POLITICA
El Gobierno autorizó a nueve provincias a otorgar concesiones de obras públicas en rutas nacionales
El Gobierno nacional decidió delegar en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la competencia para otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales, ubicados dentro de sus territorios.
Se trata de las provincias comandadas por gobernadores considerados aliados para el Ejecutivo nacional, puesto que mantienen un diálogo fluido y fueron clave en varias de las victorias legislativas del Gobierno.
La medida, oficializada con la publicación del decreto 253/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, permite que estas jurisdicciones asuman el manejo de la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los caminos nacionales, sin que ello implique la transferencia de la titularidad del dominio público ni la jurisdicción federal sobre los tramos involucrados.
El objetivo de la nueva disposición es facilitar una gestión más ágil y cercana de la infraestructura vial, permitiendo a las provincias actuar directamente en los procesos de licitación y concesión.
Según el decreto, las provincias podrán aprobar la documentación licitatoria, convocar a los interesados, seleccionar concesionarios y suscribir los contratos necesarios para la ejecución de las obras. Todo este procedimiento deberá respetar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero.
Para ejercer estas competencias, las provincias deberán firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En estos acuerdos se detallarán los tramos de rutas nacionales a gestionar, los plazos para el ejercicio de las competencias, el régimen de supervisión y auditoría, y el compromiso de mantener indemne al Estado Nacional ante cualquier reclamo o daño que pudiera surgir en el marco de la concesión.
La delegación de facultades se considera temporal, funcional, limitada y revocable. En ningún caso, implica la cesión del dominio público ni la jurisdicción federal sobre los tramos de rutas nacionales. El Estado nacional mantendrá la titularidad y podrá reasumir la gestión si circunstancias de interés público lo requieren.
De acuerdo con lo dispuesto, el proceso de delegación establece que los fondos obtenidos a partir de la explotación de cada tramo objeto de concesión solo podrán ser destinados a la construcción o conservación de ese mismo tramo. No se autoriza su uso para obras en otros trayectos, aunque exista vinculación física o técnica entre ellos.
Las provincias, una vez aprobado el convenio por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, tendrán un plazo máximo de un año para iniciar el procedimiento de selección de concesionarios. Tras la adjudicación, deberán suscribir el contrato y otorgar la posesión a la empresa concesionaria en un plazo de noventa días hábiles, salvo que existan motivos fundados para modificar dicho término.
El decreto prevé que, si no se cumple con los plazos estipulados para la convocatoria o la adjudicación, la delegación sobre el tramo vial en cuestión decaerá automáticamente. Si el contrato de concesión se extingue por cualquier motivo, la gestión y el mantenimiento regresarán al Estado nacional, que podrá reasumir la administración y mantenimiento del tramo o instrumentar un nuevo proceso de delegación.
Un aspecto central de este nuevo esquema es la supervisión y auditoría de los contratos de concesión, que quedará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad.
La decisión de descentralizar la gestión operativa de ciertos tramos de rutas nacionales responde al interés manifestado por varias jurisdicciones en asumir un papel más activo en la administración de la infraestructura vial que atraviesa sus territorios. Según el texto del decreto, esta modalidad se encuadra en un proceso de fortalecimiento del régimen federal y busca dotar a las provincias de herramientas adecuadas para gestionar el financiamiento y ejecución de obras a través de concesiones por peaje.
Los convenios a suscribirse entre las provincias y la Dirección Nacional de Vialidad deberán incluir el plan de obras, el cronograma de ejecución, la justificación técnica, la fuente de financiamiento, el detalle del peaje máximo y el plazo de concesión proyectados. Todos estos elementos serán evaluados por el organismo nacional, que analizará la viabilidad técnica y económica de cada proyecto y su compatibilidad con otros planes de infraestructura bajo su responsabilidad.
Además, establecieron que si otras provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desean asumir facultades similares, podrán solicitarlo al Ministerio del Interior, que evaluará la pertinencia y viabilidad conforme a los criterios del decreto y las leyes vigentes. El Ministerio de Economía queda facultado para emitir normas aclaratorias y complementarias a fin de garantizar la adecuada implementación de la medida.
La iniciativa, impulsada en un contexto de reorganización administrativa y búsqueda de una gestión pública más eficiente y transparente, apunta a optimizar la infraestructura vial y mejorar la seguridad en el transporte, manteniendo el equilibrio entre la descentralización operativa y la preservación del dominio federal sobre los bienes estratégicos del país.
