“Si Adorni viene al Congreso, nos van a llenar la cara de dedos”. A menos de dos semanas de la presentación del informe de gestión que hará el Jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados, un sector de la bancada oficialista no comprende la estrategia de la Casa Rosada y reconoce que un traspié podría dañar gravemente la imagen del Gobierno.

La decisión de exponer al jefe de ministros a una extensa ronda de preguntas de la oposición es muy arriesgada. Más aún si, como se rumorea, el presidente Javier Milei decide estar presente junto a su hermana Karina en algunos de los palcos como muestra de apoyo irrestricto.

Los informes de gestión son un mandato constitucional, pero es habitual que los Jefes de Gabinete no cumplan con su deber de presentarse ante el Congreso una vez al mes. Por eso, para muchos hubiera sido lógico que Adorni posponga su visita hasta que las denuncias por enriquecimiento ilícito ya no estén en las tapas de diarios y portales.

Los libertarios son conscientes de que el momento de las preguntas de la oposición suele durar varias horas y apenas una frase desafortunada será suficiente para reavivar la polémica. Más riesgoso aún si de aquí al miércoles 29 avanzan las investigaciones en la Justicia. Por ejemplo, en la última semana desde los tribunales dejaron trascender que Adorni hizo viajes al Caribe (Aruba) y a Bariloche cuando ya era funcionario.

Ante la consulta de Infobae, desde la conducción del bloque aseguraron que no se buscará sabotear la sesión. “Adorni viene porque tiene que venir por mandato constitucional, no hay un trasfondo. Viene a dar el informe, no a explicar su situación procesal”, explicaron. No obstante, saben que la oposición buscará arrinconarlo. “Se sabe que va a ser picante, pero históricamente fue así”, aseguran para restarle dramatismo.

En los bloques de la oposición especulan con que Adorni no podrá explicar su aumento patrimonial y anticipan que la única estrategia posible de los libertarios será “embarrar la cancha”. Por eso buscarán coordinar su accionar para no entrar en el juego del oficialismo y evitar que la sesión de desmadre, para no regalarle a Jefe de Gabinete la posibilidad de retirarse antes de tiempo.

En privado, algunos diputados del bloque LLA reconocen que la única jugada posible es “hacer quilombo y pudrirla”. Por otro lado, el sector identificado con el karinismo mira con desconfianza la estrategia comunicacional que diseña el consultor Santiago Caputo. Ambos bandos ya no ocultan sus tensiones internas y hasta se pelean a cielo abierto en las redes sociales.

“Caputo con Adorni está jugando para atrás porque se beneficia indirectamente de su desgaste. Antes de todo este escándalo iban camino a sacarlo a Caputo del gobierno y ahora no se sabe qué va a pasar. Nos estamos pegando un tiro en el pie”, reflexionó un diputado, preocupado por el devenir del escándalo.

De hecho, le achacan a Caputo la responsabilidad de la segunda conferencia de prensa en la que Adorni abordó el tema. “Mi dinero lo gasto en lo que a mí me parece mejor. Y sobre mis decisiones de gasto no lo voy a discutir con un periodista”, dijo el jefe de Gabinete en aquella oportunidad, lejos de aplacar el escándalo.

Dentro del espacio oficialista otros interpretan que Adorni debe ir a Diputados a dar explicaciones y mostrar lo más rápido posible que las cosas están en orden. Aunque también reconocen que “es una jugada con mucho riesgo, porque una sola mala frase puede empeorar todo el doble”.

Las novedades judiciales de los próximos diez días y el desenlace de la visita de Adorni al Congreso también terminarán de definir los pasos a seguir para la oposición. En la última sesión, cuando se trató la reforma de la ley de glaciares, el peronismo pidió un apartamiento del reglamento para incluir un proyecto de interpelación al Jefe de Gabinete.

Esa votación no prosperó pero dejó preocupados a los libertarios. Hubo 124 votos afirmativos, pero estuvieron ausentes dos diputados peronistas y la ex libertaria Marcela Pagano, por lo que la oposición está virtualmente a dos votos de poder avanzar nuevamente con la interpelación en el futuro.

El Gobierno no sólo quiere que los aumentos salariales se pacten por debajo de la inflación, incluso pese a la suba que hubo en marzo del 3,4% del costo de vida, sino que también está decidido a no homologar las cláusulas de los convenios que considera inviables, como las contribuciones empresariales para las obras sociales que acuerdan algunos sindicatos con las cámaras.

