POLITICA
Una advertencia que sacudió al Gobierno

Hace casi tres semanas se produjo la discusión interna más importante de los últimos tiempos en la cúpula del Gobierno. Ocurrió el lunes 30 de marzo en la reunión de la mesa política. Fue el día en el que Luis Caputo reconoció que había tomado todas las medidas posibles para reanimar la economía y que el menú de opciones técnicas dentro del plan que impulsa se había agotado. “Ya tiré toda la carne al asador”, fue la frase que sintetizó su repaso, que incluyó desde el ajuste fiscal y el torniquete monetario, hasta el acuerdo con el FMI y la ayuda de Estados Unidos. Fue una expresión de cierta impotencia que dejó preocupados a quienes lo escuchaban. Allí estaban Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullirch, Martín y Lule Menem, e Ignacio Devitt.
Pero eso fue sólo una parte del planteo del ministro. Inmediatamente después reclamó una señal política contundente que disipara las desconfianzas de los mercados, que hacen que el riesgo país no baje como debería, si se observan los fundamentals del programa. En concreto, reclamó un acuerdo de gobernabilidad con al menos una decena de gobernadores. Su propuesta fue canjear un apoyo estructural en el Congreso para este año y el próximo, a cambio de un pacto político para no competirles en sus territorios en las elecciones provinciales. Una reedición del debate del año pasado. Es decir, condicionó la suerte del plan económico a una estrategia política.
Y un dato adicional muy importante: Caputo también dijo ese día que el acuerdo que proponía debía cerrarse “ahora”, no el año próximo. Su argumento fue que el programa necesita dar señales de sustentabilidad en este momento crítico, para poder enderezar las variables antes del ingreso al clima electoral (que en el Gobierno vaticinan que se va a disparar después del Mundial), para cuando ya sea tarde y los incentivos para consensuar sean menores. Recordó el impacto económico que generó en 2025 la incertidumbre política, cuyos efectos, según su diagnóstico, sobreviven hasta ahora.
Como era de esperar, el planteo tan vehemente del ministro generó un sacudón interno. No cayó bien que el principal garante del rumbo económico le endilgara al ala política la responsabilidad del éxito. “Fue rara la argumentación, porque desde diciembre venimos aprobando en el Congreso todos los proyectos que mandamos”, comentó un testigo de la conversación.
La primera reacción fue de Karina Milei, quien en línea con lo que viene siendo su estrategia electoral desde el año pasado, mostró su desacuerdo con la idea de negociar abiertamente con los gobernadores. Volvió a plantear allí su intención de fortalecer LLA en todo el país, objetivo que debería plasmarse en los armados provinciales.
Fue la primera vez que hubo un contrapunto entre Caputo y Karina en una reunión de este tipo. “Ella sintió que se le estaba metiendo en su propio territorio, el electoral”, interpretó uno de los testigos. Bullrich y Santiago Caputo, con matices avalaron la posición del titular de Hacienda, aunque con una advertencia: el objetivo central es lograr la reelección del Presidente, y los acuerdos locales deben estar ordenados en función de esa consigna. En consecuencia, habrá provincias donde convendrá pactar, y otras en las deberán competir contra el gobernador local.
Dos altos funcionarios que hablaron en los últimos días con Javier Milei, interpretaron que el Presidente avala la posición más dura de su hermana, no sólo por su escasa vocación por los acuerdos políticos, sino porque tiene una visión más técnica de las prestaciones del plan económico. Aunque la sintonía entre Luis Caputo y Milei es absoluta, son varios los altos funcionarios que últimamente notan en el ministro una mayor preocupación que en el líder libertario por el enfriamiento económico. Tiene motivos. Marzo cerró un trimestre decididamente malo, con indicadores de inflación y salarios negativos. Abril debería ser otra cosa.
