POLITICA
El IOMA acumula reclamos y denuncias, pero Kicillof respalda a su conducción
La conducción del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), a cargo del dirigente de La Cámpora Homero Giles, cuenta con el respaldo del gobernador Axel Kicillof, a pesar de las quejas, reclamos e incluso denuncias judiciales que tienen como objetivo la obra social.
Las quejas por el servicio a los afiliados del IOMA y los pagos a profesionales de la salud que atienden pacientes por esa obra social son moneda corriente desde hace años y la política bonaerense, desde espacios de la oposición, se hizo eco en numerosas ocasiones. Según el presupuesto provincial 2026, el IOMA contará para este año con recursos por $2.422.114.040.000.
En numerosos artículos periodísticos, dio cuenta de las deficiencias denunciadas en la obra social del Estado provincial. En febrero de 2024, relevó un escenario de cirugías suspendidas por atrasos en pagos de honorarios a anestesiólogos, que se combinaban con inconvenientes en la provisión de pañales e insumos para pacientes con diabetes y ostomizados, una situación que denunciaba el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. A eso, se agregaba falta de atención por la obra social en clínicas de Mar del Plata y cortes de servicios a IOMA por parte de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires.
En junio del año pasado, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan le reclamó al IOMA una deuda total de $4100 millones acumulada desde el año 2017, de los cuales la obra social había saldado poco más de $1000 millones.
En marzo de 2026, el IOMA sufrió una circunstancia ajena a sus prestaciones de salud, al ser blanco de un ataque cibernético a sus padrones de afiliación que, según comunicó la obra social, no afectó “los datos personales” ni “el funcionamiento del instituto”.
Entre otros, exlegisladores provinciales como Maricel Etchecoin (de la Coalición Cívica, que pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo e hizo un pedido de informes a la gobernación), o el radical Ariel Bordaisco (que solicitó declarar al IOMA en emergencia sanitaria y financiera), reclamaron por la situación de la obra social. Tras el discurso de apertura de sesiones de Kicillof, el 2 de marzo, el diputado provincial Diego Garciarena, de la UCR, afirmó: “El IOMA es responsabilidad exclusiva del gobierno bonaerense, y allí todavía no vemos una reforma profunda ni los recursos de los afiliados garantizando las prestaciones”.
El cúmulo de quejas llevó a un concejal de La Libertad Avanza a iniciar una causa judicial, en noviembre del año pasado, que se encuentra en la Sala I de la Cámara Federal de La Plata para resolver la competencia. El denunciante es Marcelo Mazzeo, edil del distrito de Esteban Echeverría. Pidió que se investigue a Giles, titular del IOMA, pero también a Kicillof, por “administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita”.
Según la presentación judicial del concejal Mazzeo, en el IOMA existe un “colapso sanitario, desfinanciamiento y violación del derecho a la salud”. Entre otros puntos, indicó que “las entidades médicas Femeba, Fenecon y Fremebo han denunciado de manera reiterada la falta de pago de honorarios, demoras superiores a 90 días, aranceles desactualizados y suspensión de tratamientos”.
En el gobierno provincial, no obstante, el respaldo a Giles es contundente. “Estamos muy conformes con el funcionamiento de todo el Ministerio de Salud [que conduce Nicolás Kreplak] y del IOMA, que es un apéndice. El problema no es el IOMA, el problema es todo el sistema de salud de la Argentina. El IOMA sufre las mismas consecuencias que sufren OSDE, Medicus, los hospitales municipales y los provinciales. En un sistema que no es el mejor del mundo, a pesar de que nosotros lo integramos y mejoramos muchísimo, llegó [Javier] Milei, desreguló el precio de los medicamentos y de los tratamientos, y esos precios se fueron a las nubes”, argumentó Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, en diálogo con .
