POLITICA
El Gobierno reestructurará el Servicio Meteorológico Nacional y despedirá a 140 empleados contratados
El gobierno nacional avanzará en una reestructuración del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que incluirá el despido de 140 empleados contratados y la puesta en marcha de un plan integral de modernización orientado a automatizar procesos, reducir costos operativos y adecuar el sistema a estándares internacionales. La decisión se inscribe en una estrategia más amplia de reforma del Estado y responde a un diagnóstico oficial que detectó un sobredimensionamiento en áreas administrativas y operativas, junto con un atraso tecnológico significativo en la red de observación meteorológica.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, los telegramas de desvinculación comenzarán a enviarse de manera inmediata y alcanzarán a personal contratado, principalmente en funciones administrativas y de observación manual. Se trata de una reducción puntual dentro de una planta total cercana a los mil empleados —entre civiles y personal militar— que actualmente integran el organismo. La medida forma parte de un rediseño estructural que apunta a modificar el funcionamiento del SMN, con el objetivo de reemplazar procesos manuales por sistemas automatizados.
El eje del plan es la modernización de la red de observación, que actualmente cuenta con unas 130 estaciones distribuidas en todo el país. De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, el sistema vigente presenta un grado significativo de desactualización y opera, en gran medida, sobre la base de estaciones meteorológicas manuales. Este esquema implica una elevada asignación de personal en tareas de campo y en la cadena posterior de procesamiento de datos, lo que repercute directamente en la estructura administrativa del organismo.
El Gobierno nacional implementará el despido de 140 empleados contratados del Servicio Meteorológico Nacional, enfocado en funciones administrativas y de observación manual, como parte de un plan de modernización que busca automatizar la red de observación, reducir costos operativos y adecuar el organismo a estándares internacionales, informaron fuentes oficiales a Infobae.
Ese modelo, que requiere la toma manual de datos, su registro en planillas y su posterior procesamiento en centros de análisis, es considerado obsoleto frente a los estándares internacionales actuales, donde la automatización permite obtener información en tiempo real con menor margen de error y mayor eficiencia operativa. En ese contexto, el diagnóstico oficial concluyó que el SMN arrastra una lógica de funcionamiento que no se corresponde con las exigencias técnicas contemporáneas.
El proceso de reforma se originó a partir de un informe elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger. Ese documento identificó un sobredimensionamiento en diversas áreas —particularmente administrativas— y lo vinculó con políticas previas que, según la evaluación oficial, desnaturalizaron la finalidad operativa del organismo. A partir de ese diagnóstico, se impulsó un plan de reestructuración en coordinación con el área de Defensa.
La reconfiguración apunta a optimizar la asignación de recursos humanos mediante la reducción de dotaciones en estaciones manuales y la adecuación del personal administrativo, sin afectar la continuidad del servicio. Según pudo reconstruir Infobae, la propuesta contempla mantener la presencia de observadores en el territorio, pero ajustando las dotaciones a parámetros considerados más eficientes. En términos operativos, esto implica pasar de esquemas con entre siete y nueve personas por estación a un promedio de cuatro o cinco.
Uno de los puntos centrales del plan es que no se verá afectado el núcleo técnico del organismo. La información a la que accedió Infobae indica que no habrá desvinculación de meteorólogos, considerados un recurso estratégico para el funcionamiento del sistema. La decisión oficial es preservar el capital profesional del SMN y concentrar los recortes en áreas que presentan superposición de funciones o baja productividad relativa.
En términos presupuestarios, la iniciativa busca generar un ahorro estimado en más de 3.500 millones de pesos anuales, producto de la reducción de contratos y la reorganización operativa. Esos recursos serán reinvertidos en la adquisición de estaciones meteorológicas automáticas de última generación, con el objetivo de avanzar durante 2026 en una modernización integral de la red de observación.
El plan contempla la incorporación progresiva de sistemas automatizados capaces de medir variables meteorológicas sin intervención humana directa y transmitir los datos en tiempo real. Este tipo de tecnología constituye el estándar en los servicios meteorológicos más avanzados y permitirá mejorar tanto la calidad como la disponibilidad de la información producida por el organismo.
