Bajo la consigna “la universidad no se apaga”, mañana, desde las 8, las casas de estudios nacionales se mantendrán abiertas durante 24 horas, con clases públicas, servicios gratuitos, visitas guiadas y diferentes actividades académicas, culturales y científicas. Buscan, una vez más, exigir que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que dispone la actualización de salarios y becas. El cierre será con una clase pública el jueves 16 a las 8:00 en la Secretaría de Educación.

A la iniciativa del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por los rectores de las universidades nacionales, también se suman los gremios docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Se esperan actividades en más de 30 universidades con la luz prendida por 24 horas. El cronograma incluye clases magistrales, charlas, conversatorios, consultorios, talleres, asesoramiento.

Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) hablan de un “paro a la japonesa”. Entre otras actividades, habrá atención odontológica, óptica y oftalmológica, médica, psicológica y veterinaria durante 24 horas en trailers en la Plaza Houssay. Se pueden sacar turnos por WhatsApp al 11-3758-9941. Los colegios preuniversitarios también se suman: el Nacional de Buenos AIres convoca a un abrazo a las 12:30 y el Carlos Pellegrini hará una clase abierta por streaming.

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A las 13, habrá una conferencia en la UBA con el rector Ricardo Gelpi, los decanos, rectores de los colegios preuniversitarios y el presidente del CIN, Franco Bartolacci. Formalmente, comunicarán a la Justicia que el Gobierno no está cumpliendo la ley y también le enviarán una nota a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En caso de que la ley siga sin cumplirse, prevén la cuarta marcha federal para la primera quincena de mayo.

El derrotero de la ley

El 31 de marzo pasado, la Justicia ratificó que se debe ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el año pasado y ratificada tras el veto. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con los votos de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó la medida cautelar para que la administración de Javier Milei cumpla, puntualmente, con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 que implican la actualización de los salarios universitarios y del monto de las becas estudiantiles.

La Ley de Financiamiento Universitario, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto pasado y vetada por el Presidente el 11 de septiembre. La Cámara de Diputados y el Senado insistieron en esta ley y dejaron sin efecto el veto. En el último día del plazo para hacerlo, en octubre pasado, el Gobierno finalmente la promulgó, pero hasta el momento no fue aplicada. El Ejecutivo argumenta que no lo hará hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento, por lo que los rectores decidieron ir a la Justicia para pedir el cumplimiento de la ley.

Según pudo saber LA NACION, el Gobierno está trabajando en la posibilidad de interponer un recurso extraordinario federal para que lo revise la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El plazo para hacerlo finaliza el próximo viernes 17 de abril.

La misma Cámara debe decidir si rechaza o concede el recurso. En caso de concederlo, la medida cautelar queda suspendida hasta que se expida la Corte. Según explicaron constitucionalistas, es poco probable que lo conceda, ya que uno de los requisitos es que exista una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Si lo rechaza, el Gobierno deberá cumplir la ley. Una tercera opción, excepcional, es que conceda el recurso extraordinario pero sin efectos suspensivos. En ese caso, hasta que la Corte resuelva, el Ejecutivo también debería cumplir la norma.

“Vamos a compartir con la comunidad lo que produce, genera y crea la universidad argentina, y convocar a defenderla. Si la situación no se modifica, esa potencialidad del sistema universitario y científico se irá apagando. Al mismo tiempo, vamos a informar a la justicia que no se está cumpliendo con el fallo judicial, y elevar una nota a la ministra Petovello, exigiendo la convocatoria a paritarias y la aplicación urgente de los artículos 5 y 6 de la ley, como lo dispuso la justicia”, dijo a LA NACION Bartolacci.

Y agregó: “Si no aparecen respuestas, si no se respeta una ley, si no se respeta un fallo judicial que exige su cumplimiento, volveremos a convocar a la sociedad argentina para manifestarnos en mayo en todo el país en defensa de la universidad pública y la ciencia nacional”.

En esa misma línea, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobbiti, señaló: “Lo preocupante es cuál es la instancia que uno tiene para reclamar. El Gobierno lo que no puede es estar al margen de la ley. Necesitamos un ida y vuelta no solo por los salarios, también para debatir otros temas de fondo”.

Tras varias semanas de paro, ahora, apelarán a otra forma para visibilizar el reclamo. “El presupuesto baja, nuestro compromiso sube”, dice la convocatoria de la UBA. “La universidad cerrada la quiere quien no la está desfinanciando”, resumió Yacobbiti.

“Esta semana es un quiebre. Si a partir de esto el gobierno no aplica la ley, lo que se viene es una movilización a gran escala. Le vamos a marchar a Milei una vez más”, dijo Joaquin Carvalho, el presidente del gremio estudiantil.

Luego de los reclamos por la actualización de los gastos de funcionamiento que marcaron el 2024 y llevaron a la marcha federal universitaria, la primera que enfrentó la adminsitración libertaria, los salarios docentes se volvieron la variable de ajuste. Son los peores de los últimos 23 años.

“Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumulan un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023”, detallaron los rectores.

Los gremios suelen ejemplificar con los cargos medios que representan el promedio del sistema. En marzo, de acuerdo a la grilla publicada por la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), un jefe de trabajos prácticos percibió un salario básico de $260.580 con dedicación simple, $521.166 con semiexclusiva y $1.042.333 con dedicación exclusiva. En tanto, un profesor adjunto cobró $303.420 brutos con dedicación simple, $606.847 con semiexclusiva y $1.213.705 con dedicación plena.

📊 Compartimos algunos datos para entender cuál es el reclamo y los motivos de la preocupación por la situación que atraviesa el sistema universitario público argentino. pic.twitter.com/UuSgt3VYAp

— CIN (@CINoficial) March 30, 2026

La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores. El artículo 5 contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de la sanción de la ley en un porcentaje que no puede ser inferior a la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Y obliga al Gobierno a convocar a paritarias con una periodicidad que no puede exceder los tres meses.

El artículo 6 apunta a la actualización automática de las becas estudiantiles también por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según difundieron los rectores,, el presupuesto vigente de las Becas Progresar se redujo un 82% en términos nominales entre 2026 y 2025, lo que ubica al gasto, en términos reales, más de un 95 % por debajo del valor que tenía en 2023.