A pesar de que un sector de la oposición le pidió no organizar jornadas tan apretadas, con legisladores que saltan de un salón a otro, el oficialismo organizó un Supermiércoles de comisiones para las próximas horas en el Senado, donde se discutirán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II -libertarios buscarían dictaminar ambas o, al menos, una-, iniciativas relacionadas con la obra pública, y se reanudará el debate de un texto de radicales sobre beneficios para inversiones por más de USD 12 millones.

En medio de todo esto se realizará -14- la cumbre de Labor Parlamentaria, que comandará la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, para definir una casi segura sesión de cara a mañana. Ayer, la bancada mileísta, que lidera Patricia Bullrich (Capital Federal), mantuvo un encuentro informal con aliados y cerró una agenda que incluye cambios en cortes de biocombustibles y más transferencias de competencias penales de Nación a la Ciudad.

A partir de las 10.30, las comisiones de Economía Nacional e Inversión; y de Presupuesto y Hacienda escucharán las exposiciones del titular y vice del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, respectivamente, sobre la norma para reformar la Carta Orgánica, que ya fue avalada por Diputados y da marcha atrás con la que empujó el cristinismo en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Si el Gobierno lograra la sanción en el Senado, el único fin será preservar el valor de la moneda. También se destaca un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en ambas Cámaras.

Una hora más tarde -11.30-, la comisión de Infraestructura analizará un combo de propuestas. Allí aparece una del libertario Enzo Fullone (Río Negro) que sigue de cerca Balcarce 50 e impone un Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública, para darle un cierre definitivo a contratos de proyectos paralizados desde hace largos años.

Ya por la tarde -15-, las de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Economías Regionales intentarán avanzar con la iniciativa de radicales que promueve un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas. Por un lado, la amortización en Ganancias estaría direccionada, “para inversiones en bienes muebles amortizables”, en “dos cuotas anuales, iguales y consecutivas”.

En tanto, en cuanto a obras, será “como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida, al sesenta por ciento (60%) de la estimada”; y en “equipos de riego agrícola y/o equipos de alta eficiencia energética, una cuota”, al igual que en “bienes semovientes amortizables” y “mallas anti granizo”. También se contempla la devolución de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La pregunta a hacerse aquí es si guiño a esto ablandaría la resistencia para obtener un despacho relacionado con el RIGI que desea la Casa Rosada, que habla de inversiones -e importantes beneficios, como pago del 15% en Ganancias- por más de USD 1.000 millones en sectores que el Ejecutivo considera “industrias del futuro”. Hasta anoche, nadie visualizaba un sendero de intercambio.

Desde las 17.30, un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y Presupuesto y Hacienda discutirán la ampliación de la Inocencia Fiscal vigente, a partir de la eliminación de los topes de ingresos -$1.000 millones- y patrimonio -$10.000 millones- que, hasta ahora, limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. A través de esto, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida.

Patricia Bullrich,Casa Rosada,reunión de gabinete,Buenos Aires,Argentina

El Gobierno reunió este martes nuevamente a su mesa política y sumó a los dos ministros con injerencia en el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas: Carlos Presti, titular de Defensa, y de Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores. Tras el encuentro se anunció que ambos viajarán este viernes a Tierra del Fuego, por la construcción de la base militar en la zona.

El conflicto de Malvinas ganó connotación en la agenda pública una semana atrás y desde entonces se trabaja en el proyecto legislativo que anunció el presidente Javier Milei, en cadena nacional el pasado jueves. El proyecto entrará la semana próxima al Congreso, vía Diputados.

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En medio de una semana en la que el oficialismo celebró haber recuperado la centralidad de la agenda pública con la cuestión Malvinas, la oposición en Diputados buscará este miércoles volver a marcarle la cancha a Javier Milei en el Congreso con dos asuntos sensibles para el Gobierno: el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias, y la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.

La sesión está convocada para las 12 y tendrá como objetivo emplazar a las comisiones correspondientes para fijar una fecha de dictamen sobre dos temas que los bloques críticos consideran “urgentes”. Es decir, no se buscará aprobar ninguno de los proyectos, sino imponer una hoja de ruta y obligar al oficialismo a cumplir, desde las comisiones que controla, con los plazos que establezca el pleno de la Cámara.

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MENDOZA.- En medio del debate nacional por la morosidad en los hogares argentinos, impulsado por la oposición y resistido por el oficialismo en el Congreso, el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, aliado a La Libertad Avanza, se desmarcó y lanzó incentivos fiscales para los deudores del sistema financiero.

Se trata de la reducción de dos puntos porcentuales en Ingresos Brutos y la eximición del impuesto a los Sellos, a la par de un acuerdo con el Banco Nación que refinanciará deudas a menos de 40% anual y a 24 meses.

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Cuando Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia, en marzo último, el entonces juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola no imaginaba que su destino cambiaría velozmente. Son amigos desde hace mucho tiempo y han protagonizado varias correrías juntos. Hace pocos días, Yadarola escaló hasta convertirse en miembro de la poderosa Cámara Penal Federal de la Capital. Un día antes de asumir su nuevo puesto, Yadarola cerró la causa que investigaba el ingreso al país, en febrero del año pasado, de diez bultos sin que fueran controlados por funcionarios de la Aduana. Los bultos llegaron al aeroparque de la Capital en un vuelo privado propiedad del empresario Leonardo Scatturice, vinculado con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y de la Argentina; él vive en Miami.

