planteó que el peronismo debe concentrarse en ampliar su representación y sostener la unidad. “El peronismo tiene que ir unido porque lo que nos reclama gran parte de la sociedad es que hay que ganarle a Milei”, afirmó.
También pidió revisar discusiones internas que considera agotadas. “Nosotros tenemos que ampliarnos, tenemos que dejar un montón de peleas en el pasado que ya no tienen sentido, que están prescritas”. Como ejemplo, mencionó la Ley de Medios y cuestionó que el espacio siga concentrado en un debate que, a su entender, quedó desactualizado frente a los cambios tecnológicos.
Para ordenar la competencia interna, defendió un mecanismo que permita resolver las candidaturas y respaldó las PASO. “Las PASO es un buen mecanismo, lo conocemos todos, es legítimo. Lo hizo presidente a Milei, entre otras cosas”.
Consultado sobre un eventual respaldo de Cristina Kirchner a Massa, respondió: “No lo he hablado, no tengo idea”. De todos modos, consideró que la expresidenta conserva un lugar relevante dentro del peronismo: “Es un actor político importante del peronismo, sin ninguna duda”.
Una propuesta contra la impunidad
En materia de corrupción, Galmarini reclamó fortalecer las herramientas institucionales para investigar y resolver los casos con mayor rapidez. “Hay que generar instituciones, organismos y mecanismos para que se investigue y se resuelvan rápido, porque lo peor de todo es la sensación de impunidad”.
El diputado recordó que presentó un proyecto de ética pública para crear un organismo apartidario, con autonomía y autarquía, que pueda llevar adelante investigaciones. “¿Por qué no armamos un organismo que sea apartidario, que tenga cierta autonomía y autarquía para que pueda investigar?”.
Para Galmarini, la discusión no debería quedar limitada a los discursos políticos, sino traducirse en instrumentos concretos que permitan avanzar sobre las denuncias. “Lo que tenés que hacer es generarle instrumentos para que eso se pueda investigar y a veces rápido”.
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