POLITICA
La pregunta clave: ¿Milei se consolida o se debilita?
Hay una pregunta central que domina la coyuntura argentina: ¿Javier Milei se consolida o se debilita? El interrogante tiene en cuenta el frente local y también, el horizonte global. Hay datos que disparan la duda; hay datos que la disipan: en ese equilibrio inestable de interpretaciones contrapuestas se juega el día a día y el futuro del gobierno libertario. Pero hay una conclusión que, por el momento, le juega a favor al Gobierno: precisamente, que la duda permanece y todavía no hay manera de despejar la incógnita. La Argentina está lejos de una crisis generalizada e indiscutida que acorrale al Gobierno exhausto contra las cuerdas, a pesar del oleaje diario.
Los vientos que soplan fuerte desde el caso Adorni y de $LIBRA y desde un set de indicadores macroeconómicos no alcanzan para dar vuelta el barco del Gobierno. El presente sí registra fisuras en el apoyo al oficialismo en la percepción pública. ¿Fruto del puro presente con posibilidad de corrección futura? La cuestión es si esa percepción es solamente coyuntural o se revertirá en los próximos meses, para durar hasta las elecciones presidenciales de 2027.
Ayer, Luis Caputo se anticipó al dato de inflación que se conocerá hoy: según el ministro, superaría el 3 por ciento. Lo hizo con un objetivo, controlar la interpretación político-económica de la suba de la inflación. Le bajó el precio al indicador de marzo y buscó crear expectativa hacia adelante: el futuro económico cercano, o mediano, como la puerta de salida del Gobierno. “Desde abril, se viene dando un proceso de desinflación y crecimiento. Se viene los mejores meses”, aseguró.
Se acumulan las generaciones de argentinos que llevan el historial de la debacle macro y microeconómica en su ADN: confrontada contra la memoria colectiva, el panorama actual no encaja en esa serie histórica de angustia argentina, al menos por el momento. No hay crisis modelo 2001, con una calle movilizada y anarquía política; ni modelo ‘89 o Massa 2023, con una inflación galopante empecinada en convertirse en riesgo de hiper o en directamente en híper; no hay tampoco una oposición tan organizada como para organizar la calle.
No hay respuesta definitiva y absoluta sobre la marcha de la economía ni a favor ni en contra: las conclusiones tajantes son más bien frutos de la lógica política que de las evidencias que ofrece la realidad.
La oposición dura ve el caos, y en algunos casos, además, lo desea. “Tenemos una tarea inmensa. Creo que se aceleran los tiempos”, dijo Axel Kicillof en el lanzamiento de la pata universitaria de Derecho al Futuro en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, el jueves último. El oficialismo ve lo contrario: una Argentina que consolida sus cimientos, y avanza. Ahora, además, el Gobierno empieza a hacer esfuerzos, hasta ahora desconocidos, para reconocer dificultades y, al mismo tiempo, convencer de su capacidad para torcerles el rumbo.
Ayer, las declaraciones de Caputo fueron por ése lado: para el jefe del equipo económico, el mes próximo mostrará recuperación del sendero de inflación a la baja. En el Gobierno, hay expectativas altas. Por un lado, con el precio de la nafta domado a través de YPF aseguran que controlarán el shock externo de la guerra en el Estrecho de Ormuz. Por otro lado, quedará atrás marzo y su clásica estacionalidad. Y lo central para el equipo económico: que la acumulación de reservas, desprendiéndose de pesos y comprando dólares, no se está yendo a precios, ni al del dólar ni al de los productos. La oferta de dólares de los sectores exportadores como el agro y la energía compensan la demanda oficial del dólar: una nueva ancla cambiaria y anti inflacionaria del Gobierno. Para la oposición, en cambio, ese proceso atrasa el dólar todavía más.