La implementación del programa se articula con el Ministerio de Defensa, que conduce el teniente general Carlos Alberto Presti, bajo cuya órbita funciona el SMN. Desde esa cartera consideran que la modernización del servicio es clave no solo para mejorar la eficiencia operativa, sino también para fortalecer su rol dentro del sistema de defensa y en áreas críticas como la aeronavegación.
En ese sentido, el rediseño incluye la proyección de nuevos sistemas orientados a mejorar la seguridad aeronáutica, con el objetivo de optimizar la precisión de los datos meteorológicos utilizados en la operación de aeropuertos. Según pudo saber Infobae, el Gobierno sostiene que la reforma no compromete la aeronavegabilidad; por el contrario, apunta a mejorarla mediante la incorporación de tecnología más confiable y precisa.
La iniciativa también es presentada como un punto de partida para la construcción de un sistema más eficiente, con mayor incorporación tecnológica y mejores estándares de calidad en la información meteorológica. En la evaluación oficial, el modelo actual no solo resulta costoso en términos operativos, sino que además limita la capacidad de respuesta del organismo frente a eventos climáticos y demandas de sectores estratégicos como el agro y el transporte aéreo.
Conflicto sindical y reacción de ATE
La implementación del plan ya comenzó a generar tensiones con sectores sindicales, en particular con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que viene manifestando su rechazo a la medida. En los últimos días, el gremio realizó protestas frente a las instalaciones del Servicio Meteorológico y denunció que la reestructuración implica un recorte que afectará el funcionamiento del organismo. Desde ATE sostienen que los despidos debilitan la capacidad operativa del SMN y cuestionan el diagnóstico de sobredimensionamiento.
Las manifestaciones incluyeron asambleas, movilizaciones y advertencias sobre posibles medidas de fuerza si el Gobierno avanza con el esquema previsto. El sindicato planteó que la automatización no puede reemplazar completamente las tareas humanas sin afectar la calidad del servicio, y defendió el rol de los trabajadores en la recolección y validación de datos meteorológicos en el territorio.
Desde el Gobierno, en cambio, rechazan esos planteos y sostienen que la modernización es indispensable para garantizar un servicio acorde a los estándares internacionales. La información a la que accedió Infobae indica que uno de los problemas identificados es la falta de integración tecnológica entre las distintas etapas del proceso, lo que genera demoras y reduce la precisión de los pronósticos.
El conflicto con ATE se inscribe en un escenario más amplio de tensiones por la política de ajuste en el sector público, donde distintos organismos están siendo objeto de revisiones estructurales. En el caso del SMN, la combinación de una función técnica sensible con un esquema operativo considerado obsoleto explica la centralidad que adquirió la reforma dentro de la agenda oficial.
A pesar de las resistencias, en el Gobierno aseguran que el proceso avanzará en los términos previstos y que la modernización del Servicio Meteorológico será un caso testigo dentro de la transformación del Estado. El objetivo es consolidar un modelo más eficiente, con menor carga administrativa y mayor capacidad tecnológica, que permita mejorar la calidad del servicio sin incrementar el gasto público.
En ese marco, la primera etapa del plan —que incluye las desvinculaciones y el inicio de los procesos de adquisición de equipamiento— marcará el ritmo de una reforma que el Ejecutivo considera estratégica. Según pudo saber Infobae, el horizonte es avanzar durante 2026 en la renovación de la red de observación y sentar las bases de un sistema meteorológico más moderno, con mayor precisión, mayor cobertura y mejor capacidad de respuesta frente a los desafíos climáticos.
POLITICA
El Gobierno tomó posición ante los dichos de Trump sobre Malvinas y anticipó una inversión de US$450 millones
El Gobierno de Javier Milei evitó confrontar con Donald Trump por sus recientes declaraciones sobre las Islas Malvinas y ratificó que la Argentina mantiene como objetivo recuperar la soberanía por medios pacíficos y diplomáticos.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, se refirió este domingo a las palabras del presidente estadounidense, quien había advertido sobre un “desastre potencial” entre la Argentina y el Reino Unido por la disputa del archipiélago y se había mostrado dispuesto a intervenir como mediador.
