En sus reuniones con los senadores de La Libertad Avanza en Casa Rosada, Manuel Adorni ratificó al bloque su inocencia en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y aseguró que cuenta con la confianza total de Javier Milei.

Amenazado por los pedidos de interpelación de la oposición en el Congreso, el jefe de Gabinete buscó dar una muestra de unidad con una serie de encuentros en Balcarce 50 convocados para “conversar acerca de la dinámica del Congreso durante el segundo semestre del 2026”.

La invitación alcanzó a los 21 legisladores del oficialismo en la Cámara Alta, motivo por el cual se decidió dividir las reuniones en tres tandas para poder conversar en profundidad con todos los integrantes. Si bien hubo cuatro ausencias, entre ellas la de Patricia Bullrich, la presencia de Karina Milei sirvió para mostrar el respaldo del Gobierno a su funcionario.

Fue en ese contexto donde, según explicaron a TN dos fuentes al tanto de las conversaciones, Adorni les enfatizó a los presentes que “no robó” y ratificó que cuenta con la confianza del Presidente y la jefa del partido.

“Confiamos en que tenemos un jefe de Gabinete que ha dicho lo que tenía que decir, presentó las declaraciones juradas que tenía que presentar. Ni siquiera lo han llamado a declarar ni hay un pedido de documentación”, sostuvo en diálogo con TN y otros medios el senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero antes de retirarse de Balcarce 50.

En ese sentido, el legislador aseguró que en el encuentro notó a Adorni “muy convencido” y ratificó que “tiene el respaldo del presidente, la presidenta de La Libertad Avanza y de todos los legisladores”. Sin embargo, consultado sobre si “ponía las manos en el fuego” por el funcionario, contestó: “Las ponemos por el Presidente y su gestión”.

La agenda parlamentaria y una muestra de respaldo al jefe de Gabinete

Durante el resto de los encuentros, la conversación giró en torno a los proyectos que tramitan en el Senado y las próximas iniciativas a presentar, mientras que los legisladores podían preguntar o emitir su opinión sobre cualquiera de los temas parlamentarios o del gobierno.

“Fue franca la charla, básicamente de agenda y rumbo del país. Tenemos una gran oportunidad y hay que continuar con las reformas”, agregó otro de los presentes.

Dentro del primer grupo asistieron Pablo Cervi (Neuquén), Enzo Fullone (Río Negro), Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Vilma Bedia (Jujuy) y Romina Almeida (Entre Ríos). Luego fue el turno para Juan Carlos Pagotto (La Rioja), Ezequiel Atauche (Jujuy), Juan Cruz Godoy (Chaco), Ivana Arrascaeta (San Luis), María Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego) y Bruno Olivera Lucero (San Juan).

Completaron la convocatoria Bartolomé Abdala (San Luis), Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), Nadia Márquez (Neuquén), Agustín Monteverde (CABA) y Agustín Coto (Tierra del Fuego). Además, al útlimo encuentro se sumó el ministro del Interior, Diego Santilli.

Con los encuentros, Adorni y Karina Milei buscaron ordenar la estrategia parlamentaria de cara a una próxima sesión donde el oficialismo buscará aprobar la ley de propiedad privada y pliegos judiciales, mientras en paralelo busca defender al jefe de Gabinete de los intentos de interpelación.

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En este contexto, el funcionario sumó un nuevo roce con Patricia Bullrich, que anunció la suspensión del informe de gestión del ministro en la Cámara Alta previsto para el 2 de julio, aunque fue desmentida poco después.

“Estoy a disposición para presentarme el 2 de julio próximo al Senado para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”, manifestó Adorni en sus redes.

Manuel Adorni, Javier Milei

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto al Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, aprobó en asambleas realizadas en todo el país un plan de medidas de fuerza escalonadas contra las políticas sociales y económicas del gobierno de Javier Milei, que incluye cortes de ruta por tiempo indeterminado si el Poder Ejecutivo incumple la medida cautelar que sostiene el programa Volver al Trabajo, y una marcha federal que culminaría en un paro general antes de fin de año.

La resolución surgió de las asambleas del 9 de junio, convocadas frente a las sedes de las secretarías de Trabajo de todo el país. En esos encuentros, la UTEP confluyó con expresiones de izquierda como Territorios en Lucha y el Bloque Nacional Piquetero bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. El secretario general de la UTEP, y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, ha evaluado la situación como “una emergencia social desbordante”.

La estrategia aprobada opera en dos planos simultáneos. El primero gira en torno al programa Volver al Trabajo, uno de los continuadores del Potenciar Trabajo, que desde hace dos meses se sostiene por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La medida obliga al Gobierno a mantener los pagos de ese programa social mientras se resuelve la cuestión de fondo. El gobierno apeló ese fallo y la causa ya es analizada por la Cámara Federal de San Martín.

La resolución judicial frenó el intento del Gobierno de cerrar el programa y obligó al Ministerio de Capital Humano a continuar los pagos a más de 926.000 beneficiarios, quienes perciben $78.000 mensuales —monto congelado desde el inicio de la gestión libertaria—.