Jugadores fuertes de los mercados hacen un análisis más independiente: cuando se tiene plata hundida en un mercado emergente como la Argentina, lo mejor es ser lo más racional posible. Uno de ellos, desde Manhattan, donde sigue las inversiones argentinas, traza distinciones. “Técnicamente, el Mingo (por Domingo Cavallo) no tiene razón: esto no es estanflación. Una economía que crece al 4,4 por ciento no está en estanflación de ninguna manera. Tiene razón el Gobierno cuando se molesta con esa definición”, dice. El argentino de los mercados no es un incondicional al Gobierno: también integra en su análisis el lado oscuro de la luna. Pero le reconoce logros que considera incuestionables: superávit fiscal, crecimiento del PBI, orden en la calle, gobernabilidad en minoría, decisión política para el cambio. “Estar acá es un milagro”, subraya. Se refiere al panorama actual, con sus indicadores buenos y malos.
¿Por dónde le pasa la principal preocupación? No por el riesgo país ni por la inflación. Sí por otros dos lados. Primero, por la política monetaria: ahí ve “errores catastróficos”. “Cuestionás una variable y te dicen: no entendés nada, tenés que mirar la otra. Mirás la otra y te dicen: te faltó esta variable. Y así todo el tiempo. No hay claridad en la política monetaria”, plantea. La tasa de interés altísima de 2025 fue el síntoma de esos errores. La baja de tasas de las últimas semanas indicarían una corrección en ese rumbo.
La otra preocupación está en el nivel de actividad. La pregunta que pone sobre la mesa el inversor es: ¿cuándo empieza a quedar atrás la transición, con todos los costos políticos que tiene? A los ojos del argentino de Manhattan, el proceso de destrucción creativa para dar vuelta la lógica de la matriz productiva argentina es un trago amargo imposible de evitar. “Tratar de amortiguarlo va a demorar más el proceso”, advierte.
¿Le preocupa el caso $LIBRA o el caso Adorni a un inversor global? “Lo estamos siguiendo. ¡¿Qué están haciendo?!”, dice para reconocer su inquietud. Desde la globalidad de los mercados, la primera reacción que surge es la incredulidad, traducible en: cómo puede ser que un Gobierno meta así la pata. Preocupa sobre todo que esas denuncias le quiten al Gobierno capacidad de maniobra política, márgenes de gobernabilidad, y que eso afecte al proceso de estabilización de la economía. La pureza moral no entra en sus cálculos: la acepta como batalla perdida en la política argentina.
Esa moneda en el aire de la economía que no termina de caer de un lado o del otro de la percepción impone otra pregunta clave de este momento. Es sobre el tema de la velocidad de los cambios de época. ¿A qué velocidad cambia el mundo? ¿A qué velocidad cambia la Argentina? La aceleración de todo -de las transformación política, de la suba y la caída de la derecha mundial, de la recuperación de una visión menos extrema de la política, del reordenamiento geopolítico, del cambio de matriz económica- como la dinámica del presente. ¿La Argentina también apretó el acelerador y el Milei que vino para meterle pata a la velocidad de transformación estructural en la Argentina se está quedando sin nafta?
Por un lado, 2026 arrancó con encuestas desfavorables para Milei. ¿Es mayoría el nuevo sujeto social sintetizado en “los arrepentidos de Milei”? ¿O es la ilusión óptica que se fabrica la oposición? No paran de salir encuestas que subrayan un declive en el apoyo al Gobierno y sus políticas.
Una de las encuestas más recientes confirma lo que otras vienen publicando. Es el Tercer Informe del Termómetro Psicosocial y Económico de la Facultad de Psicología de la UBA. La incertidumbre se impone sobre la confianza y el optimismo de los meses anteriores. El 46 por ciento dice que está peor y un 36 por ciento, que está mejor. Es la primera vez que el balance sobre el bienestar da negativo. El principal factor es la economía: para el 83 por ciento, los problemas financieros son los que impactan más en su salud mental.
Para la oposición dura del kirchnerismo y la izquierda y una oposición en vías de endurecerse, como la de Pichetto, Monzó y Massot, “los arrepentidos de Milei” son un sujeto político en franco crecimiento. Su objetivo es representarlos. Para una clase política que gobernó en contra de la racionalidad macroeconómica que está produciendo algunos resultados, aunque no todos, es tarea difícil conquistar esa credibilidad.
