POLITICA
La licitación de la Hidrovía: la empresa Deme denuncia participación china en la propuesta de su principal competidora
Con la licitación para la explotación y dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay entrando en la recta final, el consorcio belga Deme, en conjunto con empresas de Estados Unidos, decidió blanquear lo que decía en privado.
Para representantes de esa compañía, su competidora Jan de Nul, que maneja la Hidrovía desde 1995, “esconde” la participación de capitales y socios chinos, en su intento por retener por otros 25 años el control de la vía troncal, de 1300 kilómetros de extensión, por la que pasa el 80 por ciento de las exportaciones argentinas, entre ellos soja, granos y minerales raros, codiciados por Washington.
La cuestión no quedó sólo en la retórica: según pudo saber , el jueves pasado, representantes norteamericanos del consorcio que encabeza la dragadora Deme estuvieron en la embajada de Estados Unidos con el embajador Peter Lamelas para transmitirle su preocupación. La licitación de la Hidrovía está bajo la órbita controlada por el asesor presidencial Santiago Caputo, a través de su director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que maneja su director ejecutivo, Iñaki Arreseygor.
“Jan De Nul se asoció con Servimagnus SA, desde hace 20 años el conducto de China en Argentina. Servimagnus SA es el principal subcontratista de dragado de Jan de Nul. A través de las relaciones de Servimagnus con Agrofina, aparecen varias empresas estatales chinas vinculadas al PCCh (Partido Comunista) y entidades señaladas, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de Argentina, así como para todos los demás países que utilizan el Hidrovía”, denunció Arthur Van Desande, experto en esquemas offshore, lavado de dinero y delitos ambientales y asesor de Deme, en declaraciones que la compañía hizo llegar a .
“El riesgo que representa China es demasiado alto como para permitirle un control absoluto sobre la Vía Navegable Troncal durante 25 años: la seguridad nacional de Estados Unidos y Argentina está en juego.”, agregó el experto, en línea con la política de competencia con China que emana desde la administración Trump.
Antes de su llegada a Buenos Aires, Lamelas afirmó en la defensa de su pliego ante el Senado norteamericano, que “hablaría con los gobernadores” para que limiten la influencia “maligna” del gigante asiático y sus proyectos regionales. Aunque el alineamiento con Washington es total, algunos proyectos previos- como la represa Jorge Cepernic en Santa Cruz, paralizada durante años- siguen adelante, en este caso con promesa de pronto financiamiento de la banca china.
A través del decreto 5/2026, el Gobierno limitó en enero pasado la participación de empresas sancionadas por organismos multilaterales por distintos incumplimientos, otra manera de limitar el acceso de China –la mayoría de sus empresas tienen participación estatal- a las obras de infraestructura en el país. La empresa estatal CCCC Shanghai Dredging quedó fuera de la licitación por la Hidrovía en sus fases premilinares. Para Deme, China busca intervenir, ahora de manera indirecta.
El gigante asiático gobernado por Xi Jinping se sostiene, sin embargo, como uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas, con la soja como producto principal, y está vigente el swap de monedas, que maneja el Banco Central, por unos U$S 5000 millones.
Un paso más dio Esteban Bovo, ex diputado por el Estado de Florida, vinculado al consorcio que lidera Deme y cuya esposa Vivian, es asesora del secretario de Estado, Marco Rubio. “La presencia de importantes inversionistas estadounidenses asumiendo un riesgo de 25 años en la Vía Navegable Troncal sin garantía estatal es una clara muestra de confianza en la economía argentina y en la visión de Milei”, dijo Bovo, y agregó: “Milei debe enviar un mensaje contundente: más allá de la retórica, los inversionistas estadounidenses son bienvenidos en Argentina”, sostuvo.
Luego de meses de demora, el Gobierno inició la licitación de la vía troncal. El primer paso fue la selección de los candidatos, en la quedó en el camino el consorcio brasileño DTA. Deme (asociada con la dragadora norteamericana Great Lakes, de las más importantes del mundo, y la también estadounidense Clear Street) y Jan de Nul están en carrera para el segundo paso, con el análisis que desde el Gobierno están haciendo de su propuesta técnica y metodológica. En una tercera instancia, se evaluará la propuesta financiera de cada empresa, incluido el cobro de peaje, que deja ganancias por unos U$S 200 millones por año. “Tendremos a dos de las empresas más grandes del mundo compitiendo en el próximo tramo de la licitación, que va a ser clave”, destacó Arreseygor cuando quedaron en pie las dos empresas belgas.
