POLITICA
El documento explosivo de EE.UU. que apunta a dinero negro de funcionarios argentinos
Sergio Massa amenazó anteayer con meter presos a los que realicen operaciones que debiliten todavía más las penosas reservas del Banco Central. No supuso que ese mismo día, en Manhattan, alguien tendría una idea parecida. Sólo que, en este caso, las rejas servirían para penalizar a funcionarios del gobierno nacional y provincial que hayan realizado operaciones que, además de debilitar las reservas, traficarían dinero mal habido.
El abogado Dennis Hranitzky, del prestigioso estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que conmine al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, a proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires. Hranitzky representa a dos entidades, Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, que el 29 de marzo pasado ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por US$35,092,958.41. Son bonistas que no habían aceptado el canje ofrecido por Axel Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López.
A Massa se le cruzan, a pocos días de las elecciones, dos cables de alta tensión que se mantenían separados: el desbarajuste financiero y la obscenidad de la corrupción que contamina su distrito, la provincia de Buenos Aires. A prepararse para el chisporroteo.
La presentación de Hranitzky es explosiva porque, al detallar los antecedentes de su reclamo, revela información muy delicada sobre el comportamiento de algunos funcionarios. El abogado describe los resultados de un discovery, es decir, de un procedimiento previsto por las leyes de los Estados Unidos por el cual un imputado está obligado a publicar toda la información relacionada con una demanda. Al hacerlo, consigna que otras ocho entidades financieras ya proporcionaron novedades. Y que sólo falta que lo hagan Bank of New York Mellon, Pershing y American Express.
Hranitzky afirmó ante el tribunal de Manhattan que Bank of New York Mellon, Pershing y American Express estarían obligados a proporcionar los registros de transacciones electrónicas realizadas a través de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift), una red de cooperación financiera radicada en Bélgica.
Los otros ocho bancos que cumplieron con el discovery denunciaron, según Hranitzky, que Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia, y Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense, “parecen haber movido cientos de miles de dólares, dentro y fuera de la Argentina, en los últimos dos años”. Montaña depende del ministro Sergio Berni. Benítez, del ministro Leonardo Nardini. Otro funcionario de Kicillof puesto bajo la lupa de este escrito es Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, quién “aparentemente transfirió enormes sumas de dinero a una cuenta bancaria suiza”.
El escrito nombra también a la abogada Ana María Bazán, quien se desempeñaría en la Asesoría General de Gobierno de Kicillof. Bazán figura, según Hranitzky, en los Papeles de Pandora, documentos filtrados en octubre de 2021 a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
El abogado de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan observa una paradoja: que Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial, haya impuesto controles de capital y que, al mismo tiempo, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, haya utilizado “un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero”. Un futuro discovery revelará más, promete.
La presentación de Hranitzky no se limita a agentes del Estado. Menciona también a “corporaciones con conexiones políticas”. Habla de que Corporación América, “un operador aeroportuario multimillonario dirigido por Martín Eurnekian, ha movido varios millones de dólares de cuentas bancarias suizas a Argentina”. Para retratar a Eurnekian, recuerda que “estuvo implicado en los infames Cuadernos, que expusieron una red masiva de sobornos controlada por Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta y presidenta de Argentina de 2007 a 2015″.
Para demostrar ante el tribunal el uso indebido de fondos que podría documentarse si Bank of New York Mellon, Pershing y American Express liberaran sus archivos, el abogado informa a la jueza Vyskocil que Martín Insaurralde, quien acaba de renunciar como jefe de Gabinete de la provincia, puede estar vinculado a un escándalo de corrupción. “Fue fotografiado disfrutando de lujos que legítimamente no podía permitirse”, acusa Hranitzky, y menciona que habría pagado 20 millones de dólares en un acuerdo de divorcio. El escrito recoge la versión de que esa suma se habría movido a través de la firma uruguaya Pro Capital. Coincide con la denuncia hecha el lunes pasado por la candidata a senadora de Juntos por el Cambio, María Eugenia Talerico.
