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Volvieron a diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en la Ciudad de Buenos Aires

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El Ministerio de Justicia volvió a postergar la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La decisión alcanza a las cámaras federales de apelaciones porteñas en lo penal y en lo penal económico.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación de la resolución 186/2026 en el Boletín Oficial. De acuerdo con la medida anterior, el código tenía que implementarse el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, la nueva fecha de aplicación será el 15 de febrero de 2027.

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La decisión responde a una serie de dificultades técnicas, materiales y organizacionales identificadas en el proceso de transición.

Estas dificultades han afectado la capacidad de la Justicia Federal penal y penal económica para adecuarse al nuevo modelo, que ya rige en múltiples provincias y distritos federales del país. El Ministerio de Justicia comunicó que la medida otorga un margen adicional para culminar obras de infraestructura, ampliar recursos humanos especializados y asegurar una migración ordenada hacia el sistema acusatorio.

El Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) establece un cambio de paradigma en el proceso penal, al introducir el sistema acusatorio y fortalecer la oralidad y la celeridad de los juicios.

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El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques (REUTERS/Agustin Marcarian)

Según lo informado por el Ministerio de Justicia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra cerca del 15% de la dotación de magistrados del Ministerio Público Fiscal y casi el 19,2% de los jueces federales del país.

El distrito de la Capital Federal no solo concentra la mayor parte de las causas penales federales complejas, sino que también alberga infraestructuras estratégicas como el Puerto Nuevo y el Aeroparque Jorge Newbery. Esto implica un volumen elevado de conflictos de competencia y una alta densidad de investigaciones vinculadas a delitos económicos, corrupción, lavado de activos, narcotráfico y trata de personas.

La migración al sistema acusatorio enfrenta, además, el reto de administrar un considerable número de causas que aún tramitan bajo el sistema mixto, lo que exige una reorganización profunda de recursos humanos, tecnológicos y edilicios. A pesar de las inversiones ya realizadas en equipamiento informático, salas de audiencias y programas de capacitación, la Procuración General de la Nación advirtió que persisten “asimetrías operativas” y una “insuficiencia crítica de espacios físicos” para el funcionamiento pleno del nuevo modelo.

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En respuesta a estos desafíos, el Ministerio de Justicia sostuvo que la medida busca asegurar que la implementación del sistema acusatorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se produzca bajo condiciones óptimas, capaces de garantizar la sostenibilidad institucional y la eficacia del proceso penal federal.

El nuevo sistema rige actualmente en nueve distritos federales, que incluyen provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y La Pampa, así como partes de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, todavía resta implementarse en otros nueve distritos, entre ellos Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones y sectores de la provincia de Buenos Aires.

El Ministerio de Justicia subrayó que la implementación del sistema acusatorio constituye una política de Estado que involucra la cooperación activa de los tres poderes y diversas agencias. En ese sentido, se destacó la labor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.

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El aplazamiento decidido por el Ministerio de Justicia permitirá continuar con las actividades institucionales preparatorias y concluir las inversiones en infraestructura y recursos humanos para la transición.

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El Gobierno llamó a concursar la vacante del camarista Irurzun y busca completar un tribunal clave

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El Gobierno informó al Consejo de la Magistratura que el camarista Martín Irurzun cumplió 75 años y que no prevé enviar al Senado un nuevo acuerdo para que continúe en el cargo. De esta manera, se le solicitó al presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que realice un concurso para cubrir su vacante en la Cámara Federal.

Es decir, el Gobierno lo dio a Irurzun por jubilado desde el sábado pasado, cuando cumplió 75 años, más allá de que el magistrado realizó un reclamo judicial ante el fuero contencioso administrativo federal y ante la propia Corte Suprema de Justicia para seguir adelante más allá del tope legal de su edad.

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Así, el Gobierno avanza en la renovación de la estratégica Cámara Federal porteña, a la que pertenecía Irurzun, un tribunal clave que tiene la llave para dejar que avancen a juicio los casos de corrupción contra funcionarios y exfuncionarios o que queden sepultados para siempre.

Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola

Este mes el Gobierno ya designó al juez Pablo Yadarola en lugar del camarista Leopoldo Bruglia, que había llegado a la Cámara Federal trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri. Y revalidó el cargo de Pablo Bertuzzi, otro camarista trasladado, pero que concursó para su propio cargo.

Con la llegada del reemplazante de Irurzun, el Gobierno puede colocar un tercer camarista en este estratégico tribunal.

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Tramitan en esta cámara las causas más sensibles para el Gobierno, como el caso LIBRA$, donde se investiga a Javier Milei y a su hermana Karina Milei, el caso Andis, donde está procesado Diego Spagnuolo, y el tribunal intervendrá en el caso de supuesto enriquecimiento de Manuel Adorni.