“Tenemos hechos los gráficos sobre los servicios que prestó el IOMA el año pasado y aumentaron. Y aumentó el presupuesto que el gobierno le destinó al IOMA. En municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, al trabajador municipal se le están descontando $56.000 por mes, en promedio, para todo el grupo familiar. Brinda una cobertura que puede llegar a tener problemas, pero es bastante completa. Si eso lo tuviera que pagar en una prepaga, no baja del millón de pesos para el grupo familiar”, comparó Bianco.
“El problema es Milei, como siempre, que desreguló el mercado y se fueron los tratamientos y medicamentos a las nubes. Encima, nosotros tenemos que cubrir todo lo que deja de financiar el gobierno nacional, como el Programa Remediar, los medicamentos oncológicos. El problema siempre es Milei. No es el IOMA, no es OSDE ni el hospital municipal. El problema es Milei”, recalcó Bianco, funcionario del círculo de mayor confianza de Kicillof.
La obra social tiene 2.132.220 personas afiliadas, según informa en su sitio web oficial. Son producto de afiliaciones obligatorias, voluntarias y por convenios con otras provincias. Cuenta con 14 direcciones regionales y 198 oficinas de atención en el territorio bonaerense.
En algunos distritos, la afiliación obligatoria al IOMA comenzó a ponerse en discusión. El caso más reciente es San Isidro, donde la concejala María Feldtmann (Partido Demócrata, que integra una bancada de dos ediles alineada con Milei) presentó un proyecto de ordenanza para eliminar la obligatoriedad. “Venía recibiendo reclamos por el mal funcionamiento del IOMA y me pareció que lo mejor que podía proponer era que la gente pueda elegir libremente su cobertura médica. Por eso, presenté un proyecto para derogar un artículo de una ordenanza, del tiempo de la Revolución Argentina, que obliga a todos los empleados municipales a derivar sus aportes al IOMA. Lo que plantea el proyecto es la libre elección de la cobertura médica”, explicó Feldtmann a .
La concejala de San Isidro, que en 2023 encabezó la boleta de ediles de La Libertad Avanza en el distrito, hizo una publicación en su cuenta de la red social Instagram con su proyecto y, según dijo a este diario, recibió “miles de reclamos de toda la provincia de Buenos Aires, que además de la libre elección, son por falta de pago del IOMA y otras irregularidades”.
Hubo otros casos, como el de San Nicolás, que dejó de trabajar con el IOMA en 2023 y tuvo durante un lapso mayor a un año a sus empleados municipales cubiertos con la firma Avalian. Retomó el IOMA tras obtener un acuerdo para que la obra social brinde servicios con los principales centros privados del distrito y luego de experimentar tirantez política con el gobierno provincial. Capitán Sarmiento y Tres de Febrero también habían dejado de lado al IOMA como opción obligatoria. En mayo de 2023, en Tigre, la oposición había aprobado una ordenanza para eliminar la obligatoriedad del IOMA para los municipales, pero luego la vetó el intendente, Julio Zamora.
como objetivo,cirugías suspendidas,una deuda,Ver esta publicación en Instagram,Una publicación compartida de Maria Feldtmann de Maurette (@mariafeldtmann),Javier Fuego Simondet,Provincia de Buenos Aires,La Cámpora,Salud,Conforme a,,Comodoro Py. Declaran dos mujeres que le prestaron US$100.000 a Adorni para una de las operaciones inmobiliarias,,Análisis. Cinco trampas de las que Milei no logra salir,,Solo en Off. Ministros despistados y caras largas en la semana más delicada e hiperactiva de Adorni,Provincia de Buenos Aires,,Reajuste. Así queda el sueldo de choferes de colectivo en abril,,Carrera hacia 2027. Los intendentes del peronismo ya inauguraron la disputa por la sucesión de Kicillof,,Por las internas. La Legislatura bonaerense está casi paralizada y aún no define sus comisiones
POLITICA
Imágenes de la televisión chilena muestran actos de vandalismo contra homenajes argentinos en el cementerio de las Malvinas
Placas recordatorias, rosarios, cintas y figuras religiosas dedicadas a los soldados argentinos muertos en la guerra de 1982 aparecieron vandalizadas y fuera del perímetro del Cementerio de Darwin, en las islas Malvinas, según registró un equipo del canal Teletrece, de Chile, que viajó al archipiélago a principios de octubre.
