Dos novedades internacionales están modelando la estrategia de Javier Milei para defender, como obliga la Constitución, la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. La primera es la divergencia cada vez más profunda entre los Estados Unidos e Israel, por un lado, y el Reino Unido, acompañado por Francia y Canadá, por otro, respecto de los conflictos de Medio Oriente. Es imposible saber qué duración tendrá ese entredicho entre antiguos aliados. La otra novedad es el atractivo económico de Vaca Muerta, que es utilizado por el Gobierno como herramienta de presión para inhibir a las petroleras que quieran hacer negocios con los “kelpers”.

La escena que se configuró a partir de estos factores, que tienen alcance muy diverso, fortalece una decisión que Milei parece haber tomado hace ya tiempo. Él está relativizando la estrategia fundada por Miguel Ángel Zavala Ortiz durante el gobierno de Arturo Illia, que consistió en apostar a las negociaciones con Londres en el marco de las Naciones Unidas. El Presidente está más próximo al curso de acción que prefirió el kirchnerismo: ejercer una especie de embargo sobre la población de las islas acorralando con sanciones a los potenciales inversores que quieran hacer negocios habilitados por el gobierno usurpador.

El desencuentro de los Estados Unidos e Israel con el Reino Unido tuvo una manifestación muy elocuente en marzo pasado, cuando el gobierno laborista de Keir Starmer se negó a autorizar al de Donald Trump a utilizar la base militar de la isla Diego García para atacar a Irán. Más agresivo que ese veto fue el argumento en que se sostuvo: Irán no era el agresor sino el agredido. Si se repasa la historia de la alianza militar norteamericano-británica, esa fue una diferencia de primera magnitud. En ese contexto apareció un cable del Pentágono que insinuaba que Washington podría revisar su neutralidad en el diferendo por Malvinas.

El episodio ligado a la guerra contra Irán se inscribe en una tensión más amplia: la decisión de Trump de replegar a los Estados Unidos de su rol de garante de la defensa atlántica, exigiendo un mayor aporte económico europeo al sostenimiento de la OTAN. También en este punto Londres está enfrentada con Washington. El gobierno laborista se niega a hacer los recortes fiscales a los que estaría obligado si tuviera que contribuir, como pretende Trump, con 3% de su PBI al sostenimiento de la organización militar aliada. El actual primer ministro, Andy Burnham, promete cumplir con ese requisito para 2035. Pragmáticos, los ingleses se proponen arrastrar los pies hasta que Trump abandone la Casa Blanca. Como si la retracción norteamericana fuera una ocurrencia exclusiva del actual presidente.

En este clima de desavenencia, la semana pasada Trump repitió los términos de aquel cable del Pentágono. Milei, impulsado por Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, le tomó la palabra y lanzó una iniciativa política que ocupa hoy los principales esfuerzos de la administración.

A esta divergencia se agregó la crítica del Reino Unido, Francia y Canadá contra Israel por la expansión de los asentamientos de colonos sobre Cisjordania. La posición tradicional del Reino Unido es que la ocupación israelí sobre esos territorios de Cisjordania viola el derecho internacional. Además de ratificar esa tesis, el gobierno del laborista Andy Burnham propuso castigar a las compañías que faciliten el establecimiento de israelíes en esa región. El principal argumento de Burnham es que Israel dificulta la existencia de un Estado palestino con territorio en Cisjordania y Gaza. Además, denuncia que la ocupación se realiza con violencia.

Burnham es criticado por la oposición conservadora, que alerta sobre el costo que puede tener para Gran Bretaña un conflicto con Israel y con empresas que operen en la Cisjordania ocupada.

La reacción en Israel ha sido, siguiendo a Trump, utilizar la usurpación de las Malvinas como argumento contra Londres. En un juego de espejos, el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, pidió a Benjamin Netanyahu que sancione al Reino Unido por la anexión ilegal de Malvinas.

La defensa británica en el Parlamento es muy significativa para la disputa con la Argentina: el avance de los colonos israelíes no sería igual a la presencia del Reino Unido en las islas porque es resistido por el pueblo palestino. En otras palabras, los británicos apelan al principio de autodeterminación de los pueblos, al deseo de la población radicada en las tierras en conflicto. Es una diferencia importantísima con la diplomacia argentina, que siempre ha considerado que los “kelpers” no son el “pueblo” de Malvinas sino una población implantada por una apropiación ilegal. Para dirimir la soberanía se pueden tener en cuenta los intereses de los habitantes, pero no sus deseos. De este debate depende, entre otras cosas, qué comité de Naciones Unidas tiene competencia sobre el diferendo. La Argentina siempre fue exitosa en conseguir que sea el comité de descolonización.