“No es en contra de nadie, sino a favor de una solución pacífica”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales.
El ministro explicó que la posición del Gobierno debe analizarse de manera coordinada y señaló que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno estaban evaluando las declaraciones del líder norteamericano.
Mientras tanto, desde Defensa buscan poner el foco en una estrategia de largo plazo para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, con la construcción de infraestructura militar y logística en Tierra del Fuego.
Trump habló de una posible guerra por Malvinas y dijo que podría intervenir para resolverla
“Todos los argentinos sabemos que es una causa nacional y sabemos que la única manera de recuperar la soberanía sobre las islas es de manera pacífica y diplomática”, sostuvo el titular de la cartera de Defensa.
Presti también reivindicó el reclamo argentino sobre el archipiélago y recordó a los soldados que participaron de la guerra de 1982.
“Nuestro reclamo de soberanía es inclaudicable. Han perdido la vida 649 hombres en nuestras islas, de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea”, afirmó.
“Las relaciones internacionales se manejan por otros andariveles”, explicó.
La alianza con Estados Unidos, en el centro de la estrategia
A pesar de las diferencias que pueden surgir en torno a la cuestión Malvinas, Presti destacó la relación estratégica que el Gobierno de Milei mantiene con Washington.
El funcionario sostuvo que el vínculo con Estados Unidos permite a la Argentina mejorar sus capacidades militares y recuperar equipamiento después de décadas de deterioro.
“Nos permite equiparnos y posicionarnos a nivel hemisferio”, afirmó.
En ese sentido, definió a las Fuerzas Armadas como una herramienta de la política exterior y destacó que el Gobierno comenzó a aumentar la inversión en Defensa.
“Es la primera vez en 40 años que veo una inversión importante en Defensa. Es una herramienta de diplomacia del país”, sostuvo.
La estrategia oficial busca fortalecer las capacidades argentinas en el Atlántico Sur sin presentar ese proceso como una preparación para un eventual conflicto armado.
Ushuaia tendrá una nueva Base Naval
Dentro de ese plan, uno de los proyectos principales es la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra que el Gobierno considera estratégica para reforzar la presencia argentina en el extremo sur.
Presti confirmó que la construcción comenzará en enero de 2027 y anticipó una inversión estimada en US$450 millones, distribuida en cuatro etapas.
El proyecto apunta a convertir la zona en un polo logístico y operativo para las actividades argentinas en el Atlántico Sur y, especialmente, para la proyección hacia la Antártida.
La obra también fue incorporada entre las prioridades del Presupuesto 2027. El Gobierno ya reasignó US$142 millones para el proyecto, aunque las estimaciones oficiales ubican el costo total entre US$400 millones y US$500 millones, por lo que todavía resta definir cómo se financiará el resto.
Base Naval de Ushuaia: cuánto invertirá Milei y qué obras comenzarán en 2027
Además de reforzar las capacidades de Defensa, el Gobierno avanzó con sanciones contra empresas y personas vinculadas con actividades de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.
También prepara un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que será enviado al Congreso para establecer nuevas herramientas frente a actividades relacionadas con los territorios en disputa.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró que la construcción de la base es una decisión unilateral de la Argentina y que no existe un acuerdo con Estados Unidos para financiarla o construirla. También remarcó que el Gobierno sostiene una estrategia diplomática y no una hipótesis de conflicto militar.
El Gobierno busca reforzar su presencia en el Atlántico Sur
La visita de Quirno y Presti a Ushuaia en los últimos días mostró que la Base Naval Integrada pasó a ocupar un lugar central dentro de la agenda oficial sobre Malvinas.
El canciller y el ministro de Defensa visitaron el lugar en el que se construirá la Base Naval Integrada
Los funcionarios recorrieron el predio donde se desarrollará la infraestructura y se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, además de autoridades militares y legisladores nacionales.
