Dos certezas clave encendieron días atrás el optimismo del gobierno de Javier Milei. Estados Unidos y Rusia elogiaron, cada uno a su manera, a Rafael Grossi, el diplomático argentino que da pasos certeros y recoge apoyos, en su camino por lograr lo que ningún argentino pudo: ser el próximo secretario general de las Naciones Unidas.

Pero el fervor del Gobierno, que armó una unidad especial en la Cancillería, que encabeza el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, para la campaña en favor de su postulación, tiene por estas horas un límite: la incógnita sobre la postura de los otros tres integrantes del Consejo de Seguridad, Francia, China y sobre todo Gran Bretaña, enfrentada con Argentina en los foros internacionales en torno a la soberanía de las Islas Malvinas.

A ello se suma el propio esfuerzo adicional de Grossi, reconocido por su labor al frente de la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), por no quedar encasillado como “el candidato de la derecha internacional” frente a las otras postulaciones, sobre todo las de las expresidentas Rebeca Grynspan (Costa Rica) y Michelle Bachelet (Chile).

Para colmo, es conocida la postura de Donald Trump en contra del funcionamiento actual de las Naciones Unidas, a la que desfinancia día a día, una postura imitada por el gobierno argentino en este y varios de los foros que integran el sistema multilateral.

“Las potencias se dan cuenta de que es mejor tener en ese lugar a alguien imparcial, que a alguien amigo”, dice a , Federico Pinedo, sherpa argentino ante el G20, que nuclea a la veintena de países más importantes del mundo.

Los elogios del portavoz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov, quien dijo que Rusia tenía una “buena opinión de Grossi”, fueron repetidos por la representación de la Asamblea General de la ONU, que la semana pasada escuchó a los cuatro candidatos que hoy se disputan la sucesión del portugués Antonio Guterres a partir del 1 de enero de 2027.

Y las objeciones de Estados Unidos hacia Bachelet, a quien su propio presidente, José Antonio Kast le retiró el apoyo, sumaron otro punto en favor del Gobierno y del propio candidato, nominado recientemente por la revista Time como una de las cien personas más influyentes del mundo. “Necesito el apoyo de todos y creo que lo voy a tener, pero esa es mi aspiración”, dijo Grossi en diálogo con luego de defender su postulación.

La complicada geopolítica mundial, en medio de conflictos bélicos globales como los de Medio Oriente, introduce un porcentaje de incertidumbre. ¿Aceptará Gran Bretaña que un argentino encabece el organismo internacional, o utilizará su poder de veto para cerrarle el paso? “Trabajo con Reino Unido hace muchísimos años, en temas muy sensibles, y siempre he tenido con Londres una relación muy buena y muy profesional”, dijo Grossi en aquel encuentro con los medios.

Fuera de micrófono, diplomáticos argentinos reconocen que la postura de Gran Bretaña es “la gran preocupación”, y que se trata de un “tema delicado” de difícil resolución.

¿Y China? Mientras la administración Trump presiona a los países del continente para que el gigante asiático no avance −el embajador en el país, Peter Lamelas, fue explícito en más de una oportunidad−, el representante de China en Naciones Unidas afirmó durante el debate de la Asamblea que su país “estaría muy feliz de ver” a una mujer al frente de la ONU, defendiendo los “tres pilares” de la institución, la Paz, el desarrollo y los Derechos Humanos. Una declaración que podría interpretarse como apoyo a las expresidentas Grynspan o Bachelet.

El cuarteto de candidatos se completa con el expresidente de Senegal Macky Sall. “En este momento del mundo, tener a alguien hiper profesional y confiable como Rafael sería bueno para todos, y en el Consejo de Seguridad lo saben”, retruca Pinedo, en defensa de la posición oficial.

Fuentes diplomáticas puntualizan un detalle de las presentaciones de los candidatos. Mientras Grynspan, por caso, presentó su postulación junto a diplomáticos de su país, Grossi lo hizo sin acompañantes. “No quiere quedar únicamente como el candidato de Milei, hoy asociado con el trumpismo”, evaluó un diplomático con larga trayectoria en el sistema de Naciones Unidas.

Esa asociación, especulan, puede jugarle en contra a Grossi y llevar a países africanos o de otros continentes a presionar a sus aliados (Francia, pero también China o Rusia) a optar por otras opciones.

Al Consejo de Seguridad, de cinco miembros permanentes, se se suman este año Dinamarca, Grecia, Pakistan, Panamá, Somalía, Bahrein, Colombia, Congo, Latvia y Liberia. El Consejo tiene como misión recomendar a la Asamblea uno de los candidatos, pero también puede dar lugar, en medio del proceso y sobre todo si no hay consenso absoluto, a algún “tapado”.

