En medio del escándalo desatado en Allen, provincia de Río Negro, este jueves el intendente Marcelo Román fue imputado por los delitos de administración fraudulenta y peculado. De la misma manera, se fijó un plazo de dos meses para la investigación penal preparatoria, que tendrá como fecha límite el 30 de agosto de este año.

De acuerdo con la causa impulsada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal del caso Celeste Benatti, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el jefe comunal habría sustraído fondos públicos municipales para autorizar la compra de un teléfono celular por $479.999, bajo la modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre de la Municipalidad que significó un gasto de $596.812,38.

Durante la última audiencia, la Fiscalía detalló que el imputado apartó el dispositivo de la actividad patrimonial del municipio y se lo entregó a una persona ajena a la administración pública, sin vínculo contractual que legitimara la tenencia del bien estatal.

En este sentido, los fiscales sostuvieron que, al entregar el bien, el intendente quebrantó la custodia legal que debía ejercer sobre el patrimonio municipal, debido a que permitió que un tercero ajeno dispusiera del recurso como propio y generara un perjuicio al erario público.

Según la información publicada por el Ministerio Público de Río Negro, en la audiencia también estuvo presente un segundo acusado. Para la Fiscalía, su papel fue considerado esencial para la consumación del delito, debido a que recibió y utilizó el teléfono pese a que tenía conciencia de que no era agente municipal ni tenía designación oficial alguna.

De la misma manera, este individuo habría utilizado el dispositivo para dar órdenes y directivas indirectas a empleados de la Municipalidad, por lo que consideraron que se habría hecho uso de facultades propias de la gestión y habría consolidado así la disposición privada del recurso estatal.

Por este motivo, ambos fueron acusados bajo la figura de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado todo en concurso ideal”, conforme a los artículos 173, inciso 7, en función del 174 inc. 5, 261 primer párrafo, 45 y 54 del Código Penal. No obstante, para el segundo imputado, la acusación es como partícipe necesario de administración fraudulenta.

Como parte del sustento probatorio, la Fiscalía mencionó la denuncia penal del Tribunal de Cuentas de Allen, documentación institucional como el acta de asunción del intendente, la carta orgánica y copias de comodatos de celulares corporativos, así como la factura de compra del aparato involucrado. Además, se sumaron más de 35 entrevistas tomadas en sede fiscal.

Al mismo tiempo, figuró un informe del Departamento de Contaduría Forense del Ministerio Público de Río Negro, que analizó las órdenes de pago secuestradas en el allanamiento a la sede municipal. Además, se incluyeron copias certificadas de pagos internos y externos, facturas y transferencias a una empresa de telefonía, el legajo de la investigación del Tribunal de Cuentas y reportes de las divisiones judiciales e investigativas de San Antonio Oeste y Allen.

Por su parte, las defensas solicitaron que no se tengan por formulados los cargos y requirieron imputar como partícipe necesario a la entonces secretaria de Hacienda. Además, exigieron la exclusión de la declaración de la exfuncionaria como testigo, así como de la documentación recabada durante el allanamiento, la pericia contable y las extracciones realizadas del celular de la mencionada mujer.

Desde que se abrió una investigación en contra de Román, la ciudad enfrenta una fuerte crisis institucional tras la presentación de más de 3.000 firmas vecinales que solicitan la revocatoria de su mandato. La iniciativa fue impulsada por Silvina Cantero, una docente jubilada y ex afiliada al gremio docente provincial, junto a una ex empleada municipal despedida durante la gestión actual.

Cantero comenzó a reunir firmas a fines de 2025, tras argumentar una “grave negligencia” en la prestación de los servicios públicos esenciales como eje central del reclamo. En el petitorio elevado al Concejo Municipal, se señaló que la administración evidenció una profunda ineptitud en el manejo de servicios básicos, lo que habría generado un estado de abandono progresivo que afectó la calidad de vida en los barrios de Allen.

Tras ser consultada por medios locales, la docente jubilada afirmó que la campaña para desplazar al intendente responde a una convicción personal y negó cualquier tipo de motivación política detrás de la iniciativa. Según la Carta Orgánica local, la acumulación de firmas permitiría activar el proceso formal de revocatoria de mandato ante el órgano legislativo municipal.

El petitorio fue entregado formalmente ante el Concejo Municipal en mayo de este año, por lo que deberá iniciar el procedimiento establecido por la normativa local. Mientras tanto, la gestión permanece bajo la presión de la investigación judicial y la demanda popular de cambio en la conducción del municipio.

Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa del country Indio Cuá del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló este jueves y confirmó que recibió 245 mil dólares en efectivo por la obra.

En declaraciones a A24, Tabar explicó que la obra comenzó con un presupuesto menor pero, “como en toda obra, el número se agrandó”. “Yo pasé un presupuesto y se fueron agregando cosas”, dijo.

El contratista también confirmó que Adorni lo llamó antes de su declaración para ofrecerle ayuda legal y remarcó que “nunca dejé de hablar con él. Lo conté en el expediente”.

En las últimas horas se conoció que ARCA intimó a Tabar y le pidió que presente, en un plazo máximo de diez días, justificación de ingresos 2024 y 2025 y actividad real, facturación y detalles de obra en la casa de Adorni en Indio Cuá, y compras a proveedores en 2024 y 2025.