Si bien el debate que abrió Caputo no continuó en las semanas siguientes y quedó pendiente de resolución, en el sector de Karina Milei dan cuenta de que algunos resortes se activaron. Un primer paso fue la reunión que tuvieron este lunes la hermana del Presidente, Santilli y Lule Menem con Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, los más cercanos de Pro y la UCR.
La secretaria General, Karina Milei, el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron a los gobernadores de Entre Ríos y de Mendoza, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo.
PresidenciaSi bien ese encuentro se difundió como de gestión, la realidad es que allí se habló esencialmente de la estrategia electoral. El mendocino se llevó el compromiso que había ido a buscar: que el año próximo habrá una PASO entre un candidato suyo y Luis Petri, y que se impondrá un fair play en la campaña, es decir, un compromiso de que Milei no va a desbalancear la competencia en favor de su exministro. Frigerio, en tanto, integra el reducido lote de gobernadores, junto con Carlos Zdero y Claudio Poggi, con los que la Casa Rosada está decidida a reeditar el acuerdo electoral que hicieron el año pasado. Hay una consigna en estos movimientos que reside en el empoderamiento de los socios más fieles. Tampoco LLA tiene grandes nombres allí.
La idea del Gobierno es avanzar después con los aliados del segundo anillo, tratativas que van a ser mucho más complicadas. En ese lote están Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres, Marcelo Orrego y Osvaldo Jaldo, al que podría sumarse Claudio Vidal. En la ciudad irán con candidatos propios, si es necesario, enfrentando a Pro (Bullrich recibió esta semana un aval explícito de Karina Milei para que empiece a armar su campaña). Lo mismo en Córdoba. Santa Fe es una incógnita.
Pero en estas conversaciones empieza a filtrarse otra novedad importante: en el Gobierno se está debatiendo la posibilidad de acordar con los mandatarios aliados un desdoblamiento electoral. Esto representaría un giro en la lógica que imperó hasta ahora, a partir de la enseñanza del año pasado, cuando el oficialismo perdió casi todas las elecciones locales, y después ganó en al.
La evaluación es que esta estrategia puede ser peligrosa en 2027, porque una seguidilla de derrotas en las provincias adversas podría derivar en mayor incertidumbre económica, que a la vez haga naufragar la reelección. Otra vez, las variables económicas y políticas enlazadas. Por eso una idea que se evalúa es dosificar el calendario con triunfos en provincias aliadas, para neutralizar las probables derrotas en distritos desfavorables. Pero este planteo todavía es resistido por el propio Milei, quien entiende que lo mejor sería generar un efecto arrastre de su postulación presidencial hacia sus candidatos en las provincias, todos votando el mismo día.
Así como Toto Caputo fue quien enlazó la economía con la política, otro ministro, Juan Bautista Mahiques, terminó por ligar la política con la justicia para conectar los tres nudos que hoy tienen maniatados al Gobierno. El problema es que no está claro por dónde se puede empezar a desatar esa madeja.
Su arribo al gabinete encrespó de un modo previsible la interna inmortal entre Karina Milei y Santiago Caputo, no sólo porque marcó un cambio en la conducción del ministerio, sino porque abrió la puerta a un combate subacuático en todos los territorios. Un ejemplo mínimo de esta semana surge al preguntarse por qué se enardeció tanto la pelea digital entre Lilia Lemoine y el Gordo Dan. La primera respuesta indica que fue una reacción porque la fiscal porteña Celsa Ramírez imputó a once tuiteros de Las Fuerzas del Cielo que difundieron datos personales del karinista Sebastián Pareja. Había mucha bronca acumulada y estalló.
Pero podría haber otra explicación complementaria, porque en el sector de Santiago Caputo están convencidos de que la fiscal Ramírez está en el área de influencia de Mahiques, y ven detrás de su decisión una voluntad del ministro por erosionar al asesor presidencial.