El tenso vínculo de Trump y del gobierno de Milei con Naciones Unidas es también un punto a tomar en cuenta. El propio Grossi reconoció que Trump está “desfinanciando” a la ONU, que tiene “graves problemas de liquidez”, y que Milei es “escéptico” en relación al organismo fundado en 1945 luego de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de asegurar la paz a nivel global.

Retirado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) −lo hizo primero Trump−, el Gobierno tiene una actitud de rechazo hacia la mayoría de los foros multilaterales, que se manifiesta no sólo en la retórica, sino además en la mora en el pago de sus obligaciones.

Según la página oficial de la ONU, Argentina no está entre los 106 países que regularizaron sus aportes de este año hasta el 30 de abril, que en su caso es el 0.490 del presupuesto total de Naciones Unidas. Puede seguir votando regularmente, ya que no supera los dos años de demora, como es el caso de Venezuela o Bolivia.

En la página oficial de la OEA, según también chequeó , se explicita que Argentina, si bien no posee deudas anteriores, es al 31 de marzo pasado uno de los países que “no han pagado su cuota al Fondo Regular para el año en curso”, unos US$3,3 millones. Lo mismo ocurre con el parlamento del Mercosur, el Parlasur, donde la Argentina demora en el pago del porcentaje que le corresponde para sostener el funcionamiento del órgano legislativo.

“Es de esperar que con la ONU se pongan al día, para no complicar la candidatura de Grossi”, especula otra autorizada voz diplomática. La moneda, en relación a la postulación de Grossi, parece estar aún en el aire.

El peronismo en la Cámara de Diputados busca exponer a Manuel Adorni por sus inconsistencias patrimoniales, aunque evita que el eje exclusivo de una próxima sesión sea la corrupción. Insiste, en cambio, en avanzar en paralelo con una agenda social y económica que sus legisladores vienen trabajando desde hace semanas en la Cámara.

La postura generó roces con otros sectores opositores, que pidieron una sesión especial para el próximo jueves con el objetivo de tratar los proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete de Javier Milei. Uno de esos textos, de hecho, está firmado por casi todos los integrantes de Unión por la Patria (UP).

Ninguna de las propuestas tiene dictamen de comisión, por lo que el objetivo implícito es forzar su tratamiento en comisiones.

Pero las versiones se cruzan. Los impulsores de la sesión, encabezados por el socialista Esteban Paulón, aseguran que mantuvieron conversaciones con autoridades del bloque peronista. En el PJ, en cambio, sostienen que la jugada se organizó sin consultarles.

En UP aseguran, además, que buscan impulsar un temario más amplio, que incluya temas como el incumplimiento de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, los recortes en salud, la emergencia PyME, la caída del consumo, el crecimiento del endeudamiento familiar y la regulación del trabajo en plataformas digitales. Más que discutir únicamente a Adorni, el peronismo pretende discutir el rumbo del Gobierno a partir del caso Adorni.

La discusión, sin embargo, también expone distintas miradas dentro del propio peronismo. Algunos consideran que el jefe de Gabinete debe continuar expuesto al desgaste político que atraviesa desde hace semanas sin interferir. Otros creen que hay que avanzar con la interpelación cuanto antes. Y un tercer grupo rechaza quedar atrapado en una ofensiva centrada exclusivamente en un caso institucional o judicial.

Lo cierto es que la lucha contra la corrupción nunca fue un eje discursivo central en el PJ. De hecho, nadie en el bloque cuestiona a Adorni en esos términos. Hablan, más bien, de una pérdida de “idoneidad” o de “legitimidad” para ejercer el cargo. Así lo planteó el jefe de bloque, Germán Martínez, durante la última sesión: “La confianza de este Congreso en Adorni es cero. Su palabra hoy no vale”.

Algo similar expresó el diputado Santiago Cafiero, en el programa A dos voces, por TN. “Adorni no va a poder explicar nunca la situación patrimonial que tiene. Cuando vos entrás en la función pública tu vida privada queda difusa. Tenés que tener una ética y poder demostrarla en todo momento. Y esa credibilidad es la que te da legitimidad de acción. Si no tenés eso, estás perdido, y es lo que le pasa a Adorni”, sostuvo. También admitió que la oposición todavía no tiene garantizados los votos para avanzar con la interpelación.

“No queremos que sea una jugada testimonial”, explican cerca suyo. “Sin quorum victimizamos a Adorni y fortalecemos a [Martín] Menem. No sirve”.

Pero la incomodidad del peronismo va más allá de una cuestión táctica. Algunos dirigentes consideran que avanzar hacia una interpelación seguida de una eventual moción de censura podría dejar un antecedente delicado, sobre todo cuando el jefe de Gabinete ni siquiera fue procesado. En la Argentina pendular, la oposición de hoy puede gobernar mañana.