Lo que está claro es que la potencia simbólica del Milei 2024, recién aterrizado en el poder, quedó atrás. Quedó muy lejos el mensaje y la visión mileísta más potente: hoy el discurso que dio en el Milken Institute en mayo de 2024 sería imposible. En aquel momento, desreguló la palabra política y plantó el caso argentino como parte de un mix que integraba una visión social futurista, una teoría evolutiva de la especie humana y el lugar heróico del empresario aventurero como la forma acabada de ese camino evolutivo para todos. Una especie de superación de la justicia social sin la coartada “moralista” y con beneficio para pobres, y no sólo ricos. Dos años de gestión lo cambiaron todo: su propia mochila le pone al Gobierno los límites prosaicos de la realidad.
Ahora todo mensaje se codifica en modo piloto de tormenta: las palabras o los silencios caen bajo la estrategia de gobernar en aguas borrascosas. Un presidente que putea a todos por muchos temas se llama a silencio con el caso Adorni. Y entre el jueves pasado y el último domingo, Milei se vio en la necesidad de reemplazar a Adorni como vocero. En dos posteos clave, reconoció los problemas de su plan económico al mismo tiempo que volvió a resaltar sus logros.
La gestión mileísta también enfrenta un desafío planetario. El escenario global nunca es anecdótico para la marcha de un gobierno argentino, pero en el caso de Milei, ese peso se acentúa. La identidad mileísta se completa en su lugar en el mundo, como parte de una alianza global: Milei la sintetiza como pocos y al mismo tiempo, construye sentido en esa línea de puntos que va de Trump a Orban, entre otros.
Esa alianza empezó a encontrar un límite: el del voto popular. Después de visitarlo a Orban como líder hermano en la misma cruzada global, una mayoría impactante de votos dejó offside al apoyo mileísta. El húngaro perdió una elección bajo sus propias reglas, hecha para ganarla: de ahí que su derrota sea todavía más contundente. Un síntoma al que Milei no debería escapársele: que en sistemas democráticos, aún bajo presión extrema de un líder iliberal, la hegemonía nunca es eterna.
Luciana Vázquez,Conforme a
POLITICA
Los audios que complican a Lázaro Báez y revelan cómo operaba desde la cárcel para manejar sus propiedades
EL CALAFATE.- Lázaro Báez siguió operando desde la cárcel, dando instrucciones, manejando contratos de alquiler, reclamando pagos, acordando venta y compra de ganado y dando instrucciones de qué hacer con el personal: su mano derecha, Cristian Ibáñez, y su pareja, Claudia Insaurralde, reciben instrucciones; incluso queda a la vista por las conversaciones telefónicas que mantenía con su mano derecha que el empresario cercano a los Kirchner desconfiaba incluso de ella.
accedió a las escuchas judiciales en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero y narcotráfico.
En la celda, a Báez, quien reclamaba estar presente durante el allanamiento, le secuestraron por lo menos 25 hojas de anotaciones y un cuaderno Gloria con el detalle de las operaciones que iba realizando. En varias hojas, de su puño y letra, el extitular de Austral Construcciones dejaba nombres resaltados y, además, detallaba listado de proveedores, abogados y cuentas “del último presidente”.
“El dueño de la historia soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, sostiene Báez en uno de los audios a los que accedió este medio.
Para Ibáñez, Báez es “el tío” e Insaurralde es “la tía”. Salvo por cuando Báez le dice a su mano derecha que tiene que ir a verlo al penal de Ezeiza (“tenés que venir a verme”), el empresario no parece un privado en libertad con una condena firme unificada por 15 años, sino alguien que da órdenes e instrucciones sobre cómo debe organizarse un armado de operaciones ilícitas que por estas horas la Justicia trata de discernir.
Las escuchas de las conversaciones de Báez con su segundo Ibáñez, alias “Budín”, son parte de la audiencia que se extendió hasta la noche y en la que el juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez formalizó la investigación contra 16 personas en las dos causas conexas por lavado de activos y narcotráfico: nueve quedaron con prisión preventiva y una con prisión domiciliaria. Entre ellas están Lázaro Báez, Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez.
