POLITICA
El IOMA acumula reclamos y denuncias, pero Kicillof respalda a su conducción
La conducción del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), a cargo del dirigente de La Cámpora Homero Giles, cuenta con el respaldo del gobernador Axel Kicillof, a pesar de las quejas, reclamos e incluso denuncias judiciales que tienen como objetivo la obra social.
Las quejas por el servicio a los afiliados del IOMA y los pagos a profesionales de la salud que atienden pacientes por esa obra social son moneda corriente desde hace años y la política bonaerense, desde espacios de la oposición, se hizo eco en numerosas ocasiones. Según el presupuesto provincial 2026, el IOMA contará para este año con recursos por $2.422.114.040.000.
En numerosos artículos periodísticos, dio cuenta de las deficiencias denunciadas en la obra social del Estado provincial. En febrero de 2024, relevó un escenario de cirugías suspendidas por atrasos en pagos de honorarios a anestesiólogos, que se combinaban con inconvenientes en la provisión de pañales e insumos para pacientes con diabetes y ostomizados, una situación que denunciaba el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. A eso, se agregaba falta de atención por la obra social en clínicas de Mar del Plata y cortes de servicios a IOMA por parte de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires.
En junio del año pasado, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan le reclamó al IOMA una deuda total de $4100 millones acumulada desde el año 2017, de los cuales la obra social había saldado poco más de $1000 millones.
En marzo de 2026, el IOMA sufrió una circunstancia ajena a sus prestaciones de salud, al ser blanco de un ataque cibernético a sus padrones de afiliación que, según comunicó la obra social, no afectó “los datos personales” ni “el funcionamiento del instituto”.
Entre otros, exlegisladores provinciales como Maricel Etchecoin (de la Coalición Cívica, que pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo e hizo un pedido de informes a la gobernación), o el radical Ariel Bordaisco (que solicitó declarar al IOMA en emergencia sanitaria y financiera), reclamaron por la situación de la obra social. Tras el discurso de apertura de sesiones de Kicillof, el 2 de marzo, el diputado provincial Diego Garciarena, de la UCR, afirmó: “El IOMA es responsabilidad exclusiva del gobierno bonaerense, y allí todavía no vemos una reforma profunda ni los recursos de los afiliados garantizando las prestaciones”.
El cúmulo de quejas llevó a un concejal de La Libertad Avanza a iniciar una causa judicial, en noviembre del año pasado, que se encuentra en la Sala I de la Cámara Federal de La Plata para resolver la competencia. El denunciante es Marcelo Mazzeo, edil del distrito de Esteban Echeverría. Pidió que se investigue a Giles, titular del IOMA, pero también a Kicillof, por “administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita”.
Según la presentación judicial del concejal Mazzeo, en el IOMA existe un “colapso sanitario, desfinanciamiento y violación del derecho a la salud”. Entre otros puntos, indicó que “las entidades médicas Femeba, Fenecon y Fremebo han denunciado de manera reiterada la falta de pago de honorarios, demoras superiores a 90 días, aranceles desactualizados y suspensión de tratamientos”.
En el gobierno provincial, no obstante, el respaldo a Giles es contundente. “Estamos muy conformes con el funcionamiento de todo el Ministerio de Salud [que conduce Nicolás Kreplak] y del IOMA, que es un apéndice. El problema no es el IOMA, el problema es todo el sistema de salud de la Argentina. El IOMA sufre las mismas consecuencias que sufren OSDE, Medicus, los hospitales municipales y los provinciales. En un sistema que no es el mejor del mundo, a pesar de que nosotros lo integramos y mejoramos muchísimo, llegó [Javier] Milei, desreguló el precio de los medicamentos y de los tratamientos, y esos precios se fueron a las nubes”, argumentó Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, en diálogo con .
“Tenemos hechos los gráficos sobre los servicios que prestó el IOMA el año pasado y aumentaron. Y aumentó el presupuesto que el gobierno le destinó al IOMA. En municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, al trabajador municipal se le están descontando $56.000 por mes, en promedio, para todo el grupo familiar. Brinda una cobertura que puede llegar a tener problemas, pero es bastante completa. Si eso lo tuviera que pagar en una prepaga, no baja del millón de pesos para el grupo familiar”, comparó Bianco.
