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POLITICA

Piquetes en todo el país: las organizaciones anticipan nuevas acciones para las próximas semanas

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En la jornada del martes 7 de abril, las calles del país amanecieron bloqueadas en más de cien puntos tras una protesta organizada por movimientos sociales y piqueteros. El detonante de la jornada fue la decisión del Gobierno nacional de suspender el programa Volver al Trabajo, lo que afecta directamente a cerca de 950.000 familias. Las acciones se concentraron en accesos clave del Área Metropolitana de Buenos Aires, como el Puente Pueyrredón, General Paz y la Autopista del Oeste, pero también se replicaron en puntos estratégicos del interior. Las organizaciones no descartan nuevas acciones para los próximos días.

Los cortes y movilizaciones contaron con la participación de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos, el Polo Obrero, Territorios en Lucha y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros. Las organizaciones respondieron al reemplazo del programa social por un sistema de vouchers de trabajo, vigente desde el anuncio oficial.

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Según confirmaron los referentes de los movimientos, una de las principales demandas radica en el impacto que generará la eliminación del programa en las economías barriales y en la recesión que atraviesa el país.

El reclamo social tras el fin del programa Volver al Trabajo

El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Alejandro Gramajo, explicó en Infobae en Vivo Al Amanecer los motivos de la movilización: “Somos de los que creemos que la principal política social es el trabajo. Los $78.000 que percibían nuestros compañeros y compañeras estaban congelados y solo alcanzaban para cuatro kilos de carne o tres garrafas”.

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Gramajo amplió la dimensión del problema al exponer lo siguiente: “Hay cerca de 45 mil personas que perciben el Volver al Trabajo solo en la provincia del Chaco. Eso implica 3.300 millones de pesos que van a dejar de circular en la economía barrial”, detalló. El dirigente advirtió: “Esto se suma a la recesión económica y a los salarios congelados de los trabajadores formales, lo que amplifica el impacto en las economías regionales”.

Los referentes sociales calificaron al nuevo sistema de vouchers como ineficaz. Gramajo puntualizó: “El Gobierno sostiene que esto se va a transformar en trabajo genuino, pero los hechos indican todo lo contrario”. Explicó además: “Nuestro relevamiento muestra que compañeras y compañeros que se inscribieron en capacitaciones fueron asignados a sedes a cientos de kilómetros de sus domicilios”.

El dirigente sostuvo que ese mecanismo desalienta la participación: “¿Cómo con 78 mil pesos vas a poder costear una capacitación lejana? Además, esos fondos se destinan a empresas que brindan los cursos”.

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Críticas a la política de empleo y diálogo con el Gobierno

Al ser consultado sobre el alcance de las políticas de inserción laboral, Gramajo explicó: “Cuando se implementó el programa Volver al Trabajo comenzó la lógica de la capacitación. ¿Saben cuántas personas consiguieron empleo formal en dos años? 80 personas”. Subrayó la falta de resultados con otro dato: “No es un problema de capacitación, es un problema de modelo económico”.

El líder de UTEP también se refirió a la posibilidad de diálogo. Señaló: “Este es un gobierno que no dialoga ni negocia con ningún sector, ya ha ocurrido con la salud pública y la educación. Nosotros sí creemos en el diálogo, pero en este caso no fuimos convocados”.

En relación con la ministra de Capital Humano, Gramajo indicó: “Si Sandra Pettovello me llamara, por supuesto asistiría. Buscamos resolver el conflicto, no politizarlo”. Remarcó que el impacto de la eliminación del programa afecta a novecientas cincuenta mil personas y que su organización exige una respuesta para evitar la descomposición social.

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Movimientos sociales anticipan nuevas protestas y buscan exponer la gravedad del recorte social ante diputados de la oposición durante abril (Captura de video)

Estrategias y medidas de protesta

Sobre los métodos de protesta y el corte de calles, el dirigente expresó: “Nuestra intención es visibilizar el problema. Algunas decisiones, como encender neumáticos o bloquear accesos, se toman en asamblea, no de forma individual. Lamentamos las molestias, pero consideramos que son medidas extremas después de agotar otros caminos”.

Gramajo resaltó: “Antes de esta jornada, el tema no se discutía en la agenda pública. Ahora forma parte del debate nacional porque está en juego el ingreso de novecientas cincuenta mil familias”. Añadió que la pérdida del beneficio reducirá el consumo en las economías barriales y empujará a más personas por debajo de la línea de pobreza, desmintiendo al Gobierno: “Eso que dice el Gobierno de sacar millones de la pobreza, es falso. Esta decisión va a agravar la situación”.

Próxima agenda de los movimientos sociales

El secretario general de la UTEP anticipó posibles nuevas medidas de fuerza en coordinación con otras organizaciones sociales: “Estamos discutiendo la fecha de otra protesta similar. El jueves vamos a reunirnos con diputados de la oposición para exponer la gravedad del problema, especialmente ante legisladores del interior”.

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Aclaró que “durante el mes de abril definiremos nuevas acciones, en articulación con diferentes actores sociales”. El dirigente precisó que, en cuanto haya fecha para una nueva jornada de protesta, la comunicarán oficialmente.

La protesta y el debate por el futuro del programa Volver al Trabajo continúan en la agenda social y política de la Argentina.