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POLITICA
La Casa Rosada relativizó los aranceles dispuestos por Trump y espera definiciones de EE.UU. para avanzar con el acuerdo comercial
El Gobierno le baja el tono a los nuevos aranceles dispuestos por Donald Trump y destaca que la Argentina quedó alcanzada por la tasa mínima del 10%. Además, en el Ejecutivo reconocen que no esperan una aplicación integral del acuerdo comercial en el corto plazo porque todavía depende de definiciones jurídicas y regulatorias de Estados Unidos sobre las que no tienen garantías.
En la Casa Rosada validan la lectura de que el alineamiento político entre Javier Milei y Donald Trump contribuyó a que la Argentina conservara el tratamiento preferencial que había conseguido con el entendimiento firmado en febrero. “La posición argentina no cambió”, resumen en el oficialismo.
El Ejecutivo interpreta que la administración republicana encontró una nueva herramienta jurídica para sostener el esquema arancelario después de que la Corte Suprema estadounidense limitara la utilización del mecanismo original con el que Trump había impulsado su política comercial. La nueva base legal quedó respaldada por la investigación que llevó adelante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre importaciones vinculadas con trabajo forzoso.
En Nación remarcan que ese capítulo ya formaba parte del acuerdo bilateral. La Argentina había asumido compromisos para reforzar la prohibición y el control sobre el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso, uno de los puntos que ahora permitió al USTR mantener el arancel del 10% y preservar las principales excepciones negociadas para las exportaciones nacionales.
La Casa Rosada, sin embargo, sostiene que el entendimiento con Estados Unidos excede ampliamente la cuestión arancelaria. El acuerdo también incorpora compromisos vinculados con propiedad intelectual, patentes, normas regulatorias, barreras no arancelarias, cooperación comercial y otros aspectos que todavía requieren documentación y pasos formales de la administración estadounidense.
Es por ese motivo que el oficialismo no prevé impulsar en el corto plazo el tratamiento parlamentario del acuerdo comercial. En despachos oficiales aseguran que esperan que Washington complete la instrumentación del entendimiento antes de avanzar con el envío o la discusión integral del texto en el Congreso.
Ese criterio alcanza también al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La iniciativa cuenta con dictamen, pero no integra la agenda legislativa inmediata. En Balcarce 50 explican que prefieren esperar la evolución del acuerdo bilateral antes de abrir una discusión sobre uno de los capítulos más sensibles del vínculo comercial con Estados Unidos.
La estrategia oficial apunta a evitar un tratamiento parcial del entendimiento. En el Ejecutivo consideran que el acuerdo debe analizarse como un paquete integral y no únicamente desde la óptica arancelaria, que ya comenzó a implementarse mediante la nueva decisión del USTR.
Leé también: El Gobierno planea una megasesión en Diputados y apunta a aprobar pliegos judiciales clave en Senado en agosto
En paralelo, el Gobierno busca sostener el vínculo político con la administración republicana. La Casa Rosada considera que la relación con Washington seguirá siendo uno de los ejes centrales de la política exterior y apuesta a profundizar la cooperación económica, comercial y estratégica durante el segundo semestre.
En ese marco, Milei prepara un nuevo viaje a Estados Unidos para octubre. El Presidente difundió en sus redes sociales la invitación oficial para participar de un foro en Washington por el Mes de la Herencia Hispana, donde compartirá actividades con empresarios, inversores, representantes diplomáticos y referentes políticos.
En Nación interpretan que ese viaje servirá para mantener el canal político abierto con la Casa Blanca y seguir de cerca la evolución del acuerdo comercial. El oficialismo apuesta a que los próximos pasos de Washington permitan completar la implementación del entendimiento y despejar el camino para su tratamiento legislativo en la Argentina.
La lectura que hacen en Balcarce 50 es que el anuncio del USTR confirmó el rumbo general de la negociación. Si bien el Gobierno reconoce que todavía quedan definiciones pendientes sobre el alcance integral del acuerdo, considera que la decisión de preservar el esquema arancelario representa una señal de continuidad en la relación bilateral y un respaldo al vínculo construido entre Milei y Trump durante los últimos meses.
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POLITICA
Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula da Silva para reforzar la estrategia internacional contra su condena por la causa Vialidad
Cristina Kirchner incorporó al abogado brasileño Rafael Valim al equipo que diseña la estrategia internacional para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad. La información fue confirmada a Infobae por fuentes cercanas a la ex presidenta, que señalaron que el jurista formará parte de la defensa aunque evitaron precisar cuándo comenzará a intervenir o cuáles serán los primeros pasos procesales.
La incorporación de Valim representa un nuevo paso en la estrategia que el kirchnerismo impulsa desde hace más de un año para llevar el caso a organismos internacionales de derechos humanos. Ese trabajo combina la elaboración de la defensa jurídica con una campaña política destinada a instalar en el exterior la posición de Cristina Kirchner respecto del proceso judicial que derivó en la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Valim es abogado, profesor de Derecho Público y jurista brasileño con más de veinte años de trayectoria en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y derechos humanos. Es doctor y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP), editor jefe de la editorial Contracorrente y profesor del Corso di Perfezionamento in Teoria Critica della Società de la Università degli Studi di Milano-Bicocca, en Italia.
