La posibilidad de que el Gobierno incorpore el sistema de colectoras a la reforma electoral genera resistencias y dudas tanto en el oficialismo como en la oposición, a pesar de que aún no se incorporó formalmente al proyecto. Se trata de un atajo que está en evaluación para lograr en el Congreso el apoyo de los aliados para suspender o eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La oposición dialoguista se divide entre quienes esperan la propuesta formal y se muestran predispuestos a discutirla, y los que consideran que las colectoras significarían un “retroceso”. Mientras tanto, el peronismo –incluso los gobernadores dialoguistas– rechaza el sistema.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, es el principal interlocutor del oficialismo en las negociaciones por la reforma política. Es que el Gobierno, de momento, está buscando el respaldo de los mandatarios provinciales y los votos de los legisladores que responden a ellos. “En el Senado no tenemos ninguna propuesta formal ni informal de las colectoras por parte del Ejecutivo. Probablemente discutiremos este tema en agosto”, indicó el senador Agustín Coto (LLA), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, encargada de tratar la iniciativa previo a su eventual llegada al recinto.

Una fuente al tanto de los movimientos de Santilli dijo a que la propuesta de las colectoras está “demasiado verde”. Según LLA, la propuesta surgió de parte de los gobernadores y no de la Casa Rosada, y luego se “filtró” en forma prematura. “El Gobierno no definió qué postura va a tomar: lo está razonando puertas adentro. No hay una postura homogénea. El escenario está abierto”, reconoció la fuente consultada.

Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, exteriorizó su rechazo al método. “No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor”, reconoció después de decir que “deforman el sistema electoral”. Este gesto de diferenciación de la Casa Rosada se suma al desmarque que expuso ante la continuidad del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cargo, y a su “objeción de conciencia” respecto del retiro del pliego de María Verónica Michelli a jueza federal por ser la cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon.

Ante su declaración, el oficialismo no tuvo más que asumir que las colectoras suscitan posturas divergentes entre sus dirigentes. Incluso hay quienes aceptaron que coinciden con Bullrich. Algunos cuestionaron su aplicabilidad y reconocieron que, lejos de simplificar el voto –uno de los argumentos que, por ejemplo, se utilizó a favor de la Boleta Única de Papel (BUP)–, lo complejizaría. A su vez, la falta de un proyecto oficial al respecto demora la toma de posición de los legisladores, que no tienen del todo clara la propuesta que llegará al Congreso.

Respecto de la postura de Bullrich, referentes libertarios coincidieron en que la senadora “no es gran amiga de estos modelos” y consideran que su postura a favor de la “calidad institucional” es “genuina”. Cerca de Santilli dijeron que las palabras de Bullrich “no sorprendieron al Gobierno”. “Es normal que ella diga eso: fue parte del gobierno de Cambiemos, que eliminó las colectoras. No tiene margen para decir que son útiles”, recordó una fuente consultada.

La administración de Mauricio Macri prohibió este sistema en 2019 mediante un decreto. En el texto, aseguraba que este sistema de votación “genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores, conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral”.

Una fuente legislativa de LLA intentó desactivar la diferencia con Bullrich argumentando que ella habló de “colectoras”, pero que formalmente serán adhesiones. Una diferencia técnica que, para la fuente –cercana al titular de Diputados, Martín Menem–, explicaría las declaraciones de la senadora. Un punto intermedio que está en evaluación sería limitar la cantidad de colectoras o adhesiones.

Respecto de las colectoras, en Pro prefieren no opinar mientras el proyecto libertario no exista de manera oficial. Sobre la reforma electoral en su conjunto, además, ratifican su oposición a eliminar las PASO, eje del proyecto oficialista que trabó su tratamiento en la Cámara alta por más de dos meses.

Cristian Ritondo, titular del bloque Pro en Diputados, insistió en que “no existe una propuesta formal” de las colectoras por parte del Gobierno, y afirmó que los cambios en las reglas de juego de la democracia deben hacerse “con el mayor consenso posible”. “Sería bueno que, cualquiera sea la propuesta alternativa a las PASO, se presente de manera formal para poder tener una discusión concreta en torno a este tema”, agregó, en diálogo con .

Un dirigente de Pro bonaerense, espacio que apuesta por una alianza con LLA, la UCR y partidos vecinalistas para ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires en 2027, sostuvo que para “no volver a quedar a merced” de los armadores libertarios en el cierre de listas, necesitan un “resguardo”, que podría consistir en “hacer un convenio que establezca que, si no hay acuerdo [en el armado de listas], iremos por una colectora”.

