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POLITICA

El Gobierno eximió de impuestos a libros extranjeros destinados a la Feria del Libro

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El Gobierno argentino resolvió eximir del pago de varios tributos a las importaciones de libros y materiales asociados que participarán en la “Quincuagésima Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos Aires”, prevista del 21 de abril al 11 de mayo de 2026 en el predio La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida ya se había implementado durante el año pasado y se decidió volver implementarla.

Según informó el Boletín Oficial de la República Argentina, la decisión busca facilitar la exhibición, obsequio y venta de producciones editoriales de países invitados, reafirmando a la Feria como un polo de intercambio cultural y comercial en la región.

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Por medio del Decreto 255/2026 publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, se establece un monto máximo de USD 15.000 por país participante para las mercaderías exentas, calculado sobre valores FOB. Solamente serán beneficiados los libros, atlas, libros musicales y materiales complementarios como discos, videos, catálogos o elementos decorativos de stands, siempre que sean destinados exclusivamente al evento y provengan de las naciones participantes.

La exención comprende el derecho de importación, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuestos internos, así como tasas por servicios portuarios, estadística y comprobación de destino asociadas a la importación para consumo. El beneficio incluye tanto materiales impresos en papel como aquellos reproducidos en soportes magnéticos, ópticos o electrónicos, y abarca todo tipo de idioma, según consta en el decreto.

La Feria refuerza su carácter internacional y expositivo

La solicitud formal fue presentada por la Fundación El Libro, organizadora de la muestra. El texto señala que el pedido fue respaldado institucionalmente por el Ministerio de Cultura de la República del Perú y la Embajada de Ucrania en Argentina, ambos auspiciantes destacados en esta edición.

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La medida aplicará solo a los libros destinados a la Feria del Libro (Foto: Fundación El Libro)

La organización y su respaldo gubernamental consideran que la medida promueve el intercambio tecnológico, comercial y cultural a escala internacional. Según el texto oficial, el propósito es acercar al público argentino “las manifestaciones editoriales del mundo” y favorecer la promoción de la lectura a través del conocimiento de diversas culturas. La exención reforzará además el posicionamiento de la feria en el circuito latinoamericano.

A modo de control, el decreto instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo dependiente del Ministerio de Economía, para que supervise en el predio de la exposición el destino exclusivo de las mercaderías importadas bajo este régimen especial de exención.

Detalles de la exención fiscal y condiciones de acceso

El artículo 2 de la norma dispensa además del IVA y de impuestos internos a la venta de los productos eximidos entre los visitantes al evento, siempre que correspondan dichos gravámenes. Esta medida otorga un incentivo adicional a la compraventa directa durante los días de la exposición, según lo consigna el Boletín Oficial de la República Argentina.

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La disposición ampara la importación y comercialización por motivos vinculados estrictamente a la feria, limitando explícitamente el monto y los productos que pueden beneficiarse, en correspondencia con las normas establecidas por la Ley N° 20.545 y sus modificaciones, así como las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Nacional.

El 21 de abril iniciará la Feria del Libro en La Rural de Buenos Aires (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El control y la estricta aplicación de las condiciones se consideran centrales para evitar desvíos de las mercaderías importadas bajo este régimen fiscal. Por tal motivo, se aclaró que es instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía, a que practique los controles pertinentes en la feria referenciada, con el objeto de que la mercadería ingresada con los beneficios establecidos en el artículo 1° de la presente medida sea destinada exclusivamente a los fines propuestos.

La resolución, firmada por el presidente Javier Milei junto a Manuel Adorni y Juan Bautista Mahiques, entró en vigencia en la fecha de su publicación.

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gente. 49ª feria internacional del libro

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POLITICA

“Hablar de un acuerdo electoral está lejos”: la definición del PRO tras la cuarta reunión con LLA en la Casa Rosada

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La Libertad Avanza y el PRO tuvieron este jueves un nuevo encuentro en Casa Rosada para reanudar las conversaciones legislativas. Los enviados de Mauricio Macri ratificaron su intención de acompañar el Presupuesto 2027, con matices, y no hubo menciones sobre el plano electoral. Sí se abordó el escenario económico, luego de que este jueves el Indec diera cuenta de una suba de la pobreza.