También desarrolló actividades académicas como profesor visitante en la University of Manchester y en la Université de Rouen, además de participar en programas de distintas universidades de Europa y América Latina.
En el ejercicio profesional intervino en litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, especialmente en causas vinculadas con la separación de poderes, el control de la administración pública, el debido proceso y la protección de derechos fundamentales. Su experiencia también comprende actuaciones ante mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano y el Sistema Europeo de Derechos Humanos.
El abogado brasileño es autor de diversos libros sobre derecho constitucional y lawfare, entre ellos Lawfare: Waging War Through Law, publicado por Routledge. Ese concepto constituye uno de los ejes de la argumentación que el kirchnerismo sostiene desde que quedó firme la condena dictada en la causa Vialidad.
Según pudo confirmar Infobae, Valim trabajará junto con el jurista español Javier Borrego, quien también integra el equipo internacional que asesora a la ex presidenta.
Borrego estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera vinculada a los organismos europeos de derechos humanos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo español.
La conformación del equipo jurídico internacional se complementa con el trabajo político que desde el año pasado desarrolla el denominado Comité “Cristina Libre”, creado para difundir en distintos países la posición del kirchnerismo sobre la condena contra la ex presidenta.
Ese espacio está integrado por el senador Oscar Parrilli; el ex canciller Jorge Taiana; el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena; el parlamentario del Mercosur Franco Metaza; la encargada de Relaciones para América Latina del Partido Justicialista, Sol Magno; el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y el ex embajador argentino en China Sabino Vaca Narvaja.
Desde su conformación, el comité desarrolla reuniones con dirigentes políticos, referentes de derechos humanos y organizaciones internacionales con el objetivo de difundir la posición del kirchnerismo sobre la causa Vialidad. La estrategia busca instalar que la condena contra Cristina Kirchner respondió a una persecución política y que durante el proceso judicial existieron vulneraciones al debido proceso y a otras garantías constitucionales.
En paralelo a esa tarea política, el equipo de abogados trabaja en la presentación que impulsará ante organismos internacionales. Entre las alternativas analizadas figuran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, aunque por el momento el entorno de la ex presidenta no confirmó cuál será finalmente el camino elegido.
Ambos mecanismos contemplan instancias distintas de revisión. En el caso del Sistema Interamericano, el expediente debe presentarse primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en caso de ser admitido, puede llegar posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La otra alternativa es recurrir a los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, una vía que fue utilizada por la defensa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante el proceso judicial que enfrentó en su país.
POLITICA
Crece el malestar en el Gobierno por los traspiés de Ravier como vocero, pero Milei no le pedirá la renuncia
Exactamente hace un mes, Adrián Ravier se convirtió en el segundo vocero de la administración mileista. Su llegada fue en medio del caos comunicacional que abrió el escándalo de su antecesor en el cargo, Manuel Adorni, quien quedó envuelto en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, por la que terminó renunciando también a la jefatura de Gabinete.
Su arribo fue leído internamente como una bocanada de aire fresco después de meses difíciles, pero rápidamente empezaron a haber dudas sobre su performance, que en las últimas horas trocaron en un fuerte malestar en la propia Casa Rosada, donde todo el equipo del gabinete admite que sus errores complican mucho la gestión, aunque reconocen que Javier Milei no lo va a echar ahora.
La situación se agravó cuando anoche en el streaming ultra oficialista Carajo, dijo que “es una posibilidad” que el dólar llegue a $1700 o $1800 dentro de unos meses.
Los adjetivos que le atribuían este viernes los funcionarios a Ravier no eran los más elogiosos. El malestar era amplio en Balcarce 50, en donde incluso se dedicaron a monitorear si había alguna resonancia en la cotización del dólar.
Economista y amigo personal de Milei, Ravier fue presentado cuatro semanas atrás como vocero económico de la gestión y desde entonces retomó las conferencias de prensa, que habían quedado desactivadas en el último tramo de Manuel Adorni.
De entrada, se mostró con un estilo completamente diferente al de su antecesor, que estaba marcado por la soberbia y chicanas al periodismo. Ravier se mostró sobrio y de buenas formas. Incluso asumió con elogios al periodismo profesional.
Ese cambio de nombre y estilo fue celebrado internamente, pero rápidamente surgieron las primeras luces de alerta internas: errores en las conferencias y falta de respuestas, fueron algunas de las señales que extendieron la incomodidad.