“La tía piensa que porque pone gente que ella quiere después va a hacer lo que ella quiere; ojo con eso”, le advierte Báez a Ibáñez, alias “Budín”, en otro audio.
La “tía” es Claudia Insaurralde, la pareja de Báez, que vive entre Buenos Aires y Río Gallegos y, junto a Ibáñez, presuntamente llevaban la administración de bienes a juzgar por las propias anotaciones que dejó en cuadernos que fueron secuestrados en un domicilio de Río Gallegos. Anteayer, Insaurralde, y dos personas que viajaban con ella, fueron detenidas en el aeropuerto internacional de Ezeiza al arribar en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Río Gallegos. Se sospecha que intentaban fugarse.
Según se desprende de las escuchas, Báez desconfía de su pareja de hace siete años y le da instrucciones a Ibáñez sobre Insaurralde: “Decile, me dijo el tío, que ponga al que estuvo administrando La Entrerriana y que está administrando La Entrerriana, ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados”.
Hasta ahora, la investigación judicial, conocida como “Causa 169831/26”, documentó movimientos por unos $390 millones de pesos en ocho meses, de acuerdo a los datos presentados en las audiencias judiciales pedidos por la Unidad Fiscal Río Gallegos, que encabeza el fiscal federal Julio Zárate y que se extendieron por casi diez horas.
Algunas de las pruebas que trascendieron de los allanamientos demuestran cómo Insaurralde documentó cada paso que da, con quiénes se reúne y a quiénes nombra.
Ibáñez e Insaurralde comparten fotos y hasta una llamada conjunta. Sin embargo, está claro que hay desconfianza: “Si está desesperada que me llame, y me diga qué es lo que necesita, y decile: ‘Si vos estás desesperada por algo llámalo y decile qué es lo que necesitás y dejá de hacer cagadas porque nos vas a meter a todos en el mismo quilombo, me dijo si no va a echar a la mierda a toda la gente que nombró ahora a cargo de Agro”.
“Mañana va a ir la tía a verte: decile que te cuente lo de Gregores, le dejé un mensaje a ella, porque yo estoy viendo de en Gregores sacar unas cosas… vos tenés que dar el okey”, le dice Ibañez a Baez, quien pregunta: “¿Qué opción de número es Gregores? ¿20, 30, 40?”.
Además de Ibáñez e Insaurralde, quedaron imputados Fausto Ignacio Devetac, Paula Beatriz Godfrid, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, Diego Ernesto Navarro, Oscar Raúl Núñez, Valentina Micaela Devetac, Jorge Manuel Ulloa y Jorge Elías Agustín Agüero. Ellos, junto a Ibáñez, son los nexos de las dos causas, según interpretan los investigadores judiciales.
Núñez es un productor local, que fue condenado a diez años de prisión en causas por abigeato. Pero su pena fue rebajada y se encontraba en libertad desde 2023.
Cuando tiene a Núñez como interlocutor, Ibáñez habla de un negocio con galpones que pertenecerían a Báez, según se desprende de otra de las escuchas judiciales: “No importa si queda un vueltito, él te lo fía y te lo firma todo para que vos escritures, todo por escribano, todo”, le asegura Ibáñez a Núñez.
El juez autorizó ampliar las medidas cautelares sobre el patrimonio, que incluyen secuestro e inhibición de bienes, congelamiento de activos financieros y afectación de cánones locativos. Además, dispuso pedidos de información societaria y prorrogó los allanamientos en establecimientos rurales, donde se releva y cuenta el ganado. También ordenó enviar una copia de la resolución a tres tribunales orales federales de Capital Federal y a la Cámara en lo Criminal de Santa Cruz, por la causa en la que fue condenado Núñez.
