POLITICA
Piquetes en todo el país: las organizaciones anticipan nuevas acciones para las próximas semanas
En la jornada del martes 7 de abril, las calles del país amanecieron bloqueadas en más de cien puntos tras una protesta organizada por movimientos sociales y piqueteros. El detonante de la jornada fue la decisión del Gobierno nacional de suspender el programa Volver al Trabajo, lo que afecta directamente a cerca de 950.000 familias. Las acciones se concentraron en accesos clave del Área Metropolitana de Buenos Aires, como el Puente Pueyrredón, General Paz y la Autopista del Oeste, pero también se replicaron en puntos estratégicos del interior. Las organizaciones no descartan nuevas acciones para los próximos días.
Los cortes y movilizaciones contaron con la participación de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos, el Polo Obrero, Territorios en Lucha y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros. Las organizaciones respondieron al reemplazo del programa social por un sistema de vouchers de trabajo, vigente desde el anuncio oficial.
Según confirmaron los referentes de los movimientos, una de las principales demandas radica en el impacto que generará la eliminación del programa en las economías barriales y en la recesión que atraviesa el país.
El reclamo social tras el fin del programa Volver al Trabajo
El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Alejandro Gramajo, explicó en Infobae en Vivo Al Amanecer los motivos de la movilización: “Somos de los que creemos que la principal política social es el trabajo. Los $78.000 que percibían nuestros compañeros y compañeras estaban congelados y solo alcanzaban para cuatro kilos de carne o tres garrafas”.
Gramajo amplió la dimensión del problema al exponer lo siguiente: “Hay cerca de 45 mil personas que perciben el Volver al Trabajo solo en la provincia del Chaco. Eso implica 3.300 millones de pesos que van a dejar de circular en la economía barrial”, detalló. El dirigente advirtió: “Esto se suma a la recesión económica y a los salarios congelados de los trabajadores formales, lo que amplifica el impacto en las economías regionales”.
Los referentes sociales calificaron al nuevo sistema de vouchers como ineficaz. Gramajo puntualizó: “El Gobierno sostiene que esto se va a transformar en trabajo genuino, pero los hechos indican todo lo contrario”. Explicó además: “Nuestro relevamiento muestra que compañeras y compañeros que se inscribieron en capacitaciones fueron asignados a sedes a cientos de kilómetros de sus domicilios”.
El dirigente sostuvo que ese mecanismo desalienta la participación: “¿Cómo con 78 mil pesos vas a poder costear una capacitación lejana? Además, esos fondos se destinan a empresas que brindan los cursos”.
Críticas a la política de empleo y diálogo con el Gobierno
Al ser consultado sobre el alcance de las políticas de inserción laboral, Gramajo explicó: “Cuando se implementó el programa Volver al Trabajo comenzó la lógica de la capacitación. ¿Saben cuántas personas consiguieron empleo formal en dos años? 80 personas”. Subrayó la falta de resultados con otro dato: “No es un problema de capacitación, es un problema de modelo económico”.
El líder de UTEP también se refirió a la posibilidad de diálogo. Señaló: “Este es un gobierno que no dialoga ni negocia con ningún sector, ya ha ocurrido con la salud pública y la educación. Nosotros sí creemos en el diálogo, pero en este caso no fuimos convocados”.
En relación con la ministra de Capital Humano, Gramajo indicó: “Si Sandra Pettovello me llamara, por supuesto asistiría. Buscamos resolver el conflicto, no politizarlo”. Remarcó que el impacto de la eliminación del programa afecta a novecientas cincuenta mil personas y que su organización exige una respuesta para evitar la descomposición social.
Estrategias y medidas de protesta
Sobre los métodos de protesta y el corte de calles, el dirigente expresó: “Nuestra intención es visibilizar el problema. Algunas decisiones, como encender neumáticos o bloquear accesos, se toman en asamblea, no de forma individual. Lamentamos las molestias, pero consideramos que son medidas extremas después de agotar otros caminos”.
Gramajo resaltó: “Antes de esta jornada, el tema no se discutía en la agenda pública. Ahora forma parte del debate nacional porque está en juego el ingreso de novecientas cincuenta mil familias”. Añadió que la pérdida del beneficio reducirá el consumo en las economías barriales y empujará a más personas por debajo de la línea de pobreza, desmintiendo al Gobierno: “Eso que dice el Gobierno de sacar millones de la pobreza, es falso. Esta decisión va a agravar la situación”.