La exposición de Hranitzky ante el tribunal neoyorkino pone en el foco a Allaria, descripta como “una firma de corretaje bien conectada”. Para el abogado, la propia Allaria habría realizado operaciones sospechosas, sobre todo “por la utilización de información privilegiada en la recompra de bonos soberanos por parte de la Anses”. Ernesto Allaria, el titular de la firma, aparece en esta descripción como alguien con un ascenso patrimonial infrecuente debido a ser “cercano a la familia Kirchner”.
La sagacidad de Hranitsky como litigante está fuera de duda. En 2012 consiguió, en nombre de un grupo de holdouts que demandaron a la Argentina, el embargo de la Fragata Libertad en el puerto de Ghana; y en 2020 fue el líder de los bonistas que negociaron, con gran éxito, la reestructuración de títulos propuesta por Martín Guzmán. El abogado evocó esos antecedentes este miércoles, cuando explicó a : “Cuando descubrimos el papel de Mossack Fonseca en la Ruta del dinero Kirchner aprendimos que el discovery estadounidense es una herramienta muy poderosa para descubrir el robo de fondos estatales por parte de funcionarios públicos. Todos vimos lo que sucedió en 2013 cuando surgió esa historia, y estamos ansiosos por ver qué más emerge a medida que tiramos de este nuevo hilo”.
Ese conocimiento del país se advierte con claridad en su presentación ante Vyscocil: pega donde duele. Menciona a Massa como jefe directo de Mendiguren, pone en la vidriera judicial a funcionarios bonaerenses como Montaña, mano derecha de Berni, que ya protagonizó algunos escándalos, por ejemplo, cuando se desempeñaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y debió presentar su renuncia ante Daniel Arroyo. Montaña fue uno de los vicepresidentes de Independiente bajo el reinado de los Moyano. Benítez, en cambio, pertenece a la cofradía de intendentes que, encabezados por Insaurralde, intervinieron la administración Kicillof. Depende de Nardini, el entrañable “celular”. Pero había estado a cargo del área de infraestructura de Escobar, secundando a Ariel Sujarchuk. En otras palabras: Hranitsky impacta con sus explicaciones en un esquema de poder que tomó las palancas más rentables, por decirlo de algún modo, del gobierno bonaerense, en una operación organizada por Máximo Kirchner para cercar a Kicillof.
Hranitsky tampoco ha de ignorar que cuando menciona a Corporación América está refriéndose a la compañía más cercana al candidato más competitivo de la carrera electoral en curso: Javier MIlei.
El gobernador de Buenos Aires está ante dos problemas principales. Uno muy inmediato y evidente es el riesgo electoral que significa esta catarata de novedades sobre la desagradable calidad moral de su administración. El otro es el desafío de dar una respuesta de gobierno. Es una reacción que viene demorando desde que la indiscreta Sofía Clerici dio a conocer en su cuenta de Instagram los obstinados berretines de Insaurralde. Kicillof atinó a disolver la Jefatura de Gabinete, pero no tocó áreas bajo el control político directo de su colaborador más inmediato. Entre ellas está nada menos que el Tribunal de Cuentas, donde Insaurralde ejerce una influencia decisiva a través de Juan Pablo Peredo, quien fuera su vínculo más directo con el negocio del juego. Peredo era funcionario de Codere, la más importante operadora de bingos de la provincia.
El Instituto del Juego es otro de los reinos de Insaurralde. Lo dirige Omar Galdurralde. Es un área política muy significativa porque allí Insaurralde convive con el candidato a presidente Massa. La segunda de Galdurralde es María Laura García, dirigente del Frente Renovador de General Conesa. El vínculo de Massa e Insaurralde es antiguo y, a pesar de los vaivenes que presentan las lealtades de estos dirigentes, muy estrecho. En 2015, Insaurralde estuvo a punto de volcarse a favor de la candidatura presidencial de Massa.
