POLITICA
El IOMA acumula reclamos y denuncias, pero Kicillof respalda a su conducción
La conducción del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), a cargo del dirigente de La Cámpora Homero Giles, cuenta con el respaldo del gobernador Axel Kicillof, a pesar de las quejas, reclamos e incluso denuncias judiciales que tienen como objetivo la obra social.
Las quejas por el servicio a los afiliados del IOMA y los pagos a profesionales de la salud que atienden pacientes por esa obra social son moneda corriente desde hace años y la política bonaerense, desde espacios de la oposición, se hizo eco en numerosas ocasiones. Según el presupuesto provincial 2026, el IOMA contará para este año con recursos por $2.422.114.040.000.
En numerosos artículos periodísticos, dio cuenta de las deficiencias denunciadas en la obra social del Estado provincial. En febrero de 2024, relevó un escenario de cirugías suspendidas por atrasos en pagos de honorarios a anestesiólogos, que se combinaban con inconvenientes en la provisión de pañales e insumos para pacientes con diabetes y ostomizados, una situación que denunciaba el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. A eso, se agregaba falta de atención por la obra social en clínicas de Mar del Plata y cortes de servicios a IOMA por parte de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires.
En junio del año pasado, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan le reclamó al IOMA una deuda total de $4100 millones acumulada desde el año 2017, de los cuales la obra social había saldado poco más de $1000 millones.
En marzo de 2026, el IOMA sufrió una circunstancia ajena a sus prestaciones de salud, al ser blanco de un ataque cibernético a sus padrones de afiliación que, según comunicó la obra social, no afectó “los datos personales” ni “el funcionamiento del instituto”.
Entre otros, exlegisladores provinciales como Maricel Etchecoin (de la Coalición Cívica, que pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo e hizo un pedido de informes a la gobernación), o el radical Ariel Bordaisco (que solicitó declarar al IOMA en emergencia sanitaria y financiera), reclamaron por la situación de la obra social. Tras el discurso de apertura de sesiones de Kicillof, el 2 de marzo, el diputado provincial Diego Garciarena, de la UCR, afirmó: “El IOMA es responsabilidad exclusiva del gobierno bonaerense, y allí todavía no vemos una reforma profunda ni los recursos de los afiliados garantizando las prestaciones”.
El cúmulo de quejas llevó a un concejal de La Libertad Avanza a iniciar una causa judicial, en noviembre del año pasado, que se encuentra en la Sala I de la Cámara Federal de La Plata para resolver la competencia. El denunciante es Marcelo Mazzeo, edil del distrito de Esteban Echeverría. Pidió que se investigue a Giles, titular del IOMA, pero también a Kicillof, por “administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita”.
Según la presentación judicial del concejal Mazzeo, en el IOMA existe un “colapso sanitario, desfinanciamiento y violación del derecho a la salud”. Entre otros puntos, indicó que “las entidades médicas Femeba, Fenecon y Fremebo han denunciado de manera reiterada la falta de pago de honorarios, demoras superiores a 90 días, aranceles desactualizados y suspensión de tratamientos”.
En el gobierno provincial, no obstante, el respaldo a Giles es contundente. “Estamos muy conformes con el funcionamiento de todo el Ministerio de Salud [que conduce Nicolás Kreplak] y del IOMA, que es un apéndice. El problema no es el IOMA, el problema es todo el sistema de salud de la Argentina. El IOMA sufre las mismas consecuencias que sufren OSDE, Medicus, los hospitales municipales y los provinciales. En un sistema que no es el mejor del mundo, a pesar de que nosotros lo integramos y mejoramos muchísimo, llegó [Javier] Milei, desreguló el precio de los medicamentos y de los tratamientos, y esos precios se fueron a las nubes”, argumentó Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, en diálogo con .
“Tenemos hechos los gráficos sobre los servicios que prestó el IOMA el año pasado y aumentaron. Y aumentó el presupuesto que el gobierno le destinó al IOMA. En municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, al trabajador municipal se le están descontando $56.000 por mes, en promedio, para todo el grupo familiar. Brinda una cobertura que puede llegar a tener problemas, pero es bastante completa. Si eso lo tuviera que pagar en una prepaga, no baja del millón de pesos para el grupo familiar”, comparó Bianco.
“El problema es Milei, como siempre, que desreguló el mercado y se fueron los tratamientos y medicamentos a las nubes. Encima, nosotros tenemos que cubrir todo lo que deja de financiar el gobierno nacional, como el Programa Remediar, los medicamentos oncológicos. El problema siempre es Milei. No es el IOMA, no es OSDE ni el hospital municipal. El problema es Milei”, recalcó Bianco, funcionario del círculo de mayor confianza de Kicillof.
