POLITICA
Fentanilo mortal: etapa de definición para el clan García Furfaro, ampliarán las indagatorias por más fallecidos

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ampliará la declaración indagatoria de los 14 imputados por la elaboración y distribución de ampollas de fentanilo contaminado presuntamente ligado al fallecimiento de 111 pacientes y 49 víctimas no fatales a partir del próximo jueves 16 de abril. Las audiencias continuarán el lunes 20 y el martes 21. El primero en declarar será el propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, Ariel García Furfaro. Ese mismo día deberán presentarse ante el magistrado Carolina Ansaldi, María Victoria García, Eduardo Darchuk.
El 20 lo harán José Antonio Maiorano, Nilda Furfaro (madre de Ariel), Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica y Rocío del Cielo Garay. El martes será el turno de Javier Martín Tchukrán, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar y Diego Hernán García (hermano del principal sospechoso).
Después de la medida y las apelaciones que realicen las defensas de los procesados el magistrado estará en condiciones de elevar la voluminosa causa, considerada como el mayor desastre sanitario del país, a juicio oral. La expectativa de pena para los acusados es de 10 a 25 años de prisión.

En la resolución del 25 de septiembre de 2025 Kreplak les imputo “prima facie” ser coautores penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor.
De esta manera, el juez de primera instancia cierra el círculo sobre los 14 procesados vinculados a los laboratorios a los que se los vincula con el Fentanilo HLB Pharma contaminado con bacterias “multirresistente” a los antibióticos. Cada uno de los presuntos responsables de que el poderoso anestésico saliese del laboratorio por fuera de los estándares adecuados cumplía un eslabón particular en la cadena de elaboración y control:
- Ariel García Furfaro, era propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
- Diego García, era directivo en ambas compañías.
- Javier Martín Tchukrán, era el director de Manufactura de HLB Pharma Group SA.
- José Antonio Maiorano, se desempeñaba como director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados.
Estos cuatro permanecen en prisión preventiva.
- Nilda Furfaro, es la madre de los hermanos García y directiva de las sociedades.
- Carolina Ansaldi, era la directora técnica de Laboratorios Ramallo SA.
Ambas fueron beneficiadas con prisión domiciliaria.
- Otros ocho, responsables de la cadena de producción y control de calidad fueron procesados sin prisión preventiva: Eduardo Darchuk, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Rocío del Cielo Garay, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar, Adriana Iudica, Wilson Daniel Pons, María Victoria García y Víctor Pablo Boccaccio.
La tragedia se ubica al nivel de los hechos más dolorosos de la historia reciente, entre ellos el siniestro ferroviario de Once, con 53 fallecidos y una persona por nacer, y lo ocurrido en el boliche Cromañón, donde murieron 194 jóvenes.
Las defensas de los imputados apelaron la medida ante la Cámara Federal de La Plata, cuyos magistrados trabajan actualmente en las observaciones presentadas. Hasta ahora, la instancia superior avaló todo lo actuado por Kreplak. Confirmó, por ejemplo, las prisiones objetadas por las defensas de Diego García, Javier Tchukrán y José Antonio Maiorano. En cambio, Ariel García Furfaro no apeló.
La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 y se originó el 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta y prohibió el uso de varios lotes tras detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata. El pasado 10 de abril la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja de forma definitiva las habilitaciones y legajos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

Según se publicó en el Boletín Oficial, la medida complementa y finaliza el proceso iniciado con la Disposición 3158/2025, que ya había inhibido las actividades productivas de ambas firmas y prohibido la comercialización de todos sus productos. La ANMAT, que depende del Ministerio de Salud de la Nación a cargo de Mario Lugones explicó que la finalidad principal de la medida es proteger la salud pública frente a fallas graves en la calidad de medicamentos, señalando que los hechos registrados exponen riesgos inaceptables para los pacientes. Los certificados de los productos no serán eliminados, sino reinscritos a su vencimiento para mantenerlos activos en el marco de la causa penal iniciada a cargo de Ernesto Kreplak.
A partir de mayo de 2025, fecha en la que se efectivizó la inhibición por parte de la autoridad sanitaria, ninguno de los laboratorios afectados volvió a producir. Esta decisión final encuentra su fundamento en inspecciones técnicas, pruebas regulatorias y documentación judicial acumulada.
Un bloque central del avance administrativo fueron las inspecciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) en las plantas de San Isidro y Ramallo. Se constató que, al menos, 69 lotes de soluciones parenterales de pequeño volumen fueron acondicionados en ampollas plásticas no autorizadas, sin validación de procesos, sin estudios de estabilidad y sin respaldo documental de producción.
Además, el relevamiento permitió corroborar la existencia de productos médicos sin inscripción vigente en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), como los denominados “Propofol HLB” y “Dopamina HLB”, ambos imposibles de trazar en cuanto a su origen y condiciones de almacenamiento.
POLITICA
El respaldo de Trump a Milei en la cumbre del Escudo de las Américas: “Tuvimos una gran victoria en la Argentina”

