POLITICA
Volvieron a diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en la Ciudad de Buenos Aires
El Ministerio de Justicia volvió a postergar la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La decisión alcanza a las cámaras federales de apelaciones porteñas en lo penal y en lo penal económico.
La medida se hizo efectiva mediante la publicación de la resolución 186/2026 en el Boletín Oficial. De acuerdo con la medida anterior, el código tenía que implementarse el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, la nueva fecha de aplicación será el 15 de febrero de 2027.
La decisión responde a una serie de dificultades técnicas, materiales y organizacionales identificadas en el proceso de transición.
Estas dificultades han afectado la capacidad de la Justicia Federal penal y penal económica para adecuarse al nuevo modelo, que ya rige en múltiples provincias y distritos federales del país. El Ministerio de Justicia comunicó que la medida otorga un margen adicional para culminar obras de infraestructura, ampliar recursos humanos especializados y asegurar una migración ordenada hacia el sistema acusatorio.
El Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) establece un cambio de paradigma en el proceso penal, al introducir el sistema acusatorio y fortalecer la oralidad y la celeridad de los juicios.
Según lo informado por el Ministerio de Justicia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra cerca del 15% de la dotación de magistrados del Ministerio Público Fiscal y casi el 19,2% de los jueces federales del país.
El distrito de la Capital Federal no solo concentra la mayor parte de las causas penales federales complejas, sino que también alberga infraestructuras estratégicas como el Puerto Nuevo y el Aeroparque Jorge Newbery. Esto implica un volumen elevado de conflictos de competencia y una alta densidad de investigaciones vinculadas a delitos económicos, corrupción, lavado de activos, narcotráfico y trata de personas.
La migración al sistema acusatorio enfrenta, además, el reto de administrar un considerable número de causas que aún tramitan bajo el sistema mixto, lo que exige una reorganización profunda de recursos humanos, tecnológicos y edilicios. A pesar de las inversiones ya realizadas en equipamiento informático, salas de audiencias y programas de capacitación, la Procuración General de la Nación advirtió que persisten “asimetrías operativas” y una “insuficiencia crítica de espacios físicos” para el funcionamiento pleno del nuevo modelo.
En respuesta a estos desafíos, el Ministerio de Justicia sostuvo que la medida busca asegurar que la implementación del sistema acusatorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se produzca bajo condiciones óptimas, capaces de garantizar la sostenibilidad institucional y la eficacia del proceso penal federal.
El nuevo sistema rige actualmente en nueve distritos federales, que incluyen provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y La Pampa, así como partes de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, todavía resta implementarse en otros nueve distritos, entre ellos Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones y sectores de la provincia de Buenos Aires.
El Ministerio de Justicia subrayó que la implementación del sistema acusatorio constituye una política de Estado que involucra la cooperación activa de los tres poderes y diversas agencias. En ese sentido, se destacó la labor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
El aplazamiento decidido por el Ministerio de Justicia permitirá continuar con las actividades institucionales preparatorias y concluir las inversiones en infraestructura y recursos humanos para la transición.
POLITICA
Mahiques no asistirá a la audiencia pública para designar al nuevo titular de la UIF porque viajará Israel con Milei
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, resolvió delegar la conducción de la audiencia pública clave para la designación del próximo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), ante la imposibilidad de encabezar el acto por compromisos oficiales fuera del país.
Esta instancia, central para la validación legal y la transparencia en la elección del nuevo titular del organismo, quedó oficialmente a cargo del secretario de Justicia, Santiago Viola, según la resolución publicada en el Boletín Oficial.
La decisión se debe a que Mahiques integará la comitiva que acompañará al presidente Javier Milei en su visita oficial al Estado de Israel entre el 18 y el 22 de abril de 2026.El día en el que está previsto el regreso es la fecha fijada para la realización de la audiencia en la sede del Ministerio de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante este encuentro se analizará la propuesta de nombramiento de Matías Gabriel Álvarez como presidente de la UIF, organismo clave en la lucha contra el lavado de activos. Tal como dispone el artículo 9 de la Ley 25.246 y sus modificatorias, cualquier persona o institución podrá expresar observaciones u objeciones al candidato propuesto, conforme al procedimiento detallado en el Decreto 1172/03.