El proyecto apunta a mejorar la capacidad logística argentina en el extremo sur y a fortalecer la conexión con las actividades antárticas.
En ese escenario, las declaraciones de Trump agregaron un nuevo elemento al debate internacional sobre las islas. Mientras Washington deja abierta la posibilidad de intervenir como mediador, el Gobierno argentino busca sostener el reclamo histórico por la soberanía y, al mismo tiempo, profundizar su vínculo estratégico con Estados Unidos.
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Carlos Presti,Donald Trump,Javier Milei,Malvinas
La senadora nacional Juliana Di Tullio acusó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de haberle mentido al Senado sobre el destino de las reservas de oro enviadas al exterior. Aseguró que los lingotes están depositados físicamente en Londres, aunque vinculados a una cuenta del Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea, Suiza.
“Bausili le mintió al Senado. El oro está en Londres, en el Bank of England”, sostuvo la legisladora en diálogo con Infobae. La controversia se generó después de que el titular del BCRA afirmara ante los senadores que el oro había sido depositado en el BIS “en Suiza, donde sigue estando”.
Di Tullio anticipó dos medidas a partir de la documentación que recibió de la Auditoría General de la Nación (AGN): ampliará una denuncia penal presentada contra Bausili por el caso del oro y promoverá una nueva citación del funcionario a la Cámara alta.
“Vamos a ampliar la denuncia que ya le hicimos a Bausili”, afirmó la senadora. Precisó que se trata de una presentación penal realizada hace aproximadamente dos años, que será complementada con la nueva documentación de la AGN.
También adelantó: “Vamos a pedir la citación porque, según la Carta Orgánica del Banco Central, se puede pedir. Quiero que venga y que me diga en la cara otra vez lo que me dijo”.
La AGN aún analiza la trazabilidad de las reservas de oro
El nuevo elemento de la disputa es una nota oficial que el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, le envió este jueves a Di Tullio en respuesta a dos consultas sobre el estado de los balances del Banco Central y el avance de la auditoría específica sobre la trazabilidad del oro colocado en el extranjero.
El documento establece que la AGN aprobó los estados contables de 2023 y 2024 mediante las resoluciones 100/2024 y 40/2026. En cambio, el balance de 2025 “se encuentra en proceso de análisis” y todavía no fue tratado por el Colegio de Auditores Generales.
La nota agrega que el BCRA entregó toda la información solicitada para la evaluación específica sobre la trazabilidad de las reservas de oro del Estado colocadas en el exterior.
Sin embargo, Olmos aclaró que la revisión no terminó: “La información remitida por el BCRA se encuentra aún en proceso de análisis por la demora —más de un año— incurrida por la autoridad monetaria en dar acceso a la misma”.
“A pesar del carácter reservado de la información, no ha concluido el análisis pertinente de la documentación remitida por el BCRA”, completó el presidente de la AGN.
Para Di Tullio, esa respuesta contradice uno de los argumentos de Bausili durante su exposición en el Senado: que la operación había sido auditada y que no existían observaciones.
La senadora marcó una diferencia entre la auditoría de los estados contables generales del Banco Central de 2024 y la revisión específica que el Congreso encomendó a la AGN sobre los movimientos y la trazabilidad del oro.
“La de 2024 es solamente sobre los balances del Banco Central. No tiene nada que ver con el oro”, explicó. Según reconstruyó, la AGN no pudo completar durante más de un año el trabajo específico por las dificultades para acceder a la información requerida.
“Por eso me mintió. Nos mintió”, afirmó.
Di Tullio sostiene que los lingotes están bajo custodia en Londres
El punto central de la controversia es la ubicación física de los lingotes. Bausili sostuvo ante los legisladores que el oro había sido trasladado y depositado en el Banco de Pagos Internacionales, cuya sede se encuentra en Basilea.
Di Tullio afirma, en cambio, que la ubicación física es Londres. “Vos no me podés decir que está en Basilea cuando está en Londres. Vos lo que me podés decir es: está en el BIS, pero con asiento en Londres”, sostuvo.
“Nunca estuvo en Basilea, siempre estuvo en Londres”, añadió.
Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso a la información vinculada con la auditoría, la diferencia radicaría entre la titularidad o cuenta bajo la cual están registrados los activos y su custodia física. La trazabilidad analizada ubicaría el recorrido de los lingotes desde la Argentina hacia Londres, y no hacia Basilea.
Es decir, los activos pueden estar vinculados operativamente al BIS, pero el oro físico estaría depositado en el Bank of England. Ese es el punto que Di Tullio sostiene que Bausili omitió cuando respondió en el Senado.
La legisladora vinculó la forma en que el Gobierno presentó la información con el reciente endurecimiento del discurso oficial alrededor de la cuestión Malvinas. “Lo que yo creo es que con esta sobreactuación malvinera repentina no quieren decir que el oro no está en Basilea, sino que está en Londres”, dijo.
“No quieren decir que está en Londres”, insistió. Y agregó: “Que el oro tuyo lo tenga tu colonizador no está muy bueno”.
Durante su presentación ante el Senado, Bausili explicó que el Central mantuvo bajo reserva determinados detalles de la operación para impedir que otros participantes del mercado operaran contra la entidad.
“Cuando el Banco Central expone sus posiciones financieras, está invitando al resto de los agentes a operar en contra; le hace más difícil y costoso al Banco Central, entonces se resguarda cierta información para que no le operen en contra, se publica con rezago por los controles”, sostuvo.
El titular del Central aseguró que los movimientos estaban registrados y auditados. También explicó que el BCRA tenía distintos tipos y calidades de lingotes, algunos fundidos décadas atrás, y que a comienzos de 2024 surgió una oportunidad para mejorar esos activos a un costo inferior al habitual.
“En el mercado, cuando hay más o menos escasez, ese costo se achica o agranda. A nosotros se nos dijo que había alta demanda por lingotes de oro y, en ese contexto, se bajaron costos de aceptación de lingotes viejos de menor calidad. Al final, todos se analizan”, afirmó.
Luego dio la explicación que originó la nueva controversia: “Era óptimo aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo más bajo que el histórico, convertir ese oro de calidad más baja en oro de calidad más alta. Entonces se trasladó y depositó en el BIS de Suiza, donde sigue estando”.
Di Tullio cuestionó esa descripción y el argumento de que la operación buscaba mejorar la calidad de los lingotes. “¿Por qué no traés el oro? Si ya hiciste el negocio”, planteó.
Según la senadora, si el objetivo era cambiar o certificar lingotes de menor calidad y ese procedimiento ya finalizó, el BCRA debería explicar por qué el metal permanece fuera del país. “Traelo”, resumió.
La reforma de la Carta Orgánica abrió otra discusión sobre las garantías
La discusión coincide con el tratamiento legislativo de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya obtuvo media sanción en Diputados. Di Tullio puso especial atención sobre el artículo 13 de la iniciativa y las modificaciones relacionadas con las garantías que puede otorgar la autoridad monetaria.
La senadora sostiene que la normativa vigente prohíbe utilizar el oro como garantía y considera que el nuevo texto modificaría esa situación. “Hoy está prohibido usar el oro como garantía”, señaló.
Di Tullio planteó como hipótesis que los activos ya podrían haber sido utilizados para respaldar una operación financiera. “Yo creo que es lo que hicieron, obviamente”, afirmó. Luego aseguró: “Efectivamente, usaron el oro como garantía. Cosa que está prohibida”.
Ese último punto constituye una acusación de la senadora y no surge acreditado en la carta enviada por la AGN. Según explicó, será uno de los aspectos sobre los cuales buscarán profundizar tanto en sede judicial como en el Senado.
Di Tullio relacionó esa sospecha con el proceso de análisis y certificación de los lingotes. “Para eso, necesitás ver la calidad del oro, si no, ¿para qué va al Bank of England?”, sostuvo.
La utilización de las reservas como garantía fue uno de los temas planteados durante el debate parlamentario de la reforma. La oposición busca determinar si las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo habilitarían únicamente operaciones futuras o si podrían estar vinculadas con decisiones adoptadas desde 2024.