“El problema es Milei, como siempre, que desreguló el mercado y se fueron los tratamientos y medicamentos a las nubes. Encima, nosotros tenemos que cubrir todo lo que deja de financiar el gobierno nacional, como el Programa Remediar, los medicamentos oncológicos. El problema siempre es Milei. No es el IOMA, no es OSDE ni el hospital municipal. El problema es Milei”, recalcó Bianco, funcionario del círculo de mayor confianza de Kicillof.
La obra social tiene 2.132.220 personas afiliadas, según informa en su sitio web oficial. Son producto de afiliaciones obligatorias, voluntarias y por convenios con otras provincias. Cuenta con 14 direcciones regionales y 198 oficinas de atención en el territorio bonaerense.
En algunos distritos, la afiliación obligatoria al IOMA comenzó a ponerse en discusión. El caso más reciente es San Isidro, donde la concejala María Feldtmann (Partido Demócrata, que integra una bancada de dos ediles alineada con Milei) presentó un proyecto de ordenanza para eliminar la obligatoriedad. “Venía recibiendo reclamos por el mal funcionamiento del IOMA y me pareció que lo mejor que podía proponer era que la gente pueda elegir libremente su cobertura médica. Por eso, presenté un proyecto para derogar un artículo de una ordenanza, del tiempo de la Revolución Argentina, que obliga a todos los empleados municipales a derivar sus aportes al IOMA. Lo que plantea el proyecto es la libre elección de la cobertura médica”, explicó Feldtmann a .
La concejala de San Isidro, que en 2023 encabezó la boleta de ediles de La Libertad Avanza en el distrito, hizo una publicación en su cuenta de la red social Instagram con su proyecto y, según dijo a este diario, recibió “miles de reclamos de toda la provincia de Buenos Aires, que además de la libre elección, son por falta de pago del IOMA y otras irregularidades”.
Hubo otros casos, como el de San Nicolás, que dejó de trabajar con el IOMA en 2023 y tuvo durante un lapso mayor a un año a sus empleados municipales cubiertos con la firma Avalian. Retomó el IOMA tras obtener un acuerdo para que la obra social brinde servicios con los principales centros privados del distrito y luego de experimentar tirantez política con el gobierno provincial. Capitán Sarmiento y Tres de Febrero también habían dejado de lado al IOMA como opción obligatoria. En mayo de 2023, en Tigre, la oposición había aprobado una ordenanza para eliminar la obligatoriedad del IOMA para los municipales, pero luego la vetó el intendente, Julio Zamora.
como objetivo,cirugías suspendidas,una deuda,Ver esta publicación en Instagram,Una publicación compartida de Maria Feldtmann de Maurette (@mariafeldtmann),Javier Fuego Simondet,Provincia de Buenos Aires,La Cámpora,Salud,Conforme a,,Comodoro Py. Declaran dos mujeres que le prestaron US$100.000 a Adorni para una de las operaciones inmobiliarias,,Análisis. Cinco trampas de las que Milei no logra salir,,Solo en Off. Ministros despistados y caras largas en la semana más delicada e hiperactiva de Adorni,Provincia de Buenos Aires,,Reajuste. Así queda el sueldo de choferes de colectivo en abril,,Carrera hacia 2027. Los intendentes del peronismo ya inauguraron la disputa por la sucesión de Kicillof,,Por las internas. La Legislatura bonaerense está casi paralizada y aún no define sus comisiones
POLITICA
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se empezó a normalizar la distribución de bebidas en Capital y Gran Buenos Aires
La distribución de bebidas en Capital y Gran Buenos Aires se empezó a normalizar en las últimas horas luego de que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen las empresas del sector y el Sindicato de Camioneros, que provocaron los primeros indicios de desabastecimiento en los comercios.
El trabajo a reglamento que realizaba el gremio que lideran Hugo Moyano y su hijo Pablo, en reclamo del pago del presentismo y el aumento de los adicionales para los choferes y los ayudantes, derivó en estos últimos días en entregas incompletas, faltantes de productos y demoras en la distribución, con las consecuentes quejas de los comerciantes de las zonas afectadas.