Como en las últimas reuniones quincenales, volvieron a acudir a las 15 a Balcarce 50 el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y el legislador y secretario general de este partido a nivel nacional, Fernando de Andreis. Allí, los esperaban el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador del partido Eduardo “Lule” Menem. Con aviso previo, estuvo ausente el titular de la Cámara baja, Martín Menem.

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El encuentro se extendió por más de dos horas, entre las 15 y las 17.15, en un clima atravesado por la sesión que transcurría en paralelo en el Senado, donde el oficialismo buscaba tratar la reforma de la carta orgánica del Banco Central —que finalmente aprobó con cambios— y el nuevo régimen de Zonas Frías.

“Ellos estaban muy atentos a lo que estaba pasando en el Senado, si había cambios o no en la ley del Banco Central”, admitió Ritondo a TN tras el encuentro, que si no hubiera sido por eso no hubiera superado la hora de duración. En ese contexto, los representantes de La Libertad Avanza se abocaron por completo a la discusión parlamentaria, sin abordar las complejas negociaciones electorales de cara a 2027 que continúan sin mayores definiciones pese a las intenciones del PRO de acordar en la mayoría de los distritos.

Sin Martín Menem, la mesa política del PRO y La Libertad Avanza se volvió a reunir en la Casa Rosada. (Foto: Presidencia)

“La elección está lejos, con lo cual hablar de acuerdo electoral también está lejos”, sintetizó el jefe de la bancada amarilla en Diputados. La idea fue luego repetida por De Andreis: “Siempre dijimos que eso era una conversación posterior. Nosotros vamos a seguir garantizando, como lo hicimos desde el primer día, blindar el cambio en la Argentina como suele decir Mauricio Macri, pero hoy no estamos hablando de los acuerdos electorales”.

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A diferencia de los últimos encuentros, el Gobierno no difundió ni una foto ni un comunicado al finalizar la reunión. “No había una novedad puntual que ameritara una nueva comunicación”, sintetizó una fuente del Ejecutivo.

El apoyo al Presupuesto 2027 y la discusión por Discapacidad

En ese sentido, el grueso de la reunión estuvo dedicado al Congreso, de cara al inminente debate en la cámara baja por el Presupuesto 2027 y los ruidos que generó de antemano por los recortes en áreas sensibles como discapacidad.

“Estamos mirando las diferencias, tenemos discapacidad, lógicamente. El Presupuesto es gigante y hay que mirar punto por punto, pero en general diría que estamos bastante de acuerdo”, adelantó Ritondo.

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POLITICA

Dos jueces enviaron exhortos a Gran Bretaña e Israel por la explotación petrolera en Malvinas

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El juez federal Julián Ercolini y su colega Ariel Lijo enviaron exhortos diplomáticos, mediante la Cancillería, a los gobiernos de Gran Bretaña e Israel en las causas en las que la Casa Rosada denunció a empresas de esos países por la explotación petrolera que realizan en cercanías de las Islas Malvinas, dijeron fuentes judiciales a .

La medida judicial de Ercolini fue a pedido del fiscal Eduardo Taiano, que investiga una denuncia inicial del Gobierno contra la empresa Navitas, de Israel.

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La medida judicial de Lijo fue a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que busca información sobre las firmas Rockhopper Exploration PLC y dos de sus subsidiarias, Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, además de Navitas Petroleum Development and Production Limited.

Ambas se conocen un día después de que el presidente Javier Milei dijo en la Asamblea General de la ONU que Malvinas es una causa nacional y reiteró las denuncias por la explotación “clandestina” de estas empresas en torno a las Islas.

Milei, en la ONU. «Es una organización inútil, que miró para otro lado con la causa Malvinas»Captura de videoi

Estas empresas son las que llevan adelante el proyecto de exploración en la plataforma continental argentina denominado Sea Lion, sin autorización del gobierno argentino, por lo que fueron denunciadas.

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En la causa de Ercolini, las primeras medidas fueron impulsadas por el fiscal Ramiro González, pues Taiano estaba de licencia en la semana en que se denunció el caso.

Ercolini hizo lugar a esas primeras medias, que incluyen requerimientos de información a la Secretaría de Energía para constatar formalmente que Navitas Petroleum no posee concesión, permiso de exploración, ni autorización.