Javier Milei volvió a recibir un respaldo público de Donald Trump durante la segunda reunión del Escudo de las Américas, la alianza sobre seguridad regional impulsada por la Casa Blanca. En plena cumbre realizada en la sede de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense destacó a su par argentino al recordar sus triunfos electorales.
“Tuvimos una gran victoria en la Argentina… bueno, ya hace un tiempo de eso, y por partida doble”, afirmó Trump durante su discurso ante los mandatarios de la región, mientras dirigía la mirada hacia Milei. El republicano repasaba una serie de victorias políticas de aliados latinoamericanos cuando hizo esa referencia al presidente argentino.
El encuentro se realizó en la Room 6 de la ONU y reunió a representantes de los 15 países que integran el Escudo de las Américas, una iniciativa lanzada por Trump para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional y reforzar la cooperación en materia de seguridad. Aunque la Casa Blanca había previsto una participación más extensa, el mandatario estadounidense permaneció unos 14 minutos en la reunión.
Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el representante comercial, Jamieson Greer; y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, entre otros funcionarios de alto rango. La presencia de ese equipo reflejó la relevancia que la administración republicana le asigna a la estrategia hemisférica.
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ADEPA advierte sobre posibles impactos negativos para la libertad de prensa en el proyecto de ley de soberanía

La Asociación De Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) remitirá a los miembros del Congreso un análisis jurídico del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en el que pondrá el foco en aspectos que podrían causar un impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
En un comunicado, ADEPA destacó: “La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo. Pero las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto”.
El proyecto en cuestión, enviado la semana pasada al Congreso por el Poder Ejecutivo, incorpora el artículo 225 bis al Código Penal, en el que propone castigar con prisión de 5 a 12 años (de 8 a 15 si hay coerción) a quien, financiado u ordenado por un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
El análisis de ADEPA advierte sobre la amplitud de conceptos como “desinformación”, “manipular la opinión pública”, “campaña coordinada”, “alterar procesos electorales” y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios.
“ADEPA considera conveniente que cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables —como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral— y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones”, continúa el comunicado.
Y concluye: “Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural”.
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POLITICA
Máximo Kirchner presentó un proyecto para cobrar un impuesto a las transferencias internacionales de capital

El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital, un mecanismo para cobrar una alícuota del 3% y destinar los fondos a obras en provincias y municipios, salud, discapacidad, educación, jubilaciones y el PAMI.
La iniciativa de Máximo Kirchner establece que se aplicará la alícuota del 3% propuesta a “toda operación que implique la salida efectiva de capitales del país, ya sea en forma de divisas, valores negociables o activos virtuales, realizadas de manera directa o indirecta por los sujetos alcanzados”, según se informó en un comunicado. En caso de que la transferencia sea hacia un destino “de baja o nula tributación”, se adicionará un 2% a la alícuota.
El destino de los fondos recaudados será repartido, según el proyecto, en un “60% para las provincias y municipios (obras de infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria, de vivienda y vial, y recomposición salarial en salud y educación); 10% [para] salud y discapacidad; 10% [para] educación; 10% [para] jubilaciones y pensiones; 10% [para] medicamentos y atención médica de PAMI”.
Con el nuevo impuesto, Máximo Kirchner asegura que se recaudarán, al menos, 2,89 billones de pesos. Ese monto, se especificó en el comunicado del diputado, “equivale a diez veces lo enviado en 2025 a las provincias por transferencias de capital”. Como un fundamento del proyecto, se sostiene que, entre 2023 y 2025, “las transferencias automáticas de la Nación a las provincias y municipios se redujeron un 8,4% en términos reales, mientras que las no automáticas —que comprenden buena parte de los recursos destinados a obra pública, programas, convenios y asistencia territorial— cayeron un 72,8%”.
La iniciativa no “incluye la tenencia de dólares de los argentinos y argentinas; no grava el consumo, el ahorro interno y la inversión productiva; tampoco están incluidas las compras de bienes que ingresan regularmente al país (siempre que sean importaciones genuinas, documentadas y trazables); también quedan excluidas la compra de dólares, bonos, Cedears o fondos, (siempre que los activos permanezcan en la Argentina)”, se aclaró sobre el proyecto.
En el comunicado, se emparentó la iniciativa con el “Aporte Solidario y Extraordinario” (conocido como impuesto a la riqueza), aprobado en el gobierno de Alberto Fernández por impulso de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados.
El anuncio de la iniciativa coincide con el inicio de una gira del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por Estados Unidos, que incluye reuniones con fondos de inversión y empresas de aquel país. Máximo y Cristina Kirchner mantienen una dura interna con el gobernador.
Esa interna sumó otro capítulo, de escala bonaerense, este martes, cuando el senador provincial Emmanuel González Santalla (dirigente de La Cámpora en Avellaneda), le reclamó a Kicillof que ponga en funcionamiento una ley que limita el uso de teléfonos celulares en las escuelas. “En la provincia de Buenos Aires, desde diciembre del año pasado aprobamos una ley para restringir el uso de celulares en escuelas primarias de la provincia, por unanimidad en las dos Cámaras, y estamos esperando que el señor gobernador Axel Kicillof y la ministra [por la directora general de Cultura y Educación, Flavia] Terigi se hagan cargo de implementar esta ley, que es urgente”, dijo Santalla en su cuenta de la red social Instagram.
los fondos,“Esas cosas se hablan adentro”. El pedido de la mesa política a Bullrich tras sus críticas a los recortes en Discapacidad,Máximo Kirchner,Impuestos,Conforme a
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