Desde el Gobierno se mostraron sorprendidos por las denuncias de Deme. “Hay que ir y ganar por precio y calidad de oferta. Si ganan, ganan y si pierden, pierden”, afirmaron influyentes funcionarios con diálogo directo con la dirección de Puertos, que hizo silencio. Agregaron que se trató de una licitación internacional, con pliegos aprobados por ONU, y destacaron que “no hay mucho más que inventar”. Una manera de rechazar las quejas de la competidora belga, a quien el propio Arreseygor vinculó el año pasado con el expresidente Mauricio Macri y su ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich.
El año pasado, el funcionario los acusó a ambos en el Congreso de “boicotear” una licitación que fue anulada, luego de que Deme se presentara en soledad para los trabajos de dragado de la Hidrovía. En aquel momento, Dietrich desmintió las acusaciones y le pidió a Arreseygor que “recapacite, tome en cuenta las sugerencias y haga un próximo llamado de licitación competitiva”. Un año después, la licitación está en marcha, pero la polémica aún no cesa.
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En medio de un fuerte operativo de seguridad, estudiantes y docentes universitarios marcharán a Plaza de Mayo
La cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada volverá a reunir este martes a rectores, docentes, estudiantes, gremios y organizaciones políticas en Plaza de Mayo. Mientras los organizadores esperan una convocatoria masiva, el Gobierno confirmó a TN que aplicará el protocolo antipiquetes para garantizar la circulación vehicular en el centro de la Ciudad.
La movilización tendrá su acto central -con la lectura de un documento con críticas a Milei- a las 17 y se replicará en distintas ciudades del país bajo la consigna “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”. El reclamo apunta al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025 y todavía sin ejecución efectiva por parte del Poder Ejecutivo.
“Ya llevamos 200 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y por eso el martes nos movilizamos en todo el país”, planteó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en la convocatoria oficial.
Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que desplegarán el operativo en los principales accesos y arterias del microcentro porteño. El objetivo oficial será mantener liberada la circulación vehicular durante el desarrollo de la protesta.
La Universidad de Buenos Aires confirmó a este medio que concentrará desde las 14 en Plaza Houssay, en Córdoba y Junín, para marchar hacia Plaza de Mayo. La CGT convocó a las 15 en Diagonal Sur y Bolívar; las dos CTA se concentrarán en Diagonal Norte y San Martín; mientras que el PJ nacional y el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que lidera Axel Kicillof, llamaron a movilizarse desde las 15.30 en Diagonal Sur y Perú, y el Frente Renovador, en avenida de Mayo y 9 de Julio.
Una protesta que vuelve a cruzar al Gobierno con las universidades
La nueva movilización llega después de meses de conflicto entre el Ejecutivo y el sistema universitario. La disputa atravesó el Congreso, derivó en fallos judiciales adversos para el Gobierno y terminó escalando hasta la Corte Suprema.
La ley de financiamiento universitario fue sancionada el 21 de agosto de 2025, vetada semanas después por Javier Milei y ratificada por el Congreso el 2 de octubre. El Gobierno suspendió luego su aplicación mediante el Decreto 759/2025 con el argumento de que la norma afectaba el equilibrio fiscal, pese a que la propia ley habilitaba adecuaciones presupuestarias.
El 23 de diciembre de 2025, la Justicia ordenó aplicar la norma y el Ejecutivo decidió apelar. En febrero de este año, además, envió al Congreso un proyecto para modificarla.
“No hay alternativa a una marcha: reclamás, dialogás, vas al Congreso, conseguís que se vote una ley, el Gobierno la veta; conseguís una mayoría muy difícil para rechazar el veto; conseguís dos fallos judiciales y el Gobierno sigue sin cumplir la ley. La única alternativa que queda es que la gente se movilice en todo el país”, dijo a TN Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.
Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto universitario sufrió un ajuste de 32,5% en términos reales entre 2023 y 2025 y la caída llegó al 41,6% si se toma el presupuesto vigente de 2026 respecto de 2023. El mismo informe señala que los salarios docentes y no docentes perdieron 34,2% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023 hasta abril de este año.
Gremios y oposición confirmaron su participación
La marcha volverá a mostrar una convocatoria amplia alrededor del reclamo universitario. La CGT, las dos CTA, ATE, Conadu, Conadu Histórica, UOM, Aceiteros, Satsaid y gremios aeronáuticos, entre otros sectores sindicales, confirmaron su presencia. “El Gobierno quiere destruir la universidad pública y tenemos que evitarlo”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional y referente del Frente de Sindicatos Unidos.
Además de las distintas corrientes peronistas, la UCR y la izquierda también se sumarán. El reclamo por el financiamiento de las universidades públicas es tal vez el más transversal respecto de las representaciones políticas.