El traslado del oro había sido reconocido públicamente en julio de ese año por el ministro de Economía, Luis Caputo, después de una serie de pedidos de información del Congreso. “Es mucho mejor tenerlo custodiado afuera, donde te pagan algo”, sostuvo entonces para justificar la decisión.
Desde entonces hubo pedidos para conocer la cantidad trasladada, el destino de los lingotes, las empresas involucradas, las condiciones de custodia y el eventual rendimiento obtenido por el Central.
La controversia se profundizó porque la auditoría específica encargada por el Congreso no pudo completarse durante más de un año. La carta de Olmos establece ahora que el BCRA entregó toda la información solicitada, pero también que el análisis continúa y que la evaluación específica de la trazabilidad del oro todavía no concluyó.
Di Tullio considera que esa precisión alcanza para cuestionar la afirmación de Bausili de que el tema ya había sido auditado sin observaciones. “Bausili le mintió al Senado”, insistió.
La senadora exige que el funcionario vuelva al Congreso y responda sobre tres cuestiones: dónde están físicamente los lingotes, por qué siguen fuera del país y qué utilización tuvo el oro desde que salió de la Argentina.
La respuesta será reclamada por dos vías: la judicial, mediante la ampliación de la denuncia penal ya existente, y la parlamentaria, a través de un pedido formal para que el presidente del Banco Central vuelva a presentarse ante el Senado. “Quiero que venga y que me diga en la cara otra vez lo que me dijo”, resumió Di Tullio.
mario mosca / comunicación ins
El Tribunal Oral Federal 5, a cargo de Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, dará a conocer este lunes el veredicto en la causa Sueños Compartidos, que investiga el presunto desvío de fondos públicos del programa de viviendas sociales gestionado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La sentencia, que estaba prevista para el viernes, quedó a 24 horas de la fecha que el Ministerio Público Fiscal considera límite para que prescriba la acción penal respecto de la mayoría de los acusados.
Sucede que, según el cómputo de la fiscalía, el martes 15 de septiembre se cumplen seis años desde el último acto procesal que esa parte considera válido. Las defensas, en cambio, sostienen que la acción penal ya se extinguió.
La prescripción sobrevuela el juicio desde su inicio. La causa comenzó en 2011 y recién llegó a debate oral en marzo de 2026, 15 años después, cuando la acción penal ya estaba cerca de extinguirse por el paso del tiempo. El plazo de prescripción es de seis años, tope previsto para el delito que se juzga en la causa y se cumple este martes.
Este lunes, la audiencia comenzará con las últimas palabras de Castellano, Freidin y los Nasif, y recién después se conocerá el veredicto.
Entre los nueve acusados están los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, apoderados de la fundación, el exministro de Planificación, Julio De Vido, el exsecretario de Obra Pública, José López y el exsubsecretario de ese organismo, Abel Fatala. También están imputados los exfuncionarios Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano. Hebe de Bonafini estuvo procesada, pero falleció en 2022.
El único que habló el viernes fue Sergio Schoklender. Agradeció a sus abogados, defendió el alcance del programa de viviendas y, al pasar, aludió a la expresidenta Cristina Kirchner: “No voy a decir, como decía la loca, que la historia me va a absolver”. De Vido, López, Pablo Schoklender y Fatala no hicieron uso de la palabra.
La Fiscalía pidió penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de $206 millones. El juicio oral se desarrolló en seis meses.
Qué penas pidió la fiscalía
El fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron que los nueve acusados sean condenados por administración fraudulenta agravada contra la administración pública. Para Sergio y Pablo Schoklender, De Vido, López y el exfuncionario Abel Fatala solicitaron seis años de prisión.
Para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin pidieron cuatro años. En el caso de los exfuncionarios, además, reclamaron inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los acusadores también solicitaron el decomiso de bienes por $206 millones, el monto que, según la investigación, fue desviado de los fondos destinados al programa. La Fiscalía pidió que esa cifra se actualice por inflación cuando la sentencia quede firme y que el dinero sea destinado a programas de viviendas sociales.
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