El Ministerio de Justicia volvió a postergar la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La decisión alcanza a las cámaras federales de apelaciones porteñas en lo penal y en lo penal económico.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación de la resolución 186/2026 en el Boletín Oficial. De acuerdo con la medida anterior, el código tenía que implementarse el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, la nueva fecha de aplicación será el 15 de febrero de 2027.

La decisión responde a una serie de dificultades técnicas, materiales y organizacionales identificadas en el proceso de transición.

Estas dificultades han afectado la capacidad de la Justicia Federal penal y penal económica para adecuarse al nuevo modelo, que ya rige en múltiples provincias y distritos federales del país. El Ministerio de Justicia comunicó que la medida otorga un margen adicional para culminar obras de infraestructura, ampliar recursos humanos especializados y asegurar una migración ordenada hacia el sistema acusatorio.

El Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) establece un cambio de paradigma en el proceso penal, al introducir el sistema acusatorio y fortalecer la oralidad y la celeridad de los juicios.

Según lo informado por el Ministerio de Justicia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra cerca del 15% de la dotación de magistrados del Ministerio Público Fiscal y casi el 19,2% de los jueces federales del país.

El distrito de la Capital Federal no solo concentra la mayor parte de las causas penales federales complejas, sino que también alberga infraestructuras estratégicas como el Puerto Nuevo y el Aeroparque Jorge Newbery. Esto implica un volumen elevado de conflictos de competencia y una alta densidad de investigaciones vinculadas a delitos económicos, corrupción, lavado de activos, narcotráfico y trata de personas.

La migración al sistema acusatorio enfrenta, además, el reto de administrar un considerable número de causas que aún tramitan bajo el sistema mixto, lo que exige una reorganización profunda de recursos humanos, tecnológicos y edilicios. A pesar de las inversiones ya realizadas en equipamiento informático, salas de audiencias y programas de capacitación, la Procuración General de la Nación advirtió que persisten “asimetrías operativas” y una “insuficiencia crítica de espacios físicos” para el funcionamiento pleno del nuevo modelo.

En respuesta a estos desafíos, el Ministerio de Justicia sostuvo que la medida busca asegurar que la implementación del sistema acusatorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se produzca bajo condiciones óptimas, capaces de garantizar la sostenibilidad institucional y la eficacia del proceso penal federal.

El nuevo sistema rige actualmente en nueve distritos federales, que incluyen provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y La Pampa, así como partes de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, todavía resta implementarse en otros nueve distritos, entre ellos Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones y sectores de la provincia de Buenos Aires.

El Ministerio de Justicia subrayó que la implementación del sistema acusatorio constituye una política de Estado que involucra la cooperación activa de los tres poderes y diversas agencias. En ese sentido, se destacó la labor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.

El aplazamiento decidido por el Ministerio de Justicia permitirá continuar con las actividades institucionales preparatorias y concluir las inversiones en infraestructura y recursos humanos para la transición.

El Gobierno nacional decidió delegar en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la competencia para otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales, ubicados dentro de sus territorios.

Se trata de las provincias comandadas por gobernadores considerados aliados para el Ejecutivo nacional, puesto que mantienen un diálogo fluido y fueron clave en varias de las victorias legislativas del Gobierno.

La medida, oficializada con la publicación del decreto 253/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, permite que estas jurisdicciones asuman el manejo de la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los caminos nacionales, sin que ello implique la transferencia de la titularidad del dominio público ni la jurisdicción federal sobre los tramos involucrados.

El objetivo de la nueva disposición es facilitar una gestión más ágil y cercana de la infraestructura vial, permitiendo a las provincias actuar directamente en los procesos de licitación y concesión.

Según el decreto, las provincias podrán aprobar la documentación licitatoria, convocar a los interesados, seleccionar concesionarios y suscribir los contratos necesarios para la ejecución de las obras. Todo este procedimiento deberá respetar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero.

