POLITICA
Apartaron al juez de Santiago del Estero que debía decidir sobre el pedido de detención a Chiqui Tapia y Toviggino
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió apartar al juez federal Sebastián Argibay del expediente en el que se investiga presunto lavado de dinero y asociación ilícita en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La medida se tomó por un presunto conflicto de intereses vinculado a una operación inmobiliaria entre la hija del juez y un familiar del tesorero de la AFA. La decisión fue adoptada por la jueza Marina Cossio.
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Eugenio Simón, había recusado a Argibay al considerar que existía un vínculo que ponía en duda su imparcialidad: Pilar Argibay, hija del magistrado, vendió un terreno a Darío Toviggino, hermano de Pablo Toviggino.
Esa transacción forma parte del mismo expediente donde el fiscal pidió la detención de los miembros de la cúpula de la AFA.
Una vez confirmado el apartamiento de Argibay, que se reincorporó este martes a sus funciones luego de sus vacaciones, la causa deberá ser asumida por otro magistrado. En principio, subrogaría el juez federal Guillermo Molinari.
Si Molinari se excusa, podrían intervenir Miguel Contreras o Guillermo Díaz Martínez, de Catamarca, o el juez José Díaz Vélez, de Tucumán.
El pedido del fiscal
Además de la detención de Tapia y Toviggino, Pedro Simón solicitó la semana pasada allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, abarcando decenas de empresas, inmuebles y autos.
Para el fiscal, Tapia y Toviggino integran “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país”, según informó Clarín.
El fiscal fundamentó su solicitud en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros de Migraciones, que muestran un patrón de adquisiciones y movimientos financieros que no coincidirían con los ingresos declarados.
La investigación apunta a una red de sociedades y empresas vinculadas a Toviggino –oriundo de Santiago del Estero– y a sus allegados. Entre los bienes bajo la lupa se encuentran estancias, casas, lotes, vehículos, participaciones societarias e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.
Se sospecha que estos activos fueron comprados con dinero transferido desde la AFA a través de maniobras de blanqueo.
Entre los imputados, además de Tapia y Toviggino, aparecen Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana y Manuel Hernán Del Castillo Orellana.
También Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.
Leé también: Causa por la presunta evasión de $19.000 millones: pidieron agravar las acusaciones contra Tapia y Toviggino
Entre las sociedades mencionadas en el dictamen fiscal aparece Real Central SRL, atribuida a Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro, y dueña de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares. También las empresas Malte, DCT, Bori, HT, SOMA y Norte Argentino.
El fiscal mencionó también a TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturaciones a firmas vinculadas al tesorero de la AFA. Estas mismas empresas ya son objeto de análisis en otra causa que tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
Pablo Toviggino, Chiqui Tapia, Justicia, AFA
POLITICA
Denunciaron al juez que suspendió la aplicación de la reforma laboral: por qué piden que sea sancionado con prisión e inhabilitación
El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) denunció penalmente al titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, acusándolo de cometer abuso de autoridad por haber dictado una medida cautelar que suspendió la aplicación de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral en todo el territorio argentino. Según la denuncia, Ojeda actuó en contra de la Constitución Nacional y de leyes expresas y su resolución generó un fuerte impacto institucional, afectando a millones de contratos de trabajo.
El escrito, firmado por Juan Méndez como presidente del MEAB y presentado con el patrocinio del abogado Pablo Abdón Torres Barthé, se formalizó en la Justicia Federal este martes y allí se sostiene que el juez Ojeda hizo uso indebido de sus facultades al intervenir en un expediente iniciado por la CGT que buscaba declarar inconstitucional la nueva ley laboral.
Según la denuncia, el 30 de marzo de 2026, Ojeda resolvió —mediante una medida cautelar— suspender la vigencia de buena parte de la Ley 27.802, otorgando efectos federales inmediatos a esa decisión. El fallo alcanzó a puntos que ni siquiera habían sido cuestionados por la CGT en su demanda, como los artículos 3, 25 y del 59 al 77, entre otros, ampliando de oficio el alcance del litigio y privando al Estado Nacional de la oportunidad de defenderse sobre esas cuestiones.
El denunciante remarca que la cautelar fue dictada con “una celeridad llamativa”, a pocos días de presentada la demanda y sin esperar siquiera el plazo para la contestación prevista en la Ley N° 26.854, que regula los procedimientos de medidas cautelares en los que interviene el Estado nacional. Esta premura, advierte, contrasta con el “grosero atraso” que caracteriza normalmente ese juzgado, donde más de 100 causas tienen sentencias demoras “largamente vencidas”.
En palabras de Méndez, “la resolución dispuso la suspensión de artículos que la propia actora no había incluido en su petición cautelar”, por lo que “esta extensión de oficio y sin petición de parte configura, por sí sola, una vulneración objetiva del principio de congruencia y del derecho de defensa del Estado Nacional demandado”.
Siete días después, el 6 de abril de 2026, el mismo juez revocó —por propia iniciativa— la suspensión de uno de los artículos alcanzados, el número 55, alegando haber realizado un “nuevo análisis” a partir de un “estudio de campo” producido por la Red Académica de Jueces y Juezas del Trabajo de la República Argentina. La denuncia subraya que este informe nunca fue incorporado formalmente al expediente ni comunicado a las partes, lo que implica, según el denunciante, “un absoluto desmanejo de las formas procesales”.
Este accionar secuencial —primero la suspensión cautelar con efectos generales, luego la revocación parcial sin intervención de las partes— es presentado por el MEAB como un patrón de “actuación precipitada que pone en evidencia que la resolución original se adoptó sin el análisis que la magnitud de la decisión demandaba”.
La presentación judicial enfatiza: “Esa precipitación es uno de los elementos que permite inferir, con sólidos fundamentos, la conciencia del magistrado sobre la ilegalidad de su propio accionar”.
La denuncia apunta a que el juez Ojeda incumplió el artículo 248 del Código Penal de la Nación, que sanciona con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial al funcionario público que dictare resoluciones contrarias a la Constitución o leyes nacionales. El eje de la presentación del MEAB está en la conciencia del acto prohibido: se sostiene que el magistrado era plenamente sabedor de los límites que su función le imponía, especialmente por precedentes de la Corte Suprema.
La denuncia cita el fallo “Thomas” de la Corte como doctrina consolidada que prohíbe suspender la vigencia de leyes con efectos generales, mucho menos de forma cautelar. Agrega que el juez “no sólo no conformó su decisión a la doctrina de la Corte, sino que falló en contra de la jurisprudencia dictada en concordancia con la doctrina del fallo Thomas”.
El documento ahonda en que el fallo de Ojeda transgredió varios artículos de la Constitución Nacional, entre ellos: el artículo 1, que consagra la separación de poderes y la forma federal; el artículo 75, inciso 12, que otorga al Congreso la potestad de dictar leyes laborales; el artículo 116, que limita la función de los jueces federales al caso concreto y el artículo 18, que garantiza el derecho de defensa y el debido proceso. Sobre este último punto, el denunciante advierte que la extensión de oficio de la cautelar a artículos no peticionados es una violación objetiva al derecho de defensa: “El magistrado denunciado suspendió normas que nadie le pidió que suspendiera respecto de las cuales el Estado demandado no tuvo oportunidad de producir descargo alguno”, afirma el escrito.
La denuncia destaca también la violación de la Ley N° 26.854, enfatizando que: Ojeda no verificó ninguno de los cinco requisitos acumulativos legalmente exigidos para suspender actos legislativos (como la existencia de perjuicios graves de imposible reparación, o que la suspensión no cause efectos irreversibles).
Además, el juez aceptó que la CGT presentara una mera declaración jurada en vez de la caución real exigida para entidades no vulnerables, lo que consideran “una distorsión grosera del texto legal”, y dictó una resolución que suspendió 48 artículos de la ley con muy escasa fundamentación (“no más de un párrafo de análisis por cada artículo”, resaltan en la denuncia).
En la denuncia se resalta otra anomalía: Ojeda fundamentó parte de su revocación en un “estudio externo” sin validez procesal, violando artículos del Código Procesal Civil y Comercial que regulan la prueba pericial y las medidas “de mejor proveer”.