Por su parte, los integrantes del bloque radical en el Senado expresaron posturas divergentes. Mientras un legislador dijo que no le “termina de cerrar”, otro se mostró abierto a escuchar los beneficios y perjuicios del sistema. Aún no discutieron la alternativa de las colectoras en el bloque.

En el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) argumentaron que no tomaron posición dado que desconocen la propuesta oficial y lamentaron los constantes cambios que se barajan sobre la iniciativa.

“Remontan a la ley de lemas”

El bloque Provincias Unidas, en cambio, pronunció un fuerte rechazo. La jefa de la bancada en Diputados, Gisela Scaglia −también miembro de Pro, aunque alineada con el gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro−, afirmó que las colectoras la “remontan a la ley de lemas”, aunque aclaró a que es una opinión personal. En la misma línea se expresó su compañero de bloque Esteban Paulón, miembro del Partido Socialista.

No obstante, el politólogo Pablo Salinas explicó que, técnicamente, lemas y colectoras son diferentes sistemas: mientras el primero implica la presentación de distintas listas dentro de una misma agrupación, el segundo habilita distintas listas de diferentes agrupaciones. El analista político Facundo Cruz agregó que los lemas traccionan votos dentro de la misma categoría (ejecutiva o legislativa), mientras las colectoras traccionan votos entre categorías (cada lista legislativa colecta votos para sí y para el cargo ejecutivo con el que estuviera atado).

El radical Pablo Juliano, también parte de la bancada Provincias Unidas, afirmó que este sistema implica “volver a las viejas artimañas del siglo XX”.

En tanto, el jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Maximiliano Ferraro, sostuvo en la red social X que “el regreso de las colectoras electorales es un enorme retroceso” y aseguró que se trata de una “ley de lemas encubierta”.

En el kirchnerismo señalan que “ningún dirigente del peronismo habló a favor de los cambios electorales que empuja LLA y que también valen para las colectoras”. Incluso dos gobernadores justicialistas que suelen colaborar con el Gobierno en el Congreso, a través de los votos de sus legisladores, mostraron su rechazo a la iniciativa.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ratificó su oposición a eliminar las PASO e ironizó con la incorporación de las colectoras: “Ahora las colectoras vienen de Buenos Aires hacia el interior del país. Alguien de LLA, que ha venido cuestionando siempre los acoples en Tucumán, le tendrá que explicar a los tucumanos qué diferencia hay entre las colectoras con los acoples, o por qué ahora sí acople, colectora, y antes no”.

Su par Raúl Jalil (Catamarca) compartió los cuestionamientos a las colectoras, aunque se mostró a favor de derogar las primarias: “Las PASO no le sirven a la sociedad, es una encuesta muy cara y no fortalecen a los partidos políticos. Las colectoras no me convencen. No serían más que una ley de lemas. Creo que la discusión de los candidatos tiene que volver a los partidos políticos”, sostuvo en diálogo con Futurock.

BRASILIA.- En un desafío directo a la diplomacia regional, el presidente argentino, Javier Milei, se prepara para viajar a Brasil con el objetivo de respaldar a la oposición y encontrarse con Jair Bolsonaro.

El mandatario asistirá el 25 de julio en San Pablo a la convención nacional del Partido Liberal (PL), donde apoyará el lanzamiento de la postulación presidencial del senador Flávio Bolsonaro, en un viaje que también pretende aprovechar para trasladarse a Brasilia y visitar al expresidente de Brasil (2019-2022).

La cita será en un escenario inédito: el líder de la derecha brasileña cumple una condena de más de 27 años de prisión bajo un régimen de reclusión domiciliaria humanitaria e intenta quemar sus últimos cartuchos para revertir su destino penal.

La agenda de Milei con el expresidente de Brasil, un respaldo explícito a la oposición al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a menos de tres meses de las elecciones del 4 de octubre, estará impactada por la realidad impuesta por el máximo tribunal. El horizonte del exjefe de Estado brasileño está sellado hoy por un doble candado: el frente penal y la inhabilitación dictada por la justicia electoral.

En septiembre de 2025, la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) dictó una sentencia sin precedentes para la historia política de Brasil: Bolsonaro se convirtió en el primer exmandatario condenado por intentar una ruptura democrática, que tuvo como punto culminante los ataques e invasiones a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023.