Para ejercer estas competencias, las provincias deberán firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En estos acuerdos se detallarán los tramos de rutas nacionales a gestionar, los plazos para el ejercicio de las competencias, el régimen de supervisión y auditoría, y el compromiso de mantener indemne al Estado Nacional ante cualquier reclamo o daño que pudiera surgir en el marco de la concesión.

La delegación de facultades se considera temporal, funcional, limitada y revocable. En ningún caso, implica la cesión del dominio público ni la jurisdicción federal sobre los tramos de rutas nacionales. El Estado nacional mantendrá la titularidad y podrá reasumir la gestión si circunstancias de interés público lo requieren.

De acuerdo con lo dispuesto, el proceso de delegación establece que los fondos obtenidos a partir de la explotación de cada tramo objeto de concesión solo podrán ser destinados a la construcción o conservación de ese mismo tramo. No se autoriza su uso para obras en otros trayectos, aunque exista vinculación física o técnica entre ellos.

Las provincias, una vez aprobado el convenio por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, tendrán un plazo máximo de un año para iniciar el procedimiento de selección de concesionarios. Tras la adjudicación, deberán suscribir el contrato y otorgar la posesión a la empresa concesionaria en un plazo de noventa días hábiles, salvo que existan motivos fundados para modificar dicho término.

El decreto prevé que, si no se cumple con los plazos estipulados para la convocatoria o la adjudicación, la delegación sobre el tramo vial en cuestión decaerá automáticamente. Si el contrato de concesión se extingue por cualquier motivo, la gestión y el mantenimiento regresarán al Estado nacional, que podrá reasumir la administración y mantenimiento del tramo o instrumentar un nuevo proceso de delegación.

Un aspecto central de este nuevo esquema es la supervisión y auditoría de los contratos de concesión, que quedará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad.

La decisión de descentralizar la gestión operativa de ciertos tramos de rutas nacionales responde al interés manifestado por varias jurisdicciones en asumir un papel más activo en la administración de la infraestructura vial que atraviesa sus territorios. Según el texto del decreto, esta modalidad se encuadra en un proceso de fortalecimiento del régimen federal y busca dotar a las provincias de herramientas adecuadas para gestionar el financiamiento y ejecución de obras a través de concesiones por peaje.

Los convenios a suscribirse entre las provincias y la Dirección Nacional de Vialidad deberán incluir el plan de obras, el cronograma de ejecución, la justificación técnica, la fuente de financiamiento, el detalle del peaje máximo y el plazo de concesión proyectados. Todos estos elementos serán evaluados por el organismo nacional, que analizará la viabilidad técnica y económica de cada proyecto y su compatibilidad con otros planes de infraestructura bajo su responsabilidad.

Además, establecieron que si otras provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desean asumir facultades similares, podrán solicitarlo al Ministerio del Interior, que evaluará la pertinencia y viabilidad conforme a los criterios del decreto y las leyes vigentes. El Ministerio de Economía queda facultado para emitir normas aclaratorias y complementarias a fin de garantizar la adecuada implementación de la medida.

La iniciativa, impulsada en un contexto de reorganización administrativa y búsqueda de una gestión pública más eficiente y transparente, apunta a optimizar la infraestructura vial y mejorar la seguridad en el transporte, manteniendo el equilibrio entre la descentralización operativa y la preservación del dominio federal sobre los bienes estratégicos del país.

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Hay un atributo del que no se puede carecer a la hora de liderar: la intuición. Javier Milei la tiene. Por eso sabe que no alcanza con los resultados positivos de la economía en los promedios del Excel. A la Presidencia lo llevaron, también, los votos de los varones jóvenes de los barrios marginales del Conurbano bonaerense. Barrios en los que hoy no consiguen trabajo ni de soldaditos para el narco y se termina peleando por un cartón por el que cada vez pagan menos. Un electorado enojado y triste al que tampoco convoca el peronismo y a la hora de votar prefiere quedarse en casa.