El periodista Samuel Rojas Terán llegó hasta el cementerio donde descansan 249 combatientes argentinos y filmó los objetos acumulados entre los pastizales, detrás de la cerca blanca que rodea el predio y a espaldas de la Cruz Mayor. El material incluye piezas de cerámica rotas, pulseras, listones deteriorados y placas de metal. Una de las ofrendas que más atención generó fue un reconocimiento colocado en abril de 2026 por una emisora de Comodoro Rivadavia con la inscripción: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une”.
Según describió el propio periodista, al momento de registrar el lugar aún quedaba pegamento en el marco donde las placas habían estado adheridas, lo que indica que fueron arrancadas de su emplazamiento original al pie de la cruz.
“Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá”, sostuvo Rojas Terán en el informe.
En diálogo con radio Rivadavia, el periodista amplió el hallazgo: “Gran parte de las placas que estaban ahí decían por lo menos Malvinas, yo eso lo pude constatar”. Y precisó que había algunas muy recientes, con fechas de 2026. También advirtió que en las islas la mera mención pública del nombre Malvinas puede acarrear consecuencias: “Incluso podría llevarte a ser detenido en las islas si es que profesas o dices algo relacionado con eso al aire libre”.
El Cementerio de Darwin se encuentra a unos cuarenta minutos de Stanley (Puerto Argentino), en una zona abierta y aislada. El acceso es libre, aunque existen instrucciones sobre cómo comportarse en el predio. El predio fue construido en 1983 por orden de las autoridades británicas, bajo la dirección del coronel Geoffrey Cardozo, quien exhumó los cuerpos dispersos en los campos de batalla y los trasladó al lugar para darles sepultura.
La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur asumió el cuidado del sitio y, con el apoyo del empresario Eduardo Eurnekian, llevó adelante entre 2001 y 2004 una reconstrucción que incluyó el cambio de cruces y lápidas y la instalación de un cenotafio con los nombres de los 649 argentinos caídos en el conflicto. El cementerio fue declarado Lugar Histórico Nacional por el gobierno argentino en 2008.
Hasta el momento no se pudo determinar quién retira las ofrendas ni bajo qué instrucción. Según el informe de Teletrece, una empresa local contratada por familiares de los caídos argentinos se encarga del mantenimiento del sitio. Al momento de la visita, empleados de esa firma estaban pintando rejas y emparejando el terreno, pero no le dieron información sobre el destino de las placas.
De las 232 tumbas, 121 permanecieron durante décadas sin identificación, con la inscripción “Soldado argentino solo conocido por Dios”. En 2017, tras un acuerdo diplomático entre Argentina y el Reino Unido firmado con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), un equipo de 14 especialistas forenses de seis países exhumó, analizó y tomó muestras de ADN de los 122 cuerpos enterrados en esas sepulturas. El trabajo, conocido como Plan Proyecto Humanitario, permitió identificar 115 soldados. Una segunda fase, realizada en 2021, sumó otras identificaciones. Hasta la fecha, solo quedan siete combatientes sin nombre.
El cementerio es el principal lugar de memoria para familiares, excombatientes y delegaciones que viajan periódicamente al archipiélago para dejar flores, cartas, placas y otros objetos de homenaje.
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POLITICA
El Gobierno autorizó una licitación por $7638 millones para obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia
El Gobierno autorizó este martes una licitación pública por $7638 millones para realizar obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia, Tierra del Fuego, anunciadas en septiembre en medio de la tensión con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Defensa mediante la Resolución 733/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La construcción, que contempla galpones modulares y obras complementarias, tendrá un presupuesto oficial de $7.638.061.962 y un plazo de ejecución de 548 días corridos. La contratación se realizará bajo el sistema de ajuste alzado, una modalidad en la que se establece un precio global para la ejecución de los trabajos de acuerdo con las condiciones del contrato.
