POLITICA
Rumbo al 2027, el Gobierno ratificó acuerdos políticos con dos gobernadores y busca ampliar su red de aliados
Si bien el Gobierno de Javier Milei está enfocado en la gestión, parte de su estructura ya piensa en el armado político rumbo a las elecciones del 2027. En este sentido, en los últimos días hubo un avance claro con aliados estratégicos en las provincias.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron días atrás a los gobernadores de Entre Ríos y de Mendoza, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo. Con ambos se acordó repetir la alianza electoral de 2025 y no serán los únicos que reciban esa propuesta.
Según pudo saber TN, el Gobierno hará lo mismo con varios gobernadores aliados, entre ellos, Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggo (San Luis). Allí completarían el cuarteto de mandatarios que los respaldó en el 2025 y la intención es ampliar esa red.
“Fue un apoyo fuerte a Cornejo y Frigerio”, confirmaron a TN en el entorno de los mandatarios. Pese a que la reunión fue con ambos, se trata de escenarios diferentes.
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Cornejo no puede ir por la reelección y allí habrá una PASO entre un candidato del gobernador y quienes quieran competir por el mismo espacio. Frigerio no confirmó nada sobre la posibilidad de ir por un nuevo mandato, pero en el caso de que así lo decida, desde Casa Rosada le transmitieron un respaldo total. El compromiso es que no haya candidato del Gobierno en ninguna de las dos provincias.
“El principio de acuerdo incluye no interferirse a nivel nacional ni en la provincia”, remarcaron cerca de uno de los mandatarios a este medio. El entendimiento incluye no competir en la provincia y, como contrapartida, los gobernadores prestarán sus votos en el Congreso, además de apoyar explícitamente el rumbo del Gobierno.
Durante la reunión, los funcionarios y los mandatarios provinciales conversaron además sobre la agenda conjunta que comparten las provincias y la Nación. Allí, el Gobierno les confirmó a los gobernadores que avanzará con un decreto para que algunas provincias puedan, mediante inversiones privadas, avanzar con la realización de obras de infraestructura en los tramos de rutas nacionales que se encuentran dentro del territorio de esas provincias.
En lo que va de los meses de marzo y abril, Santilli se reunió con los gobernadores de Chubut, Corrientes, Jujuy, Mendoza, San Juan y San Luis. Las reuniones se inscriben en una ronda más amplia de contactos con mandatarios provinciales que el Gobierno retomó en los últimos días.
El objetivo es ordenar respaldos en un Congreso fragmentado y con votaciones ajustadas. Además de intentar frenar pedidos de interpelaciones, investigaciones abiertas en comisiones y hasta posibles intentos de juicio político.
El guiño de otro gobernador aliado a Milei
En las últimas horas, el debate por el futuro de las elecciones primarias sumó un nuevo capítulo en el interior del país. En Chaco, el gobernador Leandro Zdero avanzó con una iniciativa para suspender las PASO en los comicios provinciales del próximo año.
El proyecto fue presentado en la Legislatura por el interbloque oficialista Chaco Puede, que responde al gobernador radical. El principal argumento es económico: aseguran que evitar la instancia previa permitiría ahorrar alrededor de $3000 millones.
En el oficialismo también plantearon que la eliminación de las PASO simplificaría el calendario electoral y evitaría que los ciudadanos deban votar más de una vez en el año. Además, cuestionaron el rol de las primarias como herramienta política: consideran que muchas veces funcionan como una “gran encuesta financiada por el Estado” y que terminan condicionando la elección general.
Se trata de un guiño al presidente Javier Milei, que también está a favor de la eliminación de las primarias. En efecto, el oficialismo evalúa avanzar en el Congreso con un proyecto para eliminar las PASO a nivel nacional, reducir el financiamiento estatal de los partidos políticos y endurecer los requisitos para su reconocimiento.
Gobierno, Gobernadores, Elecciones
POLITICA
La Justicia federal investigará a Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE
La Justicia federal de Comodoro Py investigará una denuncia contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito en su función como directivo de la CEAMSE, la empresa estatal mixta entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que gestiona los residuos del Área Metropolitana.
La denuncia fue presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia, y sostiene que el dirigente registró “un crecimiento real de la liquidez” de aproximadamente el 1.000% entre 2017 y 2024, un salto que, según planteó, “excede con creces cualquier índice inflacionario del período” y no encuentra correlato en los ingresos lícitos que el propio Tapia declaró en ese lapso.