Por ejemplo, este martes, leyó respuestas a las preguntas de los periodistas e incluso se equivocó de contestación en un caso. Además, varias veces dijo no tener la información correspondiente. Pero sus dichos en las últimas horas en la señal Carajo sobre la cotización del dólar ya fueron de otro tenor.
“No parece terminar de entender que es el vocero del gobierno, del presidente, y que lo que dice no es su palabra como economista, es la palabra del Gobierno”, consideró una importante voz del oficialismo.
“Una cosa es ser analista y otra es ser vocero”, distinguían este viernes en el oficialismo en medio del «profundo malestar» que admitían luego del episodio en Carajo.
“Si hablando en territorio ‘amigo’, como es con los chicos de Carajo, la pifia, ¿qué queda para una conferencia o en otro medio?”, se preguntaban.
Más aún, en la Casa Rosada alertaban sobre el impacto del error en un tema como el dólar, con la sensibilidad que implica en la economía argentina.
Ravier venía esta semana, en su conferencia de los martes, de aclarar un tuit suyo en el que habló de “país bananero”. “Es insólito un vocero que tiene que salir a aclarar lo que dijo; o que dice que no dice lo que dijo”, era otro de los puntos que se mencionaban.
Pese a ese malestar y la suma de desatinos, nadie imagina que deje de salir en los medios o de dar conferencias de prensa. “¿Qué hace si no habla en medios? Su trabajo es hablar en medio? Lo único que tiene que hacer es hablar en público”, mascullaban en el corazón del oficialismo.
La misma ecuación aplicaba a las conferencias de prensa. “Sería peor si las interrumpe”, consideraron.
Solo en la última, el pasado martes, Ravier sumó entredichos con periodistas acreditados, se confundió de respuesta y prometió averiguarlo para más adelante.
Frente a una consulta sobre la exploración extranjera en Malvinas, comenzó a leer una respuesta que hacía referencia a la presentación de una nota de protesta a la embajada del Reino Unido, y reculó: “Perdón, está mal la respuesta. Era una respuesta a otra pregunta. Un segundo, que chequeo esto. Esta es”, lamentó. Y leyó los nuevos papeles, en los que expresó su rechazo a la decisión de inversión de las “ilegítimas” licenciatarias británica e israelí para el desarrollo de yacimientos en Malvinas sin contar con los permisos de la Argentina.
Ante una repregunta, respondió: “Esto es lo que sé en este momento sobre este tema, tendríamos que profundizar con Cancillería. En este momento no tengo más información. Es un tema muy específico que en este momento no puedo responder”. Y así finalizó la conferencia.
Previo a eso también debió aclarar sus dichos sobre la bandera que mostraron los jugadores de la selección argentina en apoyo al reclamo por las Malvinas después del triunfo sobre Inglaterra en el Mundial.
“En relación con mis afirmaciones, niego contundentemente haber dicho alguna vez que la Argentina era un país bananero. Yo nunca dije eso. Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas y algunos titulares en algunos diarios que incluso me ponen entre comillas una frase que yo nunca dije”, puntualizó. El tuit al que hacía referencia empezaba hablando de “país bananero”.
Ravier también sumó errores este jueves, cuando, al pasar por otro streaming, en El Cronista, habló de la situación de los acreditados en la Sala de Prensa de Casa Rosada, que atraviesan desde mayo pasado restricciones que no registran antecedentes desde 1942.
“Al pedo explayarse. Le preguntaron por la libertad de expresión en el país y en lugar de ejemplificar con, por ejemplo, que él mismo estaba ahí hablando y contestando, se metió en eso. ¿Para qué?“, se lamentaron sobre otro de los episodios.
Pese a las molestias, nadie planteaba en estas horas la posibilidad de que Ravier sea corrido del cargo. “En primer lugar, Javier (por Milei) no es de hacer esas cosas”, sostuvieron. Además, apuntaron que “no sería el momento” para hacerlo.
“Cambiarlo no porque lo eligió el presidente. Además, es alguien querido y de la causa. Es valioso”, dijeron.
Completaron también que, pese al malestar que viene generando con sus distintos desatinos, “Adrián es un tipo inteligente y preparado”, y que “viene reuniéndose con los ministros para interiorizarse de las actividades”.
Lo que sí resaltaban casi como una necesidad imperiosa era que tiene que seguir con el coaching que lleva adelante desde que empezó en el cargo. Y que, según explicaban en Gobierno, está en manos del equipo del asesor, Santiago Caputo. Cerca de los celestiales confirmaban que “están colaborando con Ravier”. Eran más piadosos y aseguraban que “no cometió ningún error gravísimo”.
“Hay que trabajar más en la preparación”, se resignó uno de los consultados. “Se va a tener que hacer cargo de que no puede fallar más”, agregaron.
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