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A partir de las trabas en las negociaciones, los imprevistos en el Congreso y la falta que tiempo, el Gobierno comenzó a pedir de forma más directa y todos los sectores posibles el apoyo para eliminar o, en su defecto, suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque todavía persisten las diferencias internas sobre algunos puntos clave en torno a esta discusión, como los cierres de las alianzas y las concesiones que el oficialismo debe estar dispuesto a hacer para alcanzar los consensos.

El tema fue uno de los ejes de la mesa política que se reunió este martes en la Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que permaneció en Buenos Aires, justamente, para supervisar el avance de la estrategia.

Durante las cerca de dos horas que duró el encuentro, los integrantes del reducido círculo libertario volvieron a debatir sobre los plazos para avanzar con la denominada reforma electoral y las condiciones que deberían aceptar para asegurar los respaldos de las provincias.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich plantearon la necesidad de acelerar los acuerdos, mientras que Karina Milei y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem mantienen una posición más cautelosa.

Mientras tanto, la iniciativa sigue trabada en el Senado, donde Bullrich espera que “El Colo” pueda confirmar qué gobernadores están dispuestos a dar un respaldo explícito, mientras ella comienza a encabezar conversaciones con los jefes de los otros bloques.

En Balcarce 50 saben que si logran desbloquear el tema en ese recinto, todavía tienen chances de que la reforma sea sancionada antes de que finalice el periodo legislativo y así evitarían tener que convocar a extraordinarias.

De hecho, esto fue justamente lo que le planteó el PRO, uno de los principales aliados parlamentarios que tienen los libertarios, cuando se reunieron el mismo martes para dialogar sobre varios asuntos.

Junto cuando finalizó la mesa política, Santilli y los Menem recibieron a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, quienes ya llevaban varios minutos afuera de la oficina del jefe de Gabinete esperando a ser atendidos.

Según pudo saber Infobae, una vez que se sentaron, ”El Colo” les pidió de manera explícita que acompañen la eliminación de las PASO, uno de los temas que el partido fundado por Mauricio Macri venía mirando con reparos.

Los dirigentes amarillos le respondieron que están “dispuestos a acompañar”, pero solamente si primero se consigue un consenso amplio en el Senado y con los gobernadores.

“Empezamos a hablar, fue un acercamiento inicial. Vamos a ver qué texto termina saliendo de la votación en la Cámara alta”, expresaron a este medio en el macrismo.

De esta manera, ahora vuelve a quedar en manos de Bullrich la definición de los detalles del proyecto, que todavía no cuenta con dictamen, ya que cuando La Libertad Avanza lo buscó tuvo que pasar a un cuarto intermedio para evitar que fuera rechazado.

El PRO venía sosteniendo hasta ahora que las primarias debían mantenerse como una instancia optativa para los partidos que necesitaran resolver una competencia interna, aunque no se cerraba a una posible suspensión.

El cronograma, sin embargo, también trajo complicaciones: la visita del Papa León XIV frenará por unos días el resto de las actividades y las elecciones en los Estados Unidos provocará que varios legisladores viajen a Washington y, por lo tanto, también demorará las negociaciones.

En este escenario, en el Gobierno ya piensan en tratar la reforma electoral junto con el Presupuesto 2027, unificando los acuerdos para que ambas medidas sean tratadas en el Congreso en simultáneo.

En la reunión del martes, el macrismo planteó además un reclamo: advirtió que no está de acuerdo con el proyecto de biocombustibles que impulsa el oficialismo y exigió cambios.

“Les dijimos que la ley afecta a los productores de la provincia de Buenos Aires. Beneficia a Córdoba y Santa Fe, pero hay que pensar también en los bonaerenses”, remarcaron.

Ese proyecto en particular, que ya tiene media sanción del Senado, ya comenzó a ser debatido en comisión y está prácticamente definido que se va a votar a mediados de noviembre, junto con el Presupuesto.

La idea del PRO es que a ese temario se sume la eliminación o suspensión de las PASO, pero en la Casa Rosada no tienen una definición y miran con atención los movimientos de los gobernadores.

Hasta el momento, algunos mandatarios provinciales ya expresaron públicamente su apoyo a terminar con las primarias, como es el caso del entrerriano Rogelio Frigerio, que cuestionó los costos de esos comicios y la cantidad de veces que los ciudadanos deben votar.

Por su parte, el sanjuanino Marcelo Orrego sostuvo que esa herramienta dejó de ser útil, y el correntino Juan Pablo Valdés consideró que las candidaturas deben ser resueltas por las agrupaciones políticas y no por los ciudadanos.