Algo similar viene ocurriendo con las causas de la AFA, en donde cada movimiento que hace Mahiques es inmediatamente interpretado como una acción destinada a beneficiar a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, por su vínculo con el mundo del fútbol. Esto ocurrió cuando se supo que los candidatos propuestos por el Gobierno para completar la Cámara en lo Penal Económico son los jueces de ese fuero Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, a quienes le atribuyen una sintonía con el ministro. Este Tribunal es el que estará a cargo de revisar la investigación por la retención de aportes previsionales por parte de la AFA, causa en la que ya están procesados Tapia y Toviggino. Cuando imperan las suspicacias, cada detalle es una conspiración.
Pero el problema mayor no anida en la guerra de operaciones dentro del propio Gobierno, sino en el extraordinario impacto que tuvo el recambio en Justicia dentro de Comodoro Py. Para un sector poderoso de la casta que mora en esos tribunales el arribo de Mahiques y de su segundo, Santiago Viola, fue interpretado como “una declaración de guerra”. Se trata de la cofradía que impulsaba a Guillermo Montenegro para el ministerio y que se sintió marginado y enfrentado. Esta agrupación de intereses mutuos se referencia en el juez Ariel Lijo, y cuenta con una participación activa de su colega Marcelo Martínez de Giorgi, y la bendición de María Servini. Su terminal en el Gobierno fue siempre Santiago Caputo. Detrás del cortinado, se mueve Ricardo Lorenzetti. Y directamente en las sombras, Antonio “Jaime” Stiuso.
Esta agrupación está muy activa últimamente. Por un lado, en el plano político, para incidir en los nombres de los postulantes a definir para los juzgados vacantes. También para entrar en la discusión si es que se reabre la negociación por la Corte y la Procuración. “Quieren ser tenidos en cuenta. La designación de Mahiques y de Viola fue tomada como una provocación”, argumentan desde ese sector.
Estas inquietudes animaron la conversación que este miércoles a la noche mantuvo un grupo de comensales, encabezados por Lijo y Martínez de Giorgi, que por esos misterios del destino, tienen a su cargo las tres causas que más preocupan al Gobierno: $LIBRA, Andis y la de Adorni. Con la excusa de festejar el cumpleaños del salteño Sáenz, se juntaron los dos jueces, el homenajeado, los gobernadores Jalil y Jaldo, un trío de senadores de sus provincias, Guillermo Andrada, Flavia Royón y Sandra Mendoza (ellas dos integrantes de la comisión de Acuerdos), a los que se sumó la jujeña Carolina Moisés. En la Casa Rosada deberían prestar atención a esa cena, si es que pudieran conocer el carácter de esa tertulia.
En torno de ese remolino judicial se agitan versiones, sospechas y especulaciones que atraviesan Comodoro Py por estos días. ¿Es cierto que Viola hizo correr la versión de que ya había “hablado” con Gerardo Pollicita, y de que eso enardeció al fiscal que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni? ¿O que Karina Milei le puso bolilla negra al juez Mariano Borinsky, después de que cometió la herejía de reunirse con Santiago Caputo en la Casa Rosada, a la vista de todos, porque estaba enojado después de que hundieran su proyecto de reforma del Código Penal?
Esta agitación judicial tiene particularmente estresado a Mahiques, que conoce bien el paño y sabe que se le está complicando el cumplimiento de la promesa que le hizo a Karina Milei de ocuparse de las causas que la salpican. No tiene dudas de que el ritmo que llevan las investigaciones más sensibles no es habitual en la justicia federal, y entiende que es una reacción por su designación. Así se lo comentó a miembros del Gabinete. Pero el ministro tiene una herramienta muy poderosa en sus manos: decenas de designaciones de jueces pendientes, que le permiten moldear un nuevo mapa judicial. En el fondo, lo que está en juego es un nuevo esquema de poder en los tribunales.