Pero, en este contexto de presión de las bases por recomponer los sueldos, la actitud oficial, que materializará la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, podría desatar varias guerras simultáneas.

Uno de los casos que se perfila como más conflictivo es el último acuerdo salarial firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que lidera Armando Cavalieri.

Al Gobierno no le preocupa el aumento porcentual que firmaron el sindicato y las cámaras, que consistió en un 5% en tres tramos (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio) y el pago de un bono extraordinario de $120.000 correspondiente al trimestre abril-junio. Pero en Trabajo analizan una homologación parcial porque se objetan dos puntos: el aumento de la cuota solidaria del 2% al 2,5%, por encima del tope fijado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, y la contribución empresarial para OSECAC, la obra social de Comercio, que pasó de $8 mil pesos mensuales por trabajador a $28 mil, un aumento que el Gobierno considera desmesurado.

“Son beneficios que meten por la ventana en el convenio, sin avisar antes, pero que no irán en forma directa al bolsillo de los trabajadores”, se quejó ante Infobae un encumbrado funcionario.

La ayuda para la obra social de Comercio, la más importante del país, es de un enorme impacto económico: en un universo de 1.200.000 trabajadores, el sindicato recibirá cada mes 33.600.000.000 de pesos.

Aún resuena en Comercio la traumática situación que se registró a mediados de 2025, cuando Cavalieri firmó un aumento del 5,4%, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), que se ubicó por encima de la pauta salarial del 1%, y por eso el Gobierno se negó a homologarlo y abrió un fuerte conflicto.

La paritaria mercantil recién se pudo homologar en agosto pasado luego de que Cavalieri y las cámaras empresariales rubricaron un acuerdo para el segundo semestre de 2025 en el que quedaron incluidos aquellos montos. Ahora, la pelea con el Gobierno no será por el aumento salarial ni por el bono extraordinario sino por dos rubros que van en forma directa a “la caja” sindical.

Cerca de Cavalieri aseguran que no saben nada sobre la homologación parcial que se analiza, pero en Trabajo juran que el sindicato ya conoce la decisión del Gobierno.

Hugo Moyano pasó por algo similar. Cerró un acuerdo para el Sindicato de Camioneros que sintoniza con la política que fijó el Ministerio de Economía, ya que tendrá una vigencia semestral y las cifras pactadas están por debajo de la inflación. Pero, aun así, Trabajo decidió homologarlo en forma parcial: avaló el aumento del 10,1% en el semestre marzo-agosto en 6 tramos (2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5%) más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo, pero no convalidó la contribución empresarial para la obra social, que pasó de $22 mil a $25 mil mensuales por trabajador, y tampoco el nuevo adicional por presentismo ni una cláusula que ratifica el convenio colectivo de trabajo vigente hasta el momento.

La homologación parcial fue admitida a Infobae en Trabajo y en una de las cámaras del sector, pero en otra de las entidades empresariales fue desmentida.

De todas formas, a Cavalieri le resultará más sencillo que las cámaras se comprometan a pagar igual lo pactado pese a no tener su correspondiente homologación porque hay una sintonía total entre ambos sectores (con la única excepción de los supermercados mayoristas, muy críticos de la paritaria firmada).

En el caso de Moyano, en cambio, las pymes de la actividad, sobre todo las del interior, se han juramentado en no pagar los puntos del convenio sin homologación porque atraviesan una fuerte crisis e incluso en ese sector hay una cámara que interpreta que este cuadro permitiría a los trabajadores dejar de pagar al sindicato el seguro de sepelio y las cuotas solidarias del 2%.

¿Comenzará una guerra por la renuencia de Trabajo en homologar el 100% de las cláusulas de las paritarias? Es la pregunta que todos se hacen, empezando por el Gobierno. Y de la respuesta que se alcance dependerá gran parte de la paz social que Javier Milei necesita para que no haya turbulencias en el camino hacia 2027.

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El juicio por contrabando que deben afrontar el ex senador nacional Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, se postergará hasta el 1° de junio, según confiaron a Infobae fuentes tribunalicias de Paraguay. Ese día, a las 8 de la mañana, la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos comenzará a juzgar a los acusados. El cuerpo está compuesto por los magistrados Elsa García (presidenta), Matías Garcete Piris y Adriana Planas.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Paraguay indicó que la reprogramación se debió a la superposición con otro caso en curso al que se le debe dar continuidad. Se trata de un proceso por estafas contra el empresario guaraní Carlos Andrés Oleñik Memmel.

