La diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) fue citada a prestar declaración indagatoria en una causa correccional en la que se investigan sus agresiones al activista Ian Moche, un chico de 12 años padece un trastorno del espectro autista y criticó los recortes del Gobierno en el área de discapacidad.

Lemoine, una persona de confianza de Milei, deberá comparecer el próximo 28 de mayo, según dispuso el fiscal porteño de primera instancia Hernán Biglino. El caso se abrió a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza.

La excosplayer y titular de la comisión permanente de Juicio Político en la Cámara baja podrá asistir a la audiencia acompañada por su abogado.

En este expediente se intenta determinar si Lemoine cometió una contravención cuando sostuvo que a Ian Moche lo hacían “actuar de autista”. Y apuntó contra su madre, Marlene Spesso.

“Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista. Hablo de la mamá de Ian Moche, una señora que no está bien de la cabeza”, había dicho Lemoine en La Nación +.

Pagano pidió investigar esos dichos y las expresiones que vertió la diputada de LLA en un posteo que publicó en su red social de “X”, cuando dijo que Marlene Spesso usaba a su “hijito para figurar” y “ganar plata”. Además, la tildó de “cobarde”.

En este expediente se investiga si la diputada de LLA cometió la infracción de “maltratar” prevista en el artículo 55° del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Ese apartado apunta a “quien ejerce violencia, maltrata físicamente o psíquicamente a otro mediante humillaciones, vejaciones, malos tratos verbales o físicos o cualquier otra forma de ataque a la dignidad, siempre que el hecho no constituya delito”.

En el supuesto de una condena, es una infracción que prevé como posible sanción de dos a diez días de trabajo de utilidad pública, una multa o hasta cinco días de arresto. La pena de la detención no aplicaría para el caso de Lemoine, ya que cuenta con fueros legislativos. Sí podría caberle un agravante, previsto en el artículo 56° del código contravencional, ya que Ian Moche es menor de edad.

El joven activista e influencer ya había sido blanco de las críticas de Milei. En junio de 2025, el Presidente replicó una publicación de un troll libertario en redes sociales, en la que se acusaba a Moche y a su madre de ser kirchneristas y “operar en contra del Gobierno”.

Tiempo antes, Ian y su madre habían quedado envueltos en una controversia con Diego Spagnuolo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”, les respondió Spagnuolo a Moche y su madre, durante un encuentro en marzo de 2024. El exfuncionario -que fue eyectado por la denuncia sobre el supuesto pago de coimas en su área- lo negó.

Durante un debate en La Nación +, Lemoine reiteró más de una vez que Moche era “supuestamente autista” y sostuvo que su madre no estaba “bien de la cabeza”.

Luego de que un grupo de diputados impulsara un proyecto de resolución para expresar un repudio sobre las expresiones de la libertaria, la libertaria ratificó su postura. “Yo jamás dije nada de Ian Moche, solo que la madre lo está utilizando para actuar de autista”, se defendió.

En ese momento, el abogado constitucionalista y defensor de Moche y su madre, Andrés Gil Domínguez, brindó datos sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) obtenido por el activista en 2020. “La Andis le otorgó el CUD mediante el cual se acredita su pertenencia al espectro autista nivel 1 con apoyo nivel 1. El CUD vence el 13 de febrero de 2030″, señaló.

A través de Gil Domínguez, Moche denunció a Lemoine por “inhabilidad moral” con el fin de que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo.

Amnistía Internacional alertó este miércoles que la resolución 2/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), firmada a fines de abril, resulta “relevante” en el país después de la multitudinaria marcha universitaria del martes último, dado que, recordó, aquel organismo ya advertía que las decisiones del Gobierno sobre impuestos, presupuesto, gasto público y deuda deben evaluarse bajo estándares de “derechos humanos”.

“La Resolución 2/26 resulta especialmente relevante para Argentina, en un contexto de ajuste fiscal sostenido y profundización de los recortes sobre áreas sensibles”, señaló Amnistía a través de un comunicado difundido este miércoles.

Y añadió que “la masiva Marcha Federal Universitaria volvió a poner en evidencia las consecuencias concretas de esa política: estudiantes, docentes, no docentes, autoridades universitarias y organizaciones sociales se movilizaron en todo el país para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la garantía de recursos suficientes para sostener la educación pública”.

A su vez, indicó Amnistía, las irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) muestran “cómo el eventual desvío o uso ineficiente de recursos públicos puede afectar directamente a personas que dependen de prestaciones estatales para su autonomía e inclusión”.

“La resolución de la CIDH vuelve a confirmar una idea urgente y obvia: sin recursos no hay derechos y sin derechos no hay desarrollo posible. No es un documento abstracto. Interpela directamente las decisiones que se toman hoy en Argentina. Cada recorte en niñez, educación o protección social debe poder justificarse bajo estándares de derechos humanos”, destacó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

La Resolución 2/26 fue impulsada por la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), a cargo del relator Javier Palummo Lantes, y es la primera resolución específica que fija estándares jurídicos sobre la relación entre impuestos, presupuesto, gasto público, deuda y derechos humanos en el marco del Sistema Interamericano.

Esa resolución establece que los Estados deben “diseñar, ejecutar y evaluar sus políticas fiscales de acuerdo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

¿Qué implica? Que “las decisiones sobre impuestos, presupuesto, gasto público, deuda y medidas de ajuste no pueden adoptarse como decisiones meramente económicas, sino que deben analizarse según su impacto en la garantía de derechos”, indicó Amnistía en un cmunicado.

Entre sus principales estándares, exige que “cualquier retroceso en derechos sea excepcional, temporal, necesario, proporcional y no discriminatorio. También obliga a los Estados a movilizar el máximo de recursos disponibles —incluyendo el combate a la evasión, la revisión de beneficios fiscales injustificados y la prevención de la corrupción— antes de recortar servicios esenciales”, añadió.

Y señaló que la corrupción “puede constituir una violación de derechos humanos, especialmente cuando desvía recursos destinados a personas y grupos en situación de vulnerabilidad”.

A ese contexto se suma la Decisión Administrativa 20/2026, publicada el 11 de mayo, que dispuso nuevas reducciones presupuestarias en áreas clave del Ministerio de Capital Humano.

Entre ellas, se recortaron “$55.465 millones en programas de niñez, adolescencia y familia, y $78.711 millones en educación, incluyendo fondos para alfabetización y compensación salarial docente”, consignó Amnistía.

El lunes último, mediante una decisión administrativa, la gestión de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades.

El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del Presupuesto, y los principales cambios incluyen ajustes por deudas previsionales y el plan de retiro de la Anses, la poda también se dio en el presupuesto educativo.

El Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial.