POLITICA
ATE anunció un paro en la ANAC el 21 de abril y crece la preocupación por los vuelos
El reclamo salarial de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sigue sin resolución y suma un nuevo capítulo. Luego de que venciera la conciliación obligatoria, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza para el próximo martes 21 de abril, en línea con el paro nacional que el gremio realizará en todo el país.
Desde la coordinación nacional de ATE señalaron que la decisión se tomó tras varios meses sin avances en la negociación salarial. Según plantean, el conflicto se originó por el incumplimiento de un acuerdo previo que contemplaba el pago de una suma no remunerativa en los haberes de febrero.
En ese contexto, advirtieron: “El deterioro de las condiciones laborales y la falta de respuestas oficiales hacen cada vez más difícil sostener la operación con normalidad, incluso fuera de escenarios de conflicto”.
El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, confirmó la adhesión del sector y alertó sobre las posibles consecuencias en la actividad aerocomercial. Según explicó, la medida podría impactar en áreas clave como controles, tareas de fiscalización, seguridad operativa y servicios en plataforma, lo que abriría la puerta a demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos.
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Además, desde el gremio cuestionaron el rol del Gobierno en el conflicto y aseguraron que la situación se agravó tras la intervención de la Secretaría de Trabajo. “Tras dos meses y medio de nada, en términos constructivos para resolver un problema autoinfligido, por estas horas se ha tensado la cuerda en su máxima extensión con lo cual las medidas de fuerza serán inevitables si el o los responsables no se miran al espejo y revierten esta realidad cumpliendo con lo que ellos mismos reflejaron en los primeros recibos de sueldo confeccionados, posteriormente invalidados y re-confeccionados sin la suma acordada”, señalaron.
Más allá del paro, Belelli también puso el foco en el impacto estructural que podría tener el conflicto. “La aviación se rige por un principio de confianza mutua internacional”, sostuvo, y advirtió que un debilitamiento de los equipos técnicos podría afectar los estándares de control y fiscalización. Según indicó, eso podría repercutir en la reputación del sistema aerocomercial argentino a nivel global.
La protesta en la ANAC se inscribe dentro de una jornada nacional de lucha convocada por ATE, que reclama la reapertura de paritarias y cuestiona los recortes en el Estado. La medida fue definida por el Consejo Directivo Nacional del gremio, integrado por representantes de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
En esa línea, el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, remarcó la necesidad de profundizar el plan de lucha: “Necesitamos fortalecer la lucha en la calle a partir de la unidad de las dos CTA y del FreSU, así como alimentar todo lo que tenga que ver con la pelea para confrontar al Gobierno nacional neofascista que ataca a los jubilados, trabajadores y habilita el cierre de empresas”.
ANAC, ate, paro general
POLITICA
El juez Carlos Mahiques pidió sancionar como una falta grave el intercambio de información con periodistas
El juez Carlos “Coco” Mahiques, integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, envió una nota al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, en la que reclamó la adopción de medidas que castiguen como una falta grave el intercambio de información o “favores” entre magistrados y periodistas.
Según el documento, al que tuvo acceso TN, estas prácticas serían luego utilizadas por el periodismo como “fuentes judiciales no revelables que raramente se ajustan a la realidad”, aseguró el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Mahiques criticó lo que denominó “incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes”. En ese sentido, consideró que el resguardo de una información pública “recta y objetiva” constituye una exigencia republicana que se ve vulnerada por un tratamiento mediático que privilegia el impacto emocional por sobre el análisis fáctico.
Todo esto, aseguró Mahiques, tiene un “efecto corrosivo ocasionado a la imagen, la dignidad y la legitimidad de la Justicia como un poder del Estado”.
Mahiques propuso entonces que la Cámara debata “la amenaza entrañada en un fenómeno tan distorsivo como peligroso para la institucionalidad” y sugirió la instalación de una vocería u organismo de prensa propio del tribunal para sistematizar y difundir sentencias y resoluciones “desde una fuente rigurosa, confiable y oficial”.
Para el camarista, hay comunicadores “epígonos”, que se dedican a habar de magistrados “con términos y calificaciones pretendidamente sarcásticas o caricaturescas cuando no decididamente injuriosas”.
En la nota Mahiques también cuestionó las relaciones personales entre jueces y periodistas y abogó por incorporar a los reglamentos normas que sancionen éticamente ese tipo de intercambios.
