La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó en las últimas horas un elemento que refuerza las sospechas sobre cómo fue la operatoria inmobiliaria del departamento de Caballito: antes de finalizar las refacciones, uno de los hijos de la prestamista que intervino en la compra ya afirmaba tener un comprador para la propiedad.

El dato surge de un audio hallado en el celular de la inmobiliaria Rucci, secuestrado por la Policía Federal durante un operativo.

Según consta en el expediente, el 27 de octubre de 2025 un empleado de la inmobiliaria mantuvo una conversación con Martín Pablo Feijoo, hijo de la jubilada Beatriz Viegas. En ese intercambio, el representante de la firma le consultó si las obras en el departamento ya estaban terminadas y si existía intención de venderlo. La respuesta de Feijoo fue que la refacción aún no había concluido, pero que de todos modos “ya tenía un comprador”.

Ese registro es ahora analizado por la Justicia en el marco de una hipótesis más amplia: determinar si, al momento en que las jubiladas adquirieron el inmueble al exfutbolista Hugo Morales, ya estaba definida la secuencia de refaccionarlo y venderlo posteriormente a Adorni. La clave del expediente pasa por reconstruir esa cronología y establecer si hubo una planificación previa de la operación.

La inmobiliaria Rucci había participado de la venta del departamento de Morales a las jubiladas, por lo que un empleado de esa empresa sabía que Feijoo pensaba remodelarlo y luego venderlo. Ese fue el motivo por el que lo volvió a contactar.

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De acuerdo con la reconstrucción judicial, Morales había puesto en venta el departamento en mal estado. El propio exjugador explicó que la propiedad requería arreglos y que, ante la falta de interesados, aceptó una oferta menor. “Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos”, declaró días atrás.

La operación inicial se cerró en torno a los 200 mil dólares. El día de la escritura, según surge de la causa, estuvieron presentes dos jubiladas —Viegas y Claudia Sbabo— y los compradores identificados como Feijoo y otra persona de apellido Miano. El inmueble fue transferido en esas condiciones, con necesidad de refacción.

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Tiempo después, siempre según los registros incorporados al expediente, Feijoo habría ofrecido la propiedad a la inmobiliaria con imágenes que mostraban el departamento completamente renovado. Para cuando se concretó la venta a Adorni, la unidad estaba “impecable” y lista para habitar.

En ese punto aparece otro de los ejes centrales de la investigación: el margen económico de la operación. Adorni declaró haber comprado el departamento por 230 mil dólares, es decir, apenas 30 mil más que el valor abonado originalmente. Esa diferencia es la que genera interrogantes en la causa. “¿Las refacciones costaron tan solo 30 mil dólares?”, es una de las preguntas que, según fuentes del caso, surgen del análisis de la documentación.

El esquema de financiamiento también es objeto de estudio. De acuerdo con el expediente, Adorni aportó 30 mil dólares al momento de la compra y los 200 mil restantes fueron financiados por las propias vendedoras mediante una hipoteca sin intereses y con un plazo de devolución de un año. Ambas mujeres declararon no conocer al funcionario.

En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó con el análisis de la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. La Justicia contabiliza distintos gastos en dólares realizados en los últimos años y busca contrastarlos con sus ingresos declarados como funcionario, cuyo salario se mantuvo congelado hasta enero.

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Entre esos movimientos figuran, según consta en la causa, los 30 mil dólares abonados al momento de la hipoteca del departamento de la calle Miró; otros 20 mil vinculados a la compra de una propiedad en el country Indio Cuá; 30 mil destinados a la cancelación parcial de una hipoteca previa; 7600 dólares por un vuelo a Punta del Este; 5000 dólares por la tasa de ingreso al country; y 5154 dólares por un pasaje aéreo de su esposa, Bettina Angeletti. Fuentes del caso sintetizan el cuadro con una frase: “A la Justicia hay una cuenta que no le cierra”.

En ese contexto, el juez federal Ariel Lijo autorizó nuevas medidas de prueba solicitadas por el fiscal. Entre ellas, pedidos de información al Registro Automotor, a la ANSES para reconstruir la historia laboral de una de las prestamistas, al Instituto de Vivienda de la Ciudad por un crédito vinculado a un inmueble de la esposa de Adorni y a YPF para determinar si percibió remuneraciones como miembro del directorio.

También se requirió información a ARBA sobre un lote en Indio Cuá, al Banco Galicia por los resúmenes completos de tarjetas de crédito del matrimonio y a la Comisión Nacional de Valores por eventuales operaciones bursátiles. A su vez, se libraron oficios a aerolíneas internacionales para precisar detalles sobre pasajes aéreos, incluyendo quién los compró y cómo se pagaron.

Mientras avanzan estas medidas, la Justicia continúa tomando testimonios. En ese marco, el miércoles declararon en Comodoro Py las dos jubiladas que financiaron la compra del departamento.

Manuel Adorni