Hoy integran la Cámara Federal los jueces Mariano Llorens, Alberto Boico, Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi, y aún no juró Pablo Yadarola. Hasta que no concluya el concurso para reemplazar a Irurzun, la vacante será cubierta por estos magistrados designados por sorteo.

Lucas Somigliana, Director Nacional de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia, envió hoy una nota a Rosatti para que active el concurso.

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“Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al expediente de la referencia, mediante el que tramita la presentación del Dr. Martín Irurzun, a través de la que solicitó un nuevo nombramiento en los términos del artículo 99, inciso cuatro, tercer párrafo, de la Constitución Nacional para continuar en el ejercicio de su cargo como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal Sala II”, dice la nota a la que accedió .

Empezaron las comisiones por el proyecto de reforma del sistema de selección de jueces, en el consejo de la magistratura. Horacio RosattiMaría Bessone

Y señala que “atento a que el magistrado alcanzó la edad de setenta y cinco (75) años el pasado 18 de julio y que el Poder Ejecutivo Nacional no ha elevado la propuesta de su nuevo nombramiento al H. Senado de la Nación, cumplo en informarle dicha circunstancia”.

Menciona Somigliana que “en consecuencia, habiéndose producido la vacante definitiva en el cargo, le solicito tenga a bien arbitrar lo conducente a fin de que se sustancie el concurso correspondiente”.

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Irurzun, una de las figuras más influyentes de Comodoro Py durante las últimas tres décadas, le había pedido eel viernes a la Corte Suprema de Justicia que trabaje el fin de semana y durante la feria judicial de invierno para que lo habilitara a seguir en el cargo más allá de los 75 años, contrariamente a lo que dice la Constitución Nacional.

La Corte está de vacaciones y no realizó ningún movimiento con su caso el fin de semana, cuando el juez cumplió 75 años.

De todos modos, el juez presentó una demanda de fondo en la justicia contencioso-administrativa federal contra el Estado Nacional para que declare la nulidad del párrafo tercero del inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional, la cláusula incorporada por la reforma de 1994 que exige a los jueces un nuevo nombramiento, con acuerdo del Senado, para permanecer en sus cargos una vez cumplidos los 75 años.

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La presentación, con el patrocinio de los abogados Alberto Antonio Spota y Federico Dal Maso, se suma a la medida cautelar ya rechazada en primera instancia y en Cámara.

Con estos antecedentes es que el Gobierno dio por concluido el asunto y mandó a designar a un reemplazante. Irurzun llegó a la Cámara Federal en 1994, presidió la Sala II y su jubilación abre una vacante sensible en el tribunal.




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Las propuestas de cambios electorales en la provincia de Buenos Aires se mantienen estancadas

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Los intentos opositores en la provincia de Buenos Aires por impulsar cambios electorales como el de la implementación de la boleta única de papel, método que se utilizó a nivel nacional en 2025, no registran avances concretos en el ámbito legislativo. La misma suerte corre el proyecto de la Junta Electoral provincial, encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, para extender plazos de presentación de listas y otros requisitos necesarios para la elección. Las comisiones encargadas de la reforma política no trataron aún las iniciativas, luego del reparto de poder que dejó una de ellas en manos del massismo (la del Senado bonaerense) y la otra en poder del kicillofismo (la de la Cámara de Diputados provincial).

Lleva más de tres meses sin movimientos un proyecto que la Junta Electoral bonaerense, que preside el titular de la Suprema Corte de Justicia provincial, Sergio Torres. Aprobado por la junta el 14 de abril, prevé extender los plazos electorales. Entre otros puntos, solicita elevar de 60 a 80 el lapso anterior a la elección en el que hay que presentar los pedidos de reconocimiento de alianzas, llevar de 50 a 60 días de anticipación la presentación de listas, y ampliar de 20 a 30 días el período de antelación para designar autoridades de mesa. “No ha habido ningún avance relacionado con ese planteo”, confirmaron a desde la Junta Electoral. El proyecto se presentó cuando presidía la junta Hilda Kogan, jueza de la Corte provincial.

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Las comisiones de reforma electoral que se conformaron en las dos cámaras de la Legislatura, no mostraron avances en los proyectos de cambios electorales, ya con la primera mitad del período ordinario de sesiones culminada (desde este lunes, la Legislatura entra en receso invernal por dos semanas). En Diputados, no se reunió nunca, informó uno de sus integrantes a este diario. En el Senado, hubo un único encuentro y, según indicó uno de sus miembros, se “va a retomar [la actividad] en agosto”.