Más allá de las diversas modulaciones de estos conflictos entrelazados, apareció un fenómeno nuevo del que Milei intenta sacar todo el provecho posible. Es este: la ocupación de Malvinas se ha convertido para el Reino Unido en una vulnerabilidad en la que hunden el puñal las potencias que rivalizan con él.

El gobierno libertario profundizó una estrategia que ya había esbozado. Cuando la canciller Diana Mondino justificó un voto en contra del embargo norteamericano a Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas con el argumento de que, si no acompañábamos esa posición tradicional, no conseguiríamos los votos contra el Reino Unido en la cuestión Malvinas, Milei no dudó en despedirla. Demostró allí que él no sacralizaba la escena multilateral de la ONU. Y que prefería mucho más obtener beneficios de una lealtad canina hacia los Estados Unidos de Trump.

Milei tiene derecho a pensar que eligió el camino correcto. Por las ambiguas declaraciones de Trump y por la posición pro argentina de su otro aliado, la derecha israelí. A la luz de ese éxito, la Casa Rosada vuelve a confiar en la estrategia que arrojó a Mondino fuera del palacio. El reclamo por Malvinas no debe sostenerse tanto en las gestiones multilaterales como en el hostigamiento a la economía “kelper” a través de algo muy parecido a un embargo. La administración libertaria se distancia, entonces, de la línea radical. Y se recuesta sobre la del kirchnerismo. La ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso potencia la que en su momento impulsaron dos nacionalistas como Pino Solanas y Cristina Kirchner. Con una curiosidad: el espíritu de esa normativa procede de un proyecto frustrado de Eduardo Menem, quien siendo senador siempre mantuvo en relación con las Malvinas un temperamento mucho más combativo que el que convalidaba su hermano Carlos, respaldando al canciller Guido Di Tella. En el menemismo convivieron dos concepciones alrededor de esa disputa: la de Carlos Menem/Di Tella y la de Eduardo Menem/Mario Cámpora, su asesor en la materia.

No deben sorprender algunas afinidades. La Libertad Avanza tiene algunas expresiones nacionalistas afines e incluso más marcadas que las del kirchnerismo. Basta repasar los mensajes del “Mago” Caputo a través de su cuenta de X. Allí declaró que para los Estados Unidos “Inglaterra es el pasado y la Argentina es el futuro”. Dijo que para defender la soberanía territorial la Argentina debe ser, entre otras cosas, “militarmente respetable”, una afirmación inquietante en el contexto de la discusión sobre Malvinas. Caputo también señaló como agentes británicos a quienes se opongan a las actuales decisiones del Gobierno en relación con esta materia. Y ordenó: “Márquenlos”. Bromas de un mago.

La decisión de sancionar a empresas que hagan negocios concedidos por el gobierno “kelper” en territorio argentino se apalanca sobre otra novedad de época: el valor que tiene la formación Vaca Muerta para las empresas internacionales de servicios petroleros. La amenaza de “no hacés negocios en la Argentina si te involucras con los negocios de los usurpadores en Malvinas” tiene otro voltaje. Milei resolvió llevarla a fondo. Más allá de lo que en su momento ensayaron Cristina Kirchner o Alberto Fernández.

El programa de sanciones debe atravesar algunas encrucijadas críticas que, cabe esperar, ya fueron contempladas. Son los desafíos propios de un sector, el petrolero, en el que las operaciones suelen estar entrelazadas. El Gobierno ya experimentó este problema. Una de las notificaciones que advertía sobre castigos a empresas que operaran en relación con el proyecto Sea Lion, en Malvinas, estaba dirigida a la empresa Bluewater. Es la compañía de servicios contratada por Navitas, la principal accionista del consorcio que opera en las islas, para proveer la planta flotante para la extracción de petróleo de Sea Lion.

Gracias al aviso de un diplomático advertido de esta historia, se demoró el envío de la carta. Sencillo: Bluewater es la fabricante de las dos monoboyas en las que se sostendrá el oleoducto que sacará el petróleo de Vaca Muerta a través del puerto de Punta Colorada. Las autoridades hicieron una excepción y esperaron a que esas boyas salieran de Dubai, sortearan el bloqueo del estrecho de Ormuz y fueran transportadas hasta la Argentina.