Álvarez cuenta con experiencia previa en organismos estatales vinculados al control financiero y la administración pública. Su designación fue impulsada por el Ministerio de Justicia, que subrayó la importancia de seleccionar a una figura con antecedentes técnicos y conocimiento del sistema de prevención del lavado de activos. Si recibe el visto bueno tras la audiencia pública, Álvarez deberá afrontar el desafío de modernizar los sistemas de control y fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra los delitos económicos.
Según detalla el Boletín Oficial, este encuentro público es parte del proceso institucional para cubrir la vacante formalizada tras la aceptación de la renuncia de Paulo Starc a la presidencia del organismo, mediante el Decreto DECTO-2026-45-APN-PTE del 23 de enero de 2026. La convocatoria y nominación de Álvarez fueron oficializadas el 17 de marzo de 2026, acto ahora corregido para delegar la presidencia de la audiencia debido al viaje oficial del ministro.
La audiencia pública es parte de un procedimiento riguroso y transparente para el nombramiento de la máxima autoridad de la UIF, cuyo objetivo es recibir e incorporar posibles objeciones o aportes de la sociedad civil y de organismos especializados antes de la designación definitiva.
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Los cambios en la administración
En paralelo al proceso de selección del nuevo titular de la UIF, el Gobierno sigue avanzando con una profunda reestructuración de los principales organismos de control y fiscalización del Estado. Mahiques solicitó la renuncia de los titulares de la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Procuración del Tesoro, además de la UIF. Según fuentes del Ministerio de Justicia, la medida busca allanar el proceso de transición y evitar conflictos administrativos.
De esta manera, Sebastián Amerio pasó a ser el procurador del Tesoro Nacional, puesto que antes ocupaba Santiago Castro Videla. A su vez, Alejandro H. Ramírez asumió la conducción de la IGJ.
El objetivo declarado por el Ministerio de Justicia es facilitar el traspaso de la gestión y evitar dificultades administrativas durante el período de intervención. La medida abarca a organismos clave para la supervisión y el control del sistema financiero, societario y de seguros, en un contexto donde el Gobierno busca la transparencia.
El Poder Ejecutivo justificó estas acciones señalando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control estatal en áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento del sector público y la prevención de delitos financieros. A través de estos cambios, el Gobierno apunta a restablecer la confianza en los organismos de fiscalización y asegurar que sus acciones se ajusten a los intereses públicos y a la legalidad vigente.
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POLITICA
El Gobierno habilitó a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales mediante peajes
A través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno habilitó a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales situados en sus respectivos territorios a través del sistema de obra pública por peaje.
Asimismo, el Estado nacional mantendrá la titularidad del dominio y la jurisdicción federal sobre esos caminos.
El texto oficial firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, instituye que las provincias alcanzadas por la normativa son Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.
La citada delegación será “funcional, limitada, temporal y revocable”. En consonancia, “no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados”.
En los considerandos de la resolución se aclara que varias jurisdicciones provinciales solicitaron al Estado nacional contar con herramientas para gestionar rutas que atraviesan sus territorios. Según explicaron, se da con el objetivo de asumir “la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento”.
La normativa establece que los fondos obtenidos por la explotación de los peajes no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras ajenas a la concesión otorgada. Además, los sectores delegados no podrán ser licitados conjuntamente en un mismo corredor vial con rutas de otras jurisdicciones.
Si las provincias no convocan la licitación dentro del plazo de un año desde la aprobación del convenio, la delegación queda sin efecto. Por otro lado, si el contrato de concesión se extingue por cualquier razón, el Estado nacional retomará la gestión del tramo correspondiente.
El decreto, en efecto, se apoya en la Ley 17.520, que faculta al Poder Ejecutivo a otorgar concesiones de obras y servicios públicos, y en el Decreto-Ley 505/58, que regula el sistema troncal vial nacional. También referencia la Ley 27.742, que impulsa la reorganización administrativa del Estado y una mayor descentralización de funciones.
El Decreto 253/2026 se sustenta en la Ley 17.520, la cual señala al Poder Ejecutivo como otorgante de concesiones de obras y servicios públicos. También en el Decreto 505/58, que regula el sistema troncal vial nacional.
