POLITICA
El Gobierno habilitó a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales mediante peajes

A través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno habilitó a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales situados en sus respectivos territorios a través del sistema de obra pública por peaje.
Asimismo, el Estado nacional mantendrá la titularidad del dominio y la jurisdicción federal sobre esos caminos.
El texto oficial firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, instituye que las provincias alcanzadas por la normativa son Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.
La citada delegación será “funcional, limitada, temporal y revocable”. En consonancia, “no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados”.
En los considerandos de la resolución se aclara que varias jurisdicciones provinciales solicitaron al Estado nacional contar con herramientas para gestionar rutas que atraviesan sus territorios. Según explicaron, se da con el objetivo de asumir “la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento”.
La normativa establece que los fondos obtenidos por la explotación de los peajes no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras ajenas a la concesión otorgada. Además, los sectores delegados no podrán ser licitados conjuntamente en un mismo corredor vial con rutas de otras jurisdicciones.
Si las provincias no convocan la licitación dentro del plazo de un año desde la aprobación del convenio, la delegación queda sin efecto. Por otro lado, si el contrato de concesión se extingue por cualquier razón, el Estado nacional retomará la gestión del tramo correspondiente.
El decreto, en efecto, se apoya en la Ley 17.520, que faculta al Poder Ejecutivo a otorgar concesiones de obras y servicios públicos, y en el Decreto-Ley 505/58, que regula el sistema troncal vial nacional. También referencia la Ley 27.742, que impulsa la reorganización administrativa del Estado y una mayor descentralización de funciones.
El Decreto 253/2026 se sustenta en la Ley 17.520, la cual señala al Poder Ejecutivo como otorgante de concesiones de obras y servicios públicos. También en el Decreto 505/58, que regula el sistema troncal vial nacional.
Otra indicación presente en la resolución apunta que las provincias deberán firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se individualicen los tramos a concesionar, el plazo de delegación, el régimen de supervisión y su correspondiente auditoría.
Dichos acuerdos deberán tener el visto bueno de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y las concesiones resultantes no podrán exceder los 30 años de duración.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el viaje del Presidente a España y las repercusiones de la elección en Colombia

WASHINGTON.− En medio de los cuestionamientos de diversos sectores en la Argentina al proyecto sobre lobby que impulsa el Gobierno en el Congreso, Human Rights Watch (HRW) advirtió este lunes que en caso de aprobarse podría imponer “cargas irrazonables” a las organizaciones independientes de derechos humanos y a otros grupos de la sociedad civil, y pidió “correcciones”.
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La modelo Jesica Cirio emitió un descargo sobre los videos publicados este sábado por en los que ella aparece manipulando bolsas y fajos de dólares escondidos presuntamente en un vestidor de la casa en la que vivía junto a Martín Insaurralde en San Vicente.
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albert ramdin y carlos cherniak, oea,mundo,oea
POLITICA
Human Rights Watch advierte por el proyecto sobre lobby que impulsa el Gobierno y pide “correcciones”

WASHINGTON.− En medio de los cuestionamientos de diversos sectores en la Argentina al proyecto sobre lobby que impulsa el Gobierno en el Congreso, Human Rights Watch (HRW) advirtió este lunes que en caso de aprobarse podría imponer “cargas irrazonables” a las organizaciones independientes de derechos humanos y a otros grupos de la sociedad civil, y pidió “correcciones”.
La organización internacional con sede en Nueva York señaló mediante un comunicado que el proyecto de ley busca promover la transparencia e integridad, pero que tal y como está diseñado “impondría nuevas cargas administrativas y riesgos legales tan serios que, en la práctica, impedirían que muchos grupos de la sociedad civil participen en el proceso de formulación de políticas públicas”.
Organizaciones de la sociedad civil, entidades profesionales y cámaras empresarias han coincidido en cuestionar aspectos centrales de la iniciativa del Gobierno, desde la amplitud de las definiciones, la viabilidad práctica de varios artículos y hasta las sanciones previstas.
“Es valioso que el Gobierno quiera regular y garantizar la transparencia en torno a las actividades de lobby, pero debe asegurar los derechos de la población y de las organizaciones de la sociedad civil a incidir en políticas públicas”, indicó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
“El Congreso debería corregir las disposiciones excesivamente amplias del proyecto de ley para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer su trabajo sin restricciones indebidas”, agregó.
La semana pasada, en la última reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ninguno de los 26 expositores convocados respaldó el texto oficial. La Libertad Avanza (LLA) optó por postergar el dictamen y abrir una instancia de negociación con bloques dialoguistas que ya trabajan en propuestas alternativas.
El objetivo de la norma, según la administración de Javier Milei, es limitar la influencia indebida sobre las decisiones de gobierno y aumentar la transparencia de las actividades de lobby, recordó HRW en la nota publicada este lunes, titulada “Argentina debe corregir la propuesta de ley sobre lobby“.
El proyecto de ley, presentado como “Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, prohibiría toda comunicación destinada a influir en las políticas gubernamentales, a menos que las entidades y las personas involucradas se registren primero como lobbistas y presenten, de manera rápida y detallada, informes sobre cada contacto y comunicación que mantengan, añadió HRW, que realizó una extensa descripción de las implicancias del plan.