En este contexto no sorprende que Mahiques se haya subido ayer al avión que llevó a los hermanos Milei a Israel. Es su viaje oficial inaugural. Según dicen en su entorno, lo invitó el propio Presidente. Los dos hablan con bastante frecuencia, evidencia de que, por primera vez desde que asumió, Milei se está interesando en el laberinto judicial. Habría influido en ese cambio la presión de su propia hermana, quien se dio cuenta de la sensibilidad del tema hace ya varios meses.
El estancamiento económico, las riñas políticas y las disputas judiciales configuran una especie de estrecho de Ormuz que tiene estrangulada la gestión del Gobierno. Emerge en este cuadro un síndrome que ya se ha transformado en una evidencia empírica: al Gobierno le cuesta demasiado lograr períodos prolongados de estabilidad, en general por errores autoinfligidos.
Si se repasa la montaña rusa del último año se nota con claridad que los mejores momentos de la gestión coinciden con períodos de orden interno y objetivos comunes y, por el contrario, las fases duras conviven con las disputas intestinas y la dispersión de propósitos.
En enero del año pasado, Milei estaba en un gran momento, después de cerrar un 2024 con varios objetivos cumplidos. Pero a fin de ese mes fue a Davos, y agitó a todos con su discurso cargado de polémicas. Después se sumó $LIBRA y se agrietó la interna Karina-Santiago por el diseño electoral. De enero hasta abril fue una etapa de retroceso.
En abril se cerró el acuerdo con el FMI y en mayo LLA ganó la ciudad, metas que habían unificado a todas las tribus. Momento de alza. Pero el exitismo posterior agrietó el clima y sin rivales enfrente se pasó a una etapa de ciénagas. Derrotas provinciales, adversidad en el Congreso, inestabilidad financiera, y el golpe bonaerense. Crisis, quizás la peor.
Pero después vino el tuit de Scott Bessent y la recuperación de la elección de octubre. Otra vez para arriba. Tras el triunfo, recambio de gabinete, internas, y nuevamente dificultades. En diciembre se produjo la renovación del Congreso y las sesiones extraordinarias fueron verdaderamente extraordinarias. Se aprobaron todas las leyes y Milei fue a la Asamblea cargado de gloria. Eso ocurrió el 1 de marzo. Tres días después se realizó el recambio en Justicia, y otra vez el vía crucis.
Esta sintética recorrida permite visualizar la disfuncionalidad operativa que muestra el Gobierno y que habilita una dimensión más profunda para el planteo que hizo en la mesa política el ministro Caputo. Hay un encadenamiento de factores económicos, políticos y judiciales anudados entre sí que están trabando este pasaje de la gestión y que configuran un modelo inestable. Se entiende su pedido de reacción urgente.
Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
Cuadernos de las coimas: declararon dos policías que participaron de allanamientos

Dos efectivos de la Policía Federal que intervinieron en allanamientos del caso declararon este jueves en una de las audiencias más cortas del juicio oral de los cuadernos de las coimas.
Carlos Gastón Cidre, subcomisario de la Policía Federal, participó del allanamiento realizado en la casa del exfuncionario Roberto Baratta en el country Mapuche. Ante el Tribunal Oral Federal 7, dijo haber secuestrado un disco rígido y recordó que la casa tenía un quincho, una parrilla y un sótano. Su declaración duró apenas 10 minutos. Lo siguió Luciana Sain, oficial inspectora de la Policía Federal, que declaró de forma virtual.
Durante la instrucción, la policía participó en allanamientos, detenciones, constataciones de domicilios y aperturas de bóvedas. En un cuarto de hora, describió que fueron ocho brigadas las que trabajaron en el caso y negó haber intervenido en escuchas.
Ambos fueron parte de un grupo de testigos solicitado por la defensa de Baratta que seguirán declarando el martes próximo.
El exfuncionario, que fue la mano derecha del ministro Julio de Vido, está acusado de ser un engranaje clave en el presunto esquema de recaudación que se montó durante el kirchnerismo.