La presentación afirma que la concatenación de hechos y la notoriedad de los precedentes judiciales descartan la posibilidad de un error. Entre los elementos de convicción enumerados para sostener el dolo, se remarca que el precedente Thomas lleva más de 15 años de vigencia y es de notorio dominio en la justicia laboral. Dice que la Ley N° 26.854 es clara en sus requisitos y su texto no admite “interpretaciones” como las ejecutadas.
La ampliación de la cautelar a artículos no pedidos por la CGT fue una decisión deliberada, a juicio de Méndez. La autocorrección parcial en la resolución posterior evidencia conciencia de que el fallo previo era irregular.
La acusación resume: “La corrección posterior, lejos de borrar la ilicitud original, la confirma. Resulta evidente que si el magistrado necesitó corregirse a sí mismo a los siete días, es porque sabía —o debería haber sabido al momento de dictar la medida— que su resolución era jurídicamente insostenible”.
El escrito denuncia que la suspensión de la ley generó una “incertidumbre jurídica” que afecta tanto a empleadores y empleados como a todo el sistema laboral. Añade que Ojeda, siendo juez ordinario de la ciudad de Buenos Aires, emitió una cautelar con efectos nacionales como si fuera un juez federal, agravando la violación del sistema federal.
A esto se suma que existía ya un pedido de inhibitoria pendiente en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, lo que, de acuerdo con el MEAB, debió haber frenado cualquier decisión de semejante alcance hasta tanto se resolviera esa cuestión de competencia.
Petitorio y pruebas ofrecidas
La denuncia solicita que se abra formalmente la investigación penal contra Raúl Horacio Ojeda, instando a la Justicia a requerir toda la documentación del caso, los antecedentes laborales del magistrado y a que eventualmente se aplique la pena de prisión e inhabilitación prevista por el Código Penal en su artículo 248. El expediente incluye como prueba tanto las resoluciones cuestionadas como el expediente completo y otros elementos relevantes vinculados a la causa.
El denunciante reserva además la posibilidad de ampliar la calificación legal a la figura de prevaricato (fallo dictado a sabiendas en contra de la ley), lo que podría agravar la situación judicial del juez denunciado en caso que así lo determine la investigación sobre este tema.
POLITICA
Silencio de Milei y sus ministros ante la muerte de Luis Brandoni: solo Cifelli, Bullrich y Petri despidieron al actor
Mientras artistas y dirigentes de la oposición despedían a Luis Brandoni, que falleció el lunes por la madrugada, las principales figuras del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) evitaron referirse a la muerte del actor y exdiputado de la Unión Cívica Radical (UCR). La Secretaría de Cultura emitió un mensaje institucional en su honor, pero solo su titular, Leonardo Cifelli, y los legisladores nacionales Patricia Bullrich y Luis Petri lo despidieron con mensajes en redes sociales.
“Brandoni fue mucho más que un actor extraordinario: fue un emblema de nuestra identidad cultural, un intérprete que supo retratar como pocos el alma argentina y un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas y futuras generaciones”, escribió el titular de Cultura en sus redes sociales. “Su talento, vocación y su integridad seguirán siendo parte viva de nuestra cultura”.
El mensaje fue replicado en el comunicado institucional que emitió la Secretaría de Cultura, donde se repasó su carrera y participación en “obras memorables como La fiaca, El saludador, Convivencia, Parque Lezama y Extraña pareja“ y películas populares como Esperando la carroza y Made in Argentina.
Brandoni falleció este lunes por la madrugada en el Sanatorio Güemes, donde se encontraba internado desde el 11 de abril por un hematoma subdural tras una caída en su domicilio. Tenía 86 años. El actor y militante del radicalismo fue velado ayer en la Legislatura porteña y distintos artistas y dirigentes políticos, entre ellos el expresidente Mauricio Macri, se acercaron a despedirlo. Su primo y jefe de gobierno Jorge Macri decretó dos días de duelo.
En Casa Rosada, en tanto, imperó el silencio sobre su figura. A excepción del comunicado de la Secretaría de Cultura, sus principales funcionarios evitaron referirse públicamente al exdiputado radical. El silencio oficial se extendió incluso entre exfuncionarios de Cambiemos -la coalición que llevó a Macri a la presidencia en 2015 y que respaldó Brandoni- y referentes de Pro que hoy participan del gabinete nacional como los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación).