La relación de la dirigencia bonaerense con el negocio de las apuestas diseña un mapa de complicidades muy extenso. Así queda unido Insaurralde con Federico Achával, el intendente de Pilar. Es el hijo del Federico de Achával que, en sociedad con Cristóbal López, explota desde hace años el opulento casino que funciona en el Hipódromo de Palermo. Achával consiguió que su hijo se integrara a la política provincial gracias a su vínculo con el entonces intendente de Pilar Humberto Zúccaro, figura relevante del turf que recibía un tratamiento privilegiado del concesionario del hipódromo. Los Achával son, como se ve, expertos en carreras.
Sin embargo, el rentable negocio del socio de Cristóbal López está expuesto a algunos accidentes. Los grandes protagonistas del turf se han levantado en su contra, para exigirle que vuelque en la actividad una parte más significativa de sus ganancias en Palermo. Achával cumple con lo mínimo: 5% de lo recaudado en las tragamonedas. Pero se reserva para sí un caudal incalculable de fondos procedentes de las mil actividades que montó en el predio que el Estado le concesiona. Por supuesto, el gobierno de Alberto Fernández no reclama una moneda. Los kirchneristas todavía no descubrieron la soberanía turfística. Es una discusión crucial, porque dentro de dos años vence la concesión de esa mina de oro, que Néstor Kirchner extendió con un decreto de necesidad y urgencia días antes de abandonar el poder, en diciembre de 2007. Esa norma llevaba la firma de Fernández, que era su jefe de Gabinete.
Sería un error imaginar que la fortuna que ha exhibido Insaurralde en sus últimos movimientos se deba con exclusividad a su vínculo con el juego. Aun cuando por esa relación deba dar explicaciones. Por ejemplo, por la publicidad de las empresas del binguero Daniel Mautone, socio de Daniel Angelici, en los programas televisivos de Jésica Cirio, cuando era la esposa del jefe de Gabinete de Kicillof. Mautone explica que no fueron dádivas. Mucho menos sobornos. Que esos avisos de Casino Victoria, emitidos por Telefé en los programas La Peña del Morfi y Mujeres de la Selección, nunca se pagaron. Y que no eran destinados a la cónyuge de un funcionarios sino a alguien que es referente del bienestar físico. Aunque ambas fueran la misma persona. Temas para que desentrañe algún fiscal inquieto.
La red de vinculaciones de Insaurralde con empresarios del conurbano bonaerense es inabarcable. Una de sus líneas lleva hacia los hermanos Russo, Eber y Nahuel. Dos constructores a los que Insaurralde conoció gracias a Cirio, quien los presentó como amigos de una prima. En 2017 los Russo fueron investigados por una gigantesca operación de lavado de dinero efectuada a través de facturas apócrifas. En aquel momento el fraude sumó 4000 millones de pesos. A Eber Russo, que fue el principal protagonista de ese escándalo, se le encontraron 77 propiedades, 240 autos de alta gama, ocho barcos y 35 camiones. En uno de los allanamientos, realizados por la policía bonaerense en un gran depósito de Lanús, apareció un auto puesto a nombre de Cirio. Una versión muy insistente indica que el galpón pertenecía al municipio a cuyo frente está Néstor Grindetti. ¿La maquinaria de lavado de los Russo estaba puesta al servicio de la política? Otra pregunta para ese fiscal imaginario.
La trama de intereses relacionados con el opulento Insaurralde lleva también a empresas de servicios eléctricos. Se menciona, en la primera fila, a Servilum. Es una compañía que realiza el mantenimiento del alumbrado público de Lomas de Zamora y Almirante Brown. En el municipio de Lomas todas las versiones apuntan que pertenece a un hijo de Insaurralde, aunque no está puesta a nombre de él. Uno de los proveedores de Servilum es la empresa Jeluz, de materiales eléctricos. Otro avisador inesperado de los programas de Jésica Cirio. Su dueño, Gustavo Lema, es una estrella del automovilismo. Lo recuerdan los vecinos de Lomas de Zamora, porque cuando Cristina Kirchner concurrió a inaugurar las obras de entubamiento del arroyo Unamuno, en abril de 2010, las relucientes máquinas de Lema hicieron un desfile sobre el cemento todavía fresco. Aplaudían José López y José Luis Lingeri, dos “fierreros”. Postales deprimentes de una economía regional.
