Sobre el final de una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo apeló a una maniobra sorpresiva para evitar una derrota en el recinto: dio marcha atrás con su propio dictamen para dar respuesta a la creciente morosidad y el endeudamiento familiar, al advertir que no reunía los votos necesarios para aprobarlo. Así, impulsó una moción de orden para devolver el proyecto a comisiones, que fue aprobada con 121 votos. Fue decisiva la abstención de los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora.

Con 121 votos a favor, 117 en contra y cinco abstenciones de los cordobeses del bloque de Provincias Unidas, La Libertad Avanza logró bloquear la discusión sobre la morosidad y dilatar su tratamiento sin comprometerse a una fecha para retomarlo en comisiones. Una jugada que la oposición interpretó como un intento de diluir el tema en la agenda parlamentaria y que el bloque libertario festejó como un triunfo.

A lo largo de una discusión que se extendió por más de dos horas y media, tanto el oficialismo como la oposición reconocían que el escenario estaba trabado por la paridad de los votos. Un panorama muy distinto al del debate sobre discapacidad, en el que se alcanzaron los consensos necesarios para aprobar el proyecto.

“¿Cómo es posible que para un tema haya habido consenso y ahora haya distraídos que entiendan que no llegar a fin de mes es menor en comparación con lidiar con un familiar con discapacidad?”, cuestionó Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

“Son las 3 de la mañana y todo el conjunto del Congreso se presta a esta farsa. Podemos recurrir al camino que alumbró una sana señal como en Discapacidad”, había advertido el legislador.

Con el debate ya avanzado, crecían las sospechas sobre los movimientos del oficialismo para evitar una derrota en el recinto. La tensión se hizo aún más evidente cuando la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau denunció un presunto toma y daca entre emisarios del Gobierno y legisladores.

“Me preocupa que a esta hora haya funcionarios del Gobierno que además de estar dando vueltas, estén llamando a diputados para decirles qué necesitan para que no se rechace el dictamen del oficialismo sobre el endeudamiento”, arremetió la legisladora de UP.

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El debate por los fondos para la atención de las personas con discapacidad podría dar un giro inesperado en Diputados. Después de meses de enfrentamientos con el Gobierno, el peronismo evalúa la posibilidad de acompañar el proyecto que el oficialismo negoció con aliados si los libertarios aceptan incorporar una serie de modificaciones durante la sesión. La alternativa abrió una discusión interna en Unión por la Patria (UP), donde todavía no hay una posición unificada sobre cómo proceder.

El dilema es político, pero tiene consecuencias prácticas. Un sector del PJ plantea insistir con la ley de emergencia en discapacidad, aun a riesgo de que Javier Milei vuelva a vetarla y el sector se quede sin respuestas. Otros consideran que, si el oficialismo acepta buena parte de los reclamos de la oposición, convendría acompañar el nuevo proyecto para garantizar mejoras concretas a los beneficiarios y prestadores, aunque eso implique resignar nitidez opositora.

Con su apoyo, el texto podría reunir un consenso casi unánime −de dos tercios− que blindaría la norma ante un veto presidencial.

Las modificaciones que podrían destrabar el acuerdo fueron propuestas por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, y respaldadas por UP, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Los cambios se conversan con las libertarias Laura Rodríguez Machado y Gisele Castelnuovo. Participó la massista Sabrina Selva, de UP.

El bloque peronista también pidió adelantar el tratamiento de la iniciativa al segundo lugar del temario, en vez del anteúltimo, como se había acordado originalmente.

Los cambios precisan los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), superar una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.

También refuerzan las garantías de financiamiento: si los recursos asignados al Ministerio de Salud resultan insuficientes, podrán utilizarse partidas del Tesoro. Además, se establece que los recursos por beneficiario no podrán disminuir en términos reales.

Por otra parte, se fijan plazos concretos para saldar las deudas con los prestadores. El Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la ley y cancelar las compensaciones pendientes en un máximo de 90 días.

También se garantiza la cobertura de las prestaciones médicas básicas del plan Incluir Salud a quienes cobren una pensión por invalidez. Se aclaró, por último, que el cobro de una pensión es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El debate atraviesa también al resto de los bloques opositores, aunque allí la balanza parece inclinarse a favor de acompañar la iniciativa si se incorporan las modificaciones acordadas. “Si se aceptan, no queda mucho motivo para no votar”, explicó a un referente de la oposición moderada.

La posición de las organizaciones del sector es uno de los factores que pesan en las negociaciones. Aunque persisten los pedidos de garantías sobre el cumplimiento efectivo de las medidas, la posibilidad de alcanzar una solución legislativa que contemple buena parte de sus reclamos modifica el escenario para los bloques.