El presidente Javier Milei, que viajó a Israel para reunirse con su par Benjamin Netanyahu, tampoco despidió al radical en redes sociales. En las últimas horas, se mostró muy activo en su cuenta de X, pero ninguno de los mensajes compartidos refería al actor. Al cierre de esta nota, ni la cuenta oficial de Casa Rosada, ni la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habían emitido mensajes de solidaridad con su familia o en honor a su trayectoria.
De las principales figuras de la administración nacional, solo los exministros Patricia Bullrich y Luis Petri se expresaron públicamente sobre la muerte de Brandoni. El actor había sido precandidato a diputado del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur) en 2023 en la boleta de Juntos por el Cambio con la que ambos exfuncionarios se postularon para la Presidencia.
“Beto fue talento, carácter y coraje. De esos que no se callaban nunca y defendían lo que pensaban hasta el final. Un artista único y un hombre excepcional, que me acompañó en la boleta de 2023″, expresó Bullrich, ahora jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, en X. “Mis condolencias a su familia, a sus amigos y a todos los que lo admiramos”. Ayer, Bullrich asistió al velorio del intérprete en la Legislatura porteña.
Petri, por su lado, aseguró: “Profunda tristeza por la partida del grandísimo Luis Brandoni, una personalidad intachable de nuestro país. Además de ser un artista fuera de serie, fue un hombre íntegro que toda su vida defendió la democracia y sus valores con convicción y corazón”. El ahora diputado nacional por LLA compartía con Brandoni un pasado de militancia en la UCR.
Por su lado, el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, le dedicó unas palabras al dirigente radical en sus redes sociales. “Fue un hombre de convicciones firmes, radical, comprometido con la democracia y con una vocación pública que trascendía cualquier diferencia. En lo personal, guardo el recuerdo de su calidez, su pasión por el debate y su enorme trayectoria tanto en la cultura como en la vida política de nuestro país”, afirmó.
Fernando Iglesias, embajador de la Argentina ante la Unión Europea y Bélgica, también se manifestó por la muerte del actor. “Profunda tristeza por el fallecimiento de Beto Brandoni, un hijo de Dock Sud a quien las personas de bien recordaremos siempre por su calidad humana, su talento artístico, su coraje cívico y sus cabreadas”, dice el mensaje que difundió en sus redes sociales.
despedían a Luis Brandoni,mensaje institucional,pic.twitter.com/7bsB5dHiLp,April 20, 2026,Brandoni falleció,expresidente Mauricio Macri,viajó a Israel,pic.twitter.com/6WPoCE0qYu,April 20, 2026,pic.twitter.com/knn6qJcZc9,April 20, 2026,pic.twitter.com/bPmURAhoko,April 20, 2026,pic.twitter.com/kCQAZGJbzN,April 20, 2026,Luis Brandoni,Javier Milei,La Libertad Avanza,Conforme a,Luis Brandoni,,Último adiós. La conmovedora despedida de la nieta de Luis Brandoni: “Siempre en mi corazón”,,El gran actor nacional. Luis Brandoni fue despedido en el panteón de actores del cementerio de la Chacarita,,»Contra el escritorio». Carlos Rottemberg reveló cómo fue el accidente doméstico que sufrió Brandoni antes de morir
Prestadores de servicios para personas con discapacidad se encuentran en una situación crítica en Argentina. Los valores del nomenclador, que determinan cuánto cobran los profesionales por cada sesión, presentan un atraso significativo. El pago de las obras sociales se realiza a más de 180 días y muchos de estos profesionales encuentran cada vez más difícil sostener su actividad. En paralelo, el Gobierno nacional envió un proyecto para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad. El contexto legal agrega incertidumbre en el sector.
Mariel Pastolou, terapista ocupacional y directora de la Fundación Solar de la Integración, explicó en Infobae en Vivo Al Mediodía que la crisis viene de larga data y se agravó en los últimos dos años: “Yo creo que la situación está llegando al punto de implosión”.
En este sentido detalló que “el nomenclador estos últimos meses, ha tenido pequeñas modificaciones que se anuncian mensualmente a través del Ministerio de Salud, pero está totalmente desactualizado. Estuvo un año entero sin moverse. Sobre todo, quienes llevamos adelante proyectos institucionales, los costos operativos nos pasaron por arriba, los requerimientos a los cuales todos los meses nos piden algo distinto para poder poner en funcionamiento un lugar”, detalló Pastolou.