Próxima agenda de los movimientos sociales
El secretario general de la UTEP anticipó posibles nuevas medidas de fuerza en coordinación con otras organizaciones sociales: “Estamos discutiendo la fecha de otra protesta similar. El jueves vamos a reunirnos con diputados de la oposición para exponer la gravedad del problema, especialmente ante legisladores del interior”.
Aclaró que “durante el mes de abril definiremos nuevas acciones, en articulación con diferentes actores sociales”. El dirigente precisó que, en cuanto haya fecha para una nueva jornada de protesta, la comunicarán oficialmente.
La protesta y el debate por el futuro del programa Volver al Trabajo continúan en la agenda social y política de la Argentina.
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POLITICA
La Corte falló a favor de una madre que reclama educación inclusiva para su hija con discapacidad
Una madre ganó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una batalla legal por la educación inclusiva de su hija con discapacidad en Rosario del Tala, Entre Ríos.
La Corte hizo lugar a la demanda de la mujer contra el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos (CGE) y la justicia de esa provincia deberá dictar con urgencia un nuevo fallo.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti (con un voto propio) analizaron el caso y revocaron lo resuelto en Entre Ríos, donde habían rechazado la acción de amparo con el argumento de que existía un trámite administrativo sobre el mismo caso.
“Los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que, atendiendo a los derechos involucrados, no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción”, sostuvo el fallo de la Corte.
La causa fue impulsada por una mujer, en representación de su hija menor de edad, para que a través de un amparo se ordenara “el cese inmediato de la conducta lesiva y omisiva consistente en denegarle el derecho a la educación inclusiva” a la menor. La demandante reclamó que se dispusiera “la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual (PPI)” que garantizara la “trayectoria educativa completa, según la normativa vigente”, de su hija.
El juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al CGE que, en el plazo de 20 días corridos, elaborara un Proyecto Pedagógico Individual para la inclusión escolar de la adolescente.
Entendió que las propuestas alternativas de las autoridades, como concurrir a una escuela especial o cursar pocas materias de forma aislada, no constituían una propuesta planificada de acuerdo con la singularidad de la joven ni cumplían los recaudos mínimos de la normativa.
El Estado provincial apeló y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos rechazó la acción de amparo. Según dijo, ya existía un procedimiento administrativo en trámite, iniciado por la Departamental de Escuelas. Consideró que la madre de la niña ya había optado por esa vía, por lo que no correspondía el planteo judicial.
La mujer apeló y la Corte Suprema de la Nación le dio la razón.
El máximo tribunal nacional dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento con la urgencia del caso.
Para la Corte, el Superior Tribunal provincial incurrió en un “exceso ritual” al rechazar el amparo por un procedimiento administrativo previo porque ese trámite administrativo ya había concluido y había resultado inútil para dar respuesta a la niña, con lo que el Estado ya había vulnerado la tutela judicial y el derecho a la educación inclusiva de una persona en situación de vulnerabilidad.
Según el fallo, “la sentencia apelada no brindó razones para comprobar la existencia de otras vías idóneas y efectivas diferentes a la del amparo para dar debida respuesta a los derechos constitucionales que se alegan como lesionados”.
“El superior tribunal de la causa se limitó a aludir a un procedimiento administrativo previo sin analizar en forma pormenorizada si constituía una instancia útil para la salvaguarda de los derechos de la menor de edad, máxime cuando las autoridades provinciales ya dejaron asentado que se han realizado ‘todas las intervenciones presentando a (la tutora de la menor) las distintas propuestas que el Sistema Educativo Entrerriano posee en Rosario del Tala (SIC)”.
En ese sentido, dijo la Corte, en el voto de Rosatti y Rosenkrantz, que el proceso administrativo “se encuentra concluido o, cuanto menos, no sería un canal idóneo para dar solución al conflicto”.
“Frente a ello, los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que, atendiendo a los derechos involucrados, no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción”, dijo la Corte.
“Asiste razón a la recurrente cuando plantea que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos incurrió en un exceso ritual manifiesto y vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva. Más aun cuando el art. 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994 establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo”, señaló.