La Justicia dictó la prisión preventiva por 180 días para Báez -quien cumple la condena en Ezeiza-, Insaurralde, Ibáñez, Fausto Devetac, Ulloa, Agustín Agüero y Núñez. A todos ellos se les prohibió comunicarse con otros involucrados en el expediente. Por su parte, Paula Bórquez cumplirá la prisión preventiva en su domicilio; con la documentación correspondiente, podrá ir a trabajar y llevar a su hija a la guardería.
En tanto, otros seis imputados seguirán en libertad, pero bajo restricciones. Silva y Herrera deben prometer someterse al proceso y no comunicarse con otros involucrados. Valentina Devetac, Paula Godfrid, Mauro Trevisan Godfrid y Diego Navarro están obligados presentarse una vez por semana en la Oficina Judicial y no podrán salir del país sin autorización.
Las dos audiencias se hicieron el mismo día y hay cuatro imputados en común: Ibáñez, Valentina Micaela Devetac (su pareja detenida, libre y ahora en libertad), Jorge Manuel Ulloa y Jorge Elías Agustín Agüero.
En la primera audiencia, que investiga el narcotráfico y lavado, se imputó a Agustín Agüero, Juan Pablo Bórquez, Ulloa, Pedro Nahuel Leal, Ibáñez, Paula Makarena Bórquez, José Ariel Silva, Aldo Rubén Herrera y Valentina Devetac. A los ocho primeros les atribuyó formar parte de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos. A Devetac le atribuyó una participación secundaria.
Según el requerimiento, la organización comercializó 66,43 gramos de cocaína a Gonzalo Agustín García Bistritsky, que se hallaron el 22 de diciembre de 2025 en un allanamiento en su casa. También le habría vendido 439,88 gramos a Carlos Mauricio Audicio, cuya droga apareció el 9 de abril de 2026, cuando la policía hacía una inspección ocular en su domicilio tras el hallazgo de su cuerpo sin vida, por orden del Juzgado Provincial N.º 3. El tercer hecho es el más reciente: el 10 de noviembre, en el allanamiento a la casa de Leal, se secuestraron 1.305 gramos de cannabis sativa y 725 gramos de cocaína, que la Fiscalía considera destinados a la venta.
El capítulo de lavado se apoya en bienes y movimientos de dinero. A Ibáñez se le atribuye haber comprado una VW Amarok por $65.000.000 en agosto de 2025, sin actividad económica formal que lo justificara, y una Ford F150 modelo 1994 por $5.000.000, que transfirió en septiembre de este año. Además, habría administrado otros cuatro vehículos y recibido transferencias de Ulloa y Herrera. A Ulloa se le atribuye la compra de una Toyota SW4 por $43.000.000 y envíos de dinero a Luis Agustín Alcaina, detenido desde agosto en otra causa en la que se secuestraron 36 kilos de cocaína, y a uno de sus familiares. Leal, por su parte, habría hecho ocho transferencias por $9.035.000 a cuatro personas vinculadas con esa misma causa, entre ellas Alcaina.
La Fiscalía también apuntó a las billeteras virtuales. Entre el 1.º de diciembre de 2025 y el 7 de julio de 2026, Paula Bórquez habría administrado ingresos por $415.254.149,87 y egresos por $290.471.536,16 sin respaldo, y Juan Pablo Bórquez, ingresos por $203.171.812,23 y egresos por $127.575.705,24. A Leal se le atribuyen otros $84.451.721 de ingresos y $69.205.004,71 de egresos sin respaldo. Silva y Agustín Agüero figuran como administradores de vehículos, y Herrera como titular de una Toyota Corolla y emisor de transferencias a Paula Bórquez y a Ulloa. A Valentina Devetac se le atribuye haber prestado su cuenta de Mercado Pago para recibir $9.670.000 de Ibáñez entre diciembre de 2025 y octubre de 2026.
La Fiscalía sostiene que conocía el origen ilícito de los fondos por la convivencia con él, por un nivel de vida que consideró desproporcionado y por la falta de respaldo lícito de esos movimientos.