El caso había sido presentado originalmente ante la Justicia porteña, pero se abrió una disputa de competencia porque la CEAMSE es un organismo interjurisdiccional. El fiscal Gerardo Pollicita entendió en una primera instancia que la causa debía tramitar en la Ciudad, mientras que el fiscal José Agüero Iturbe sostuvo que correspondía a la Justicia federal; finalmente la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que el expediente quede radicado en el fuero federal, a cargo del juez Ariel Lijo. El magistrado ya había tenido un rol en otra causa vinculada a Tapia: en 2021 cerró una investigación por irregularidades en contratos firmados por la AFA, en la que Tofoni también resultó sobreseído. Hasta el momento no se produjeron medidas de prueba en el nuevo expediente.
Según el análisis que Tofoni acompañó en su presentación, en 2017 Tapia había declarado un patrimonio compuesto por cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. La declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, consigna más de $1.002 millones en depósitos distribuidos en múltiples cuentas bancarias —entre ellas una cuenta corriente con más de 517 millones—, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial, lo que representa una liquidez total cercana al millón de dólares. La denuncia también repara en los ingresos que Tapia declaró por sus otras funciones: $100.233.144 anuales como presidente de la CEAMSE y $718.536.500 anuales como vicepresidente de la CONMEBOL. La presidencia de la AFA, en tanto, es un cargo ad honorem.
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Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño, y pasó a presidir el organismo a partir de 2024 por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Se trata de la segunda causa judicial que involucra el patrimonio de Tapia como funcionario público: el resto de los expedientes que enfrenta están vinculados a su gestión en la AFA, donde él y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por retención indebida de impuestos, y son investigados además por el manejo de los fondos de la asociación, por presuntas facturas falsas y por la compra de una mansión en Pilar que se le atribuye a Tapia. Varias de esas denuncias también fueron presentadas por Tofoni, dueño de World Eleven, la empresa que organizaba partidos amistosos de la Selección argentina y cuyo contrato con la AFA fue dado de baja durante la gestión de Tapia.
Claudio Tapia, AFA, ceamse
POLITICA
Los cuadernos de las coimas: Baratta amplía su descargo con críticas a los empresarios que aseguraron haberle entregado dinero
Luego de que su situación en el juicio por los Cuadernos de las coimas se complicara con la declaración de directivos del grupo Techint, el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido y uno de los principales recaudadores de la maniobra, amplía su declaración indagatoria por pedido de sus defensores y apunta contra los testigos que aseguraron haberle entregado dinero.
“Zabaleta, Betnaza y Paolo Rocca están todos sobreseídos. El único imputado y elevado a juicio oral por estos hechos soy yo”, sostuvo el exfuncionario.
Su descargo tiene como protagonistas a Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, que declararon como testigos y admitieron haber realizado pagos a Baratta, en un tramo del juicio que lo tiene solo al exfuncionario como acusado.
“Hubo una clara diferenciación en el trato y en los procesos de la etapa de instrucción. Hubo una clara asimetría procesal de Techint con respecto a otros empresarios”, siguió, con críticas a la instrucción y a la causa en general, a la que definió como una “operación de inteligencia”.
Los directivos de Techint fueron sobreseídos en el caso, en un expediente separado, porque la Justicia entendió que sus entregas de dinero no fueron parte del esquema de pagos ligado a la obra pública, sino que se habían producido en la crisis que el grupo atravesaba en Venezuela durante la expropiación de una de sus empresas. “Nadie apeló”, se quejó el exfuncionario.
Baratta, exsubsecretario de Planificación, está acusado como miembro organizador de la asociación ilícita que, según la fiscalía, habrían liderado Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015.
Su situación es una de las más comprometidas en el caso: lo señalan los cuadernos de su exchofer Oscar Centeno, los dedos de muchos de los arrepentidos y testigos y distintos registros telefónicos.
Apoyado en diapositivas, ofreció un descargo que combinó una defensa de la gestión de Cristina Kirchner, críticas al actual Gobierno y la identificación de presuntas contradicciones en el relato de Betnaza y Zabaleta.
No aportó elementos que permitieran sostener que esos pagos no se ejecutaron, pero los negó. “A mí no me pagaron nada”, decía una de sus filminas. “Ni Zabaleta ni Betnaza me dieron nunca ningún pago, nunca, a través de un llamado telefónico, de los cientos que tuve, les solicité nada”, completó.