Las fechas de los contratos de Bluewater plantean un problema. En junio de 2025 el consorcio que opera el oleoducto, al que pertenece YPF, contrató a esta compañía como proveedora de las monoboyas. Pero Bluewater ya tenía un contrato con Navitas, de Sea Lion, que ya era público en enero de ese año. La ley que prevé sanciones para casos de este tipo, y que Milei quiere endurecer, no se aplicó. ¿Se ignoraba la relación de Bluewater con Navitas? ¿O el Gobierno no estaba tan sensibilizado con las inversiones en Malvinas como empezó a estarlo después de las declaraciones de Trump?

Anoche, el canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, redactaron otra tanda de denuncias contra firmas que colaboraron, de un modo u otro, con la explotación petrolera de Malvinas. En el marco de esta vía de acción, el caso Bluewater habilita a plantear algunas incógnitas que ya deben haber sido despejadas por el “Mago” y los funcionarios oficiales. Por ejemplo, ¿qué bancos financiaron a Navitas, la empresa israelí que, en sociedad con la inglesa Rockhopper, opera Sea Lion? ¿Son bancos que gestionan intereses argentinos?

Es posible que Luis “Toto” Caputo y el propio Quirno, ex secretario de Finanzas, se lo estén preguntando. Otro interrogante: ¿cuáles son las compañías de trading que comercializarán el petróleo argentino usurpado en Sea Lion? En ese rubro no hay muchas firmas. ¿Ninguna opera u operará en Vaca Muerta? No hay por qué dudar de la consistencia técnica de la arremetida penal de la Casa Rosada. En todo caso, esa consistencia se podrá calibrar por un detalle: las excepciones que se vayan decidiendo, como en el caso de la demora con Bluewater.

Un detalle relevante: el procurador Amerio está en contacto permanente con el ministro de Economía para evaluar el costo eventual de las denuncias. Habrá que ver cómo se proyecta esta prudencia sobre la redacción de la reforma a la ley de sanciones. Es posible que se introduzcan dispositivos disuasivos más que punitivos.

Es posible que entre las excepciones en danza esté la situación de Eduardo Elsztain. Este reconocido empresario estuvo comprando desde 2005 acciones de la Falkland Islands Holding, controlante de Falkland Islands Company, la empresa que durante años controló casi toda la economía de Malvinas. Elsztain publicó una nota explicando esa operación. El texto es muy interesante en varios aspectos. Uno de ellos: en 2017, cuando estuvo cerca de convertirse en accionista mayoritario, el gobierno británico lo bloqueó con el argumento de su origen argentino. Elsztain recuerda ese antecedente para verificar que él no pretendía sólo hacer negocios en Malvinas: creía que la posición que había adquirido forzaría un acercamiento capaz de facilitar la discusión de soberanía.

La evocación de Elsztain hace juego con la ocurrencia de un experto que se acercó a Julio De Vido en pleno kirchnerismo para sugerirle: “Si varios empresarios siguen a Elsztain, una vez que los argentinos controlen la Falkland Islands Company pueden bloquear todo el juego ‘kelper’ en las islas”. La ocurrencia no voló.

La carta de Elsztain justificando sus negocios en Malvinas tiene otro aspecto interesante. Reivindica un enfoque particular del problema de la soberanía. Es el punto de vista que adoptaron Carlos Menem y Di Tella. Para recuperar las islas no hay que hostigar a los “kelpers”. Al revés, hay que involucrarse con ellos a partir de los negocios. Si esos lazos se fortalecen, habrá un día en que la discusión por la soberanía será inevitable. Si algo no se puede sospechar de Elsztain es que sea crítico del gobierno de Milei. Aun cuando, en contra de una versión muy extendida, no le haya prestado un departamento a la hermana del Presidente. Sin embargo, la nota de este empresario es una crítica tácita, implícita, pero muy fundada, a la vía que acaba de adoptar el Gobierno.