La acusación contra él y contra otros exfuncionarios, formulada por el fiscal Carlos Stornelli y sostenida en el juicio por Fabiana León, se apoya en los cuadernos de Oscar Centeno y numerosas declaraciones de empresarios y funcionarios arrepentidos.
Con sus preguntas, los abogados de Baratta apuntaron a delimitar el horario en que fueron realizados los allanamientos y sus detalles, pero la mayoría de los efectivos aseguraron tener recuerdos solo generales de procedimientos, que se realizaron hace ocho años.
Vestidor
Una de las declaraciones más ricas fue la del comisario Juan Carlos Barrales, quien lideró el allanamiento en el departamento de Cristina Kirchner de Juncal y Uruguay, en agosto de 2018. Tal como informó , ante el tribunal, el policía confirmó que detrás de la cama de la habitación del matrimonio Kirchner había un vestidor con una puerta blindada.
“Había una puerta blindada en lo que nosotros supusimos que era la habitación matrimonial, o la que ocupaba la señora, porque había almohadones con las iniciales del doctor Néstor Kirchner y de la expresidenta”, dijo el comisario.
Al término de la audiencia de hoy, el juez Enrique Méndez Signori volvió a insistir con su pedido para que las partes comuniquen antes del inicio del debate los desistimientos de testigos para “optimizar” el tiempo de las audiencias.
había un vestidor con una puerta blindada.,Los cuadernos de las coimas,Roberto Baratta,Conforme a
POLITICA
Ritondo apuntó contra Kicillof tras el plan de dos presos para matar a una fiscal y reclamó prohibir los celulares en las cárceles

El jefe del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, volvió a cuestionar a Axel Kicillof por la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires y reclamó avanzar con la prohibición del uso de celulares en las cárceles, luego de que se conociera que dos presos organizaron desde prisión un plan para asesinar a la fiscal de San Isidro María Paula Hertrig.
A través de sus redes sociales, el diputado nacional expresó su solidaridad con la funcionaria judicial y sostuvo que el caso confirma una problemática que, según afirmó, el PRO viene denunciando desde hace años.
“Toda mi solidaridad con la fiscal María Paula Hertrig, de San Isidro. El complot para asesinarla se organizó desde dos cárceles bonaerenses, con celulares”, escribió Ritondo.
En ese sentido, cargó contra el gobernador bonaerense: “Mientras Kicillof mira para otro lado y pasea por Nueva York haciendo campaña, los penales de la Provincia funcionan como oficinas del delito”.
POLITICA
Rebajan las condenas por el crimen del mapuche Rafael Nahuel y los prefectos no irán a prisión

La Justicia rebajó a tres años de prisión en suspenso, como máximo, las condenas impuestas a cinco integrantes de la Prefectura Naval por el crimen de Rafael Nahuel en Bariloche 9 años atrás, cuando reprimieron en un operativo de desalojo a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en inmediaciones de Bariloche.
Nahuel fue muerto de un tiro por la espalda efectuado el 25 de noviembre de 2017. Patricia Bullrich era entonces ministra de Seguridad y organismos de derechos humanos criticaron su rol y responsabilidad política al haber respaldado la versión del enfrentamiento armado y justificado el accionar de las fuerzas federales.
El fallo fue dictado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los camaristas Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci. Los jueces revisaron las condenas e hicieron lugar al recurso de las defensas, con lo que además les quitaron la inhabilitación especial como integrantes de las fuerzas de seguridad.
Por eso dejaron sin efecto las penas impuestas por el tribunal de juicio y fijaron nuevas sanciones de ejecución condicional. Los beneficiados son Sergio Guillermo Cavia, que recibió tres años en suspenso; se aplicaron dos años y seis meses para Juan Ramón Obregón; dos años y tres meses para Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa; y dos años para Sergio Damián García.