El magistrado adelantó que evalúa tomar medidas para cualquier cosa que se diga sobre él. “De mi parte habré de evaluar si ese hostigamiento pretendidamente informativo, por su encono y sesgo descalificador, tiene relevancia en el ámbito civil o penal como merecedor de reparación o de sanción a sus responsables físicos o jurídicos”, sostuvo al respecto.
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En esa línea, Mahiques aseguró que “los jueces y funcionarios, Sr. Presidente, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de ‘preservación de las fuentes’”.
El camarista, quien recientemente obtuvo la prórroga de su permanencia en el cargo gracias a un pliego enviado por el presidente Javier Milei al Senado, integra el tribunal desde un traslado administrativo aprobado en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.
Carlos Mahiques, periodismo, casación penal
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En una tensa audiencia del juicio por el ARA San Juan, un exjefe naval apuntó contra la fiscalía: “Me ha tratado de pérfido”
EL CALAFATE.- “La fiscalía me ha tratado de pérfido”, afirmó hoy el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo (R), uno de los exjefes de la Armada que está siendo juzgado en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan.
Por su parte, el excapitán de navío Claudio Villamide reiteró que, de acuerdo a la reglamentación naval, “es el comandante del buque el que está en ese momento y es el responsable absoluto de la seguridad” del navío.
Con tono enfático, ambos exjefes de la Armada fueron los únicos de los cuatro procesados que hicieron uso, en forma oral, de la última oportunidad para ensayar una defensa de su actuación en el juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos e investiga responsabilidades y causas que llevaron al naufragio del buque.
A López Mazzeo, quien ocupó el cargo de comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), la fiscalía lo acusa de permitir la participación del submarino en la última misión a pesar de conocer las deficiencias críticas de mantenimiento, y desde esa posición, situada en la Base Naval Puerto Belgrano, era la máxima autoridad responsable de la preparación, el alistamiento y la disponibilidad operativa de todos los medios navales de la fuerza.
“Voy a hacer esta declaración ampliatoria para ampliar algunas cuestiones y refutar acusaciones que se me han hecho a lo largo de este proceso que no existían antes de comenzar”, afirmó López Mazzeo al inicio de la audiencia. Visiblemente enojado, se dirigió al cuerpo del Ministerio Público Fiscal y afirmó que lo habían tratado de “pérfido” durante el transcurso del juicio.
López Mazzeo mostró al detalle el Plan de Operaciones que tenían los buques a su cargo que se desplegaron para cumplir con la denominada Tercera Etapa de Mar del año 2017, operativo que convocó a las fuerzas militares en Ushuaia. A su regreso de esa operación naufragó el ARA San Juan. En el detalle mostraba el informe a diario que recibían los altos mandos de la fuerza donde informaban el lugar exacto en el que se encontraba cada buque. “Yo realmente me sentí muy ofendido, que me hayan tratado de pérfido, de ocultar y mentir información, cuando estaba escrita. La verdad, me sentí muy ofendido”, afirmó López Mazzeo.
Fuentes del equipo del Ministerio Público Fiscal consultadas por negaron que en algún momento del juicio se hayan referido en esos términos al excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), en ninguna de las más de 20 audiencias que lleva el juicio.
A su turno, Claudio Javier Villamide, ex capitán de navío y comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS), uno de los componentes que integran el COAA, también realizó una defensa enfática de su rol al frente de la unidad. Villamide fue el único de los cuatro militares procesados en este juicio que fue destituido de la fuerza por un tribunal militar.
Villamide aseguró que cuando fue destituido del cargo, lo hicieron por no haberle insistido enfáticamente al capitán Fernández la conveniencia de permanecer en superficie durante la última comunicación, por no haber convocado al Estado Mayor y por estar procesado en esta causa en la justicia civil.
Y cuestionó que se juzguen ahora, “con el diario del lunes”, decisiones tomadas en tiempo real y bajo presión. La reglamentación, insistió, es clara: el comandante del buque es el responsable absoluto de la seguridad de su nave y agregó que ordenarle algo desde afuera en ese momento crítico no era solo cuestionable, sino potencialmente peligroso. “Mal podía yo darle una orden (al comandante Martín Fernández) que pudiera generarle otra variable que le generara más presión, que pudiera condicionar la mejor decisión que él debía tomar para su buque en ese momento”.
Tras dos horas de declaración indagatoria, Villamide afirmó: “No somos descriteriados, no somos temerarios, somos profesionales; todos, desde el cabo más moderno hasta el comandante, sabemos lo que hacemos, somos orgullosos de nuestro trabajo, hemos sido siempre una fuerza de elite y no nos tomamos el tema de la seguridad a la ligera”.
