POLITICA
Piquetes en todo el país: las organizaciones anticipan nuevas acciones para las próximas semanas
En la jornada del martes 7 de abril, las calles del país amanecieron bloqueadas en más de cien puntos tras una protesta organizada por movimientos sociales y piqueteros. El detonante de la jornada fue la decisión del Gobierno nacional de suspender el programa Volver al Trabajo, lo que afecta directamente a cerca de 950.000 familias. Las acciones se concentraron en accesos clave del Área Metropolitana de Buenos Aires, como el Puente Pueyrredón, General Paz y la Autopista del Oeste, pero también se replicaron en puntos estratégicos del interior. Las organizaciones no descartan nuevas acciones para los próximos días.
Los cortes y movilizaciones contaron con la participación de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos, el Polo Obrero, Territorios en Lucha y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros. Las organizaciones respondieron al reemplazo del programa social por un sistema de vouchers de trabajo, vigente desde el anuncio oficial.
Según confirmaron los referentes de los movimientos, una de las principales demandas radica en el impacto que generará la eliminación del programa en las economías barriales y en la recesión que atraviesa el país.
El reclamo social tras el fin del programa Volver al Trabajo
El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Alejandro Gramajo, explicó en Infobae en Vivo Al Amanecer los motivos de la movilización: “Somos de los que creemos que la principal política social es el trabajo. Los $78.000 que percibían nuestros compañeros y compañeras estaban congelados y solo alcanzaban para cuatro kilos de carne o tres garrafas”.
Gramajo amplió la dimensión del problema al exponer lo siguiente: “Hay cerca de 45 mil personas que perciben el Volver al Trabajo solo en la provincia del Chaco. Eso implica 3.300 millones de pesos que van a dejar de circular en la economía barrial”, detalló. El dirigente advirtió: “Esto se suma a la recesión económica y a los salarios congelados de los trabajadores formales, lo que amplifica el impacto en las economías regionales”.
Los referentes sociales calificaron al nuevo sistema de vouchers como ineficaz. Gramajo puntualizó: “El Gobierno sostiene que esto se va a transformar en trabajo genuino, pero los hechos indican todo lo contrario”. Explicó además: “Nuestro relevamiento muestra que compañeras y compañeros que se inscribieron en capacitaciones fueron asignados a sedes a cientos de kilómetros de sus domicilios”.
El dirigente sostuvo que ese mecanismo desalienta la participación: “¿Cómo con 78 mil pesos vas a poder costear una capacitación lejana? Además, esos fondos se destinan a empresas que brindan los cursos”.
Críticas a la política de empleo y diálogo con el Gobierno
Al ser consultado sobre el alcance de las políticas de inserción laboral, Gramajo explicó: “Cuando se implementó el programa Volver al Trabajo comenzó la lógica de la capacitación. ¿Saben cuántas personas consiguieron empleo formal en dos años? 80 personas”. Subrayó la falta de resultados con otro dato: “No es un problema de capacitación, es un problema de modelo económico”.
El líder de UTEP también se refirió a la posibilidad de diálogo. Señaló: “Este es un gobierno que no dialoga ni negocia con ningún sector, ya ha ocurrido con la salud pública y la educación. Nosotros sí creemos en el diálogo, pero en este caso no fuimos convocados”.
En relación con la ministra de Capital Humano, Gramajo indicó: “Si Sandra Pettovello me llamara, por supuesto asistiría. Buscamos resolver el conflicto, no politizarlo”. Remarcó que el impacto de la eliminación del programa afecta a novecientas cincuenta mil personas y que su organización exige una respuesta para evitar la descomposición social.
Estrategias y medidas de protesta
Sobre los métodos de protesta y el corte de calles, el dirigente expresó: “Nuestra intención es visibilizar el problema. Algunas decisiones, como encender neumáticos o bloquear accesos, se toman en asamblea, no de forma individual. Lamentamos las molestias, pero consideramos que son medidas extremas después de agotar otros caminos”.
Gramajo resaltó: “Antes de esta jornada, el tema no se discutía en la agenda pública. Ahora forma parte del debate nacional porque está en juego el ingreso de novecientas cincuenta mil familias”. Añadió que la pérdida del beneficio reducirá el consumo en las economías barriales y empujará a más personas por debajo de la línea de pobreza, desmintiendo al Gobierno: “Eso que dice el Gobierno de sacar millones de la pobreza, es falso. Esta decisión va a agravar la situación”.