La causa se originó en el operativo del 25 de noviembre de 2017 en un predio de Parques Nacionales, en cercanías de la Ruta Nacional 40, cuando el Grupo Albatros ingresó para desalojar a los mapuches y algunos fueron detenidos, y otros huyeron hacia las montañas. Allí, los prefectos efectuaron disparos y Rafael Nahuel Salvo murió a raíz de un impacto de arma de fuego.
Los cinco agentes habían sido condenados por homicidio agravado por el uso de armas de fuego, con exceso en la legítima defensa: Cavia como autor y Pintos, Obregón, Sosa y García como partícipes necesarios. La revisión de la Casación se limitó exclusivamente a los cuestionamientos formulados por las defensas respecto de la determinación de las penas.
Cavia había recibido 5 años de prisión; Pintos, Obregón, Sosa y García recibieron entonces 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 7 años al ser considerados partícipes necesarios del mismo delito. Ahora, con estas nuevas penas, ninguno irá preso. El fallo puede aún debe ser revisado por la Corte Suprema de Justicia. Los hombres de Prefectura están en libertad.
En la resolución de la Casación se consideró que la decisión recurrida no había ponderado adecuadamente las circunstancias atenuantes ni individualizado la intervención de cada condenado. El tribunal graduó las sanciones, el arma empleada, la cantidad de disparos y las circunstancias personales de cada condenado. A Cavia le impuso la pena mayor por ser autor del disparo mortal.
Por el crimen ocurrido en Parques Nacionales en Villa Mascardi, es la segunda vez que Casación interviene sobre las penas. En junio de 2025, la misma sala, con otra integración, confirmó la responsabilidad de los cinco y la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa.
Atenuantes
Pero había anulado los montos de las penas y ordenó al Tribunal Oral Federal de General Roca que los volviera a fijar, ponderando “en su justa dimensión” los atenuantes. En febrero pasado, el tribunal rionegrino repitió exactamente las mismas condenas. Admitió que no encontraba “buenas razones” para apartarse de ellas.
Ahora la Cámara Federal de Casación no devolvió el expediente, sino que fijó las penas, por su cuenta, después de escuchar a los cinco acusados en una audiencia de conocimiento personal el 10 de junio. En el voto que lideró el acuerdo, Borinsky sostuvo que el tribunal de juicio enumeró los atenuantes y hasta afirmó que “indudablemente” mitigaban el reproche, pero no los reflejó en las penas.
Esos atenuantes eran la falta de antecedentes penales y de sanciones administrativas, la inexperiencia en enfrentamientos armados y las condiciones personales y familiares de los acusados. También cuestionó que el tribunal evaluara en bloque a los cinco partícipes, aunque había elementos para distinguir la conducta de cada uno, como el arma que usó y la cantidad de disparos que hizo.
Como agravante común, Borinsky ponderó la gravedad del hecho y la muerte de Nahuel. Pero recordó que, según la sentencia de condena, la reacción de los prefectos fue inicialmente defensiva y luego excesiva, y que estaban en el lugar cumpliendo una orden judicial. Yacobucci adhirió a ese voto: remarcó que si Casación había dado la razón a las defensas en su primera intervención, esa decisión “ha de producir alguna consecuencia efectiva” en el resultado final.
El prefecto Pintos, al enfrentarse con los mapuches que atacaron con piedras, usó primero un arma no letal y luego los cinco dispararon con sus pistolas Beretta 9 milímetros y un subfusil MP5. Un disparo de la pistola de Cavia ingresó en el cuerpo de Nahuel por la parte posterior de la cadera izquierda y le provocó la muerte por hemorragia interna.
El criterio general fue graduar según el rol de cada uno, el arma usada y la cantidad de municiones faltantes, sobre una escala de un año y cuatro meses a seis años y ocho meses. Las condenas condicionales se justificaron en la inconveniencia de las penas cortas de prisión para quienes delinquen por única vez. Los tres jueces de Casación votaron las mismas penas, todas en suspenso y sin inhabilitación.
condenas impuestas,Hernán Cappiello,Conforme a
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