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POLITICA

Javier Milei declaró terroristas a cinco organizaciones criminales y guerrilleras de México, Colombia y Ecuador

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El gobierno de Javier Milei declaró este miércoles como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros de México, Colombia y Ecuador. La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial y contempla su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La medida alcanza a las organizaciones criminales mexicanas Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana; a las organizaciones guerrilleras colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN); y al grupo ecuatoriano Los Tiguerones.

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Según informó la Presidencia, la decisión fue adoptada de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Qué organizaciones fueron declaradas terroristas por el Gobierno

En el comunicado, el Ejecutivo explicó los motivos por los que resolvió incluir a los cinco grupos en la nómina de organizaciones terroristas.

Sobre el Cártel de Sinaloa, señaló que se trata de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. También destacó que ya fue designada como organización terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos.

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En cuanto a La Nueva Familia Michoacana, indicó que es una organización criminal mexicana especializada en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una expansión regional que el Gobierno calificó de alarmante.

Respecto de Los Tiguerones, el comunicado sostuvo que es un cártel de origen ecuatoriano vinculado al narcotráfico y al sicariato, al que describió como una de las organizaciones criminales más violentas de la región.

También recordó que este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, una agrupación que la Argentina ya había declarado terrorista en agosto de este año.

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El Gobierno dedicó otro apartado a las organizaciones colombianas FARC-EP y ELN, a las que definió como grupos guerrilleros insurgentes de extrema izquierda, basados en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.

En ese sentido, el documento oficial sostuvo: “Sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina, con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos”.

Además, advirtió que la capacidad operativa de estas organizaciones y su expansión regional representan, según la evaluación del Ejecutivo, un riesgo para la seguridad argentina.

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Milei ordenó incorporar a los grupos al registro de organizaciones vinculadas al terrorismo

Como consecuencia de estas designaciones, el Gobierno dispuso la incorporación de las cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Se trata de una herramienta estatal destinada a identificar personas y entidades vinculadas con actividades terroristas y su financiamiento.

La decisión implica que los grupos quedarán formalmente incluidos en ese registro argentino. El comunicado, sin embargo, no detalla medidas operativas adicionales ni informa sobre investigaciones específicas relacionadas con su actividad en el país.

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En el cierre del documento, firmado por Milei, la Presidencia expresó que el mandatario “reafirma el compromiso indeclinable con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional”.

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POLITICA

Cómo votó cada diputado el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada por 124 votos afirmativos contra 119 negativos. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, tendrá que regresar a la Cámara alta debido a la incorporación de un nuevo capítulo sobre la extranjerización de tierras rurales.

Las modificaciones que introdujo el oficialismo buscan restituir la ley de tierras, sancionada durante el kirchnerismo, y dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23, que había dispuesto su derogación. Si bien la versión original del proyecto apuntaba a eliminar las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, las recientes decisiones de la Corte Suprema y el intento opositor de rechazar el decreto en su totalidad llevaron al Gobierno a revertir su postura.

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Además, la normativa pretende acelerar los plazos judiciales para el proceso de desalojo de inmuebles, establecer nuevos requisitos para las expropiaciones estatales e incorporar medidas para digitalizar los registros inmobiliarios.

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POLITICA

El Gobierno declaró como grupos terroristas al Cártel de Sinaloa y a otras cinco bandas vinculadas al narcotráfico

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El Gobierno declaró a cinco bandas vinculadas al narcotráfico en Latinoamérica como “grupos terroristas” entre las que se incluye al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana. La medida fue anunciada el miércoles a la noche mediante un comunicado de la Oficina del Presidente y más tarde se formalizó en el Boletín Oficial, este jueves a la madrugada con la Resolución Conjunta 5/2026.

La medida alcanza a las mencionadas organizaciones criminales mexicanas y se extiende hasta las guerrilleras colombianas “Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas – Ejército del Pueblo (FARC-EP)” y “Ejército de Liberación Nacional (ELN)”. Además, suma a la organización criminal ecuatoriana “Los Tiguerones”.

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El tuit que compartió la Oficina del Presidente

En el comunicado, que lleva la firma del presidente Javier Milei, se incluyó una descripción de las organizaciones y el fundamento principal para calificarlas como “terroristas”. Respecto al “Cártel de Sinaloa”, menciona que se trata de una “organización transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando secuestros extorsivos y otras actividades delictivas”, que ya ha sido designada como grupo terrorista por países como Estados Unidos.

La medida tuvo lugar luego de que a principios de octubre, el gobierno de los EE.UU. creara en la Argentina una “unidad regional” de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), aprobando formalmente un fondo de más de US$13 millones destinado a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En aquella presentación dijeron presente la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos.

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El posteo de Monteoliva luego de la presentación de la «unidad regional» para la lucha contra el narcotráfico

Según los funcionarios, del total de los fondos asignados, US$7,5 millones estarán destinados específicamente a proyectos de cooperación en la Argentina, mientras que otros US$5,85 millones financiarán iniciativas para el conjunto de la región, de las que también participará nuestro país.

Sobre “La Nueva Familia Michoacana”, el Gobierno enfatizó que se trata de una organización criminal mexicana especializada en el tráfico internacional de drogas y minería ilegal. En tanto, rotuló a “Los Tiguerones” como “una de las más violentas de la región”.

Mientras que a las FARC-EP y el ELN señaló su lado “guerrillero insurgente de guerrilleras de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada”.

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Finalmente, además de la declaración de estas bandas como grupos terroristas, en el comunicado se detalla otra medida oficial. La misma señala que “el Gobierno Nacional dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), producto de una decisión adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaria de Inteligencia de Estado”.



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