El tribunal le impuso una pena de 27 años y tres meses de prisión en régimen inicial cerrado, tras dar por probada su posición como líder de una organización criminal armada que intentó dar un golpe de Estado para impedir la asunción de Lula.

El expresidente no solo instigó activamente a los jefes de las Fuerzas Armadas a sublevarse tras su derrota electoral, sino que revisó y modificó borradores de decretos golpistas para anular las elecciones e intervenir el Poder Judicial. Durante la lectura de las sentencias, el juez relator del caso, Alexandre de Moraes, fue contundente al justificar la severidad de las penas, previstas para “apartar la idea de que es fácil quebrar el Estado de Derecho para perpetuarse en el poder”.

Tras el agotamiento de recursos ordinarios, la condena quedó firme y comenzó a ejecutarse el 25 de noviembre de 2025. Frente al callejón sin salida de una sentencia definitiva, los abogados defensores de Bolsonaro presentaron ante la Corte, en mayo pasado, un pedido de revisión criminal. Se trata de una acción procesal de carácter excepcional para discutir fallos firmes si se demuestran errores judiciales de gravedad. La defensa busca la absolución alegando vicios de competencia y la nulidad de una colaboración premiada clave.

Su entorno político intenta mantener viva la expectativa de un vuelco. El recurso fue sorteado al juez Kassio Nunes Marques -considerado cercano al exmandatario-, lo que reactivó el optimismo de la cúpula del PL. Sin embargo, en el tribunal las expectativas se disipan: los magistrados califican las chances de “remotas” y la Procuraduría General de la República (PGR) ya se manifestó formalmente a favor de rechazar de plano el planteo.

A este escenario se suma la situación de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente y exdiputado, condenado recientemente a cuatro años y dos meses de prisión por el delito de coacción en el curso del proceso de la trama golpista.

Eduardo se encuentra “autoexiliado” en Estados Unidos, donde se radicó para protegerse de lo que denomina una “persecución”. En Washington, el hijo menor del exmandatario operó activamente ante la Casa Blanca promoviendo la imposición de sanciones financieras y la quita de visados contra jueces del STF durante el curso del proceso contra Bolsonaro, con la intención de amedrentar a las instituciones brasileñas y forzar una amnistía para su padre.

El aislamiento físico de Jair Bolsonaro actual no es el mismo que vivió desde el inicio de su reclusión. Al comenzar a ejecutar su condena a fines de 2025, fue alojado inicialmente en las celdas de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. Luego, a mediados de enero de este año, fue trasladado a una celda militar en un batallón de la Policía Militar en Brasilia, una prisión de seguridad conocida popularmente como “Papudinha”.

Su reclusión doméstica es reciente: fue concedida por la Corte Suprema el 24 de marzo, con carácter humanitario, luego de que el exjefe de Estado sufriera un cuadro severo de bronconeumonía que demandó cuidados de terapia intensiva.

El expresidente pasa sus días en una casa de dos pisos en el barrio de Jardim Botânico. Un oasis arbolado vigilado por agentes policiales en el que tiene prohibido pisar las áreas comunes del predio o usar teléfonos. Es precisamente en este lugar, a quince minutos del palacio presidencial del Planalto, donde puede darse la proyectada irrupción de Milei.

Las visitas a Bolsonaro están actualmente restringidas a familiares, abogados y profesionales de la salud. Cualquier otra persona debe solicitar previamente una autorización a la Corte.

Paralelamente, el bolsonarismo apuesta a la aplicación de la llamada “Ley de la Dosimetría”, que redefine el cálculo de penas. Analistas calculan que, si entra en vigor, Bolsonaro podría dejar el régimen cerrado y acceder al semiabierto hacia mediados de 2028. No obstante, el juez Moraes suspendió los efectos de esta ley hasta que la Corte juzgue las acciones directas de inconstitucionalidad promovidas por sectores civiles.

Incluso ante un improbable beneficio penal, Bolsonaro arrastra el lastre de la justicia electoral. El Tribunal Superior Electoral (TSE) lo condenó en dos ocasiones a la inelegibilidad por un periodo de ocho años por abuso de poder político y uso ilegal de medios públicos en la campaña de 2022. Estas condenas le impiden presentarse a cargos electivos hasta 2030.