Las calificaciones provisorias son tenencia con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, asociación ilícita y lavado de activos.
siguió operando,Mariela Arias,Conforme a
POLITICA
El Gobierno acelera la negociación del Presupuesto 2027 y admite nuevas concesiones en las partidas para universidades y Discapacidad
El Gobierno acelera las negociaciones para aprobar el Presupuesto 2027 y admite nuevas concesiones sobre las partidas para universidades, Discapacidad y obras destinadas a las provincias. En la Casa Rosada aseguran que los fondos para las prestaciones de Discapacidad estarán garantizados y que buscan cerrar un entendimiento con las universidades que incluya mayores recursos y modificaciones en el régimen de contribuciones patronales que administra ARCA. El oficialismo apunta a votar el proyecto el miércoles 25 de noviembre en Diputados y trasladar su tratamiento al Senado durante las sesiones extraordinarias de diciembre.
En el Ejecutivo sostienen que ya incorporaron obras reclamadas por los gobernadores y que podrían aceptar nuevas modificaciones para asegurar los respaldos legislativos. La negociación combina partidas presupuestarias, beneficios impositivos y compromisos políticos con los mandatarios provinciales. En Balcarce 50 consideran que avanzaron lo suficiente como para reunir una mayoría en la Cámara baja, aunque reconocen que todavía quedan conversaciones abiertas con distintos bloques y que las concesiones deben reflejarse en la redacción definitiva del proyecto.
La principal definición política es que el Gobierno está dispuesto a garantizar los fondos para Discapacidad dentro del Presupuesto 2027. La Casa Rosada busca cerrar uno de los conflictos más sensibles de su relación con la oposición, que también quedó atravesado por las resoluciones judiciales y los reclamos de prestadores y organizaciones del sector. El compromiso oficial todavía requiere precisiones sobre las partidas, su distribución y los mecanismos de actualización, mientras el Congreso avanza en paralelo con una nueva legislación sobre prestaciones y pensiones.
La discusión tiene un antecedente concreto en el proyecto enviado por Javier Milei al Congreso el 15 de septiembre. El texto original incluyó modificaciones al régimen establecido por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que generaron resistencias entre los bloques aliados y la oposición. Diputados aprobó posteriormente una iniciativa para establecer un sistema permanente, que ahora debe completar su tratamiento en el Senado. Por eso, las negociaciones presupuestarias deberán definir cómo se financiarán las obligaciones que finalmente queden vigentes y qué artículos del proyecto original serán modificados o retirados.
El otro frente prioritario es el financiamiento de las universidades nacionales, donde el Ejecutivo reconoce contactos informales para alcanzar un acuerdo. La Casa Rosada pretende combinar una revisión de las partidas con beneficios sobre las contribuciones patronales que las instituciones educativas pagan como empleadoras. El objetivo es encauzar la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario y evitar que el conflicto continúe durante 2027. Sin embargo, todavía no existe una propuesta definitiva que haya sido aceptada por las autoridades académicas.
En el sistema universitario confirman que hubo contactos con el Gobierno, pero que ahora concentrarán las negociaciones en el Congreso. Las autoridades buscan mantener conversaciones con diputados y senadores para garantizar que el Presupuesto contemple los recursos necesarios para salarios, funcionamiento e investigación. También reconocen que el régimen de contribuciones patronales continúa sobre la mesa, aunque no existe una definición sobre su modificación ni sobre la combinación de beneficios fiscales y partidas que podría incorporarse al acuerdo.
La discusión tiene como antecedente el régimen de contribuciones patronales establecido por el Decreto 645/2023 para determinadas universidades nacionales. La norma fijó una escala gradual de convergencia hacia las alícuotas generales del sector público para las instituciones alcanzadas. En 2026 establece una tasa del 13,65% y para 2027 prevé el 14,52%, con incrementos posteriores hasta 2030. El beneficio se encuentra contemplado en los sistemas de ARCA y cualquier cambio deberá determinar qué instituciones alcanzará, cómo se instrumentará y cuál será su impacto fiscal.