También Raúl Jalil, de Catamarca, respaldó la reforma en público después de reunirse con Santilli. En tanto, el mendocino Alfredo Cornejo habría transmitido en privado que acompañaría la eliminación a nivel nacional, aunque pretende conservar las internas en su provincia.

Por el contrario, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, es uno de los gobernadores cercanos a Milei que se mantiene en contra de modificar el sistema, como también Martín Llaryora, aunque más cauteloso.

Por su parte, aunque con diferentes matices, Carlos Sadir, de Jujuy; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Leandro Zdero, de Chaco, se expresaron a favor de suspender las primarias, pero no de eliminarlas.

Las negociaciones se dan en la previa de la mega sesión que tendrá lugar este miércoles en la Cámara de Diputados, en la que La Libertad Avanza buscará aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la restitución de límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, y las iniciativas oficiales sobre discapacidad y endeudamiento familiar o morosidad.

El oficialismo esperaba que el debate se extendiera durante más de 20 horas y lo considera una prueba para medir el estado de sus alianzas parlamentarias antes de encarar la discusión por la reforma electoral.

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada a la actividad de empresas en las Islas Malvinas, que inicialmente iba a integrar el temario, fue postergada por falta de acuerdos sobre su articulado.

Javier Milei,Patricia Bullrich,La Libertad Avanza

El Gobierno reconoce preocupación por la suba del riesgo país y espera una recuperación de la actividad económica en agosto, después de la fuerte caída que registró el último informe del INDEC. En la Casa Rosada admiten que el deterioro de los bonos argentinos se produjo antes de lo que proyectaban para el calendario electoral de 2027 y buscan evitar que la incertidumbre financiera se traslade a las expectativas sobre el programa económico. El Ejecutivo apuesta a una mejora de los indicadores durante los próximos meses y considera que el repunte de la actividad puede contribuir a estabilizar el escenario.

“Nos preocupa la suba del riesgo país porque esperábamos que sucediera eventualmente, pero no tan lejos de la elección”, reconocen en Nación. Admiten que existen factores domésticos que inciden sobre el indicador, aunque mantienen que el contexto internacional explica una parte importante de la presión reciente sobre los activos argentinos. La expectativa oficial es que las tensiones comiencen a reducirse después de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos y que el país atraviese un verano con menor volatilidad financiera.

El riesgo país superó este martes los 700 puntos básicos por primera vez en el año y llegó a tocar las 710 unidades, antes de retroceder hacia los 680 puntos. El índice elaborado por JP Morgan había alcanzado un mínimo cercano a los 402 puntos en julio y acumuló desde entonces un deterioro significativo. El movimiento refleja la caída del precio de los bonos soberanos en dólares y una mayor prima de riesgo exigida por los inversores para financiar al Estado argentino.

La explicación oficial combina el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, la incertidumbre electoral y las dudas sobre la continuidad del programa económico. El Gobierno pone el foco sobre el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos y los conflictos geopolíticos, especialmente en Medio Oriente. Sin embargo, reconoce que la dinámica política local también tiene consecuencias sobre la valuación de los bonos. En la Casa Rosada esperan que una reducción de las tensiones externas y un escenario electoral más ordenado permitan recuperar parte del terreno perdido.

La principal apuesta internacional del Ejecutivo es que las tasas estadounidenses comiencen a bajar después de las elecciones de noviembre, junto con una eventual normalización del conflicto en Medio Oriente. Esa expectativa enfrenta, por ahora, un escenario financiero adverso: la Reserva Federal elevó en septiembre su tasa de referencia al rango de 3,75% a 4% y los pronósticos de mercado siguen contemplando nuevos aumentos durante los próximos meses. Una reducción de los rendimientos internacionales no está garantizada y dependerá de la inflación y de las decisiones de la autoridad monetaria estadounidense.

La situación económica e internacional también formó parte de la reunión de la mesa política que encabezó Karina Milei este martes en la Casa Rosada. Según informó oficialmente el Gobierno, se analizaron el contexto político y económico externo, con especial atención a los conflictos sociales en Francia e Italia. Luis Caputo brindó además detalles de la cumbre con el Fondo Monetario Internacional realizada la semana pasada en Tailandia. En paralelo, dentro del oficialismo se viene discutiendo la necesidad de ordenar las negociaciones políticas y legislativas para reducir la incertidumbre de cara a 2027.

Milei también vincula parte del deterioro financiero con la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder, una interpretación que viene expresando mediante su referencia al “riesgo kuka”. En el Ejecutivo sostienen que las declaraciones de dirigentes opositores sobre eventuales modificaciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) alimentan las dudas de los inversores sobre la estabilidad de las reglas económicas. La Casa Rosada mantiene que cumplirá con los compromisos de deuda y que la incertidumbre política no modifica esa decisión.