A la Cancillería le pidió los antecedentes de protestas diplomáticas formales o las comunicaciones oficiales que el gobierno argentino haya emitido específicamente contra las filiales de Navitas por sus actividades en el área de las islas.

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Y a Israel y Gran Bretaña les pidió identificar formalmente a los integrantes del directorio y responsables legales de Navitas Petroleum Development & Production LTD y sus socias comerciales en el proyecto de las islas.

Esto busca fijar las responsabilidades penales individuales ante eventuales solicitudes de declaración indagatoria o imputaciones formales.

El juez quiere establecer el lugar de la explotación, por lo que pidió informes del Servicio de Hidrografía Naval para tener certeza del posicionamiento geográfico para certificar formalmente que las coordenadas de exploración y los yacimientos bajo explotación ilícita se encuentran dentro de las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de la República Argentina.

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En el caso del juez Lijo, hizo lugar a la totalidad de las medidas que pidió el fiscal Stornelli al impulsar esta investigación cuando amplió la acusación por la explotación petrolera “clandestina” en torno a las Islas Malvinas y sumó como imputadas a estas firmas.

Lijo quiere saber del Reino Unido la composición del grupo Rockhopper; y de Israel, la estructura societaria de Navitas Petroleum Development and Production Limited y sus eventuales vínculos comerciales con las empresas británicas.

La causa había comenzado apuntando solo contra Desire Petroleum Limited por explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina, cerca de las Islas Malvinas, desde 2012, sin autorización del Estado.

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Esa imputación se apoyaba en dos resoluciones de la Secretaría de Energía de hace más de una década: la 130/2012, que había declarado esas actividades “ilegales y clandestinas”, y la 457/2013, que directamente inhabilitó a la empresa por veinte años para operar en el país. Dijo entonces que actuaba usufructuando una licencia de exploración otorgada por autoridades británicas en las islas, sin permiso argentino.

Fotografía del 13 de septiembre de 2026 de un cartel The Falkland Island en Puerto Argentino/Stanley en Islas MalvinasJUAN IGNACIO RONCORONI – EFE

Ahora, el juez, con la ampliación que hizo el fiscal y los datos que le envió Cancillería, estableció que Desire Petroleum seguía figurando, al menos hasta marzo de este año, entre las empresas con participación en licencias hidrocarburíferas británicas, pero con Rockhopper Exploration (Oil) Limited y, sobre todo, con Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí.

Rockhopper Exploration Limited ya había sido sancionada en su momento por la Secretaría de Energía mediante las resoluciones 131/2012 y 476/2013 por participar en actividades de exploración y explotación ilegítimas en la plataforma continental.

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El gobierno de las islas publicó en marzo de este año una lista actualizada de licencias de producción en la que Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) figura con una participación del 35% en las licencias PL032 y PL033, y en la propia área de descubrimiento Sea Lion. El 65% restante de esas licencias, otra vez, quedaba en manos de Navitas Petroleum Development and Production Limited como operadora.

Navitas Petroleum Development and Production Limited aparece como operadora tanto en las licencias que comparte con Desire Petroleum como en las que comparte con Rockhopper.

Se trata de la misma empresa que hace 15 días fue objeto de una medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, en una acción de daño ambiental promovida por la Asociación Civil de Abogados, Abogados/as y Profesionales Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que le ordenó abstenerse de ejecutar el proyecto Sea Lion.

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La jueza entendió que la firma no había tramitado nunca la evaluación de impacto ambiental que exige la ley argentina.

Lijo, a pedido de Stornelli, también solicitó a la Secretaría de Energía los expedientes completos de las resoluciones sancionatorias de 2012 y 2013 y toda otra actuación vinculada a las cuatro empresas ahora imputadas.

Además, que la Cancillería envíe el expediente completo detrás del informe de la Secretaría de Malvinas, que la Jefatura de Gabinete de Ministros informe sobre denuncias ambientales previas contra las empresas; que el Ministerio de Seguridad reporte si hay actuaciones de las fuerzas federales vinculadas a estas actividades cerca de Malvinas.

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POLITICA

Senado: se aprobó el recorte de subsidios en zonas frías y el Gobierno sumó una victoria en el Congreso

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El Gobierno libertario sumó una victoria de peso en el Congreso: la bancada oficialista en el Senado, que comanda Patricia Bullrich, sancionó el recorte de subsidios en zonas frías empujado durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La medida, que obtuvo 38 votos a favor y ocho en contra, se consiguió a cambio de una promesa para aliviar el peso de la energía eléctrica en provincias “cálidas”.