El Banco Central resolvió dar de baja la billetera virtual de Ariel Vallejo, el financista ligado a la Asociación del Fútbol Argentino. Entre los motivos, la entidad presidida por Santiago Bausili expuso que Sur Finanzas PSP “presentó tardíamente declaraciones juradas en las que informó no haber registrado operaciones entre julio 2025 y agosto 2026″, pese a que registró transferencias por $393.871 millones, según el documento oficial al que tuvo acceso .
Se trata de un nuevo revés para Vallejo, quien la semana pasada fue procesado por presunto lavado de dinero en la causa que tramita en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo de Tomás Rodríguez Ponte.
En ese expediente se investiga si Sur Finanzas PSP fue utilizada para darle apariencia ilícita a fondos de origen ilícito.
Gran parte de los fondos que distribuía Sur Finanzas debían ser tomados por clubes de fútbol.
La resolución del BCRA, firmada este viernes por el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet, incide directamente sobre Sur Finanzas PSP, que estaba dada de alta en el “Registro de Proveedores de Servicios de Pago”.
El primer artículo de la medida comienza: “Dar de baja a Sur Finanzas PSP SA”.
En los considerandos, Curutchet enumeró distintos motivos. Comenzó con cuestiones técnicas legales y administrativas y luego se refirió directamente a la operación de la billetera virtual sobre la que Vallejo tenía el 30% del capital de la empresa, según el documento. El 70% restante está en manos de su madre, que oficiaba como prestanombre.
Sobre lo operativo, la resolución dice: “Las entidades financieras patrocinantes decidieron finalizar su relación comercial con la sociedad”. ¿Qué significa esto? Que el Banco Industrial SA cerró la cuenta de Sur Finanzas PSP en noviembre de 2025 y, en el caso del Banco Hipotecario SA, donde también posee una cuenta, “la concreción del cierre quedó sujeta a medidas judiciales”.
Y agrega: “En virtud de ello, la sociedad informó haber cerrado las cuentas de pago y comunicado a sus clientes que debían retirar sus fondos, pero no aportó la documentación necesaria para verificar la restitución de la totalidad de los saldos”.
La resolución oficial también señala que “no registra operaciones como proveedor de servicios de pago que ofrece cuentas de pago (PSPCP) desde enero de 2026”. De este modo, el escenario descripto por el BCRA combina una “interrupción prolongada de la actividad” con la falta de bancos patrocinantes de la billetera virtual.
Esto se suma a otras observaciones sobre la presentación de documentos. “En septiembre de 2026, presentó tardíamente declaraciones juradas en las que informó no haber registrado operaciones entre julio 2025 y agosto 2026″, detalló la resolución. Pese a eso, el BCRA agregó que observó un “volumen significativo” de transferencias hasta noviembre del año pasado en el Banco Industrial y hasta diciembre en el Banco Hipotecario.
Ahora Vallejo tiene un plazo de hasta 30 días hábiles para presentar recursos contra la decisión de Curutchet.
Las sospechas sobre Sur Finanzas PSP
El expediente judicial en Lomas de Zamora nació con una presentación de la ARCA en noviembre del año pasado.
En aquella oportunidad, los sabuesos de la DGI acuñaron la expresión “ejército de soldaditos”, en alusión a la presunta utilización de personas de bajos recursos como fachada para movilizar millones.
Un informe al que tuvo acceso enumeraba casos como el de un monotributista categoría “A”, identificado con las iniciales B.A. En apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones. Sin embargo, en ese momento no tenía propiedades a su nombre y solo declaraba un auto de 2008.
Ese es el núcleo de la denuncia de la ARCA: determinar si Sur Finanzas fue utilizado como vehículo para lavar dinero. Desde que estalló el caso, Vallejo se defendió y siempre negó tener un “ejército de soldaditos”. Lo que todavía se desconoce, casi un año después del inicio del caso, es el origen de los cuestionados $818.000 millones sobre los que alertó el fisco.
En el procesamiento, el juez Rodríguez Ponte dio por acreditado que Sur Finanzas PSP, antes denominado Neblockchain, evadió impuestos por más de 12.200 millones de pesos.
fue procesado por presunto lavado de dinero,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Sur Finanzas,Banco Central,Conforme a
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