En el caso de incumplir esta cautelar —desde la cartera de Sandra Pettovello afirman que no lo harán—, la UTEP activará cortes de ruta en todo el país, en algunos casos por tiempo indeterminado. El reclamo incluye además un aumento del salario atado al salario mínimo vital y móvil. Si el Gobierno mantiene el cumplimiento judicial, la organización definirá en los primeros días de julio el tenor de una jornada de protesta cuyas características dependerán de esa realidad.

El segundo plano articula una coordinación más amplia con el movimiento sindical. El 18 de junio, en la sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Azopardo al 800, el triunvirato cegetista conformado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello recibió a Gramajo y luego a los titulares de las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky y Hugo Godoy. Del encuentro también participaron confederaciones como la COSITMECOS, la CATT, la CASIA, la CSIRA y la CATHEDA, además de gremios docentes universitarios. El diagnóstico fue compartido: el rumbo económico profundiza el debilitamiento del entramado industrial, genera pérdida de puestos de trabajo y deterioro del poder adquisitivo.

De ese encuentro, surgió la coincidencia en construir un plan de lucha sostenido y escalonado, con capacidad de involucrar a todas las organizaciones confederadas.

La CGT moderó las expectativas sobre una huelga general inmediata y optó por un esquema gradual en el que cada sector presente sus demandas de forma coordinada, aunque voces como las de Roberto Baradel y Daniel Catalano, junto a Yasky y Godoy, insisten en acelerar las manifestaciones en la vía pública.

Desde la UTEP, la proyección de ese plan apunta a una marcha federal que recorra las provincias durante semanas y culmine en un lugar emblemático de las luchas populares, para desembocar en un nuevo paro general antes de fin de año. “La idea es hacer la mayor cantidad de acciones posibles que confluyan en un plan de lucha común de todos los sectores afectados por la crisis económica”, sostienen desde la UTEP.

La agenda de movilizaciones inmediatas incluye el 26 de junio, cuando las organizaciones sociales participarán del acto por los asesinatos de los militantes sociales el aniversario de los asesinatos el 26 de junio de 2002 por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en el Puente Pueyrredón.

En los próximos días, además, algunas organizaciones recorrerán comercios y supermercados para solicitar alimentos ante la escasez que registran los barrios populares.

Un relevamiento realizado por la organización Libres del Sur en barrios populares de la provincia de Buenos Aires revela que el 86% de los hogares está en situación de estrés económico, el 77% de las familias se privó de consumir lácteos, carnes, verduras y cereales por falta de dinero, y 4 de cada 10 familias comen menos para poder pagar deudas. El informe también indica que 8 de cada 10 jubilados afirman que su jubilación no alcanza para alimentarse y que el 66% de las familias suprime comidas.

El 7 de agosto, día del Patrono del Trabajo, la UTEP conmemora los 10 años de la primera marcha de San Cayetano realizada bajo el gobierno de Mauricio Macri y que contó con el apoyo del fallecido Papa Francisco. La organización trabaja en una gran jornada multisectorial que convoque a sectores gremiales, estudiantiles, del feminismo y del movimiento de Derechos Humanos, y mantiene diálogo con la Iglesia, que históricamente ha acompañado la marcha de los trabajadores de la economía popular desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo.

“La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”.

Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y uno de los dirigentes que realizó una semana de ayuno frente a la Casa Rosada realizó el siguiente diagnóstico ante una consulta de Infobae: “El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación”. Castro señaló también el impacto del aumento de tarifas y el encarecimiento de los productos básicos: “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”. Y resumió el alcance de la precarización: “Tenes que hacer dos, tres, cuatro trabajos para poder vivir”.

La coordinación entre las centrales obreras también tuvo proyección internacional. En la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza, las delegaciones argentinas actuaron de común acuerdo y alzaron la voz contra lo que señalan como intentos del Gobierno por desmantelar el sistema de relaciones laborales vigente.

Las movilizaciones de la UTEP se inscriben en un cuadro social que un informe técnico sobre situación de calle en Argentina, publicado este mes por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral retrata con datos precisos.

El informe advierte que el perfil de quienes llegan a la calle se transformó de manera estructural. Si bien históricamente predominaban los varones adultos solos, los referentes territoriales consultados reportan una diversificación que incluye familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia y jóvenes desvinculados de sus entornos familiares. La causa más frecuente es la incapacidad de pagar alquileres ante la desocupación y la falta de oportunidades laborales.

La radiografía del trabajo indica que: solo el 14,75% de las personas en situación de calle terminó el secundario, el 61,5% no recibe asistencia económica estatal y cerca del 54% sufrió violencia desde que está en la calle. A ese cuadro se suma que 1 de cada 2 hogares en Argentina presenta algún tipo de problema habitacional, con un 14,19% con déficit compuesto, cuantitativo y cualitativo.

El documento señala que la Ley Nacional 27.654 de “Situación de calle y familias sin techo”, sancionada por el Congreso de la Nación el 9 de diciembre de 2021 representó un avance al reconocer a estas personas como sujetos de derecho, pero advierte que su implementación es débil por la falta de lineamientos operativos homogéneos y de financiamiento. Por su parte, el Decreto 373/2025, que trasladó a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gran parte de las responsabilidades de ejecución, generó, según el informe, mayores riesgos de profundizar desigualdades territoriales.