Es la segunda postergación de las audiencias. La fecha original era en octubre del año pasado, pero se estaba desarrollando un juicio importante por esos días, lo cual forzó la modificación para el lunes 20 de abril de 2026.

El ex senador nacional y su ex secretaria llegarán a esta instancia en calidad de detenidos. Ambos están en prisión preventiva domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024. En las primeras horas de ese día, la Prefectura paraguaya los detuvo y les secuestró el dinero que no habían declarado.

Al 1° de junio, Kueider y Guinsel habrán acumulado casi un año y seis meses de detención. Ese tiempo que llevan privados de su libertad será considerado en caso de que haya una sentencia condenatoria. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa. El delito tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, toda condena superior a los 24 meses es de cumplimiento efectivo.

El hecho bajo análisis es que pretendieron pasar la frontera entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) sin declarar que llevaban 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos.

Kueider y Guinsel fueron acusados por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez al haber sido “hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país”.

El delito está tipificado en el Código Aduanero – Ley N.º 2422/2004 – y sus modificatorias establecidas en la Ley 6417/19, en concordancia con los artículos 4°, 26, 27 y 29 del Código Penal paraguayo.

El juicio en el país vecino es relevante para el futuro de Kueider en la Argentina. Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, pidió su extradición por lavado de activos. Considera que gran parte del patrimonio del ex senador es de origen ilícito porque no se condice con sus ingresos. La Fiscalía paraguaya dio curso, pero puso la condición de que primero se realice el proceso por contrabando.

Cómo espera Kueider el juicio

En la agenda del ex legislador, el sábado 18 estaba marcado como el día para conversar con sus abogados sobre los últimos retoques a la estrategia judicial. El encuentro debía producirse antes, pero no se concretó.

El viernes 17, los letrados que patrocinan al ex senador y a su pareja, Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, hicieron una conferencia telefónica durante las primeras horas de la tarde. Ahí le avisaron de la postergación.

La reunión del sábado ya no tuvo la misma importancia de antes. Pese al paso del tiempo, la planificación del caso de la defensa no tendrá demasiadas variantes.

A trazo grueso, la estrategia de Kueider se sustenta en dos puntales. El primero, que el dinero no es una mercancía y que, por tanto, no existió tentativa de contrabando. La acusación penal, y también los antecedentes administrativos paraguayos, tienen la postura inversa. El segundo, que los USD 200 mil que se le encontraron no eran de su propiedad, tampoco de Guinsel, y que habían sido recogidos en Paraguay horas antes de la detención. Con los dólares a cuestas, habrían cruzado a cenar a Foz y, al regreso, se produjo el arresto.

Dónde está Kueider

El ex legislador entrerriano y Guinsel residen hoy por hoy en un departamento del edificio Insignia 3. Se trata de una urbanización compuesta por dos torres. Cuenta con unidades de dos dormitorios de 60 m² También hay de tres habitaciones y 70 m² de superficie. Todos vienen con cochera. Los que están en planta baja tienen acceso a un patio privado.

Como áreas comunes se cuentan quincho con parrilla en cada torre, parque infantil y espacios de ejercicio al aire libre. En todo el predio hay cámaras de seguridad y vigilancia las 24 horas. El alquiler promedio en la zona es de USD 800.

El complejo se encuentra en la intersección de las calles Manantiales y Capitán Pintado, Barrio Ytay o Villa Policial de Luque. La Comisaría 52° de la Policía Nacional ha montado un operativo de vigilancia en la zona para controlar a los dos detenidos de nacionalidad argentina.

Allí llegaron en enero pasado, luego de que en diciembre les rescindieron el contrato en el dúplex que ocupaban en el barrio San Vicente. Allí fue el lugar donde más tiempo estuvieron.

El primer destino de su arresto domiciliario fue el complejo Tierra Alta, ubicado en la esquina de las calles Del Maestro y Gonzalo Bullnes. El predio contaba con piscina, gimnasio y quincho. Kueider y Guinsel permanecieron en la unidad 103 un mes. Allí tuvo una guardia permanente de la Comisaría Sexta de la Policía Nacional de Paraguay.