La resolución, firmada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, autoriza el llamado a la Licitación Pública Nacional y encomienda a la Unidad Operativa de Contrataciones de la Armada Argentina la realización de los trámites necesarios para convocar a las empresas interesadas a través del sistema electrónico CONTRAT.AR.
Según los fundamentos de la medida, la iniciativa fue impulsada por la Dirección General del Material de la Armada y cuenta con intervención de las áreas de proyectos, inversión pública y administración financiera de la fuerza.
El gasto está vinculado al Proyecto N°12, registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública con el número 100.426, denominado “Construcción de un muelle, infraestructuras conexas y adquisición de maquinarias y equipos en punta oriental de la península de Ushuaia”.
La Armada dejó constancia de que cuenta con crédito presupuestario para iniciar el procedimiento durante este año. A su vez, la resolución señala que se encontraba en proceso de incorporación al proyecto de Presupuesto 2027 la autorización para afrontar los gastos de inversión correspondientes a los ejercicios 2027, 2028 y 2029.
La norma establece además que la Dirección General del Material de la Armada estará a cargo de la dirección de obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura de la Armada deberá controlar la inspección técnica de los trabajos.
La resolución no establece una fecha concreta para la apertura de las ofertas. Prevista para finalizar en 2029, el costo total de la obra ascendería a US$500 millones.
La primera etapa comenzará a principios de 2027 y, según definieron fuentes oficiales a , “en 18 meses esté construido el 40% del muelle, con servicios como para estar, en una primera etapa, en capacidad de recibir en los primeros 240 metros de muelle las lanchas de la División de Patrullado Austral que son orgánicas del Área Naval Austral y que hoy amarran en el muelle auxiliar, frente a la Base Naval en el centro de la ciudad”.
Con el avance del proyecto se realizará un edificio de servicios marítimos que dará suministros a la operatividad del muelle, y la urbanización del predio, que prevé llevar todos los servicios (agua, luz, gas, conectividad) hacia una zona que hoy no los tiene.
Estancamiento
Pensada como un centro logístico en la península de la capital fueguina para dar apoyo a programas antárticos -buques científicos, comerciales y militares que operan hacia la Antártida-, la iniciativa comenzó a tomar forma pública durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se la asoció al desarrollo del Polo Logístico Antártico, una obra que arrancó en 2022.
Desde entonces, se estancó y no tuvo avances significativos. Si bien las tareas nunca se frenaron, la evolución de la construcción dependía de que el gobierno nacional amplíe los fondos destinados al proyecto.
En septiembre, el canciller Pablo Quirno anticipó que el presidente Javier Milei preparaba “una decisión administrativa” con el objetivo de reforzar las partidas del Ministerio de Defensa orientadas a la base integrada.
La construcción del centro operativo en Tierra del Fuego está a cargo de la empresa Tandanor, uno de los principales astilleros del país y referente en la región en materia de reparación y construcción de embarcaciones.
El Presidente retomó el proyecto de la base naval en el marco de la disputa por la explotación petrolera del yacimiento Sea Lion en Malvinas. Milei sostuvo en cadena nacional que la obra convertirá al país en “el polo logístico más importante del Atlántico Sur” y será “fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”.
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POLITICA
El pedido de EE.UU. para que disuelvan un comité clave por Malvinas en la ONU marca la primera diferencia diplomática entre Milei y Trump
El pedido de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas golpea de lleno el ámbito elegido por la Argentina desde 1988 para llevar adelante el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Durante estas casi cuatro décadas, la Argentina priorizó sostener el reclamo ante este comité y no plantear la discusión en el pleno de Asamblea General de la ONU por las negociaciones que se llevaron adelante con el Reino Unido al momento de retomar las relaciones bilaterales en 1990.
Los sucesivos gobiernos argentinos participaron sin titubeos ante cada reunión del Comité de Descolonización por entender que es el ámbito correcto para lograr que Londres acceda a sentarse a una mesa de conversación formal. Para la ONU hay 17 Territorios No Autónomos -no utiliza la palabra “ocupados”-, de los cuales 10 están administrados por el Reino Unido.