Próxima agenda de los movimientos sociales
El secretario general de la UTEP anticipó posibles nuevas medidas de fuerza en coordinación con otras organizaciones sociales: “Estamos discutiendo la fecha de otra protesta similar. El jueves vamos a reunirnos con diputados de la oposición para exponer la gravedad del problema, especialmente ante legisladores del interior”.
Aclaró que “durante el mes de abril definiremos nuevas acciones, en articulación con diferentes actores sociales”. El dirigente precisó que, en cuanto haya fecha para una nueva jornada de protesta, la comunicarán oficialmente.
La protesta y el debate por el futuro del programa Volver al Trabajo continúan en la agenda social y política de la Argentina.
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El municipio de Villa La Angostura acelera la recuperación del camping Quila Hue, ubicado sobre la costa del lago Correntoso y usurpado por la comunidad mapuche Paichil Antriao desde 2011. Para ello, pedirá a la Justicia que ejecute la sentencia firme que ordena la restitución del predio y, si no hay un retiro voluntario, disponga el desalojo de los ocupantes.
La comunidad mapuche Paichil Antriao agotó las instancias recursivas para mantener el control del espacio. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el municipio busca retomar la administración del predio y acondicionarlo para la próxima temporada de verano.
El conflicto se originó en 2011, cuando integrantes de la comunidad Paichil Antriao se instalaron en el camping luego de que venciera la concesión municipal del predio. En 2012, la Municipalidad inició una demanda civil para recuperarlo. En diciembre de 2019, la Justicia de primera instancia ordenó la restitución del inmueble y en abril de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén confirmó esa decisión al rechazar el planteo de ancestralidad de la comunidad.
Tras sucesivos recursos, la Corte Suprema dejó firme en agosto de 2026 la sentencia que obliga a devolver el camping al municipio, habilitando la etapa de ejecución y, de no mediar un retiro voluntario, un eventual desalojo.
Según publicó La Angostura Digital, el municipio solicitará al juez civil y comercial Francisco Astoul Bonorino que ejecute la sentencia. La comunidad, en cambio, anticipó que no abandonará el predio y que resistirá un eventual operativo de desalojo.
La posición del municipio
El intendente Javier Murer anticipó que el municipio trabajará con el juez para pedir la restitución y un plazo para una devolución pacífica del predio.
“Seguramente esto se va a trabajar con el juez para pedir la restitución del lugar y se les otorgue un plazo para la restitución del lugar en forma pacífica”, indicó Murer tras la confirmación del fallo. El intendente sostuvo que el municipio buscará evitar un desalojo por la fuerza, aunque remarcó que el predio deberá volver a la administración comunal.
En el gobierno comunal coinciden en que la instancia de negociación está cerrada y que la solución definitiva al conflicto pasa por la recuperación del control del camping.
Juan Pablo Naretti, jefe de Gabinete municipal, afirmó que el Ejecutivo “aguarda que el expediente regrese al fuero local”. El último intento para revertir el desalojo fue presentado el 5 de octubre, aunque el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de la comunidad.
El reclamo de la comunidad
Para los demandados, integrantes de la comunidad Paichil Antriao, no se trata de una usurpación. Las dos personas mencionadas en el expediente fueron concesionarias del camping y, al vencer el contrato, decidieron permanecer en el lugar en lugar de restituirlo al municipio.
La comunidad sostiene que el predio forma parte de un territorio ancestral y cuestiona que no se haya completado el relevamiento territorial del INAI. La Justicia, en cambio, entendió que no se acreditó esa ocupación ancestral y reconoció el derecho del municipio a recuperar el espacio.
El municipio alega la titularidad del inmueble, la caducidad de la concesión y el cumplimiento de una sentencia firme. Por eso busca retomar la administración del camping o volver a concesionarlo.
Paicil Antriao
POLITICA
Discapacidad: el peronismo podría acompañar el proyecto libertario tras la negociación de nuevos cambios
El debate por los fondos para la atención de las personas con discapacidad podría dar un giro inesperado en Diputados. Después de meses de enfrentamientos con el Gobierno, el peronismo evalúa la posibilidad de acompañar el proyecto que el oficialismo negoció con aliados si los libertarios aceptan incorporar una serie de modificaciones durante la sesión. La alternativa abrió una discusión interna en Unión por la Patria (UP), donde todavía no hay una posición unificada sobre cómo proceder.
