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Fentanilo mortal: etapa de definición para el clan García Furfaro, ampliarán las indagatorias por más fallecidos

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El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ampliará la declaración indagatoria de los 14 imputados por la elaboración y distribución de ampollas de fentanilo contaminado presuntamente ligado al fallecimiento de 111 pacientes y 49 víctimas no fatales a partir del próximo jueves 16 de abril. Las audiencias continuarán el lunes 20 y el martes 21. El primero en declarar será el propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, Ariel García Furfaro. Ese mismo día deberán presentarse ante el magistrado Carolina Ansaldi, María Victoria García, Eduardo Darchuk.

El 20 lo harán José Antonio Maiorano, Nilda Furfaro (madre de Ariel), Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica y Rocío del Cielo Garay. El martes será el turno de Javier Martín Tchukrán, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar y Diego Hernán García (hermano del principal sospechoso).

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Después de la medida y las apelaciones que realicen las defensas de los procesados el magistrado estará en condiciones de elevar la voluminosa causa, considerada como el mayor desastre sanitario del país, a juicio oral. La expectativa de pena para los acusados es de 10 a 25 años de prisión.

En la resolución del 25 de septiembre de 2025 Kreplak les imputo “prima facie” ser coautores penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor.

De esta manera, el juez de primera instancia cierra el círculo sobre los 14 procesados vinculados a los laboratorios a los que se los vincula con el Fentanilo HLB Pharma contaminado con bacterias “multirresistente” a los antibióticos. Cada uno de los presuntos responsables de que el poderoso anestésico saliese del laboratorio por fuera de los estándares adecuados cumplía un eslabón particular en la cadena de elaboración y control:

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  • Ariel García Furfaro, era propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
  • Diego García, era directivo en ambas compañías.
  • Javier Martín Tchukrán, era el director de Manufactura de HLB Pharma Group SA.
  • José Antonio Maiorano, se desempeñaba como director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados.

Estos cuatro permanecen en prisión preventiva.

  • Nilda Furfaro, es la madre de los hermanos García y directiva de las sociedades.
  • Carolina Ansaldi, era la directora técnica de Laboratorios Ramallo SA.

Ambas fueron beneficiadas con prisión domiciliaria.

  • Otros ocho, responsables de la cadena de producción y control de calidad fueron procesados sin prisión preventiva: Eduardo Darchuk, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Rocío del Cielo Garay, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar, Adriana Iudica, Wilson Daniel Pons, María Victoria García y Víctor Pablo Boccaccio.

La tragedia se ubica al nivel de los hechos más dolorosos de la historia reciente, entre ellos el siniestro ferroviario de Once, con 53 fallecidos y una persona por nacer, y lo ocurrido en el boliche Cromañón, donde murieron 194 jóvenes.

Las defensas de los imputados apelaron la medida ante la Cámara Federal de La Plata, cuyos magistrados trabajan actualmente en las observaciones presentadas. Hasta ahora, la instancia superior avaló todo lo actuado por Kreplak. Confirmó, por ejemplo, las prisiones objetadas por las defensas de Diego García, Javier Tchukrán y José Antonio Maiorano. En cambio, Ariel García Furfaro no apeló.

La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 y se originó el 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta y prohibió el uso de varios lotes tras detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata. El pasado 10 de abril la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja de forma definitiva las habilitaciones y legajos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

HLB Pharma y Laboratorios Ramallo fueron clausurados de manera definitiva por la ANMAT

Según se publicó en el Boletín Oficial, la medida complementa y finaliza el proceso iniciado con la Disposición 3158/2025, que ya había inhibido las actividades productivas de ambas firmas y prohibido la comercialización de todos sus productos. La ANMAT, que depende del Ministerio de Salud de la Nación a cargo de Mario Lugones explicó que la finalidad principal de la medida es proteger la salud pública frente a fallas graves en la calidad de medicamentos, señalando que los hechos registrados exponen riesgos inaceptables para los pacientes. Los certificados de los productos no serán eliminados, sino reinscritos a su vencimiento para mantenerlos activos en el marco de la causa penal iniciada a cargo de Ernesto Kreplak.

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A partir de mayo de 2025, fecha en la que se efectivizó la inhibición por parte de la autoridad sanitaria, ninguno de los laboratorios afectados volvió a producir. Esta decisión final encuentra su fundamento en inspecciones técnicas, pruebas regulatorias y documentación judicial acumulada.

Un bloque central del avance administrativo fueron las inspecciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) en las plantas de San Isidro y Ramallo. Se constató que, al menos, 69 lotes de soluciones parenterales de pequeño volumen fueron acondicionados en ampollas plásticas no autorizadas, sin validación de procesos, sin estudios de estabilidad y sin respaldo documental de producción.