El organismo destacó que crearía un registro público de gestores de intereses y exigiría que se registren tanto los lobbistas profesionales como los representantes de empresas, cámaras empresariales y cualquier otra persona u organización que busque influir en las decisiones del Poder Ejecutivo o del Congreso.
“La inscripción en el registro no sería automática ni estaría garantizada. Por el contrario, las autoridades a cargo del registro, que operarían bajo la órbita del Poder Ejecutivo, podrían rechazar la inscripción, por ejemplo, si consideran que no es ‘compatible’ con el objeto social registrado de la organización”, detalló.
Las autoridades también podrían suspender o cancelar la inscripción por incumplimientos de la ley; por ejemplo, por no informar acerca de reuniones con la debida rapidez. Esto permitiría a las autoridades del Poder Ejecutivo impedir arbitrariamente que grupos de la sociedad civil participen en actividades de incidencia, señaló HRW.
Entre otros aspectos, el organismo advirtió que el proyecto exigiría que las personas u organizaciones registradas informen detalladamente sobre cada reunión o “contacto” que tengan con las autoridades públicas en un plazo de cinco días.
“Es muy probable que a las organizaciones de la sociedad civil les resulte más difícil que a los grupos empresariales hacer frente a estas cargas administrativas. Con ello, se corre el riesgo de inclinar la balanza de tal manera que, en última instancia, los grupos de interés con grandes recursos económicos aumenten su acceso al Gobierno y al Congreso y las organizaciones de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil lo disminuyan”, alertó HRW.
Otro de los puntos controvertidos, según HRW, es que el proyecto que impulsa el Gobierno modificaría el Código Penal para permitir penas de hasta dos años de prisión para cualquier persona que realice actividades de lobby sin previa autorización.
Además, permitiría imponer una pena de prisión de hasta tres años a quienes lleve a cabo una “representación clandestina de intereses extranjeros”, incluyendo a quienes no declaren que están tratando de influir en decisiones vinculadas a la “defensa nacional, seguridad interior o relaciones exteriores” con financiamiento extranjero, añadió.
“En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Argentina está obligada a respetar los derechos a la libertad de asociación y de expresión. Cualquier restricción a estos derechos debe estar claramente definida, y ser necesaria y proporcional para alcanzar un fin legítimo, como la protección de los derechos de terceros”, recordó el organismo en el comunicado.
Tal como está redactado, el proyecto “no tiene en cuenta estas obligaciones de derechos humanos” e incluso otorgaría al Poder Ejecutivo “facultades excesivas para sancionar a las organizaciones de la sociedad civil que buscan mejorar la respuesta gubernamental ante hechos de corrupción y violaciones de derechos”, señaló HRW.
“Si al Congreso le importa la transparencia en las decisiones públicas, debería regular debidamente el lobby sin obstaculizar el trabajo de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil”, cerró Goebertus.
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POLITICA
Solo en Off | Las batallas contra la prensa que tuvo el nuevo vocero presidencial Adrián Ravier

Luego de la extenuante reunión de seis horas que sostuvieron el viernes en la quinta de Olivos, el presidente Javier Milei ordenó al jefe de gabinete, Manuel Adorni, a anunciar el nombre de su propio reemplazante en la vocería presidencial. El diputado nacional pampeano Adrián Ravier fue el elegido, y aunque desde el Gobierno confirman que durante esta semana asumirá formalmente su cargo, el flamante vocero ya tuvo en su haber varias batallas con la prensa.
“Durante la campaña no hablaba con nosotros”, afirmaron por lo bajo periodistas de La Pampa a quienes les tocó cubrir la campaña de Ravier para diputado nacional, electo por la minoría (perdió con el PJ por cerca de 2000 votos) en octubre del año pasado. Presidente de La Libertad Avanza desde hace un año, y asistente a los streamings que lideran integrantes de las Fuerzas del Cielo, cuentan desde los medios de la provincia que Ravier es un dirigente “poco conocido”, dado que no es nacido allí sino en Buenos Aires, y que por eso su designación mereció tantas menciones como era de esperar en la prensa local. “Hizo más ruido que su reemplazo en diputados es Martín Matzkin”, coincidieron fuentes del peronismo local, contentos con la llegada de “Facha” Matzkin-bullrichista y sobrino de Jorge Matzkin, ex ministro del Interior de Eduardo Duhalde-al Congreso en lugar de Ravier, que renunciará a su banca para asumir como vocero presidencial.
Muchos se preguntan, a poco de su desembarco, por el equipo y el lugar en el que Ravier desarrollará su labor. Su llegada coincide con el desmantelamiento (por mudanza, según aclaran desde el Gobierno) de la amplia biblioteca de la Casa Rosada, ubicada en la planta baja del edificio, compuesta por 3300 libros legales y archivos, que servían de eventual consulta para los presidentes y funcionarios. Se instale allí o en otro sector de Balcarce 50, a Ravier le espera el renovado reclamo de los periodistas acreditados, que luego de once días fuera de la casa por orden presidencial retornaron a sus tareas a principios de mayo, pero con inéditas restricciones a sus movimientos, el acceso vedado a patios y pasillos, y un control exhaustivo por parte de la Casa Militar, siempre a las órdenes de la Secretaría General de la Presidencia.
