El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar este martes a una medida cautelar solicitada por un grupo de beneficiarios del plan social Volver al Trabajo y frenó la eliminación de ese subsidio, una decisión que había tomado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que propone reemplazarlo por vouchers de capacitación.

El juez ordenó que el Gobierno mantenga los pagos (son de $78.000) a los beneficiarios. Los grupos piqueteros activaron protestas por la eliminación de este plan.

En un fallo de este martes, al que tuvo acceso , el juez González Charvay ordenó al Gobierno mantener los pagos a los beneficiarios del plan, con la advertencia de aplicar multas por cada día de incumplimiento. Le exigió “al Estado Nacional-Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva, debiendo acompañar en autos las constancias de su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo”.

La demanda que aceptó el juez federal de Campana fue impulsada por un grupo de beneficiarios del plan Volver al Trabajo (Andrea Liliana Ledesma, Andrea Jorgelina Rivero, Agustina Pérez, Rodrigo Mario Esquivel y Ángel Ariel Berón), que plantearon una acción de amparo colectivo contra el cese del programa. Argumentaron que esa eliminación “constituye una medida regresiva en materia de derechos sociales e inconstitucionalidad por omisión”.

Los demandantes sostuvieron que son personas que trabajan en la economía popular “en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica estructural, que carecen de inserción formal en el mercado de trabajo y que dependen de la prestación del programa como principal o único ingreso”.

El juez argumentó que “el Estado Argentino, a través de la Acordada Nro. 5/2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adhirió a las recomendaciones de ‘Las 100 Reglas de Brasilia’ sobre el acceso de la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, como son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas de violencia, enfermos, pobres, entre otras”. Y agregó que “la elaboración de estas reglas se erige en la necesidad de que el sistema judicial se configure como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, en la medida que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio”.

Las personas que presentaron la demanda afirmaron ser trabajadores de comedores y merenderos comunitarios, de centros comunitarios para personas con problemas de consumo de drogas, o desempeñarse como cartoneros.

La prestación finalizaba el 9 de abril y los grupos piqueteros (nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Lucha Piquetero y la organización Territorios en Lucha) lanzaron jornadas de protesta que incluyeron, el 7 de abril, piquetes en accesos a la Capital Federal y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

El Gobierno anunció el 17 de marzo el fin del programa Volver al Trabajo (VAT) y su reemplazo por vouchers de capacitación en tren de impulsar la inserción laboral. Se trata del plan exPotenciar Trabajo, cuyo monto para sus 900.000 beneficiarios es de $78.000. Este mes, fue el último pago del plan. El ministerio preveía engrosar su presupuesto disponible, a partir de este ahorro. Cuando el presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada, se dispuso el congelamiento de diferentes programas sociales. Uno de ellos fue el exPotenciar Trabajo, que se ancló en los $78.000 desde diciembre de 2023 a la actualidad.

González Charvay es el juez federal que, en las últimas semanas, concentró en su juzgado tres expedientes en los que se investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella le envió la causa en la que se investiga a la AFA por supuesto fraude con transferencias a empresas fantasma por 300 millones de dólares cobrados en Estados Unidos. Antes, había quedado a cargo de una denuncia similar de fraude, realizada por el agente de la FIFA Guillermo Tofoni, caso que le derivó la jueza de instrucción Paula Petazzi. También tiene en su juzgado la causa por la mansión de Pilar que se investiga si pertenece al tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. La Cámara Federal de Casación debe decidir el destino final de los expedientes.

Comenzaba febrero y el Gobierno disfrutaba de un verano casi sin sobresaltos financieros, con el dólar planchado, la expectativa de domar definitivamente la inflación y un jefe de Gabinete sin complicaciones judiciales ni políticas.

Fue entonces cuando el presidente Javier Milei bendijo la creación de la Oficina de Respuesta Oficial (ORP), una cuenta en la red social X con el objetivo declarado de “desmentir” periodistas y versiones de los medios y la “casta política”. Comandada por el joven Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, la oficina virtual se ocupó en los últimos dos meses y medio en desmentir notas de los medios de comunicación y declaraciones de dirigentes opositores, combinados con publicaciones elogiosas hacia tomas de posición de distintos integrantes del Poder Ejecutivo. Su tarea de “contraofensiva” digital quedó eclipsada, en las últimas semanas, por la frenética actividad del Presidente, quien en tiempos de interna abierta entre karinistas y caputistas se encarga personalmente de confrontar e intentar desmentir artículos, tomas de posición y editoriales publicados por distintos medios y periodistas, la mayoría de las veces incluyendo insultos hacia los autores de las notas.