meter presos,Javier Milei ratificó sus declaraciones contra el peso y los plazos fijos por las que lo denunció Alberto Fernández,El juez Guillermo Atencio suspendió el peritaje del teléfono de “Chocolate” Rigau,Carlos Pagni,Axel Kicillof,Martín Insaurralde,Actualidad política,Conforme a,,Raíces de la crisis. El Estado no puede quedar atrás en la inteligencia artificial y la transformación digital,,Secretos de campaña. Cuando Milei se presentaba como el “economista jefe” de un think tank que apoyaba la candidatura presidencial de Scioli,,Los 70. El tercer ascenso de Perón al poder, en medio de la Guerra de Yom Kipur,Axel Kicillof,,Diez pedidos. Con apoyo de Kicillof, los intendentes fueron al Ministerio de Economía con reclamos para Luis Caputo,,Diferencias en el PJ. El viaje de Kicillof a España a una cumbre progresista reavivó la interna con el kirchnerismo,,Polémica con la obra social. El IOMA acumula reclamos y denuncias, pero Kicillof respalda a su conducción
MIAMI.- Desde las 9 de la mañana (las 10 de la Argentina), los miembros del gran jurado de Miami están reunidos en el séptimo piso del edificio Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, en el centro de la ciudad. pudo confirmar que hasta ahora no se presentaron testigos para declarar sobre los movimientos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que es improbable que eso ocurra durante la jornada de hoy.
Luego de filtrarse una citación para este jueves, había trascendido que la audiencia iba a ser reprogramada para preservar el carácter reservado del expediente, según reconstruyó en base a fuentes con acceso al expediente.
Las versiones apuntaban a que ese testigo, que siempre se mantuvo en secreto, podría ser el responsable comercial y de Marketing de la AFA, Leandro Petersen. “Estoy en Buenos Aires”, respondió esta mañana, casi a la misma hora que comenzaba la audiencia en Miami, ante una consulta de .
Desde la entidad que lideran Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, en tanto, difundieron que Petersen encabezará este viernes un evento en el predio “Lionel Andrés Messi” de la AFA en Ezeiza.
Se trata del llamado “Sponsor Day”, organizado para las empresas auspiciantes. “Le daremos las gracias a la selección más exitosa de la historia y a las más de 120 marcas que formaron parte de este éxito sin precedentes con su acompañamiento y cercanía incondicional”, dice el comunicado de prensa.
Según versiones que circularon durante los últimos días, abogados de Petersen se habrían contactado con la fiscalía de Miami y acordado reprogramar la audiencia de este jueves para preservar la reserva del expediente.
De confirmarse eso, el testigo podría prestar declaración bajo juramento directamente ante el fiscal y el contenido de su testimonio luego sería presentado al gran jurado como parte de la evidencia reunida por la acusación.
supo que en la audiencia de hoy no está presente el fiscal Michael Berger, a cargo del caso AFA, lo que diluye las chances de que sea parte de la agenda del gran jurado de este jueves.
La citación revelada hace una semana por Infobae, de cualquier manera, confirma que hay un proceso en marcha en Miami. La pesquisa procura determinar el destino de los fondos que recaudó desde 2021 la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni y Erica Gilette, elegida por la AFA para administrar el dinero proveniente de contratos de patrocinio con firmas como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), además de ingresos por partidos amistosos y premios deportivos de la FIFA y la Conmebol.
Entre otras figuras, los investigadores analizan la posible existencia de maniobras compatibles con lavado de activos, fraude bancario, fraude electrónico (“wire fraud”), conspiración u otros delitos federales, aunque hasta el momento no se formularon imputaciones penales.
La notificación emitida por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida detalló que el testigo debería presentarse con toda la documentación que posea sobre Tapia, Toviggino, Faroni y Diego Lucero, además de otros documentos vinculados con la operatoria comercial y financiera de la AFA en Estados Unidos.