Ahora, a partir de la conciliación obligatoria, empresarios y sindicalistas deben “retrotraer la situación” al estado previo al conflicto, es decir: Camioneros debe levantar toda medida de fuerza y prestar tareas normalmente; las empresas no pueden tomar represalias ni alterar las condiciones habituales de trabajo y la ley prevé sanciones para las partes si incumplen estas condiciones.
Las negociaciones que comenzarán el martes próximo en la Secretaría de Trabajo se extenderán durante 15 días, que podrán prorrogarse otros 5 si no hay acuerdo. Luego, empresarios y sindicalistas quedarán liberados para tomar las medidas que consideren necesarias.
Hace 24 horas, fuentes empresariales aseguraron a Infobae que los camiones de distribución regresaban a sus depósitos con entre 20% y 50% de la carga sin entregar, en un problema que generaba faltantes de productos y un aumento de reclamos de numerosos clientes en Capital y Gran Buenos Aires.
De acuerdo con estas fuentes, los camiones estaban realizando una sola salida por jornada y parte del stock ni siquiera salía del depósito, lo que reducía el volumen efectivamente distribuido en los comercios.
La situación afectó de forma creciente a la cartera de clientes en el área metropolitana, donde se registraron quejas por la falta de entrega de bebidas y se pidió resolver con urgencia el conflicto que interrumpía el abastecimiento de estos productos.
La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA) advirtió este miércoles en un comunicado que el reclamo impulsado por el gremio “está generando dificultades en el normal abastecimiento de bebidas en distintos puntos del país”.
La entidad sostuvo que las empresas de transporte y distribución “trabajan con responsabilidad y de manera coordinada” para buscar una solución y “minimizar su impacto sobre la cadena de abastecimiento”.
Por su parte, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que la demanda consiste en el pago del presentismo y el aumento de los adicionales para los choferes y los ayudantes de este sector y se quejó de que los empresarios “siguen haciéndose los boludos, siguen mirando para otro lado y no atienden el reclamo legítimo que estamos llevando adelante”.
En un video publicado en el sitio del gremio, el hijo de Hugo Moyano dijo que finalizó sin resultados positivos una reunión virtual con las empresas Coca-Cola, Quilmes y CCU (Compañía de Cervecerías Unidas), y puntualizó: “Seguimos con el día décimo trabajando como marca nuestro convenio colectivo de trabajo”.
En la misma declaración, Moyano sostuvo que “cualquier desabastecimiento que haya de estos productos de Coca-Cola, Quilmes, agua, es responsabilidad de estas empresas, que son las dadoras de carga”.
El sindicalista ya había denunciado días atrás una disparidad en las liquidaciones salariales en plantas de distribución de bebidas por el esquema de contratación y reclamó la equiparación de adicionales para evitar “trabajadores de primera y de segunda categoría” en la actividad.
Según detalló, Quilmes paga el premio por asistencia al personal propio de línea directa y de depósitos centrales, pero excluye a los choferes que trabajan para centros concesionarios externos, y lo atribuyó a una “ingeniería contable” aplicada de forma unilateral por las empresas.
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POLITICA
Un funcionario de Trump viaja a Buenos Aires para asistir a una conferencia regional sobre energía nuclear civil
WASHINGTON.- Luego de que en septiembre pasado la Argentina se convirtiera en el primer país de América Latina que se uniera como socio contribuyente al programa nuclear civil norteamericano de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (First, por sus siglas en inglés), el secretario de Estado adjunto estadounidense para asuntos sobre control de armas y no proliferación, Christopher Yeaw, viaja a Buenos Aires este viernes para participar la próxima semana de un taller regional dedicado a First.
El funcionario de la administración de Donald Trump, según informó el Departamento de Estado que lidera el secretario Marco Rubio, estará en el país hasta el 5 de junio, donde mantendrá una serie de reuniones bilaterales con sus pares regionales y funcionarios del gobierno libertario.