Además, el relevamiento permitió corroborar la existencia de productos médicos sin inscripción vigente en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), como los denominados “Propofol HLB” y “Dopamina HLB”, ambos imposibles de trazar en cuanto a su origen y condiciones de almacenamiento.

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La fiscalía le da impulso a una denuncia contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete

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El fiscal Guillermo Marijuan impulsó este miércoles una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En una primera ronda de medidas, el fiscal solicitó información bancaria, impositiva y patrimonial del funcionario, y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, específicamente, datos sobre un crédito de 60 millones de pesos que Adorni tomó y habría pagado en 2025.

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Esa deuda cancelada es el eje de la denuncia que formuló ayer la diputada Marcela Pagano, a la que hoy le dio curso el fiscal.

“La investigación en autos tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni, que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito Ejecutivo nacional, esto es, desde el mes de diciembre de 2023″, dice el dictamen del fiscal.

A la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Marijuan le solicitó información fiscal desde 2020: padrón, perfil fiscal, declaraciones juradas, pagos, Ganancias, Bienes Personales e IVA, entre otros datos.

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Manuel AdorniENRIQUE GARCIA MEDINA

También pidió saber si Francisco Adorni registra ingresos o egresos de dinero del país y si tuvo sanciones o sumarios aduaneros. Al Banco Central le requirió información sobre cuentas, cajas de ahorro, cuentas corrientes, transferencias, depósitos y retiros en efectivo, cheques, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad, entre otros productos.

A la Inspección General de Justicia (IGJ), le solicitó que informe si existen registros de Francisco Adorni como integrante de alguna sociedad y, en ese caso, que remita legajos, estatutos, actas, balances, evolución del capital y eventuales sanciones.

Durante el gobierno libertario, el hermano del Jefe de Gabinete fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

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En su denuncia, Pagano señala que Francisco Adorni habría tenido un incremento patrimonial no justificado desde que ingresó a la función pública nacional.

Según el escrito, en febrero de 2024 el funcionario declaró el 50% de una casa en City Bell, valuada en $38.790.000, y el 50% de una Chery Tiggo 2017, valuada en $5.000.000. También informó bienes, depósitos y dinero por $43.790.000 y ninguna deuda.

La denunciante, la diputada Marcela PaganoSantiago Oroz

En su declaración jurada anual correspondiente a 2025, el funcionario habría declarado un patrimonio neto de alrededor de $80.500.000. Ese aumento, dice Pagano en su escrito, se explicaría a partir de de dos movimientos: la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020, valuada en $8.000.000, y la cancelación en doce meses de un crédito hipotecario del Banco Provincia por aproximadamente $60.000.000.

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El fiscal le pidió al Banco Provincia que envíe copias de los legajos completos de todos los productos de Francisco Adorni con el banco desde 2023 hasta la actualidad. También que, de haber registro del crédito denunciado, se envíe a la fiscalía todos los detalles del mismo: cronograma original de amortización, plazos, saldos adeudados y pagos, con sus respectivas fechas.




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Tras la masiva marcha en reclamo de fondos, el Gobierno prepara una convocatoria para las universidades

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Fotografía aerea de la marcha universtiaria (EFE/ Adan González)

El día después de la masiva protesta universitaria, el Gobierno prepara una nueva convocatoria para la semana próxima con autoridades universitarias y se muestra abierto a discutir la propuesta base que ofrecerá. Sin embargo, los rectores sostienen que aún no hubo un llamado formal, pero rechazan las condiciones y reafirman la necesidad de recuperar los puntos salariales perdidos.

Según supo Infobae de fuentes oficiales, el planteo que elevará el Poder Ejecutivo partirá de lo contemplado por la adaptación de la Ley de Financiamiento Universitario, que descansa en la Cámara de Diputados. “La idea es partir de la base del proyecto que establece un aumento del 12% y actualiza los gastos de funcionamiento. Es lo autorizado por Toto (Caputo)”, confesó un funcionario a este medio.

Los nuevos intentos por destrabar el conflicto, que derivó en una masiva convocatoria el pasado miércoles, surgen del desacato de la administración libertaria a los fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Finanaciamiento Universitario, a los que se suma además una reducción de $78.768 millones del presupuesto y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

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Luego de la ratificación de la norma sancionada y posteriormente vetada, y tras la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Poder Ejecutivo readaptó el proyecto que propone una actualización salarial para el personal docente y no docente a percibirse de forma escalonada: se registrará un incremento del 4,1% trimestral del sueldo de diciembre de 2025 durante los meses de marzo, julio y septiembre.