El “Mago” Caputo parece haber ordenado: “Luz, cámara, Malvinas”. Es natural. La soberanía argentina sobre las islas se convirtió en un argumento de conflictos mucho más globales. Fue puesta en el centro de la escena internacional por Trump y por el gobierno israelí en su disputa con el Reino Unido. Imposible no aprovechar esa oportunidad. Caputo la aprovechó al cuadrado: avanzó también sobre el presupuesto de la administración y fortaleció las áreas que él domina. En especial, la SIDE y sus fondos reservados. Otro desafío a la señorita Milei.

La puesta en escena no alivia al Gobierno en otros frentes. Desde la batalla parlamentaria por las moras financieras, hasta el nuevo derrumbe de la construcción y de la industria. Malvinas debe compensar esos sinsabores. Con una dificultad. Como señaló la especialista en campañas electorales Ana Iparraguirre, es casi imposible llevar agua para el propio molino cuando se trata de una cuestión que, como la “sagrada causa” de Malvinas, no provoca debate alguno. El “Mago” por un momento exhibió algún sentido del humor y ordenó “márquenlos”. Pero no hay a quien marcar.

El proyecto de ley de Inocencia Fiscal II quedó muy cerca de obtener dictamen al término de un tratamiento exprés en un plenario de comisiones del Senado en la que se discutió el texto sin participación de funcionarios del Poder Ejecutivo y que duró menos de dos horas.

Al término de la reunión apenas la firma del radical Flavio Fama (Catamarca) separaba al oficialismo del objetivo de darle luz verde al proyecto. Si, como confía la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich (Capital), ese respaldo se consigue en las próximas horas, la iniciativa quedará habilitada para su debate en la próxima sesión de la Cámara alta.

La firma del despacho sería una señal positiva para el Gobierno que se suma al avance que tuvo esta misma tarde el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, que obtuvo dictamen sin cambios con relación a lo aprobado por Diputados y podría ser ley la semana próxima.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, propone modificar el régimen tributario y penal vigente para ampliar la presunción de buena fe hacia los contribuyentes y facilitar la regularización de activos dentro del circuito formal.

Para el oficialismo, no se trata de una ley más, sino de un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y el contribuyente. Durante años, sostienen sus defensores, el sistema funcionó bajo una lógica de desconfianza, en la que el ciudadano era observado de antemano como un posible evasor.

El nuevo esquema busca invertir esa mirada: partir de la inocencia fiscal y concentrar la capacidad de control del Estado en los casos de mayor gravedad, según explicó el contador Martín Caranta, uno de los invitados a exponer esta tarde ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.

“Esta ley tiene muchas bondades que vienen a dar certeza al contribuyente”, defendió la iniciativa el senador libertario Bartolomé Abdala (San Luis). El otro invitado a la reunión fue Juan Martín Jovanovich, abogado especializado en derecho tributario.

La firma del dictamen representará un alivio político para la Casa Rosada, que necesita mostrar capacidad de construcción parlamentaria para sostener su programa económico en medio de un clima que cada día se enrarece más en la Cámara alta.

De hecho, el fracaso en convocar a sesión esta semana para tratar una modificación a la ley de biocombustibles provocó la deserción de la peronista tucumana Beatriz Avila. La senadora alineada con el gobernador Osvaldo Jaldo integra las dos comisiones que discutieron el proyecto esta tarde, por lo que su ausencia colaboró a demorar la firma del dictamen.

Si logra llegar al recinto con los apoyos necesarios, el proyecto podría convertirse en una pieza clave de la estrategia oficial para incentivar la formalización de ahorros, reducir la litigiosidad tributaria y enviar una señal de previsibilidad al sector privado.

El texto que llegó al Senado con media sanción de Diputados apunta a ampliar el universo de contribuyentes que pueden adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.

Entre los cambios centrales figura la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que condicionaban el acceso al sistema, hasta ahora fijados en $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.

De esta manera, el Gobierno busca que más personas puedan formalizar fondos que permanecen fuera del sistema financiero, los llamados “dólares del colchón”, sin quedar expuestas automáticamente a sanciones o investigaciones por parte del fisco.

Otro de los puntos relevantes es la redefinición de las condiciones bajo las cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero podrá objetar una declaración jurada simplificada.

El proyecto limita el uso de indicios y fija parámetros más precisos para determinar cuándo existe una “discrepancia significativa” entre lo declarado y la información disponible para el organismo.

También exige que las operaciones se canalicen por vías formales y prevé beneficios asociados a la regularización, como la condonación de determinadas multas, con el argumento de dar mayor seguridad jurídica a quienes decidan ingresar al régimen.