Lucero aparece mencionado en la investigación local como presunto testaferro de directivos de la AFA y como uno de los integrantes de la sociedad utilizada para adquirir una mansión en Pilar, extremo que también forma parte de la pesquisa.
según reconstruyó LA NACION,Guillermo Idiart,Conforme a
POLITICA
Lula da Silva autorizó el regreso a la Argentina del embajador de Brasil y desescala el conflicto político con Milei
El presidente de Brasil, Lula da Silva, autorizó en las últimas horas el regreso del embajador Julio Bitelli a Buenos Aires, aunque aún no fijó una fecha concreta para el retorno y calificó esta posición como un movimiento “a corto plazo”.
La decisión se tomó tras una reunión en Brasilia entre el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, y el propio Bitelli, quien fue llamado a consultas el domingo pasado luego de que el presidente argentino Javier Milei calificara a Lula de “ladrón” y “presidiario” durante la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) en São Paulo.
En ese ese encuentro, el mandatario brasileño evaluó el impacto de la medida diplomática en Argentina y analizó las reacciones del gobierno de Milei en los días posteriores.
Según reveló el portal UOL, Lula se mostró conforme con las expresiones de apoyo y solidaridad que sectores de la sociedad civil y parlamentarios argentinos dirigieron hacia el gobierno brasileño tras la convocatoria del embajador a consultas. Según fuentes diplomáticas, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) ya dieron el visto bueno para que Bitelli vuelva a Buenos Aires, aunque el timing de la medida no está definido. “La decisión está, pero no se sabe cuando”, afirmaron.
La crisis diplomática se desató el sábado 26 de julio, cuando Milei participó como invitado estelar en la Convención Nacional del PL y respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre. Al día siguiente, el mandatario argentino volvió a cargar contra el gobierno brasileño al afirmar en Radio Mitre que Brasil era responsable “del 25 por ciento de la campaña antiargentina” desplegada en redes sociales durante el Mundial de fútbol en Estados Unidos. El canciller Vieira calificó los dichos de Milei de “provocación sin precedentes” y, además de convocar a Bitelli, citó al embajador argentino Daniel Raimondi a dar explicaciones.
La segunda reunión en Itamaraty tuvo un propósito diferente al del primer encuentro del domingo. El gobierno brasileño buscaba evaluar las reacciones registradas en Argentina tras la convocatoria del embajador y las acciones posteriores de Milei. La percepción en Brasilia fue que el llamado a consultas generó una fuerte ola de apoyo interno en Argentina, con muestras de solidaridad de parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil. Esa atmósfera inclinó la balanza hacia una resolución más rápida de la crisis.
Aun así, en los días previos a la reunión se especuló con la posibilidad de que Bitelli permaneciera en Brasil hasta después de las elecciones presidenciales de octubre. Las fuentes consultadas descartaron esa hipótesis. “La decisión depende del presidente Lula”, aclararon desde una oficina diplomática, en referencia a los tiempos del regreso. Con la autorización política ya otorgada, la pregunta que queda abierta es cuándo se concretará el retorno.
El primer gesto concreto del lado argentino llegó del canciller Pablo Quirno, quien descartó en declaraciones radiales cualquier posibilidad de ruptura de relaciones con Brasil. “No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan”, afirmó Quirno en Radio Mitre. El jefe de la diplomacia argentina también tendió un puente con el representante brasileño: “Tenemos la más alta estima por el embajador Bitelli, y de alguna manera esperamos que luego de estas consultas retorne al país lo antes posible para seguir desarrollando la extensa agenda bilateral que tenemos”, sostuvo.
Esas declaraciones tuvieron efecto en Brasilia. El gobierno brasileño interpretó las palabras de Quirno como un reconocimiento de la importancia del vínculo bilateral y como una separación deliberada entre la diferencia ideológica de ambos presidentes y la relación de Estado. Según las fuentes consultadas, ese gesto fue determinante para acelerar la decisión diplomática.
El vocero presidencial argentino Adrián Ravier también había dado señales de querer distender la tensión días antes: “No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que coexisten y de hecho se tienen como socios comerciales principales”, afirmó durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
A pesar del avance, en Itamaraty no hay ambiente de celebración. Una fuente diplomática evocó una frase del barón Rio Branco, considerado el padre de la diplomacia brasileña, quien tras ganar una disputa territorial con Argentina afirmó que “las victorias no se celebran con naciones hermanas”. En diplomacia, no se trata de celebrar ni de dar vueltas de victoria, explicó la misma fuente. Lo que importa, según esa visión, es medir cada paso y evitar que situaciones similares se repitan.