Durante su estadía en Buenos Aires, Yeaw —doctorado en ingeniería nuclear y física— se reunirá con representantes del Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo; del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, y de la Cancillería, que tiene al frente a Pablo Quirno, informó el Departamento de Estado en un comunicado publicado este viernes, aunque sin detallar nombres.
“Dialogará sobre la seguridad espacial, la colaboración en materia de energía nuclear civil y la cooperación económica”, detalló la nota oficial sobre las actividades de Yeaw.
El taller First, que se celebrará del 2 al 4 de junio, reunirá a representantes de la Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Paraguay y Perú, así como a los socios colaboradores del programa, Canadá, Japón y el Reino Unido.
“Los países dialogarán sobre el desarrollo de la energía nuclear civil en América Latina y el Caribe, incluyendo el despliegue de Reactores Modulares Pequeños (SMR), consideraciones sobre la cadena de suministro y aplicaciones no eléctricas de la energía nuclear”, explicó la nota diplomática, replicada por la embajada norteamericana en Buenos Aires que lidera Peter Lamelas.
A través de su cargo, en el que asumió a fin del año pasado, Yeaw dirige los esfuerzos de Estados Unidos para “prevenir, impedir y revertir la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, sus sistemas de lanzamiento, las armas convencionales avanzadas desestabilizadoras, así como los materiales y tecnologías relacionados”, señala el Departamento de Estado en su sitio web.
La labor de Yeaw también incluye “ampliar los usos pacíficos de la tecnología nuclear estadounidense” y orientar el enfoque hacia el “aumento de la estabilidad global” y la prevención de conflictos a través de la “postura de disuasión” norteamericana, mediante la negociación de acuerdos de control de armas nucleares.
En septiembre pasado, el gobierno de Estados Unidos anunció que la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina que se unió como socio contribuyente al programa nuclear civil norteamericano conocido como First.
“Liderado por Estados Unidos, este hito subraya nuestro compromiso mutuo de profundizar la asociación en materia de energía nuclear civil, avanzar en la seguridad energética global y acelerar el despliegue responsable de energía nuclear avanzada en América Latina, el Caribe y más allá“, detalló en ese momento el Departamento de Estado, que celebró la decisión de la Argentina.
Los SMR avanzados son un componente clave del objetivo norteamericano de desarrollar opciones de energía nuclear seguras, limpias y asequibles.
Según explica el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que lidera el diplomático argentino Rafael Grossi, tienen una capacidad de potencia de hasta 300 MW por unidad, lo que representa cerca de un tercio de la capacidad de generación de los reactores nucleares de potencia tradicionales. Los SMR pueden producir grandes cantidades de electricidad con bajas emisiones de carbono, destaca el organismo.
Dirigido por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación del Departamento de Estado, First es el programa insignia diseñado para aprovechar la capacidad de la industria nuclear y “acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo”, explicó el Departamento de Estado norteamericano.
“First se asocia con más de 50 países en cinco continentes que exploran soluciones de energía nuclear civil, incluido el uso de SMR para satisfacer sus necesidades energéticas respetando los más altos estándares de seguridad nuclear, protección y no proliferación, en consonancia con las directrices del OIEA”, añadió.
La Argentina –que cuenta con un SMR en desarrollo, el Carem– se unió así al grupo de socios contribuyentes que aportan financiamiento, experiencia técnica y apoyo a las iniciativas de First.
El Carem es la primera central de potencia de diseño totalmente argentino para producción de electricidad y otras aplicaciones, en el segmento de los SMR, señala la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
“Como socio contribuyente, la Argentina desempeñará un papel vital en el apoyo a las actividades de First en todo el mundo, como proyectos regionales, giras de estudio sobre SMR, programas de capacitación y otras iniciativas para facilitar el despliegue responsable por parte de los países que consideran esta tecnología”, explicó el año pasado el Departamento de Estado.
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POLITICA
Tierra del Fuego: en plena crisis política y económica, la Justicia frenó las elecciones constituyentes
La Justicia de Tierra del Fuego dejó sin efecto la convocatoria a elecciones constituyentes que había impulsado el gobernador Gustavo Melella para avanzar con una reforma parcial de la Constitución provincial, que lo habilite a competir por la re-reelección. La decisión profundiza la crisis política que atraviesa el mandatario, que en las últimas semanas sufrió varios reveses en la Legislatura.