El voto de Lorenzetti
En su voto concurrente, Lorenzetti destacó que “la claridad con que el derecho a la educación en general y en relación a las personas con capacidades diferentes está consagrado en el derecho, no puede ser una mera declaración”. Ponderó que “una interpretación que frustre la aplicación efectiva de un derecho fundamental no solo diluye las finalidades de la legislación, sino que provoca una pérdida de confianza en las instituciones que debe ser evitada”.
Destacó que “el procedimiento administrativo llevado a cabo por el CGE no fue iniciado por la actora, tampoco tiene carácter contencioso y está concluido”.
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POLITICA
Bullrich dijo que el Senado está listo para tratar la Ley de Discapacidad y volvió a enviar un mensaje al Gobierno: “Es con todos los argentinos”
Tras la visita del papa León XIV, Patricia Bullrich aseguró este jueves que el Senado está preparado para aprobar la nueva Ley de Discapacidad y volvió a enviarle un mensaje al Gobierno en medio de las recientes fricciones por sus nuevos gestos de independencia política.
“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, remarcó la legisladora a través de un posteo en X.
Luego, agregó: “Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.
Tal como contó este medio la semana pasada, Bullrich resistió intentos de la Casa Rosada de modificar el proyecto de Discapacidad que salió de Diputados y consiguió el respaldo de los aliados y de sectores de la oposición para avanzar con su sanción en el Senado. Así, la jefa del bloque de La Libertad Avanza logró un dictamen de mayoría sin introducir cambios en el texto y allanó el camino para su tratamiento en una sesión prevista para el 19 de noviembre.
La decisión expuso distintas estrategias entre Bullrich y un sector del Gobierno de Javier Milei, que buscaba incluir modificaciones el proyecto negociado con los bloques aliados y la oposición en la cámara baja. Sin embargo, la exministra de Seguridad priorizó los acuerdos parlamentarios que había construido con el resto de los bloques.
El gesto se suma a las recientes muestras de autonomía de la senadora, que públicamente demanda que los resultados del programa económico del Gobierno alcancen a toda la población, además de diferenciarse en ciertos aspectos de la estrategia política de la Casa Rosada o los modos del Presidente.
En Balcarce 50 advirtieron que la exministra de Seguridad cruzó un límite cuando difundió una imagen de una reunión con su propia mesa política, en medio de las versiones de una posible candidatura para 2027. Sin embargo, la tensión quedó postergada por la visita del papa León XIV y hasta el momento el Gobierno decidió no escalar el conflicto interno.
Qué dice la ley que será tratada en el Senado
La iniciativa busca dar marcha atrás algunos de los puntos que había incluido el Gobierno en su proyecto de Presupuesto 2027 y ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal, además de permitir que esa prestación mensual se perciba junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Además, garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro, e incorpora la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes. También habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
Otro de los puntos establece la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas.
En cuanto a la suspensión de beneficios, la norma incorpora un mecanismo de notificación fehaciente y establece un plazo de 60 días para que las personas afectadas puedan presentar su descargo, seguido de una revisión por parte de la autoridad competente.
POLITICA
El Gobierno advirtió que podría iniciar acciones penales contra las petroleras británicas en Malvinas – Nexofin
Luego de la tensa audiencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en donde el gobierno de Javier Milei, solicitó el cese de toda actividad petrolera en las Islas Malvinas, por parte del Reino Unido.
El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, advirtió que el país utilizará todos los recursos legales disponibles para frenar a las empresas petroleras que operan en el archipiélago.
El Tribunal del Mar fijó la fecha para definir el fallo por la explotación petrolera en las Islas Malvinas
“Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas”, señaló el canciller.
De este modo, el funcionario libertario adelantó que podrían iniciarse acciones penales contra los directivos de las firmas británicas e israelíes, que operan en la zona en disputa.
Argentina cerró su reclamo ante el Tribunal del Mar pidiendo que se frene el proyecto Sea Lion en Malvinas
“Argentina va a utilizar todos los instrumentos que tiene al alcance de su legislación y también en los foros internacionales para impedir que la explotación de recursos naturales en las Malvinas suceda”, remarcó Quirno en declaraciones a Radio Rivadavia.
En tanto, el titular del área diplomática, defendió la presentación realizada por el Gobierno argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar medidas provisionales que permitan suspender las actividades de explotación hasta que se constituya el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia.
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