Valores del nomenclador: actualización insuficiente y efecto en la atención
Según indicó Pastolou, “el nomenclador, según la prestación de apoyo, está en $18.700, por la sesión de una hora”. Este monto corresponde a lo que paga la obra social por cada prestación. Ante la consulta sobre si este valor quedó fijo, aclaró: “Estos últimos meses hubo ajustes. Estaba algo de $14.000”.
Las variaciones en el monto afectan la posibilidad de cubrir los costos reales de la atención. “Es insostenible con ese valor poder brindarle a las personas la atención que necesitan”, afirmó Pastolou. El costo de mantener las instalaciones, la habilitación de los espacios según los nuevos requerimientos y el aumento de gastos como seguros y servicios básicos, hacen que este ingreso no resulte suficiente para sostener servicios de calidad.
Cambios legislativos y falta de negociación con obras sociales
El contexto legal agrega incertidumbre. Está previsto que la ley de emergencia venza el 31 de diciembre, lo que abre la discusión sobre la administración de recursos, beneficios y cobertura para personas con discapacidad.
Pastolou remarcó: “Hay cosas que sé que tiene ese nuevo proyecto, como esta negociación con las obras sociales en algo totalmente utópico. El acompañamiento terapéutico nunca fue acordado por una obra social. Uno presenta un presupuesto y la obra social dice: ‘Yo la hora de acompañamiento terapéutico la pago tanto’”.
Cuestionó la posibilidad real de negociar valores: “Es como casi una fantasía pensar que uno se va a sentar con una obra social a imponer o a conversar un valor sobre una prestación”. La experiencia marca un sistema de imposición, donde los prestadores deben aceptar el monto que la obra social determina.
Sobre la ley vigente, Pastolou expresó: “Hay cosas que sin duda resolvería, pero tenemos programas del Estado, programas hablaban de PAMI, de pensiones no contributivas. Estamos esperando el pago de septiembre”.
Sospechas, auditorías y abusos: el lado oscuro del sistema
El sistema atraviesa también problemas de control y transparencia. Mariel Pastolou reconoció la existencia histórica de abusos: “Hubo, existió siempre el abuso. El tema es que si existirían auditorías como corresponde y las personas con discapacidad tendrían la libertad de y no el temor de denunciar a aquellos prestadores que no cumplen su trabajo o a lo que fueron comprometidos”.
Pastolou pidió dejar de hablar sólo de derechos y enfocarse en las responsabilidades: “Es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de las obras sociales, que están pagando muchas a 180 días”. Insistió en la necesidad de auditorías eficaces y en un sistema donde tanto prestadores como instituciones cumplan con los compromisos asumidos.
Consultada sobre la posibilidad de acuerdos informales ante los bajos pagos, Pastolou remarcó: “Es un tema de responsabilidad. Yo no voy a hablar de lo que hace cada uno en el acuerdo con la persona con discapacidad. No correspondería hacerlo, no sería responsable profesionalmente”.
El impacto en profesionales y usuarios: cierre de instituciones y falta de atención
La situación derivó en el cierre parcial o total de numerosas instituciones. Pastolou lo explicó: “Pasó de muchas instituciones que cerraron, muchas instituciones que limitaron sus actividades, sus proyectos. Hoy es un momento bisagra del sector de discapacidad. Las instituciones hace dos años que los proyectos están saliendo a cuenta gotas porque las urgencias y la inmediatez de la coyuntura nos está pasando por arriba”.
La crisis también afecta a los profesionales que dejan de trabajar en el sector público o con obras sociales para especializarse en el ámbito privado, donde las condiciones suelen ser más favorables.
El caso del PAMI se vuelve paradigmático. Pastolou afirmó: “Hoy ser prestador de PAMI es muy difícil, es un proceso muy largo, muy burocrático. La realidad es que hoy nosotros nos enfrentamos, nosotros tenemos muchos niños de PAMI en integración escolar, por ejemplo. Y la verdad es que no hay prestadores que atiendan. Los prestadores no quieren trabajar con PAMI. Los niños realmente están sin atención, sin atención de ningún tipo”, concluyó.
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