La obra social tiene 2.132.220 personas afiliadas, según informa en su sitio web oficial. Son producto de afiliaciones obligatorias, voluntarias y por convenios con otras provincias. Cuenta con 14 direcciones regionales y 198 oficinas de atención en el territorio bonaerense.
En algunos distritos, la afiliación obligatoria al IOMA comenzó a ponerse en discusión. El caso más reciente es San Isidro, donde la concejala María Feldtmann (Partido Demócrata, que integra una bancada de dos ediles alineada con Milei) presentó un proyecto de ordenanza para eliminar la obligatoriedad. “Venía recibiendo reclamos por el mal funcionamiento del IOMA y me pareció que lo mejor que podía proponer era que la gente pueda elegir libremente su cobertura médica. Por eso, presenté un proyecto para derogar un artículo de una ordenanza, del tiempo de la Revolución Argentina, que obliga a todos los empleados municipales a derivar sus aportes al IOMA. Lo que plantea el proyecto es la libre elección de la cobertura médica”, explicó Feldtmann a .
La concejala de San Isidro, que en 2023 encabezó la boleta de ediles de La Libertad Avanza en el distrito, hizo una publicación en su cuenta de la red social Instagram con su proyecto y, según dijo a este diario, recibió “miles de reclamos de toda la provincia de Buenos Aires, que además de la libre elección, son por falta de pago del IOMA y otras irregularidades”.
Hubo otros casos, como el de San Nicolás, que dejó de trabajar con el IOMA en 2023 y tuvo durante un lapso mayor a un año a sus empleados municipales cubiertos con la firma Avalian. Retomó el IOMA tras obtener un acuerdo para que la obra social brinde servicios con los principales centros privados del distrito y luego de experimentar tirantez política con el gobierno provincial. Capitán Sarmiento y Tres de Febrero también habían dejado de lado al IOMA como opción obligatoria. En mayo de 2023, en Tigre, la oposición había aprobado una ordenanza para eliminar la obligatoriedad del IOMA para los municipales, pero luego la vetó el intendente, Julio Zamora.
como objetivo,cirugías suspendidas,una deuda,Ver esta publicación en Instagram,Una publicación compartida de Maria Feldtmann de Maurette (@mariafeldtmann),Javier Fuego Simondet,Provincia de Buenos Aires,La Cámpora,Salud,Conforme a,,Comodoro Py. Declaran dos mujeres que le prestaron US$100.000 a Adorni para una de las operaciones inmobiliarias,,Análisis. Cinco trampas de las que Milei no logra salir,,Solo en Off. Ministros despistados y caras largas en la semana más delicada e hiperactiva de Adorni,Provincia de Buenos Aires,,Reajuste. Así queda el sueldo de choferes de colectivo en abril,,Carrera hacia 2027. Los intendentes del peronismo ya inauguraron la disputa por la sucesión de Kicillof,,Por las internas. La Legislatura bonaerense está casi paralizada y aún no define sus comisiones
POLITICA
Pablo Moyano rechazó el intento de municipalizar el servicio de recolección de residuos: “Es precarización”
El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, rechazó este sábado el intento de municipalización del servicio de recolección y barrido de residuos, al advertir que un traspaso de convenio esas características implicaría una “precarización de los trabajadores”.
“Es un ataque directo contra los trabajadores camioneros”, alertó Pablo Moyano, después de que el titular de la Federación de Municipales, Hernán Doval, se mostrara proclive al traspaso del servicio a la órbita de los municipios de la provincia de Buenos Aires.
Para el referente camionero, Doval es “vocero de los intendentes y empresarios que buscan bajar salarios y destruir convenios colectivos de trabajo”.
“¿Qué diferencia hay entre Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Manuel Adorni, Jorge Macri y este señor Doval? Ninguna. Todos quieren lo mismo: precarizar trabajadores, bajar salarios y destruir derechos laborales”, expresó Moyano a través de un comunicado.
Y añadió que “mientras algunos marchan contra la reforma laboral, después quieren aplicarla sobre los trabajadores de la recolección. Quieren reducir salarios y empujar a miles de familias trabajadoras a la pobreza”, insistió.
Pablo Moyano, quien viene subiendo el perfil después de una pelea con su padre Hugo, remarcó que los convenios conquistados en la actividad fueron producto de “años de lucha, sacrificio y resistencia de miles de trabajadores y trabajadoras”.
De esta forma el sindicalista rechazó el traspaso del convenio del gremio de Camioneros a la órbita municipal para los trabajadores de recolección y barrido.