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POLITICA
Diputados de la oposición vuelven a presionar por la Ley de Financiamiento Universitario y acompañarán las marchas en todo el país
La oposición en Diputados intensificó sus reclamos para que el Gobierno implemente la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial de Javier Milei en agosto de 2025. En paralelo, legisladores, agrupaciones estudiantiles y sectores sindicales acompañarán las movilizaciones universitarias previstas en todo el país.
Desde el radicalismo crítico, que integra la bancada Provincias Unidas, el diputado Pablo Juliano cuestionó la postura oficialista. “Sancionamos dos leyes que el Gobierno no quiso cumplir porque argumentaron que se rompía el déficit fiscal. Estamos en presencia de un gobierno que no escucha ni quiere escuchar. Es muy difícil conversar las reglas del juego con los libertarios cuando fingen demencia institucional”, sostuvo.
Reclamos por el presupuesto universitario
Sectores vinculados con Franja Morada y con la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), liderados por Luis Cerini, advirtieron sobre el impacto del ajuste en las universidades nacionales. Según expresaron, “la falta de presupuesto universitario no es una restricción administrativa, es un ‘ajuste deliberado’ que está asfixiando nuestra educación pública”.
En el mismo pronunciamiento señalaron que “la universidad está en emergencia” y enumeraron las consecuencias de la falta de financiamiento: salarios deteriorados, ausencia de becas suficientes, problemas de infraestructura, falta de insumos en hospitales escuela y dificultades para sostener los servicios estudiantiles.
La ley aprobada por el Congreso
La norma ratificada por el Congreso garantiza el financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país y contempla mecanismos para asegurar las condiciones salariales y laborales de docentes y no docentes.
El texto establece que el Poder Ejecutivo debe definir partidas presupuestarias destinadas al programa “Desarrollo de la Educación Superior”, orientadas a fortalecer el ingreso, la permanencia y la graduación de estudiantes, además de incrementar recursos para tecnología y formación de personal universitario.
Sin embargo, la Casa Rosada rechazó esa legislación y presentó en febrero de este año una nueva propuesta en la Cámara de Diputados. El proyecto, firmado por Javier Milei y el ministro Manuel Adorni, todavía no fue tratado en las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda.
La propuesta del Gobierno
La iniciativa oficialista busca compatibilizar el financiamiento universitario con las previsiones del Presupuesto 2026. El proyecto garantiza el acceso gratuito a la educación superior mediante el aumento de fondos para becas estratégicas y programas de estudio destinados especialmente a los sectores más vulnerables.
Además, contempla mecanismos de recomposición presupuestaria cuando la inflación supere las previsiones utilizadas para elaborar el Presupuesto 2026, con el objetivo de evitar el deterioro de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades.
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El texto también incluye partidas para hospitales universitarios y prevé actualizaciones salariales para docentes y no docentes. No obstante, el oficialismo aún no consiguió respaldo suficiente entre los bloques dialoguistas. Desde el Ministerio de Capital Humano reconocen que “este proyecto no logró querer ni los radicales, ni algunos integrantes de Provincias Unidas”.
La defensa oficial
En los últimos días, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la política presupuestaria del Ejecutivo. “El Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos”, afirmó.
También rechazó las denuncias de desfinanciamiento de los hospitales universitarios realizadas por la Universidad de Buenos Aires. “El Gobierno nacional transfirió mensualmente la totalidad de los créditos asignados en el Presupuesto 2026. La UBA reclama una partida adicional de 75.371 millones de pesos, que equivale al 94,5% del total del presupuesto destinado a los hospitales universitarios de todo el país”, planteó.
El reclamo de Unión por la Patria
Desde Unión por la Patria, la diputada Blanca Osuna aseguró que las universidades “están al borde del colapso” por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por el congelamiento de las becas Progresar.
La legisladora, integrante de la Comisión de Educación, mantuvo reuniones en las últimas semanas con rectores, docentes y estudiantes universitarios. Según advirtió, los hospitales universitarios “están funcionando al 50% por falta de financiamiento”, pese a las declaraciones oficiales.
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“Lo más importante es escuchar a los estudiantes, rectores, docentes y sindicatos”, señaló Osuna al justificar los encuentros impulsados desde la oposición.
Un nuevo debate en Diputados
Tras la movilización de este martes, en la oposición estiman que podría reabrirse el debate parlamentario sobre el financiamiento universitario en las comisiones de Diputados. Mientras tanto, continúa la expectativa por el pronunciamiento definitivo de la Justicia sobre la validez de la ley sancionada en 2025.
Marcha universitaria, Diputados, FINANCIAMIENTO
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