La extensa -y ahora criticada- ampliación que fomentó el kirchnerismo se retrotraerá y sólo quedará vigente por cuestiones sociales y/o de ingresos. Por caso, que una familia no sobrepase las tres canastas básicas, poco más de $4,7 millones. Mismo sentido para personas con discapacidad y veteranos de Malvinas. Esto apunta a distritos como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan y Mendoza, entre otros.

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Tras lo ocurrido, la gran incógnita que resta es cómo impactarán las subas en boletas durante el próximo invierno. Es que, para esa fecha, ya se estará en medio de una campaña presidencial y, casi con seguridad, habrá provincias afectadas por esta ley que definirán gobernador.

Los beneficios sí se sostienen para las zonas originales -Patagonia, Malargüe y la Puna-, con un sistema distinto que implicará aumentos, ya sean de este grupo o el anterior: el subsidio se aplicará sobre la generación de gas y no sobre la distribución, que se lleva la porción más grande del costo final en una factura.

La senadora salteña y titular de la comisión de Energía de la Cámara alta, Flavia Royón (Infobae en Vivo)

Desde la Cámara alta y, luego de meses de idas y vueltas, el cierre de las voluntades para sacar la ley quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La Casa Rosada anunció desde junio y en decenas de ocasiones sobre votos que, en realidad, nunca estaban confirmados. El funcionario se llevó así un importante triunfo a su favor.

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“Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país”, aseguró la titular de la comisión de Energía del Senado, Flavia Royón (Primero los Salteños). La legisladora agregó: “Hoy, en Argentina, tenemos 9.000.000 de usuarios de gas natural. La zona fría histórica son 940.000 usuarios. La zona fría ampliada son 3.360.000 usuarios. Pero fuera de los que tienen el privilegio de tener conexión de gas a redes, tenemos en Argentina 6.210.000 de usuarios que dependen de las garrafas”.

No estuvo de acuerdo con la iniciativa la experimentada radical Mariana Juri (Mendoza), quien observó la “improvisación en un tema trascendental” por “eliminar sin ningún criterio”. Y añadió: “Qué nos van a decir a los del interior, que estamos subsidiando el transporte del AMBA”.

Se sumó su colega de bloque Maximiliano Abad (Buenos Aires): “No se puede cambiar una ley mala por otra ley mala que, además, es arbitraria, injusta y sin rigor técnico”. Ambos rechazaron junto a los también radicales Eduardo Galaretto, Carolina Losada (ambos, de Santa Fe), Daniel Kroneberger (La Pampa) y el mendocino Rodolfo Suárez. Los dos restantes fueron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que soñaban con “zonas polares”.

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Los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia (Gustavo Gavotti)

Fue curioso el trámite en el recinto del proyecto. Primero, el kirchnerismo, pese a que el tema ya estaba habilitado, anunció que se retiraba del recinto y que esperaría, en la previa de la definición, la confirmación del quorum. No volvieron más.

Después, la estrategia opositora quedó nada menos que en manos de Carambia -su compañera Gadano perdió tiempo en criticar a un mandatario de otra provincia y recibió una dura respuesta por ello-, que solicitó una moción -se votan en el momento- para pasar la sesión a un cuarto intermedio.

A pesar de la situación, el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que presidía el convite, dio lugar a los 15 minutos reglamentarios aunque siguió con la lista de oradores. Con el quorum ratificado y la moción caída, Bullrich mandó a cerrar el asunto y votar. Un final de jornada pésimo para lo que preveía el kirchnerismo horas antes del encuentro.

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En las adhesiones a la ley aparecieron junto a los libertarios -y otros silvestres provinciales- los ahora ex kirchneristas de Convicción Federal Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca).

Sus otrora colegas cristinistas, referenciados en José Mayans (Formosa), emitieron -cuando todo lo valioso ya consumado- un comunicado para quejarse por no estar explícito en el texto la parte de zonas cálidas, una acusación contra el Gobierno para enfrentar norte versus sur del país, y para denostar “un incremento promedio de 1.600%” en gas y 800% en electricidad “en estos casi tres años de gestión”.

luciano ingaramo / comunicació

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