María Belén Arrieta, colaboradora muy cercana de Scatturice, fue la única pasajera de ese avión. Los registros de las cámaras del aeropuerto señalan que una funcionaria de la Aduana hizo un llamado telefónico para permitir el privilegiado ingreso al país de Arrieta. Yadarola solo tenía que seguir la cadena de llamados telefónicos hasta establecer qué autoridad del gobierno nacional dio la orden definitiva. No lo hizo. El premio de su amigo Mahiques fue un ascenso, rápido y asombroso, en la misma Cámara donde el gobierno nacional le negó la permanencia al juez Martín Irurzun, un impecable magistrado del fuero federal.

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En la antesala de este miércoles, el Gobierno prácticamente se resignaba a que la oposición consiguiera el quórum para sesionar este miércoles con dos temas urticantes para la administración nacional: el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias, y la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.

Dejaban trascender que, pese a los intentos y diálogos con los diferentes sectores de la oposición, en especial buena parte de los gobernadores y los bloques más dialoguistas, el desafío de que no hubiera sesión era difícil. Casi imposible. Y en ese sentido se barajaban distintas alternativas.

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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y su antecesor Juan Schiaretti coincidieron esta noche con el exministro Sergio Massa, el porteño Juan Manuel Olmos, el kicillofista Carlos Bianco y otros dirigentes del peronismo en un homenaje a José Manuel de la Sota, a poco de cumplirse ocho años de su fallecimiento.

El evento tuvo lugar en el hotel Savoy porteño y fue organizado por la periodista Candelaria de la Sota, hija mayor del exgobernador. La gran ausente fue su hermana, la diputada Natalia de la Sota, alejada de Llaryora y Schiaretti en la interna del peronismo provincial.

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El presidente Javier Milei lanzó este martes un nuevo ataque contra una periodista, en este caso contra Natasha Niebieskikwiat al compartir en X un video de un cruce que mantuvieron en 2018 en el programa Intratables.

“Tremenda operadora de uno de los pasquines domésticos y proclive a publicar todo tipo de mentiras contra todo lo que no sea comunista… Obvio que odia a nuestro gobierno…”, escribió el mandatario en un mensaje que encabezó con la frase “Deportes en el recuerdo”.

La publicación compartida por Milei incluía el video de aquel intercambio y destacaba una frase de quien entonces se destacaba como panelista televisivo le había dirigido a la periodista: “Si te vas a Cuba te lo pago yo el pasaje”. Durante el debate, Niebieskikwiat defendía el modelo cubano y Milei le decía que, si le gustaba, se fuera a vivir a ese país.

DEPORTES EN EL RECUERDO
Tremenda operadora de uno de los pasquines domésticos y proclive a publicar todo tipo de mentiras contra todo lo que no sea comunista… Obvio que odia a nuestro gobierno…
CIAO! https://t.co/gQKrjLJLBW

— Javier Milei (@JMilei) September 8, 2026

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La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que permite imputar penalmente a adolescentes desde los 14 años. La medida fue dictada por la jueza de Lomas de Zamora Marta Elba Pascual, quien cuestionó la falta de infraestructura para alojar a los menores.

En este contexto, el fiscal Penal Juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, aseguró que en su jurisdicción continuarán aplicando la Ley 27.801 y cuestionó con dureza la resolución de Pascual. “La decisión de la jueza es un absurdo”, sostuvo en diálogo con TN.

Según explicó Zárate, la ley tiene carácter penal y, por lo tanto, sus disposiciones de fondo rigen en todo el país. A su entender, la resolución de una jueza bonaerense no puede dejar sin efecto la norma en toda la provincia.

“En este caso, a mi juicio, la decisión de la jueza no está dentro de sus atribuciones como juez. No puede suspenderla”, afirmó. Y agregó: “Ella puede decidir en un caso concreto no aplicar determinada norma declarando su inconstitucionalidad. Ahora, suspender la aplicación de una norma salida del Congreso de la Nación, una norma penal, es un absurdo procesal, un absurdo constitucional y un absurdo jurídico”.

Qué dijo sobre la aplicación de la ley

Ante la consulta sobre qué ocurrirá si un adolescente de 14 o 15 años comete un delito grave en San Isidro, Zárate fue contundente: la nueva ley será aplicada. “A mi juicio es plenamente vigente”, indicó.

El fiscal también rechazó el argumento de que la falta de establecimientos específicos impida cumplir con el nuevo régimen. “También quedaban detenidos con medidas de seguridad. No iban a ser condenados, no iban a ser procesados por ese delito, pero sí se disponía judicialmente de ellos. E iban a institutos también”, explicó sobre la aplicación antes de la reforma.

Además, señaló que la Ley 27.801 contempla penas alternativas y un máximo de 15 años de prisión para los adolescentes, por lo que la privación de libertad no se aplica en todos los casos.

“Difícilmente un fiscal o un juez coherente en la provincia de Buenos Aires le dé el alcance que ella quiso darle”, concluyó el fiscal.

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La resolución de la jueza Pascual establece una suspensión preventiva durante 60 días y convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre. En esa instancia, funcionarios del Gobierno bonaerense deberán explicar qué medidas adoptaron y cuáles proyectan para adecuar el sistema provincial al nuevo régimen.

baja de imputabilidad, fiscal