En medio de la controversia que envuelve al jefe de Gabinete Manuel Adorni por su crecimiento patrimonial no declarado, el oficialismo prepara la contraofensiva. En un documento elaborado por la Cámara de Diputados en base a la información que está publicada, se da cuenta que el 21% de los legisladores no presentó en tiempo y forma su declaración jurada anual. Tampoco lo hizo el 46% de los diputados cuyos mandatos vencieron en diciembre pasado.

Adorni tiene previsto presentarse el próximo 29 en el recinto la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión; al menos ésa es la decisión que adoptó la cúpula libertaria. La oposición se prepara para convertir la sesión informativa en una virtual interpelación al jefe de Gabinete –quien podría concurrir acompañado del presidente Javier Milei– y, consciente de ello, el oficialismo también alista su contraataque.

“Puede haber sorpresas”, señalan, enigmáticos, los libertarios de la Cámara baja. Por de pronto, los oficialistas comenzaron a indagar en las declaraciones juradas de sus pares. En un primer relevamiento se encontraron con que 55 diputados (21% del total) no cumplieron con la obligación que exige la ley de ética pública de presentar, en el plazo correspondiente, la declaración jurada anual correspondiente a 2024.

Lo singular es que esa lista de incumplidores incluye a legisladores libertarios y aliados, no sólo a sus opositores, que vienen de denunciar a los diputados de La Libertad Avanza que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación a tasa subsidiada, junto a altos funcionarios de la Casa Rosada.

Asimismo, detectaron que 51 diputados que finalizaron sus mandatos el 10 de diciembre pasado todavía adeudan la presentación de sus respectivas declaraciones juradas; se trata del 46% de los 111 legisladores que debían cumplir con esta obligación antes de fines de febrero pasado.

El régimen de presentación de las declaraciones juradas de las personas que se encuentran en el ejercicio de la función pública está regido por dos leyes: la ley de ética pública, sancionada en 1999, y la que establece el carácter público de las declaraciones juradas, aprobada en 2013.

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, la ley de ética pública establece que los legisladores tienen la obligación de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales en tres instancias:

-Inicial: dentro de los treinta días hábiles al iniciar su mandato.

-Anual: hasta el día 30 de mayo del año siguiente al período que se informa, salvo que esta fecha sea prorrogada. El año pasado, por caso, se prorrogó al 31 de julio. Debe realizarse anualmente en cada año de gestión mientras dure en sus funciones.

-Baja: dentro de los treinta días hábiles al finalizar su mandato.

Quienes incumplan con los plazos establecidos, la ley establece que la autoridad responsable deberá intimarlos en forma fehaciente, considerándose una falta grave e incluso pasible de una sanción disciplinaria.

En el caso de la Cámara de Diputados, Menem emitió la resolución 545/2025 para optimizar los mecanismos de seguimiento y cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas. Según los registros oficiales, a partir de esa resolución el nivel de cumplimiento mejoró; por caso, el 93% de los diputados que asumieron el 10 de diciembre pasado ya cumplieron con su obligación de presentar su declaración jurada inicial, señala el oficialismo.

En cuanto a las declaraciones juradas que debieron presentar aquéllos cuyos mandatos concluyeron el 10 de diciembre pasado, 60 legisladores cumplieron su obligación en tiempo y forma (54%). Un porcentaje mayor que hace dos años, cuando solo el 36% de los diputados salientes presentó su declaración patrimonial en tiempo y forma.

Las autoridades de 15 universidades privadas firmaron un comunicado conjunto en el que expresan su apoyo al proyecto aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para mejorar el actual proceso de selección de aspirantes que participan en los concursos para cubrir vacantes de jueces.

“Desde el ámbito universitario, valoramos especialmente que la propuesta coloque en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones indispensables para el acceso a la magistratura. La calidad de la Justicia depende, en gran medida, de la calidad de quienes la integran, lo que exige reglas claras, evaluaciones objetivas y procedimientos previsibles”, señaló el pronunciamiento.

Los firmantes invitaron a las autoridades competentes “a brindar un pronto tratamiento a esta iniciativa”. A su juicio, la aprobación en forma integral del proyecto impulsado por la Corte “permitirá consolidar un sistema consistente y eficaz, evitando soluciones fragmentarias que debiliten su alcance y comprometan sus objetivos”.

Y añadieron: “Avanzar en esta dirección no solo mejora la calidad institucional del Poder Judicial y refuerza la confianza pública, sino que constituye un paso concreto en el camino de afianzar la justicia, l mandato fundacional de nuestra Constitución”.

Suscribieron la declaración José Luis Ghioldi, rector de la Universidad de Belgrano; Paulo Falcon, Rector de la Universidad CAECE; Carlos I. Salvadores de Arzuaga, rector de la Universidad del Salvador; Andrés Aguerre SJ, rector de la Universidad Católica de Córdoba; Maria Laura Simonassi, rectora de la Universidad Católica de Cuyo; Rita Gajate, rectora de la Universidad Católica de la Plata; Juan Carlos Mena, rector de la Universidad FASTA; Norberto Porto Lema; rector de la Universidad de Morón; Eduardo Sisco, rector de la Universidad Museo Social; Ricardo Popovsky, rector de la Universidad de Palermo; Gastón O´Donnell, rector de la Universidad Ciencias Empresariales y Sociales; Federico Fanjul, rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán; Martín De Palma, rector de la Universidad Católica de Santa Fe; Hector Sauret, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay; y Tomas Guillermo Rueda, decano de la Universidad Blas Pascal.

La Corte Suprema, con la firma de dos de sus integrantes (Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), promovió a finales de marzo la acordada en la que planteó que los jueces deben ser elegidos por concursos anticipados, antes de que se produzcan las vacantes, mediante un sistema de banco de preguntas con multiple choice y restando discrecionalidad a los consejeros para reducir las chances de que hagan ascender o descender a los candidatos en el orden de mérito a partir de la entrevista personal.

La propuesta, que se debate en el Consejo de la Magistratura, ha recabado apoyo de un gran número de instituciones profesionales, empresariales y educativas.