Otra indicación presente en la resolución apunta que las provincias deberán firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se individualicen los tramos a concesionar, el plazo de delegación, el régimen de supervisión y su correspondiente auditoría.
Dichos acuerdos deberán tener el visto bueno de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y las concesiones resultantes no podrán exceder los 30 años de duración.
Boletín Oficial,Conforme a,Boletín Oficial,,Boletín Oficial. La Anmat prohibió una serie de productos cosméticos infantiles por irregularidades,,Ex-Potenciar Trabajo. El Gobierno extiende por 48 meses el Programa de Acompañamiento Social: a quién alcanza y cuál es el monto,,Por decreto. Mahiques designó a su hermano Esteban como funcionario del Ministerio de Justicia
El Gobierno argentino resolvió eximir del pago de varios tributos a las importaciones de libros y materiales asociados que participarán en la “Quincuagésima Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos Aires”, prevista del 21 de abril al 11 de mayo de 2026 en el predio La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida ya se había implementado durante el año pasado y se decidió volver implementarla.
Según informó el Boletín Oficial de la República Argentina, la decisión busca facilitar la exhibición, obsequio y venta de producciones editoriales de países invitados, reafirmando a la Feria como un polo de intercambio cultural y comercial en la región.
Por medio del Decreto 255/2026 publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, se establece un monto máximo de USD 15.000 por país participante para las mercaderías exentas, calculado sobre valores FOB. Solamente serán beneficiados los libros, atlas, libros musicales y materiales complementarios como discos, videos, catálogos o elementos decorativos de stands, siempre que sean destinados exclusivamente al evento y provengan de las naciones participantes.
La exención comprende el derecho de importación, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuestos internos, así como tasas por servicios portuarios, estadística y comprobación de destino asociadas a la importación para consumo. El beneficio incluye tanto materiales impresos en papel como aquellos reproducidos en soportes magnéticos, ópticos o electrónicos, y abarca todo tipo de idioma, según consta en el decreto.
La Feria refuerza su carácter internacional y expositivo
La solicitud formal fue presentada por la Fundación El Libro, organizadora de la muestra. El texto señala que el pedido fue respaldado institucionalmente por el Ministerio de Cultura de la República del Perú y la Embajada de Ucrania en Argentina, ambos auspiciantes destacados en esta edición.
La organización y su respaldo gubernamental consideran que la medida promueve el intercambio tecnológico, comercial y cultural a escala internacional. Según el texto oficial, el propósito es acercar al público argentino “las manifestaciones editoriales del mundo” y favorecer la promoción de la lectura a través del conocimiento de diversas culturas. La exención reforzará además el posicionamiento de la feria en el circuito latinoamericano.
A modo de control, el decreto instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo dependiente del Ministerio de Economía, para que supervise en el predio de la exposición el destino exclusivo de las mercaderías importadas bajo este régimen especial de exención.
Detalles de la exención fiscal y condiciones de acceso
El artículo 2 de la norma dispensa además del IVA y de impuestos internos a la venta de los productos eximidos entre los visitantes al evento, siempre que correspondan dichos gravámenes. Esta medida otorga un incentivo adicional a la compraventa directa durante los días de la exposición, según lo consigna el Boletín Oficial de la República Argentina.
La disposición ampara la importación y comercialización por motivos vinculados estrictamente a la feria, limitando explícitamente el monto y los productos que pueden beneficiarse, en correspondencia con las normas establecidas por la Ley N° 20.545 y sus modificaciones, así como las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Nacional.
El control y la estricta aplicación de las condiciones se consideran centrales para evitar desvíos de las mercaderías importadas bajo este régimen fiscal. Por tal motivo, se aclaró que es instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía, a que practique los controles pertinentes en la feria referenciada, con el objeto de que la mercadería ingresada con los beneficios establecidos en el artículo 1° de la presente medida sea destinada exclusivamente a los fines propuestos.
La resolución, firmada por el presidente Javier Milei junto a Manuel Adorni y Juan Bautista Mahiques, entró en vigencia en la fecha de su publicación.
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