Noticia en desarrollo
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El oficialismo cambió de estrategia en Diputados y acompañó el debate sobre morosidad y discapacidad: “No quisieron dar la foto de más de 133”
La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que las comisiones avancen con proyectos sobre discapacidad y morosidad. La votación reunió 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención. El cronograma prevé debates sobre discapacidad el 16 y 23 de septiembre, y sobre morosidad el 29 de septiembre. Así lo afirmó en Infobae A las Nueve Pablo Juliano, diputado nacional de Provincias Unidas.
El funcionario indicó que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de que el respaldo parlamentario creciera. “No quisieron dar la foto de más de 133”, sostuvo al referirse al número de legisladores que había apoyado una propuesta previa.
Juliano señaló que la Cámara alcanzó el quórum con 135 diputados, mientras integrantes de La Libertad Avanza permanecían de pie en el recinto. Según su interpretación, el Gobierno evaluó que no podía quedar fuera de una sesión centrada en asuntos que afectan a personas con deudas y a beneficiarios de prestaciones por discapacidad.
El emplazamiento fijó fechas para discapacidad y morosidad
El emplazamiento obliga a las comisiones a tratar los proyectos dentro de un calendario definido. La Cámara debatirá iniciativas sobre discapacidad los días 16 y 23 de septiembre. Las comisiones abordarán la morosidad el 29 de septiembre.
El diputado sostuvo que el debate sobre morosidad acumuló demoras. Indicó que presentó la misma propuesta 15 días antes de la sesión y que entonces obtuvo 133 votos. Para Juliano, ese antecedente permitió convocar la reunión parlamentaria que definió el nuevo cronograma.
Juliano cuestionó la posición inicial del oficialismo frente al quórum. Relató que representantes del Gobierno contactaron a su espacio durante la mañana de la sesión para comunicar que asistirían. También afirmó que La Libertad Avanza discutió internamente quiénes concurrirían al recinto.
El legislador vinculó la decisión con el respaldo de bloques provinciales. Dijo que esos espacios aportaron votos para alcanzar el quórum y para aprobar el emplazamiento. A su vez, planteó que las dificultades financieras tienen expresiones distintas en cada región del país.
Deudas y acceso al crédito
El funcionario planteó que el Congreso debe buscar una respuesta para las personas con morosidad sin afectar el acceso al crédito. “Yo quiero que el Congreso pueda colocar alguna especie de solución”, afirmó. Su propuesta busca combinar herramientas de refinanciación, criterios de segmentación y un mecanismo no judicial para resolver conflictos.
Al mismo tiempo sostuvo que la Comisión de Presupuesto podía demorar el debate. Explicó que el Gobierno propuso sumar a ese cuerpo junto con las comisiones de Usuarios y Consumidores y Finanzas. Juliano pidió excluirla para evitar iniciativas con impacto fiscal y acelerar la elaboración de un dictamen.
Según explicó, el tratamiento debe concentrarse en medidas que no expongan el proyecto a un veto presidencial. Propuso revisar experiencias de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja. Mencionó planes de refinanciación y programas dirigidos a trabajadores del sector público.
El legislador también propuso crear una instancia extrajudicial inspirada en la mediación. Ese procedimiento buscaría ofrecer una salida para quienes acumulan deudas y evitar nuevas situaciones de mora. Juliano afirmó que la medida podría reunir consensos entre bloques con posiciones distintas.
Consecuencias de la mora
Juliano advirtió que las deudas impagas pueden dejar a personas fuera del sistema financiero durante años. Señaló que su proyecto, llamado Segunda oportunidad, busca revisar ese efecto. La iniciativa apunta a distinguir entre quienes acumulan obligaciones de bajo monto y quienes registran incumplimientos mayores.
El diputado afirmó que el 40% de las personas con morosidad tiene menos de 25 años. Consideró que una deuda inicial no debería impedir el acceso posterior a créditos. También cuestionó que una persona quede registrada durante cinco años por obligaciones que luego regularizó.
Aismimos citó cifras que, según dijo, surgen de estudios del Banco Central. Indicó que las personas con más de tres meses de mora arrastran entre $370.000 y $420.000. Añadió que cerca de 1,8 millones no logran salir de esa situación.
El legislador diferenció los niveles de morosidad según el tipo de prestador. Afirmó que los bancos registran cerca de 7%, las billeteras virtuales entre 19% y 21%, y los prestadores no bancarios alcanzan 36%.
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