Héctor Aníbal Alonso, capitán de navío y exjefe del Estado Mayor del COFS, amplió su declaración indagatoria por escrito. En cambio, Hugo Miguel Correa, capitán de fragata y exjefe del Departamento de Operaciones de ese mismo órgano, prefirió no hacerlo.
Para mañana se esperan las declaraciones de 14 familias de los marinos fallecidos en el ARA San Juan, querellantes en la causa, con lo que se cerrará la etapa de audiencias antes de los alegatos.
está siendo juzgado,Mariela Arias,Conforme a
POLITICA
El PRO en el Senado se opondrá al retiro del pliego de Michelli: “Es injustificado y no hubo objeciones”
El presidente del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, aseguró en Infobae al Regreso que la decisión del presidente de retirar el pliego de María Verónica Michelli como candidata al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata carece de justificación formal, y advirtió que el PRO no acompañará la maniobra oficialista.
En la entrevista, Goerling sostuvo que el bloque del PRO definió desde el inicio votar en contra del pedido de retiro del pliego y remarcó que el proceso judicial fue “intachable”. El legislador repasó las irregularidades del caso y cuestionó la transparencia de la decisión presidencial.
El proceso judicial y el giro político del oficialismo
“El pedido de retiro del pliego es muy desprolijo. Nosotros desde el PRO manifestamos públicamente que íbamos a votar en contra del retiro”, afirmó Goerling al referirse a la resolución del Poder Ejecutivo. Para el senador, el procedimiento para llegar a juez “es muy largo”, y resaltó: “La jueza tiene una trayectoria de más de 30 años, intachable”.
El dirigente remarcó que la postulación de Michelli atravesó todas las etapas del concurso: “No hubo una sola pregunta, no hubo una objeción, no hubo una impugnación”. El único argumento que circuló en torno al rechazo es su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, “que investiga al poder, como a este y a los anteriores”, aclaró Goerling.
“El periodismo incomoda al poder y es su labor”, enfatizó el senador, quien insistió en que “no estamos de acuerdo ni vamos a acompañar” el retiro del pliego. Además, celebró que Patricia Bullrich, referente del espacio, se manifestara en la misma línea y consideró que “el Ejecutivo debe aceptar divergencias internas dentro de su propia composición”.
El límite institucional y la división de poderes
Goerling fue tajante al plantear el límite ético de su bloque: “Siempre nos va a encontrar defendiendo las instituciones, la división de poderes, el republicanismo. Este es un límite para nosotros”. El senador insistió en que la decisión sobre el pliego “es potestad de los senadores, ya no del presidente”.
Explicó que, tras una reunión de labor parlamentaria, el Senado acordó que el rechazo del pliego solicitado por el presidente no se tratará de inmediato: “A este le faltan siete días reglamentarios para poder ser tratado. Mañana solo vamos a darle entrada al mensaje del presidente pidiendo el retiro, pero no se va a tratar”, detalló.
Goerling subrayó que “hay muchas posibilidades de que la semana que viene Michelli obtenga la aprobación del pliego”. Sin embargo, advirtió: “Es probable que tenga el acuerdo del Senado, vuelva al Ejecutivo y nunca sea jueza mientras Milei esté en el Ejecutivo. Para que acceda al cargo, se necesita un decreto del presidente”.
El impacto político y el futuro de la alianza
El senador cuestionó la falta de argumentos oficiales para el retiro del pliego: “No hubo un motivo. Lo único que tenemos es el trascendido por la condición de cuñada”. Afirmó que el PRO rechaza “el capricho” como método de gobierno: “Por un capricho no podemos permitir que suceda esto”.
Goerling recordó que, si el presidente no firma el decreto tras la aprobación del Senado, “el juzgado queda vacante”, agravando la crisis de vacancia judicial en la Argentina: “No puede funcionar con tantas subrogaciones”.
En cuanto al vínculo con La Libertad Avanza, el senador diferenció dos etapas: “Al principio acompañamos para garantizar la gobernabilidad, pero ahora la responsabilidad de gobernar es del oficialismo”. Reconoció que el PRO coincide con el rumbo económico, pero advirtió que “el tema institucional empieza a hacer mella” en la relación.
“No existe desarrollo posible de ningún país sin instituciones fuertes. Las tenemos que defender y fortalecer”, remarcó Goerling, y cerró: “Se está castigando a una jueza idónea para el cargo porque es cuñada de un periodista que incomoda al poder”.
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