La respuesta del lado brasileño no se limitó a los canales formales durante los días de mayor tensión. El ministro de Hacienda Dario Durigan calificó a Milei de “payaso”, el vicepresidente Gerardo Alckmin tildó sus dichos de “lamentables” y advirtió que esa actitud perjudica a la Argentina. El propio Lula optó por la ironía cuando la prensa le preguntó por los insultos del mandatario argentino: “¿Quién es ese tipo?”, respondió ante las cámaras en las puertas de Itamaraty. El partido oficialista PT, a su vez, presentó una demanda judicial para investigar el financiamiento del viaje de Milei a São Paulo, aunque la Casa Rosada sostuvo que se trató de un viaje de carácter “oficial”.
La reconstrucción del vínculo bilateral enfrenta obstáculos de fondo que van más allá del episodio reciente. Fuentes diplomáticas brasileñas señalaron que “antes de octubre no va a pasar, pero después es indispensable” avanzar en la reconstrucción de la relación. Uno de los factores que complica ese proceso es la ausencia de interlocutores confiables dentro del gobierno argentino: hasta el año pasado, Brasil contaba con múltiples canales al interior del Ejecutivo, entre ellos Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Daniel Scioli —exembajador en Brasil durante la presidencia de Alberto Fernández—. Los cambios de gabinete hacia finales de 2025 dejaron sin funcionarios con experiencia y trayectoria en la relación bilateral.
El trasfondo del conflicto tiene raíces más profundas. La tensión entre ambos mandatarios se remonta a 2023, cuando Lula manifestó abiertamente su preferencia política en la campaña presidencial argentina, con apoyo explícito a Sergio Massa. Esa intervención consolidó un antagonismo personal que se proyecta sobre las elecciones brasileñas del 4 de octubre, en las que Lula buscará la reelección frente a Flávio Bolsonaro. En paralelo al conflicto diplomático, Milei y Quirno viajaron a Lima para asistir a la jura de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú. Allí, la comitiva argentina y el canciller Vieira coincidieron en el Congreso peruano, aunque no hubo contacto público entre ambas delegaciones registrado por las cámaras oficiales.
POLITICA
La Libertad Avanza acelera las negociaciones con la oposición dialoguista para destrabar la reforma de la Ley de Tierras
La Libertad Avanza busca asegurarse los votos para avanzar con los cambios a la Ley de Tierras y ya activó una ronda de reuniones con legisladores propios y aliados de cara al nuevo intento por debatir el proyecto en el Senado, previsto para el próximo 6 de agosto.
Aunque el oficialismo ajustó el texto tras sucesivas negociaciones con el Ministerio de Desregulación, en el Gobierno reconocen que todavía no hay certezas sobre las mayorías necesarias para aprobar la iniciativa.
La senadora Patricia Bullrich ya diagramó encuentros para la semana próxima con integrantes de su bloque y con sectores dialoguistas para definir el nivel de respaldo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, que además incluye desalojos exprés y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, llega al recinto con una decimoquinta versión, fruto de las conversaciones que mantuvo la legisladora con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El punto de mayor conflicto sigue siendo la reforma de la Ley de Tierras, especialmente el régimen para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Desde el oficialismo defienden los cambios con el argumento de que favorecerán la producción y las inversiones. “La ley es favorable a la producción y va a generar fuentes de trabajo. La tierra va a estar relacionada con la producción, donde no se pierde ninguna soberanía, se van a permitir inversiones y generación de empleos”, sostuvo el senador libertario Bartolomé Abdala en declaraciones a TN.
Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencias incluso entre sectores habitualmente cercanos al Gobierno. Uno de los focos de incertidumbre está en Misiones, donde el Frente Renovador de la Concordia atraviesa una fuerte crisis política entre el gobernador Hugo Passalacqua y el líder provincial Carlos Rovira.
Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut todavía no anticiparon cómo votarán. No obstante, el diputado nacional y exgobernador Oscar Herrera Ahuad expresó públicamente su rechazo a la iniciativa y advirtió que su aprobación representaría un riesgo para la producción, el ambiente y la soberanía provincial.
“Votar esta ley sería ir en contra de las economías regionales y de la política del Gobierno provincial de cuidado del ambiente y del sistema productivo”, afirmó Herrera Ahuad, en una definición que podría anticipar la postura de los representantes misioneros en la Cámara alta.
La construcción de las mayorías
En la búsqueda de consensos, el oficialismo también toma nota de una particularidad institucional: la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidirá la sesión debido a un nuevo viaje del presidente Javier Milei, esta vez a Colombia. La conducción del debate quedará en manos de Bartolomé Abdala.
Villarruel ya manifestó su rechazo a la liberalización de la venta de tierras a extranjeros. En un intercambio por redes sociales con la diputada Lilia Lemoine reiteró su postura al señalar: “Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.
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Para el oficialismo, la ausencia de la vicepresidenta elimina la posibilidad de un eventual desempate negativo como el protagonizado por el exvicepresidente Julio Cobos durante la votación por las retenciones móviles en 2008.
Otro de los sectores que volvió a cuestionar el proyecto fue la Iglesia Católica. En una carta enviada a todos los senadores nacionales, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Pastoral Aborigen y Cáritas pidieron que “quienes debatan esta iniciativa guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares”.
El rol de la UCR
En la Unión Cívica Radical la posición predominante es acompañar la iniciativa del Gobierno. El espacio que conduce el correntino Eduardo Vischi considera que la redacción final del proyecto convence, en principio, a siete de los diez integrantes del bloque.
Los rechazos confirmados corresponden a Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, mientras que Flavio Fama todavía no definió su voto.
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En paralelo, la conducción nacional de la UCR difundió un comunicado firmado por Leonel Chiarella en el que cuestionó la propuesta oficial. Allí advirtió que “se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional”.
El documento recordó que la ley vigente, sancionada en 2011, establece que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, prohíbe la compra de campos en zonas de frontera y fija un límite de 1000 hectáreas en la zona núcleo.
La estrategia libertaria
Bullrich convocó a los senadores de La Libertad Avanza para el miércoles previo a la reanudación de la sesión. También mantendrá una reunión con legisladores dialoguistas en las oficinas radicales del segundo piso del Palacio Legislativo.
El objetivo será determinar con precisión cuántos votos tiene asegurados el oficialismo y definir la redacción definitiva que llegará al recinto.
La senadora espera contar con los 21 integrantes del bloque libertario, además de los tres representantes del PRO que conduce Martín Goerling Lara, con el regreso de Andrea Cristina tras su licencia por maternidad. También aspira a sumar a Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Flavia Royón y Julieta Corroza.
La Libertad Avanza también intentará captar algún respaldo surgido de la interna política misionera, especialmente por la cercanía política de Carlos Arce con Carlos Rovira. Además, buscará el acompañamiento del bloque Convicción Federal, encabezado por Carolina Moisés e integrado también por Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, representantes de Tucumán y Catamarca, provincias cuyos gobernadores, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, mantienen una relación de cercanía con la Casa Rosada.
La negociación con las provincias
Antes del intento anterior por debatir el proyecto se alcanzó una redacción de consenso que incorporó participación de las provincias en las decisiones vinculadas con la venta de tierras rurales.
Ese esquema no convencía inicialmente a Federico Sturzenegger, quien envió al Senado al secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y además se comunicó con varios legisladores para advertir que, si esa versión era aprobada, el Poder Ejecutivo la vetaría.
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La posición cambió tras la reunión que el ministro mantuvo con Bullrich el jueves pasado, donde finalmente aceptó la nueva redacción.
De todos modos, el objetivo central de la Casa Rosada se mantiene sin cambios: eliminar los límites para la venta de tierras rurales a extranjeros, con la única excepción de las zonas de frontera, cuya autorización quedaría sujeta a una doble aprobación por parte de la Nación y de las provincias.
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