En principio, el Presidente utilizó hoy sus redes sociales para la confrontación con los medios, cumpliendo –a su manera- con la consigna de “combatir la desinformación brindando más información”, de la cuenta controlada por Carreira.

Así ocurrió, por ejemplo, en los calificativos presidenciales en los que calificó de “basura inmunda que vive operando” en referencia al editorialista de , Carlos Pagni, y uno de los gráficos con los que ejemplificó, en su programa televisivo, la caída del salario real durante su gestión. “No odiamos lo suficiente a los periodistas” fue la frase con la que intentó deslegitimar esa y otras publicaciones de otros periodistas del diario como Martín Rodríguez Yebra y Jorge Liotti, durante el fin de semana.

Otra andanada de tuits presidenciales, en las últimas horas, tuvieron la intención de “desmentir” desde Israel distintas “operaciones” que describían el frío vínculo del Gobierno con la Iglesia, reflejado en distintos artículos periodísticos.

Allí estuvo el tuit presidencial destacando imágenes propias junto a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el canciller Pablo Quirno en el Santo Sepulcro, fotos de antiguos encuentros con el fallecido Papa Francisco, “el argentino más importante de la historia”, y una carta al presidente del Episcopado por el aniversario del fallecimiento del Santo Padre. Con horas de diferencia, el Presidente hizo suya una información de la periodista Julieta Tarrés y calificó de “tremenda refutación” aquellos datos para desmentir a su antecesor, el ex presidente Alberto Fernández, quien mostraba gráficos que marcaban una supuesta suba en el precio de la carne. También se ocupó de retuitear críticas del periodista Diego Laje al tratamiento que distintos medios (Clarín, e Infobae) dieron al viaje del jefe de gabinete Manuel Adorni a Aruba.

Ante semejante torbellino de mensajes del Presidente, la Oficina de Respuesta se limitó hoy a calificar de “muy falsa” una nota de Ambito Financiero sobre un reclamo de la provincia de Buenos Aires por una supuesta del Servicio Alimentario Nacional del Gobierno. También se preocupó por declarar “falsas” informaciones del diario Clarín sobre un presunto cierre de la fábrica de galletitas Tía Maruca. Ayer, en la misma página, se destacan inversiones “por más de U$S 80.000 millones” en el contexto del RIGI, y distintas declaraciones del viceministro de Economía José Luis Daza destacando el respaldo internacional al plan económico.

La semana pasada, en un promedio de una a dos desmentidas por día, la Oficina calificó de “muy falsa” otra nota de Carlos Pagni, en , sobre la estrategia de Luis Caputo de negociar préstamos con el Banco Mundial para conseguir dólares.

También calificó de “mentira” una de Perfil Córdoba sobre escasez de vacunas y un tuit de la diputada kirchnerista Julia Strada sobre la “destrucción del Inti”, para luego dar amplia cobertura al discurso del presidente Javier Milei en el Amcham Summit. Su actividad es, incluso menor, que la cuenta personal de Doe, en la que sí apunta sus cañones contra las “operetas kuka”, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el sitio Chequeado, entre otros.

“El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos, o directamente de sus jefes”, escribió el Presidente el 9 de abril. Un tuit que también apareció en la cuenta de la ORP, días antes de nuevos ataques del espacio manejado por Carreira contra otros enemigos íntimos del Gobierno, como la organización Greenpeace o Chequeado.

Tal como publicó , la cuenta de Milei en X se viene convirtiendo en una ametralladora de mensajes contra el periodismo en general, los medios de comunicación y distintos profesionales a los que insultó y acusó de conspirar contra su gobierno. La novedad no fue la línea argumental sino la magnitud: en los cuatro días del fin de semana de Pascua, por caso, escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos.

Distintos altos funcionarios avalan la iniciativa, retuitean sus mensajes agresivos en las redes y se suman a los ataques contra periodistas y empresas periodísticas, de manera pública o privada. Según integrantes del universo oficialista, quienes osan discutir o tener otro tono en la batalla contra la prensa no oficialista son sospechados de cercanía con esos medios, con la posibilidad cierta de perder el acceso al círculo cercano al Presidente.