Alejandro “Galleguito” Álvarez saltó del peronismo a La Libertad Avanza. Es hoy el principal frontman del Gobierno en la pelea con las universidades nacionales. “La única ley que vamos a respetar será la ley de Presupuesto”, desafió a los que exigen que Javier Milei cumpla con la ley de financiamiento universitario, votada por mayoría en el Congreso tras el veto presidencial.

“Se lo nota cómodo en ese rol. Le gusta jugar esa parada”, afirma una voz cercana a Karina Milei. El día después de la masiva cuarta marcha federal por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, en lo alto del poder elogian al subsecretario de Políticas Universitarias, que está bajo la órbita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Con larga militancia en el peronismo, y a sus 55 años, Álvarez defiende con énfasis desde su despacho en el Palacio Pizzurno los postulados de “recorte”, “ajuste” y “transparencia” del gobierno libertario. Llegó a ese cargo de la mano de Santiago Santurio, uno de los celestiales cercano a Santiago Caputo, pero con el correr de la gestión se ganó la confianza de Karina Milei. En el universo oficialista, ya lo cuentan como “un karinista” más.

“Nos sirve de mucho, porque él estuvo del otro lado del mostrador. Conoce bien ese mundo”, repite un leal a Karina Milei en Balcarce 50.

La periódica confrontación directa de Álvarez con el vicerrector de la UBA y dirigente de la UCR, Emiliano Yacobitti, en torno al manejo de los fondos y la necesidad de “auditar” los gastos de esa alta casa de estudios, es uno de los hitos de la pelea mediática que más le reconocen en el Gobierno. “Si sobrevivió a pelearse con Yacobitti es porque tiene pasta de polemista” lo halagan desde el sector de Caputo, una de cuyas cabezas principales, Daniel Parisini (el Gordo Dan), suele invitarlo a su programa, “La Misa”, donde últimamente hablan de historia, sin meterse en la cruenta confrontación que divide al Gobierno por el caso de presunto enriquecimiento de Manuel Adorni.

En el Gobierno destacan que Álvarez “puso en agenda que las universidades deben ser auditadas y rendir cuenta de lo que reciben”. Lo destacan como un logro de su gestión. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue uno de quienes elogió las posturas de Álvarez, antes, durante y después de la manifestación.

Dependiente en la estructura gubernamental de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (con quien tiene una buena relación) y el secretario de Educación, Carlos Torrendel, Álvarez aprovecha los márgenes de libertad que le dieron en los últimos meses para insistir con otras iniciativas polémicas, como el cobro de un arancel a los estudiantes extranjeros de las universidades públicas, que según su visión no fue aceptada por la UBA “por cuestiones ideológicas”.

“Mientras inventan datos, bajaron el presupuesto universitario a la mitad en dos años, el 80% de los profesores cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza y no mandan los fondos para que funcionen los hospitales”, le contestó Yacobitti.

Cerca del ex diputado nacional y de otros rectores aseguran que hay un Álvarez público que los pelea, y otro privado, que les asegura que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, es quien le retacea los fondos que, por ley aprobada por el Congreso, deberían destinarse al funcionamiento universitario.

Otros funcionarios escucharon a Álvarez quejarse esta semana por el recorte a las universidades nacionales incluidas en el megaajuste de 2,3 billones, conocido horas antes de la marcha de ayer. “Deberían haberlo anunciado un día después”, se habría quejado en reserva. Públicamente, defendió los recortes.

El ajuste que se publicó en el Boletín Oficial tuvo muchos blancos, entre ellos, las universidades nacionales. El anexo detalló una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio. Entre las universidades más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000; Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.

“Casi no tiene diálogo con los rectores”, critican a Álvarez desde el radicalismo universitario, y lo acusan de “no tener un plan” hacia adelante, más que “destruir” el sistema universitario vigente, a tono con el espíritu presidencial. “Y eso que sigue siendo profesor en el CBC, aunque ahora pidió licencia”, agitan desde una de las universidades que sufre recortes desde la gestión libertaria. Formado en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, Álvarez también pidió licencia como profesor de historia económica en la Universidad de La Matanza. “Estuvo toda la vida en el Estado y ahora quiere destruir las universidades”, lo castigan desde otra usina universitaria.

Desde el Gobierno responden que “pronto” habrá un nuevo llamado de Álvarez al diálogo por los fondos para los seis hospitales universitarios: Hospital de Clínicas, Roffo y Lanari; el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”; el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria, que ya anunciaron que los fondos con los que cuentan para su normal funcionamiento se terminan en cuarenta y cinco días. “La pregunta es por qué la UBA quiere quedarse con el 95 por ciento del refuerzo para los hospitales universitarios”, los desafió Álvarez en un video oficial del ministerio que encabeza Pettovello.

Agregan desde el Gobierno que el presupuesto para las universidades, que alcanzó los 4,2 billones en 2025, pasó a 4,8 billones para este año. “Creció, pero no en la medida que ellos quieren”, afirman desde un despacho oficialista como modo de responder las duras críticas del sistema universitario.