Falta mucho para las elecciones presidenciales, pero queda poco para construir un candidato. Nadie sabe hacia donde va la Argentina, pero un sector del Gobierno está convencido que solo hay espacio para la nitidez. “Incierto es peor que malo”, repite siempre el economista del CITI, Ricardo Dessi. Si las buenas noticias de la macroeconomía no se sienten en los bolsillos de la mayoría, la única alternativa es apostar a los propios. Y en el caso de Milei no son pocos: tiene un piso en torno al 30%.

Si el escenario de 2027 es una suerte de Perú 2026 –el domingo pasaron a la segunda vuelta Keiko Fujimori con 17 puntos y Roberto Sánchez con 12– de híper fragmentación política y desencanto, ese piso de 30% le da ventaja a Milei. Pero también supone un desafío. Si con poco cualquiera es competitivo, todos pueden soñar. Hasta un evangélico que vive en California, como Dante Gebel, quien llegará a Buenos Aires la semana que viene probarse el traje. Ya lo advertía un hombre de la Iglesia Católica: “En el barrio, lo único que crece son los evangélicos”.

Argentina tuvo, no hace tanto, una elección en un contexto de profunda fragmentación política. En 2003, el candidato presidencial más votado fue Carlos Menem con el 24% de los votos. Lo siguieron Néstor Kirchner con 21,7%, Ricardo López Murphy con 17% y Elisa Carrió y Adolfo Rodríguez Saá con casi 14%. Lo que siguió es historia conocida.

Por eso, quizá, el Presidente no dudó en levantar el teléfono y llamar a quien le había mandado un whatsapp alertado por lo que veía en en la calle. “¿Qué estas viendo? ¿Te metiste al supermercado?”, quiso saber. Escuchó y tomó nota. Y trató de dar un mensaje alentador: “Este es el piso, la recaudación mejoró en marzo y la inflación arrancó a bajar”. Creer o reventar.

Por ahora, el presente muestra una microeconomía arrasada. “En mi barrio todo el mundo tiene un préstamo personal, de $200 mil o $300 mil, que lo sacas para comprar comida, no para hacerte las manos”, cuenta Mariela, que trabaja en un salón de belleza en Capital pero vive en La Matanza. Otra de las “estrategias de las familias” en este tiempo de escasez, son los círculos de ahorro informales y también préstamos por fuera del sistema. Algo así como el prendario del ministro Adorni, pero en pesos y para comprar comida, no propiedades. También aparecen intermediarias para el juego online: una suerte de cajeras que levantan apuestas de terceros. La ingeniería del rebusque es infinita.

“El mercado de soldaditos está saturado”. Sí, como el de Uber. El ejemplo brutal lo da un cura que camina los barrios más carenciados de Quilmes hace 30 años y que sabe que hoy ya no les pagan $1.500.000 por custodiar una esquina: hay demasiada oferta, el precio bajó. “Hoy en el barrio nadie trabaja. No hay nada. La pelea es por la informalidad, por el cartón; que como cayó el consumo hay menos y también se paga peor”. Mayra Mendoza, ex intendente de Quilmes, contó esta semana en Infobae en vivo que todos los días hay 60 nuevas familias reclamando comida al municipio.

El Gobierno sabe que está en un mal momento. Lo consuela el año par, no hay elecciones, tiene tiempo. ¿Tiene tiempo? El Presidente se chocó de frente esta semana con dos de sus principales obsesiones: la inflación y el déficit fiscal. La primera por el 3,4% de marzo que marcó el decimo mes de suba y lo obligó a prometer que ahora sí pegará la vuelta. Realmente lo cree y se entusiasma con los datos de abril que le indican que la inflación viene corriendo al 2,4% mensual. La segunda, por el martillo judicial que lo intima a cumplir con la ley de financiamiento universitario y desembolsar $2,5 billones que no tiene. ¿Qué privilegiará el Presidente: el cumplimiento de las reglas de la democracia o su promesa de no romper el equilibrio fiscal?.