El fallo fue firmado por la jueza electoral Mariel Zanini, titular del Juzgado de Primera Instancia Electoral Provincial, quien resolvió anular el decreto de convocatoria al considerar que contradice una resolución judicial previa y que aún no están agotadas todas las instancias de apelación.
La reforma constitucional promovida por el Ejecutivo incluía modificaciones sobre 70 artículos de la Carta Magna fueguina. Entre los principales puntos, proponía limitar las reelecciones indefinidas de legisladores y establecer topes salariales para funcionarios y diputados provinciales.
Sin embargo, desde distintos sectores opositores advertían que la iniciativa también podía habilitar una eventual nueva candidatura de Melella. La sospecha estaba vinculada a la posibilidad de que una futura Convención Constituyente interpretara el actual mandato como el primero bajo el nuevo esquema constitucional.
Leé también: El Gobierno prepara para este año una reforma de la Ley de Administración Financiera en línea con el FMI
No obstante, en el entorno del Gobernador negaron esa posibilidad. “No hay nada, no está el artículo de la reelección. Para que pueda ser reelecto tiene que estar taxativamente escrito que puede ir por un nuevo mandato y nadie va a hacerlo”, señalaron cerca de Melella a TN.
“El problema de por qué la Legislatura no quiere la reforma es que para la próxima elección la constitución actual establece que debe ampliarse la Cámara a 19 miembros. Esto le da más chances a los diputados actuales de reelegir. Pero además, hay reelección indefinida para legisladores en la Carta Magna actual. Por eso no quieren que avance la reforma”, agregaron fuentes cercanas al mandatario provincial.
“Esto es recién el fallo de primera instancia de la justicia electoral y seguramente lo vamos a apelar. Comienza un camino en tribunales”, señalaron.
Las razones de la Justicia y el rechazo legislativo
La magistrada fundamentó su resolución en que el fallo del Superior Tribunal de Justicia que había autorizado avanzar con el proceso aún no quedó firme. El diputado Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, presentó recursos ante la Corte Suprema para cuestionar la constitucionalidad de la reforma, y el máximo tribunal todavía no se pronunció.
El conflicto político alrededor de la reforma escaló en las últimas semanas. A fines de abril, la Legislatura provincial derogó la ley que habilitaba la convocatoria constituyente, apenas un día después de que Melella fijara la fecha de elección para el 9 de agosto. La oposición logró reunir una mayoría legislativa, incluso con sectores vinculados al kirchnerismo, y argumentó que el proceso implicaba un gasto innecesario en medio de la crisis económica provincial.
En ese contexto, crecieron además los reclamos por la situación de la obra social estatal OSEF y las demandas salariales de los docentes.
Melella respondió con el veto tanto a la derogación de la convocatoria constituyente como a la denominada “ley de goteo”, que establecía un mecanismo automático de distribución de fondos coparticipables para los municipios. La medida agravó la tensión con intendentes y dirigentes aliados.
Uno de los más críticos fue el intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien celebró la decisión judicial y cuestionó la prioridad política del Gobierno provincial. “Hay urgencias y problemas mucho más importantes que discutir una reforma constitucional”, sostuvo.
También el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, se manifestó en contra del proceso y calificó como inconstitucional el avance impulsado por el gobernador. “La Constitución es clara respecto de que la decisión de reformarla corresponde exclusivamente a la Legislatura”, planteó.
La discusión generó además comparaciones con lo ocurrido en Formosa, donde una reforma constitucional permitió reiniciar el conteo de mandatos del gobernador Gildo Insfrán mediante una cláusula transitoria. Aunque desde el entorno de Melella negaron reiteradamente que busque un tercer mandato, en la oposición persistían las sospechas sobre esa posibilidad.
Pese al revés judicial, el Gobierno fueguino ya anticipó que apelará la resolución para intentar reactivar el proceso de reforma constitucional.
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