Es por eso que Londres no dudaría, como ya hizo en el pasado, en impulsar y acompañar cualquier proyecto que busque ponerle fin a un Comité que le es incómodo y esquivo. El propio canciller Pablo Quirno usó ese mismo escenario en junio de este año para denunciar la “militarización” británica y la “explotación unilateral de los recursos naturales” en el archipiélago.
El Comité se encuentra dentro de la Cuarta Comisión de la Asamblea General -una de las seis que existen en la ONU- y es donde se tratan los temas de Política Especial y de Descolonización. Estados Unidos pretende paralizar su funcionamiento mediante una férrea posición pública en contra del rol que realmente tiene el comité a la hora de resolver las disputas en esta materia.
Según el documento oficial de la ONU, la representante estadounidense, Tammy Bruce, pidió que se ponga fin al mandato del organismo al sostener que “sobrevivió a su propósito original” y consideró que algunas de sus actividades son “un despilfarro de recursos”. Según la funcionaria, el comité “actúa como si nada hubiera cambiado” y vuelve a examinar los mismos textos todos los años, aunque más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron a Naciones Unidas como Estados miembros.
La Argentina no acompañará este pedido y, con cautela por la cercanía ideológica y política que Javier Milei tiene con Trump, buscará tomar distancia de la posición norteamericana.
Hay expectativa de que en los próximos días, cuando reciba a Christopher Landau, el número dos de Marco Rubio en el Departamento de Estado, Quirno le transmita la disconformidad de la Argentina.
En concreto, según pudo relevar TN, es prácticamente imposible que el comité se disuelva. Es la Asamblea General la que no debe renovar el mandato anual y, para eso, Estados Unidos tendría que alcanzar una mayoría simple en contra.
En esta instancia no se puede aplicar el veto con el que cuentan los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y es una tradición histórica de países africanos y del Caribe sostener el Comité. A sabiendas de esta situación, Washington podría preferir criticarlo y buscar que quede sin margen de acción.
En ese contexto, la declaración de Estados Unidos es una reafirmación de las reiteradas críticas que Donald Trump viene lanzando sobre la burocracia del organismo y la falta de resultados ante los principales conflictos que vive el mundo en la actualidad.
La Casa Rosada le restó importancia al pedido de EE.UU. de disolver el comité de la ONU que trata el reclamo por Malvinas
La propuesta de la Casa Blanca expone una diferencia central con la Argentina, la primera importante en el ámbito de la ONU. Hasta ahora, las representaciones argentinas había acompañado cada una de las posiciones de los Estados Unidos ante las votaciones que se dieron desde la llegada de Trump.
Ante la consulta de este medio a distintos representantes diplomáticos, muchos coincidieron en que esta posición de la Casa Blanca viene a reafirmar la hipótesis de que Donald Trump está utilizando la amenaza sobre la neutralidad frente al conflicto por las Islas Malvinas como una carta de negociación con Londres.
Si bien hubo distintos gestos pequeños desde que el propio presidente norteamericano dijera en el Salón Oval que podría revisar la histórica posición de neutralidad de los Estados Unidos, la relación con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, pareció encauzarse tras el encuentro bilateral que mantuvieron en el marco de la Apertura de la Asamblea General de la ONU.
Sería también un error ver este pedido de disolución del Comité como un gesto de respaldo de Washington a Londres. Se enmarca en una visión mucho más general de la Casa Blanca sobre el rol de los organismos, una mirada que excede la situación de Malvinas.
La discusión sobre el rol del Comité de Descolonización llega en medio de la escalada con Londres por el proyecto petrolero Sea Lion. Para frenar la explotación de recursos en las islas, el Gobierno pidió la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y mandó al Congreso un proyecto de Ley de Soberanía que prevé sanciones para las empresas vinculadas con la actividad petrolera en la zona.
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