En agosto del año pasado, por cadena nacional, y a propósito de la sanción de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, Milei explicaba que “cualquier gasto adicional debería recurrir a la emisión monetaria o el alza de impuestos” y avisaba: “No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. Y al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

Habrá que esperar y ver para conocer que camino toma el Presidente, pero hay una certeza: está contrareloj. La micro entró en tiempo de descuento en octubre de 2025 y la macro, aunque ordenada, nunca está libre de sobresaltos. Tal es así, que uno de los bancos más importantes del país le pidió a su asesor financiero un estudio para estimar cuántos dólares podrían salir del país por Argentinos que viajen al mundial. Sin cepo para particulares y un tipo de cambio apreciado, algunos temen que cambie la tendencia de las copas del mundo de Qatar y Rusia y en junio se genere una salida importante de divisas por turismo emisivo.

Esta semana, sin embargo, llegaron buenas noticias en cuanto a dólares. El Fondo Monetario acaba de habilitarle mil millones de dólares y el Banco Mundial un respaldo de otros dos mil millones. Todo suma, nada alcanza. Pero al menos hasta noviembre, cuando se celebran las elecciones de medio término en Estados Unidos, el gobierno de la Libertad Avanza podría contar con el apoyo de la administración de Donald Trump.

Frente a este escenario hoy adverso, lo paradójico es que esa premura no logra capitalizarla su principal opositor, el gobernador bonaerense. Está igual de urgido. Con la actividad retraída, la recaudación en baja y la amenaza siempre latente de la inseguridad, el Gobierno bonaerense se esfuerza en creatividad para sostener aquella promesa de la provincia como escudo a la motosierra de Milei. Realismo mágico, diría el Presidente.

En las últimas semanas, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, defendió los fondos para su ministerio ante los números en rojo que exponían el jefe de Gabinete, Carlos Bianco y el ministro de Economía, Pablo López. El objetivo es imposible: satisfacer una demanda de asistencia alimentaria en alza con baja de la recaudación y sin auxilio de la Nación.

Por eso, el gobierno de la provincia evalúa una “reestructuración del modelo de asistencia social” que implica la eliminación del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria). Un mecanismo por el que más de 2 millones de personas retiran todos los meses de la escuela de sus hijos una caja de alimentos de entre 9 y 15 productos y que le cuesta a la Provincia unos $31 mil millones al mes.

Para mitigar el impacto político de la medida, el Gobierno provincial diseña un anuncio integral: eliminar el MESA, pero aumentar el presupuesto para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que alcanza a más de 2.400.000 chicos y hoy implica un presupuesto de $40 mil millones. Un reclamo de los intendentes. Y lanzar, al mismo tiempo, un plan de emergencia alimentaria coordinado con los municipios que lleve alimentos a aquellas personas que ya ni llegan al circuito escolar.

“El MESA era un programa de complementación alimentaria que mantuvimos después de la pandemia, ahora ya no alcanza con complementar, hay emergencia”, se justifican en la Provincia, al tiempo que reconocen que en el contexto de escasez de recursos, hay que definir prioridades.

Lo dicho, el desbarajuste del conurbano complica los planes de Milei para mantenerse en el sillón de Rivadavia, pero antes los de Kicillof para probarlo. A los dos, también, le restan las internas de sus propios espacios. Sin ir más lejos, el periodista Horacio Vertbisky, de línea directa a Cristina Fernández, publicó que la ex Presidente quiere a cualquiera de candidato por el peronismo, menos al Gobernador. Y se sabe: el PJ solo tiene chances cuando compite unido. A menos que, como se planteó al principio, la foto de las elecciones del domingo pasado en Perú, sea un recuerdo del futuro para la Argentina.