Kogan, jueza de la Suprema Corte bonaerense, el año pasado, durante la organización de las elecciones provincialesJEB

El reparto de poder en las comisiones de reforma política fueron un dolor de cabeza para el peronismo legislativo bonaerense. Enfrascado en su interna entre cristinistas y kicillofistas, anudó una distribución que dejó al frente de la comisión en el Senado a la massista Malena Galmarini, y en la de Diputados, a la kicillofista Ana Luz Balor. En ambas comisiones hay expedientes sobre cambios electorales a la espera de debatirse, algunos ingresados el año pasado, con objetivos como la boleta única de papel (opositores) o la obligatoriedad de los debates de candidatos a gobernador (del oficialismo bonaerense).

Los proyectos más ambiciosos son los que apuntan a implementar la boleta única de papel en las elecciones bonaerenses. Hasta el momento, bancadas como las de la UCR+Cambio Federal y la Coalición Cívica, o la de La Libertad Avanza, implementaron jornadas de debate, pero no consiguieron avances concretos para llevar sus intenciones a los recintos de la Legislatura bonaerense.

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El 10 de abril, La Libertad Avanza organizó una reunión de sus diputados y senadores provinciales con la por entonces directora nacional electoral, Luz Landívar (que dejó ese cargo en mayo, y fue reemplazada por Juan Pablo Limodio) con la boleta única de papel como tema central. El encuentro tuvo lugar en el anexo del Senado. Los libertarios presentaron proyectos desde noviembre de 2024 y el año pasado los reiteraron.

En tanto, los bloques legislativos UCR+Cambio Federal y Coalición Cívica ya pusieron en marcha al menos tres jornadas para impulsar sus proyectos de boleta única papel, comicios desdoblados, modernización de las elecciones PASO y aumento de las exigencias para conformar partidos políticos. También sin resultados en avances legislativos concretos, hicieron encuentros en abril (en la Cámara de Diputados provincial y en Mar del Plata) y en mayo (en Bahía Blanca), con dirigentes como el exdirector nacional electoral Alejandro Tullio.




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Reforma laboral: el Gobierno dio marcha atrás con un punto clave y habilitó mayores aportes de empresas a los gremios

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El Gobierno dio marcha atrás con uno de los aspectos más sensibles de la reforma laboral y flexibilizó el esquema de financiamiento de los sindicatos. A través del decreto 612/2026, eliminó el tope del 2% que limitaba los aportes extraordinarios de las empresas a los gremios y amplió la base sobre la que pueden calcularse esas contribuciones.

La medida representa un guiño a la CGT. En los hechos, el Gobierno devuelve a los gremios una parte del margen de negociación que la reforma laboral había restringido y les permite discutir con las cámaras empresarias aportes de mayor magnitud.

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El decreto fue firmado el viernes 17 por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El cambio central es la eliminación del límite del 2% para las contribuciones extraordinarias que las empresas pueden realizar a los sindicatos. De esta manera, el monto de esos aportes podrá ser acordado entre las organizaciones sindicales y las cámaras empresarias en el marco de los convenios colectivos de trabajo, sin quedar sujeto al tope que había sido establecido previamente.

La modificación supone una marcha atrás respecto del intento de limitar las denominadas cajas sindicales. Aunque el decreto establece condiciones sobre el destino y la administración de los fondos, los gremios recuperan capacidad para negociar con el sector empresario una fuente de financiamiento que había quedado restringida.

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El Gobierno también modificó la base de cálculo de esos aportes. A partir de la nueva norma, deberá contemplar el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador y las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual que tengan origen convencional.

Quedan excluidos, en cambio, los conceptos que no sean normales, habituales y mensuales. La lista incluye premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario (aguinaldo), plus vacacional y sumas no remunerativas, además de cualquier otro concepto que no se pague de forma normal, habitual y mensual.

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Los fondos, de todos modos, no podrán ser utilizados sin restricciones. La norma establece que deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural, en beneficio de los trabajadores comprendidos dentro del ámbito de representación de la asociación sindical.

También deberán ser administrados y documentados por separado del resto de los bienes y fondos sindicales. El objetivo es garantizar una administración diferenciada de esos recursos y facilitar el control de legalidad previo a la homologación de los convenios colectivos.

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La decisión marca un contraste con el rumbo que había tomado la reforma laboral aprobada por el Congreso en febrero y reglamentada por el Poder Ejecutivo a comienzos de junio. En aquella discusión, la CGT había intentado atenuar las restricciones sobre el financiamiento sindical, pero no había logrado modificar el esquema en la instancia de reglamentación.

El Gobierno presentó los cambios como una precisión técnica destinada a aclarar el alcance de las normas vigentes y ordenar su aplicación. Sin embargo, el efecto político parece concreto: la CGT obtiene una flexibilización en los límites que afectaban sus recursos y recupera capacidad de negociación frente al sector empresario.

reforma laboral, Javier Milei, CGT, sindicatos

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