A fin de mostrar que sí hay un plan a futuro, fuentes del oficialismo destacan que desde la subsecretaría habrá transferencia a las universidades de edificios cedidos por la Agencia de Bienes del Estado por unos $7000 millones para 2027.

LA PLATA.- La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires propuso modificar las leyes electorales que rigen las primarias y los comicios generales. De este modo, aceleró un debate que ya tiene lugar sobre la suspensión de las PASO y el posible desdoblamiento de los comicios bonaerenses de los nacionales para 2027.

El anteproyecto redactado por la Junta Electoral está destinado a ampliar los plazos para dar previsibilidad a todo el proceso, luego de la experiencia del año pasado, cuando en un mismo período electoral se suspendieron las PASO y se desdoblaron los comicios provinciales.

El gobierno de Axel Kicillof dijo la experiencia de desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales resultó positiva. Y todo indica que se inclinará por la misma fórmula para el año próximo. Esta es una facultad que tiene el gobernador, quien firma el decreto de llamado a elecciones.

Kicllof no tiene reelección en Buenos Aires, ya que cursa su segundo mandato consecutivo como gobernador. Todo indica que buscará anticipar los comicios en la provincia para apalancar con un triunfo peronista su eventual candidatura a presidente de la Nación.

Un eventual anticipo quitaría tiempo a la oposición, que en este territorio se muestra fragmentada en múltiples facciones: La Libertad Avanza aumentó su poder en la Legislatura, pero aún es minoría y tiene más de tres candidatos a gobernador. Además, los intendentes del PJ reclaman el desdoblamiento.

A su vez, el radicalismo no resolvió si se posicionará en la oferta electoral de manera autónoma o buscará alianzas, de modo tal de reflotar el sello de Juntos por el Cambio que propició el gobierno de María Eugenia Vidal. Y Pro cada vez da más señales de diferenciarse de La Libertad Avanza, con la que participó en unidad en los últimos comicios en este territorio.

En suma: anticipar elecciones sólo podría favorecer al partido en el gobierno desde la perspectiva actual de Kicillof. Previo a esta decisión, el gobierno provincial deberá resolver si propone suspender otra vez las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que no están eliminadas. Esta es una facultad del Poder Legislativo.

En este punto, la Junta Electoral busca dar previsibilidad a los procesos. En concreto, ampliar los plazos entre la presentación de alianzas transitorias, la presentación de candidatos y la boletas partidarias. Más los plazos de comienzo y finalización de las campañas.

Esta modificación supone que las alianzas deben presentarse 80 días antes de la elección -en lugar de 60-, lo que dará lugar a anticipar todo el calendario. Es decir que en lugar de junio, posiblemente las alianzas deberían cerrarse en mayo, ante una eventual PASO en agosto.

Además, la iniciativa propone ampliar de 50 a 60 días el espacio entre la presentación de candidatos y los comicios. La Junta Electoral bonaerense propuso al Poder Ejecutivo modificar la ley 5109 para las elecciones generales. Y la ley 14.086 para los comicios primarios.

Este cuerpo, que estuvo presidido por Hilda Kogan a la hora de redactar la reforma elevada al Poder Ejecutivo, recordó que el año pasado ya advirtió sobre las dificultades de desdoblar sin modificar los plazos y que entonces hubo una reforma de urgencia. Ahora busca ampliar aún más esos términos para “asegurar que la oferta electoral sea fidedigna, ya que una restricción irrazonable pone en jaque el debido proceso electoral”.

Acompaña con su firma Federico Thea, presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia y hombre de confianza de Kicillof.

El Gobernador vería con agrado este esquema que supone, por un lado, que la Legislatura amplíe los plazos a pedido de la Junta Electoral, lo que en términos prácticos apuraría una definición de alianzas. Y por otro lado, una vez instalado ese debate, introducir la posibilidad de volver a suspender las PASO para ordenar la oferta detrás de la candidatura presidencial de Kicillof, como instancia previa a un desacople de los comicios nacionales.

La propuesta de la Junta Electoral fue remitida al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ya que no tiene facultades para impulsar proyectos en la Legislatura.

La estrategia kiciloffista se acelera pero tendrá una discusión crucial en la Legislatura, donde aún tiene mayoría el espacio peronista aliado a La Cámpora y sectores del peronismo que no ven en Kicillof un jefe político, sino un jugador más que llegó a tener poder como resultado de los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner.

Kicillof aún tiene cartas para negociar los próximos pasos, como el reparto de fondos a intendentes que en definitiva son jefes políticos de legisladores y que juegan en tándem a la hora de votar leyes. Y darles aval para que eventualmente ellos puedan ir por la reelección, una posibilidad limitada a dos mandatos.

La oposición, por su parte, intentará introducir otro debate: la Boleta Única Papel como alternativa a la lista sábana que aún rige en este territorio.

El debate también tiene el apoyo del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, quien tras el último proceso electoral donde se utilizaron dos instrumentos distintos de votación, llamó a unificar criterios y dar previsibilidad al próximo proceso electoral en la Provincia.