“Hubo compañeros perseguidos, detenidos, desaparecidos y compañeros que dejaron la vida para conseguir derechos laborales dignos. No vamos a entregar ni un solo puesto de trabajo”, sostuvo.
El referente camionero recordó el reciente conflicto en Villa Gesell donde el gremio defendió más de 45 puestos laborales después de que el intendente local, el peronista Gustavo Barrera, rescindiera parcialmente el contrato con la empresa Santa Elena, prestadora del servicio de recolección de residuos.
Ante la intervención del gobierno provincial, que dictó la conciliación obligatoria, se suspendieron los despidos y se restablecieron las tareas de barrido y recolección.
El sindicalista afirmó al respecto que el gremio no permitirá “ningún intento de municipalización que signifique salarios de pobreza y pérdida de derechos”.
Moyano convocó así a delegados y trabajadores de toda la provincia a mantenerse unidos y en estado de alerta para defender la actividad y el convenio colectivo.
“Vamos a seguir luchando para que cada trabajador de recolección y barrido continúe dentro del gremio camionero, con salarios dignos y condiciones laborales que costaron años de pelea”, concluyó.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
Quién es Pablo Gordillo Arriagada, el interventor de YCRT que niega vínculos con inteligencia y rechaza las acusaciones de Arroyo Salgado
El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo Arriagada, figura en el centro de la escena tras los señalamientos realizados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien lo vinculó públicamente con los servicios de inteligencia en el contexto de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Aunque la intervención a su cargo atraviesa un período de reorganización sin precedentes y la empresa niega vinculaciones con el técnico informático Diego Lagomarsino, la gestión de Gordillo Arriagada en uno de los mayores complejos energéticos de la provincia de Santa Cruz suma capítulos decisivos.
Gordillo Arriagada, licenciado en Ciencias Políticas y oriundo de Caleta Olivia, asumió la intervención en octubre de 2024 tras la salida de Thierry Decoud, apartado en el contexto de una denuncia por presunto pedido de coimas, hecho sobreseído luego por el juez federal Julián Ercolini.
Gordillo Arriagada es un referente de confianza del gobernador Claudio Vidal y fundó el partido provincial Somos Energía para Renovar (SER), con protagonismo en la vida política de Santa Cruz desde 2018.
Antes de su intervención en YCRT, el empresario fue gerente general de Servicios Públicos Sociedad del Estado, vocal en el Instituto de Energía Santa Cruz, y participó en las gestiones de los exgobernadores Daniel Peralta y Alicia Kirchner.
En su perfil profesional se destaca su desempeño como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación y la Secretaría de Minería, y su presidencia en la Agencia de Desarrollo Caleta Olivia entre 2012 y 2015, una etapa clave en el diseño de estrategias para el desarrollo productivo y la vinculación público-privada en la región.
En la estructura de YCRT, proviene de la reciente transformación de la empresa hacia sociedad anónima, con el Estado nacional ostentando el 51% de las acciones. Gordillo Arriagada, según detalla su perfil oficial de LinkedIn y declaraciones reproducidas por la Secretaría de Estado de Comunicación Pública de Santa Cruz, sostuvo que la asamblea de accionistas que definirá la composición del directorio y pondrá fin a la intervención, estableciendo un nuevo régimen de gestión.
Las declaraciones judiciales y el rechazo desde YCRT
La jueza Arroyo Salgado sorprendió el reciente miércoles al afirmar que existen trascendidos sobre supuestos vínculos con los servicios de inteligencia y su accionar en empresas del desarrollo en Río Turbio.
Las declaraciones de la magistrada se dieron en el marco de su exposición ante socios del Rotary Club de Buenos Aires, en donde abordó la temática “Investigaciones complejas y credibilidad en la justicia”.
Con respecto al caso de su exesposo, sostuvo que “la Justicia ya despejó un primer tramo: se demostró que fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder”. Y agregó: “Difícilmente se llegue a dirimir los responsables de este magnicidio”.
La magistrada mencionó una presunta reunión en abril pasado entre Diego Lagomarsino -procesado como partícipe en la causa Nisman-, el gerente Maxi Cáceres y el interventor Gordillo Arriagada.
Desde la empresa, los voceros negaron categóricamente la existencia de esta reunión y aseguraron que Lagomarsino “no mantiene ningún tipo de relación comercial con la empresa” y calificaron las versiones difundidas como una “operación”.
Además, el entorno de Gordillo Arriagada subrayó que la empresa sufrió tres ataques informáticos en los últimos años, incluido uno en septiembre de 2024 cuya investigación judicial sigue abierta, y vinculan el interés mediático a estos incidentes.