La AMIA visitó a Santilli, pero no se olvida de Parrilli
Las siluetas del presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, y del Gran Rabino de la entidad, Eliahu Hamra, pudieron divisarse, días atrás, en la explanada de la Casa Rosada. Los dirigentes comunitarios venían del despacho del ministro del Interior, Diego Santilli, a quien invitaron al Encuentro Federal por la memoria, que la AMIA organiza el próximo 1 de julio en la previa de un nuevo aniversario-el número 32- del atentado terrorista contra la sede comunitaria. Este año, los protagonistas serán los intendentes de las localidades del país en las que exista una comunidad judía, aunque la experiencia de la frustrada edición anterior parece haber sido buena consejera.
El año pasado, la invitación al senador Oscar Parrilli, procesado en la causa por la firma del Memorándum del gobierno kirchnerista con Irán, desató tanta controversia que debió cancelarse todo el evento. “No habrá sorpresas esta vez”, afirmaron con tono autocrítico desde la entidad comunitaria, desde dónde recalcaron que las invitaciones abarcaron a intendentes de todos los sectores políticos.
El sindicalista Aguiar, con “soldados” de Putin contra el Gobierno
El siempre combativo secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, pareciera no reparar en fronteras a la hora de pelear contra el gobierno libertario. Días atrás, el sindicalista estatal estuvo en Moscú, con el declarado objetivo de “acordar estrategias que terminen con las políticas de Milei”, y se reunió con sectores sindicales de la Federación Rusa que lidera, con mano de hierro, el presidente Vladimir Putin.
Parte de la comitiva de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (Clate) que preside el también dirigente de ATE, Julio Fuentes, Aguiar afirmó que “todos los sindicatos rusos conocen el daño social irreparable que genera Milei, respaldan nuestra lucha y se comprometen a definir estrategias conjuntas para frenar las políticas de extrema derecha en la Argentina”. Nada dijo, según los comunicados oficiales, de la denuncia por presunto espionaje del Kremlin contra el gobierno de Milei, que dio pie a distintas medidas contra medios y periodistas supuestamente involucrados en la trama.
Chiarella y Diez, dos delfines santafesinos con proyección 2027
En el multitudinario festejo que prepararon la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario por el Día de la Bandera, en la mañana del sábado, dos presencias llamaron la atención y motivaron renovadas especulaciones políticas. El gobernador radical Maximiliano Pullaro, por un lado, no dejó pasar la oportunidad de tener siempre a su lado al joven presidente de la UCR, e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, incluso al saludar al presidente Javier Milei cuando éste llegaba al Monumento a la Bandera y le reclamaba en tono de broma al gobernador por la prometida biografía del caudillo provincial Estanislao López.
“Leo tiene un futuro enorme, no tiene techo”, afirmaron sin dar precisiones cerca del gobernador y del intendente rosarino Pablo Javkin, que promedia su segundo mandato y medita presentarse nuevamente en 2027, al igual que Pullaro. Desde el Gobierno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei se mostró de modo idéntico con la diputada Romina Diez, presidenta de La Libertad Avanza en la provincia y número puesto para disputar la gobernación de esa provincia el año que viene.
Embajadores, los hinchas menos esperados de la selección argentina
“¿Y cómo están? ¿Se viene la cuarta?”. La pregunta, escuchada en la coqueta sede de la embajada británica en Buenos Aires, no salió de boca de ningún diplomático argentino, ni mucho menos de los invitados argentinos al brindis del día del periodista. David Cairns, embajador del Reino Unido en Argentina, fue quien consultaba, curioso, a los periodistas que asistieron al ágape, interesado en el ánimo de sus interlocutores y declarado fan de la scaloneta. Claro que su favoritismo por el país en el que le tocó cumplir su misión diplomática se combina con su deseo de que Inglaterra y Escocia, los dos países del Reino Unido que compiten en el mundial, tengan éxito en la competencia.
Algo parecido ocurrió con Dieter Lamlé, embajador saliente de Alemania en el país, que a poco de retornar a Berlín dejó claros sus deseos de triunfo. “Nosotros tenemos cuatro mundiales ganados, ustedes tres. Vamos por la octava”, afirmó Lamlé, representante de un país que, al igual que Inglaterra, protagonizó encarnizadas batallas futboleras contra la Argentina. Quien no sorprendió fue el embajador de Israel, Eyal Sela, quien vestido con la camiseta argentina, se declaró fan de la Selección.
Jaime Rosemberg,En off,Conforme a,En off,,Solo en Off. A días de volver a ser padre, Rodríguez Larreta cambia figuritas en Parque Rivadavia,,Solo en Off. La curiosa SIDE de Santiago Caputo, entre balazos virales y comunicados sanitarios,,Solo en Off. El “pacto” entre Patricia Bullrich y Pullaro, detrás de la renuncia de Angelini
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