Las interpelaciones que la oposición impulsó anteriormente contra Guillermo Francos se dieron en el marco del caso $LIBRA y nunca derivaron en una discusión seria sobre una eventual moción de censura. Hubo, más bien, un fuerte interrogatorio político. La posibilidad volvió a mencionarse después de los incumplimientos del Gobierno en materia de discapacidad y financiamiento universitario, aunque el recambio de Francos y algunas concesiones parciales del oficialismo terminaron desinflando la ofensiva opositora.

En este contexto, el PJ busca cuestionar políticamente a Adorni sin aparecer promoviendo una lógica “punitivista” que antes criticó.

Así lo expresó el diputado kirchnerista Carlos Castagneto. “No estoy de acuerdo con que nosotros desde el Congreso digamos qué persona tiene que ir presa o no. Yo mantengo la independencia de poderes. Creo que tiene que actuar la Justicia”, sostuvo. Y agregó: “Lo que sí sostengo es que hubiese sido bueno, como fue la sesión en el Congreso, para que Adorni explicara frente a la sociedad de dónde sacó el dinero”. Eludió referirse a una interpelación.

Castagneto hacía referencia al pedido judicial presentado por la diputada Marcela Pagano, que solicitó la detención del jefe de Gabinete por supuestos riesgos sobre el debido proceso, una solicitud que luego fue rechazada por la Justicia.

Pese a las distintas miradas, todos los referentes peronistas consultados por aseguraron que darán quorum el próximo jueves. Aun así, su presencia difícilmente alcance para habilitar la sesión. Según un sondeo preliminar realizado por este medio, la oposición no reúne por ahora la mitad más uno para abrir la sesión. Sin el respaldo de Pro y de legisladores alineados con gobernadores dialoguistas, cualquier ofensiva contra Adorni quedará a mitad de camino.

“Funcionará como un principio de revelación”, afirman los sectores que impulsan la sesión especial. “Que queden expuestos los que apoyan a Adorni”, agregan.

En paralelo, el peronismo trabaja desde hace semanas en la construcción de una agenda propia vinculada a temas sociales y económicos. La idea, explican en el bloque, es “proponer y no solo reaccionar”.

Esa estrategia es impulsada especialmente por sectores alineados con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, aunque también por dirigentes que buscan ordenar al peronismo detrás de una discusión común, entre ellos Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Kelly Olmos y Emir Félix. Martínez y Cecilia Moreau acompañan esta mirada como autoridades del bloque.

En las últimas semanas mantuvieron reuniones con pequeñas y medianas empresas, comerciantes afectados por la apertura importadora, representantes del colectivo de discapacidad, rectores universitarios, especialistas en endeudamiento y referentes sanitarios que alertaron sobre el impacto de los recortes en el sistema de salud.

Desde el sector sindical del bloque, además, avanzaron con un proyecto para regular el trabajo en plataformas digitales. La iniciativa surgió a partir de datos sobre el mercado laboral: según un informe de la consultora Econviews elaborado sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), de los 141.000 nuevos empleos registrados, 101.000 corresponden a trabajadores que se desempeñan en la calle, vehículos o desde sus hogares, mayormente bajo modalidades independientes.

El proyecto −presentado, entre otros, por Hugo Moyano (h.), Hugo Yasky, Juan Marino y Jorge Taiana− busca formalizar la relación entre las plataformas y los prestadores de servicios. La iniciativa presume la existencia de vínculo laboral y garantiza derechos básicos como remuneración mínima, límites de jornada y cobertura frente a riesgos de trabajo.

La Policía santacruceña halló el cadáver de Aníbal Cepeda, un hombre de 71 años que era buscado desde el 20 de abril, en un complejo de departamentos en Río Gallegos.

La propiedad en la que encontraron el cuerpo había sido decomisada a Daniel Muñoz, exsecretario privado de los Kirchner, en el marco de una causa de lavado de activos. Era custodiada por Gendarmería.

En el marco para dar con el paradero de Cepeda, y tras los datos aportados por un hombre capturado durante la madrugada del domingo, la investigación judicial apuntó a uno de los inmuebles ubicados sobre las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, en la zona de la Costanera de Río Gallegos, informó el medio local La Opinión Austral.

Tras el hallazgo del cuerpo de un hombre, que luego se indicó que posiblemente se trataba del anciano buscado (aunque resta la confirmación oficial de la autopsia), en el lugar trabajó personal policial de la DDI, de Criminalística y Gendarmería Nacional Argentina, fuerza que mantiene la custodia permanente sobre esos departamentos.

Los inmuebles forman parte de bienes decomisados por orden judicial y vinculados a Muñoz, fallecido en 2016. Esas propiedades estarían bajo administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

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