Tras ser consultado sobre si se siente perseguido por la entidad, Tabar fue contundente: “No me siento perseguido por ARCA, soy autónomo hace 25 años. Es normal entrar al portal y ver deudas, intimaciones y otras cosas que hay que resolver. Como contribuyente me tengo que hacer cargo. Era de manual lo que iba a suceder”.

La medida se da luego de que la declaración de Tabar complicara la situación del jefe de Gabinete en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Las claves del testimonio del contratista que declaró contra Manuel Adorni

• A principios de mayo Tabar aportó ante la Justicia una serie de detalles sobre las refacciones que realizó en la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá.
• En su declaración, el contratista confirmó que las obras costaron 245 mil dólares, que fueron abonados en efectivo y sin factura, y detalló tanto el cronograma de los trabajos como la modalidad de pago.
• Según su testimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, los arreglos se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. En ese período, se ejecutaron intervenciones sobre distintos sectores de la propiedad, que se encuentra en un lote de 400 metros cuadrados.
• De acuerdo a lo declarado, las tareas incluyeron la realización de pisos, trabajos en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.
• Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el monto de la obra fue cancelado en su totalidad por el funcionario. El pago se realizó en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y el saldo restante de 190 mil dólares a lo largo de 2025.
• Otro de los puntos que comentó fue que, mientras se desarrollaban las refacciones, el jefe de Gabinete alquiló otra vivienda dentro del mismo country. Ese gasto adicional, siempre según el testimonio, ascendió a 13 mil dólares durante el tiempo que duró la obra.
• Tabar también entregó a la Justicia su teléfono celular y brindó detalles sobre las personas que participaron en los trabajos en la casa de fin de semana, comprada a fines de 2024 por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
• El contratista numeró a los distintos oficios involucrados (albañiles, plomeros y electricistas) y aportó información que permitiría reconstruir la dinámica de la obra y verificar la consistencia de los pagos declarados.

Manuel Adorni, exaltacion de la cruz, Gobierno

Esta madrugada, el Gobierno resolvió una actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad. Estos comenzarán a regir a partir de junio y, al mismo tiempo, se aplicará una suba diferencia para la zona patagónica.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 1297/2026 en el Boletín Oficial, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, dispuso un incremento del 2,10% para todos los tipos de prestaciones. Asimismo, comunicaron que la medida fue adoptada tras evaluar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de mayo de 2026.

En línea con esto, reconocieron un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones que se brinden en las provincias de la zona patagónica. Este plus se aplicará exclusivamente por tratarse de una zona considerada desfavorable, lo que buscará equiparar los costos de prestación en regiones con condiciones geográficas y logísticas complejas.

Así, el valor por un centro de día para una jornada doble pasará de $1.037.014,61 a $1.058.791,92 y de $551.687,35 a $563.272,78 por una jornada simple. Mientras que por un centro educativo terapéutico los costos ascenderán a $1.189.351,59 por una jornada doble y a $649.532,62 por una jornada simple.

De la misma manera, desde junio las terapias de estimulación temprana tendrán una cobertura de $399.052,42, una rehabilitación de tipo módulo integral intensivo costará $173.795,66 y una que incluya hospitalización de día por jornada simple $624.939,96. Además, se destinará $865,07 por cada km de transporte recorrido y $4.740,29 en concepto de alimentación.

.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}

</html

La actualización de los costos se dio en un contexto donde los beneficiarios y sus familias mantienen un reclamo por la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue aprobada por el Congreso de la Nación el año pasado.

A pesar de esto, a mediados de abril, el Gobierno envió un proyecto de ley titulado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que propone modificar de manera sustancial el contenido de la norma tras abrirse investigaciones por el presunto pago de coimas a prestadores y la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Como parte de la propuesta, las autoridades plantearon derogar los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la ley vigente, lo que implica un retroceso respecto al alcance universal de la ayuda estatal y regresa al modelo previo a la sanción de la emergencia. Además, se incorporarían nuevas restricciones para acceder a pensiones por invalidez, se redefinirían los criterios para la ayuda estatal y se endurecerían los controles sobre los beneficiarios.

Entre los principales cambios, se exigió un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.

Según el texto al que tuvo acceso Infobae, “aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio”. Incluso, se prevé la posibilidad de realizar un proceso de fiscalización por medio del entrecruzamiento de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.

De esta manera, el sistema permitiría la suspensión preventiva de la pensión ante cualquier inconsistencia detectada en los pedidos de ayuda estatal, con derecho a defensa y proceso. El “incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”, propusieron.

El nuevo proyecto establecería que la pensión no contributiva pasaría a equivaler al 70% del haber mínimo jubilatorio. Sin embargo, eliminaría la facultad del Ejecutivo para otorgar aumentos por invalidez laboral y por zona geográfica desfavorable, lo que implicaría la eliminación de los beneficios adicionales que existían en la normativa previa.

También plantea el concepto de “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. En este sentido, de aprobarse, la norma impediría que una persona con discapacidad mantenga la pensión si accede a un trabajo registrado. Además, se eliminarían los incentivos a empresas y organizaciones que contraten personas con discapacidad.

Por último, se eliminaría el piso mínimo de calidad en las prestaciones con aranceles homogéneos y autorizaría convenios entre la Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. Esto implica, de hecho, la eliminación del nomenclador y la desregulación de la negociación por obra social o prepaga.

terapia,niño,discapacidad,madre,hogar,rehabilitación,apoyo,familia,fisioterapia,silla de ruedas