El dilema es político, pero tiene consecuencias prácticas. Un sector del PJ plantea insistir con la ley de emergencia en discapacidad, aun a riesgo de que Javier Milei vuelva a vetarla y el sector se quede sin respuestas. Otros consideran que, si el oficialismo acepta buena parte de los reclamos de la oposición, convendría acompañar el nuevo proyecto para garantizar mejoras concretas a los beneficiarios y prestadores, aunque eso implique resignar nitidez opositora.
Con su apoyo, el texto podría reunir un consenso casi unánime −de dos tercios− que blindaría la norma ante un veto presidencial.
Las modificaciones que podrían destrabar el acuerdo fueron propuestas por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, y respaldadas por UP, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
Los cambios se conversan con las libertarias Laura Rodríguez Machado y Gisele Castelnuovo. Participó la massista Sabrina Selva, de UP.
El bloque peronista también pidió adelantar el tratamiento de la iniciativa al segundo lugar del temario, en vez del anteúltimo, como se había acordado originalmente.
Los cambios precisan los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), superar una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
También refuerzan las garantías de financiamiento: si los recursos asignados al Ministerio de Salud resultan insuficientes, podrán utilizarse partidas del Tesoro. Además, se establece que los recursos por beneficiario no podrán disminuir en términos reales.
Por otra parte, se fijan plazos concretos para saldar las deudas con los prestadores. El Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la ley y cancelar las compensaciones pendientes en un máximo de 90 días.
También se garantiza la cobertura de las prestaciones médicas básicas del plan Incluir Salud a quienes cobren una pensión por invalidez. Se aclaró, por último, que el cobro de una pensión es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El debate atraviesa también al resto de los bloques opositores, aunque allí la balanza parece inclinarse a favor de acompañar la iniciativa si se incorporan las modificaciones acordadas. “Si se aceptan, no queda mucho motivo para no votar”, explicó a un referente de la oposición moderada.
La posición de las organizaciones del sector es uno de los factores que pesan en las negociaciones. Aunque persisten los pedidos de garantías sobre el cumplimiento efectivo de las medidas, la posibilidad de alcanzar una solución legislativa que contemple buena parte de sus reclamos modifica el escenario para los bloques.
Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Discapacidad,Conforme a
POLITICA
Javier Milei declaró terroristas a cinco organizaciones criminales y guerrilleras de México, Colombia y Ecuador
El gobierno de Javier Milei declaró este miércoles como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros de México, Colombia y Ecuador. La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial y contempla su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La medida alcanza a las organizaciones criminales mexicanas Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana; a las organizaciones guerrilleras colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN); y al grupo ecuatoriano Los Tiguerones.
Según informó la Presidencia, la decisión fue adoptada de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Qué organizaciones fueron declaradas terroristas por el Gobierno
En el comunicado, el Ejecutivo explicó los motivos por los que resolvió incluir a los cinco grupos en la nómina de organizaciones terroristas.
Sobre el Cártel de Sinaloa, señaló que se trata de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. También destacó que ya fue designada como organización terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos.
En cuanto a La Nueva Familia Michoacana, indicó que es una organización criminal mexicana especializada en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una expansión regional que el Gobierno calificó de alarmante.
Respecto de Los Tiguerones, el comunicado sostuvo que es un cártel de origen ecuatoriano vinculado al narcotráfico y al sicariato, al que describió como una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
También recordó que este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, una agrupación que la Argentina ya había declarado terrorista en agosto de este año.
El Gobierno dedicó otro apartado a las organizaciones colombianas FARC-EP y ELN, a las que definió como grupos guerrilleros insurgentes de extrema izquierda, basados en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
En ese sentido, el documento oficial sostuvo: “Sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina, con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos”.
Además, advirtió que la capacidad operativa de estas organizaciones y su expansión regional representan, según la evaluación del Ejecutivo, un riesgo para la seguridad argentina.
Milei ordenó incorporar a los grupos al registro de organizaciones vinculadas al terrorismo
Como consecuencia de estas designaciones, el Gobierno dispuso la incorporación de las cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Se trata de una herramienta estatal destinada a identificar personas y entidades vinculadas con actividades terroristas y su financiamiento.
La decisión implica que los grupos quedarán formalmente incluidos en ese registro argentino. El comunicado, sin embargo, no detalla medidas operativas adicionales ni informa sobre investigaciones específicas relacionadas con su actividad en el país.
En el cierre del documento, firmado por Milei, la Presidencia expresó que el mandatario “reafirma el compromiso indeclinable con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional”.
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