Inversiones privadas, déficit y exportación de carbón
En paralelo a la controversia judicial, la gestión de Gordillo Arriagada en YCRT se encuentra marcada por el impulso de inversiones privadas y la reducción del déficit operativo.
En declaraciones a FM El Portal y recogidas por Diario El Cóndor, el interventor anticipó que existen dos importantes propuestas de iniciativa privada: una por USD 120 millones que contempla la unidad productiva completa (mina, usinas, puerto y logística ferroviaria) y otra por USD 20-25 millones enfocada en la central termoeléctrica de 240 MW.
La materialización de estas inversiones no implica la venta de la empresa, sino la puesta en marcha y funcionamiento integral de sus operaciones bajo un esquema de control estatal. Este proceso prevé la incorporación de capital privado y la adaptación de la estructura societaria para facilitar la viabilidad financiera de YCRT.
Sobre el flujo operativo actual, Gordillo Arriagada informó, según la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios, que la reciente exportación de 60.000 toneladas de carbón santacruceño a Brasil representa un punto de inflexión en la estrategia empresarial.
Con este contrato, basado en la totalidad del stock de carbón disponible en Punta Loyola y la Usina 240 MW, YCRT prevé avanzar en la producción y aspira a despachar cargas similares cada 45 días en el futuro.
POLITICA
Pablo Moyano apuntó contra otro sindicalista y los intendentes bonaerenses por el control de la recolección de residuos
El secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, lanzó una ofensiva contra Hernán Doval, titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), tras el pedido público de este último de avanzar en la municipalización total del servicio de recolección de residuos y barrido manual de calles en toda la provincia de Buenos Aires. En un video difundido en redes sociales, Moyano equiparó a Doval con funcionarios del Gobierno nacional y lo acusó de promover la precarización laboral de los trabajadores del sector.
“¿Qué diferencia hay entre el ministro Caputo, Sturzenegger, Adorni, Jorge Macri y este señor Doval?”, preguntó el dirigente camionero, al trazar una línea directa entre la posición del líder municipal y las políticas de ajuste que atribuye al oficialismo. Moyano fue categórico: “Este señor actúa como jefe de prensa de sus patrones, que son los intendentes municipales”.
La disputa tiene un trasfondo económico concreto. Moyano advirtió que la municipalización implicaría una reducción salarial de casi el 50% para los trabajadores de recolección, ya que los empleados municipales perciben ingresos notoriamente inferiores a los encuadrados bajo el convenio colectivo de Camioneros. “Muchos municipales no llegan a cubrir la canasta básica con su salario. Y este señor quiere llevarnos a la pobreza, a la miseria”, afirmó.
La tensión entre el gremio camionero y los municipios bonaerenses no es nueva. A fines de marzo, Camioneros protagonizó un conflicto en Villa Gesell luego de que el intendente Gustavo Barrera rescindiera parcialmente el contrato con la empresa Santa Elena, prestadora del servicio de recolección, lo que dejó sin trabajo a más de 40 empleados de recolección y barrido. Moyano encabezó una protesta frente al municipio y calificó la decisión de Barrera como una “traición” hacia los trabajadores. La intervención del gobierno provincial, a través de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, logró suspender los despidos y restablecer las tareas de barrido y recolección. El dirigente invocó ese episodio en su video: “Venimos de un conflicto muy grande en Villa Gesell, en donde hemos defendido con huevo y con lucha 45 puestos de trabajo”.
El reclamo de Doval, que Moyano interpreta como un aval a la política de los jefes comunales, se produce en un contexto de presión financiera sobre los municipios bonaerenses. La caída en la recaudación y en los fondos de coparticipación empujó a varios intendentes a revisar contratos con empresas concesionarias de recolección, uno de los servicios más costosos para las administraciones locales. Esa tendencia es la que el gremio camionero busca frenar con movilizaciones y, si fuera necesario, con un paro provincial.
Moyano también apuntó contra la coherencia del dirigente municipal. Lo acusó de marchar públicamente contra la reforma laboral mientras, al mismo tiempo, impulsaba una medida que —según el camionero— implica exactamente eso para los trabajadores del sector: “Lo vemos a este señor marchando contra la reforma laboral y hoy pide la reforma laboral para los trabajadores camioneros”.
El dirigente de Camioneros convocó a trabajadores y delegados de las regionales bonaerenses a presionar a sus representantes municipales para bloquear cualquier avance en la municipalización. “Se acerquen a las regionales de los municipales y le digan a su dirigente que no vamos a permitir que se municipalice ni un servicio de la recolección”, indicó. La amenaza fue directa: el sindicato defenderá el convenio colectivo del sector, que Moyano describió como una conquista histórica obtenida con “compañeros detenidos, desaparecidos, compañeros muertos”.
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