Asimismo, establece una actualización automática del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,3% anual proyectado; y un incremento del $80.072.460.000 del crédito presupuestario destinado a la asistencia financiera de hospitales universitarios. En caso de que los desembolsos excedan las partidas fijadas, el exceso será cubierto a través de refuerzos provenientes de otras jurisdicciones presupuestarias.

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Sin fecha para tratarlo, y a sabiendas de que no cuentan con las voluntades legislativas necesarias para su sanción, en la administración libertaria aspiran a concretar un acuerdo para evitar además que la Corte Suprema se expida sobre el tema. Lo instrumentarían a través del Ministerio de Capital Humano, específicamente bajo la subsecretaría de Políticas Universitarias que comanda Alejandro Álvarez.

“Mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Se puede acordar y homologar en el juzgado. El Gobierno cumpliría, pero el CIN debería desistir de la acción judicial”, planteó una voz del oficialismo.

Si bien en Balcarce 50 minimizaron el impacto de la movilización que concentró más de 140 mil personas en Plaza de Mayo, ven con preocupación la escalada del tema por lo que trabajan para intentar encontrar una diagonal que les permita contener al sector. Por lo bajo, varios interlocutores violetas apuntan contra el Ministerio de Economía por el blindaje de los fondos para cubrir las demandas. “Nos estamos comiendo estas piñas por Hacienda que no aceptó los números iniciales”, admitió un funcionario a este medio.

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Retrato de la marcha universitaria del pasado martes (Jaime Olivos)

Por su parte, un importante referente del ámbito universitario negó haber recibido convocatoria formal de parte del Gobierno, alertó que los gremios deberían participar de la instancia de negociación, y anticipó que rechazará la propuesta que considera insuficiente. “Nosotros queremos que se cumpla la ley original. Así sea en cuotas. De los 53 puntos iniciales a 12 es una verguenza. Además, solo agreden y rompen toda instancia de diálogo”, se expidió un interlocutor.

En coincidencia, desde la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), precisaron que el oficialismo intenta aislar a la alta casa de estudio y reafirmaron que el Ejecutivo “no tiene intenciones de resolver el conflicto”.

Además, plantaron que el reclamo escaló producto de la interna que atraviesa a las filas libertarias dado que garantizan que, en febrero, el asesor presidencial, Santiago Caputo, había alcanzado un acuerdo con el sector antes del inicio de las clases. En ese escenario, le atribuyen a los primos Menem, en particular a Martín, el titular de la Cámara de Diputados, el congelamiento del mismo para evitar que el consultor “saliera fortalecido”. Incluso, hay quienes aseguran que “El Profe” Álvarez, referenciado con Las Fuerzas del Cielo, tiene intenciones de pasarse a las filas del karinismo.

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Desde la Cámara de Diputados aseguran que el oficialismo no contaba con los votos para impulsar con éxito la medida y anticiparon que estudian motorizarla en los próximos meses, aunque no hay precisión de fechas.

educación,huelga

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Lijo desestimó la denuncia del Gobierno contra dos periodistas de TN por supuesto espionaje

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El juez federal Ariel Lijo desestimó la denuncia del Gobierno contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, que habían sido acusados de “espionaje” por filmaciones dentro de la Casa Rosada con “lentes inteligentes”, un dispositivo con forma de anteojos que permite grabar.

La denuncia había sido promovida por la Casa Militar, con el argumento de que los periodistas habían puesto en riesgo la seguridad nacional al filmar, de forma subrepticia, el interior de casa de gobierno.

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Ayer, el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, dictaminó por el cierre del caso. Luego de analizar el material, Pollicita entendió que el episodio no configuró ningún delito penal y le pidió al juez que lo archive.

“Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos, ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional”, dice el dictamen del fiscal, que sigue: “todo lo cual permite descartar la relevancia jurídico-penal de los sucesos bajo análisis”, dijo el fiscal.

Tal como había exhibido , Pollicita destacó que existen distintas fuentes públicas, como Google Maps, que muestran imágenes parecidas a las que se obtuvieron en las grabaciones cuestionadas. “El periodista Salerno, a lo largo de la grabación obtenida mediante lentes inteligentes, captó imágenes similares a las ya dadas a conocer al público en general”, dijo el fiscal.

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Noticia en desarrollo




la denuncia del Gobierno contra los periodistas,había exhibido,Javier Milei,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones de la marcha universitaria y los nuevos pliegos judiciales,,»¿De abajo hacia arriba?». La respuesta de un gigante de Wall Street a inversores que preguntaron por el apoyo social al plan Milei,,»La situación es crítica». Una multitud le reclamó al Gobierno que cumpla la ley de financiamiento universitario

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