POLITICA
Crece la tensión: Kicillof denunció ante la Corte Suprema la motosierra de Milei y LLA avanza con proyectos para controlar la provincia de Buenos Aires

Los miembros del Gabinete de Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof se verán las caras este martes por la tarde durante una misa en homenaje al primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, pero será solamente un instante de concertación en medio de un contexto altamente conflictivo entre ambos sectores. Y es que la provincia de Buenos Aires mantiene un reclamo contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema por ocho programas y transferencias diferentes, mientras que el bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense avanza con un pedido de informes para controlar los programas sociales de la Gobernación.
Precisamente, Kicillof se presentó este martes en el Palacio de Tribunales en una audiencia ante la Corte Suprema en el marco de uno de los varios reclamos que la Provincia mantiene con la Nación por transferencias adeudadas, que según cifras movilizadas por la Gobernación llegarían a más de $681.000 millones. En rigor, la provincia de Buenos Aires mantiene actualmente ocho demandas contra el Estado Nacional.
En el entorno de Kicillof reclaman el pago de deudas y actualizaciones luego de que el presidente Javier Milei firmara el DNU 280/2024, el cual suspendió las transferencias destinadas a cubrir déficit previsionales de las cajas provinciales. Hasta el momento de la publicación de este artículo, la ANSES no dio respuestas al respecto de cómo planea resolver el reclamo.
Esta avanzada de parte de la Provincia se enmarca en un contexto en el que el Gobierno tiene que resolver diferentes reclamos sectoriales por elevadas cantidades de fondos. En las últimas semanas se hicieron públicas las demandas de parte de las empresas de colectivos por mayores subsidios o una suba del boleto, así como la exigencia de los prestadores del PAMI para que se habilitaran los pagos correspondientes a este mes.
Las provincias no están exentas de un contexto en donde la motosierra también aplica por la baja de la recaudación a nivel nacional y la consecuente correlación que esto tiene con la merma en la coparticipación que luego se distribuye a los 24 territorios subnacionales. Sumado a esto, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, denunció el recorte en otras transferencias y programas indirectos, marcando que “desde la asunción del Gobierno nacional, la provincia lleva perdidos 22,2 billones de pesos”.
En ese contexto, tal y como adelantó Infobae, la gestión de Kicillof está evaluando reducir el financiamiento sobre el programa social MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria).

Ayer por la noche, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, presentó una carta contra el Ministerio de Capital Humano de la Nación, liderado por Sandra Pettovello, para reclamar el cobro de una deuda de $220.000 millones por el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que tiene vigente la Provincia. La cartera libertaria respondió esta mañana y desconoció el pedido al afirmar que el plan al que se refiere el ministro de Kicillof es de competencia provincial y que Nación no le debe dinero a su administración en materia de asistencia alimentaria.
“El Gobierno nacional realiza un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares, siendo el 80% restante obligación provincial”, marcó Capital Humano a través de un comunicado.
Avance de LLA contra Kicillof en la Provincia
Ante aquella cuestión, el senador libertario y presidente del bloque de LLA en el Senado de la Provincia, Carlos Curestis, hombre de estrechísima cercanía del armador Sebastián Pareja, presentó este mediodía un pedido de informe para que el oficialismo provincial dé detalles de cómo puede llegar a reconvertirse el programa MESA.
“Si el gobierno Kicillof decidió eliminar o recortar el programa, tiene la obligación de explicar con absoluta claridad qué va a pasar con miles de familias bonaerenses que hoy dependen de esa asistencia alimentaria. No se puede jugar políticamente con la comida de la gente ni usar a los sectores más vulnerables como excusa para ocultar decisiones propias”, reclamó Curestis, según declaraciones conseguidas por Infobae.
El pedido de informes solicita precisiones sobre la continuidad o posible eliminación del programa MESA, incluyendo la cantidad y distribución de beneficiarios, el costo y composición de los módulos, el impacto presupuestario y destino de los fondos en caso de eliminación, el estado y financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), la existencia de deudas nacionales y reclamos formales, los organismos y mecanismos de control del MESA, evaluaciones técnicas realizadas, el modelo de asistencia social alternativo previsto y los canales de comunicación con municipios, organizaciones y familias ante eventuales cambios.

Avanzando con ese esquema de control a la Gobernación, los legisladores parejistas anunciaron ayer que presentaron proyectos en ambas cámaras provinciales para impulsar la normalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), luego de denuncias reiteradas por deudas con prestadores, suspensión de servicios y demoras en la atención.
La iniciativa incluye un pedido de informes para citar a las autoridades del organismo ante la Comisión de Salud, con el objetivo de exigir detalles sobre el monto y la antigüedad de la deuda, los convenios vigentes, los cortes de atención registrados y el plan oficial para regularizar los pagos pendientes. Además, se propuso la creación de una Mesa de Trabajo Provincial Permanente, conformada por representantes del IOMA, prestadores, afiliados y legisladores, que deberá realizar reuniones mensuales, publicar actas y presentar informes trimestrales ante la Legislatura.
Los otros siete fondos que reclama Kicillof
Además de las transferencias previsionales de parte de Nación, hay otros siete reclamos que la gobernación de Kicillof realizó ante la Corte Suprema.
Una de las principales presentaciones es sobre la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 192/2024, que eliminó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), y reclama una deuda de $88.800 millones más intereses por transferencias no realizadas entre noviembre de 2023 y febrero de 2024. En la misma línea, la provincia exige la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), discontinuado arbitrariamente, reclamando un monto aproximado de $42.000 millones devengados desde 2023.
Otra demanda relevante busca restablecer el “Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior”, medida que impacta directamente en el financiamiento del transporte urbano y suburbano del territorio bonaerense. Se ejecuta ante la supresión del fondo motivada por comunicados del Ministerio de Economía y cambios en el DNU 280/2024, con una pretensión estimada en $5.000 millones.
El conflicto por el Sistema de Boleto Integrado del Transporte (SUBE) también llevó a una acción judicial, denunciando la decisión de dejar de compensar este servicio fundamental para millones de usuarios del AMBA en jurisdicción provincial y municipal. Asimismo, Buenos Aires reclama la plena vigencia del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, cuya transferencia de recursos fue afectada por el Decreto 888/2024, con una deuda estimada en $400 millones.
Otra demanda presentada ante la Corte Suprema apunta contra ENARGAS, impugnando la Resolución 625/24 que impone el cobro de un impuesto para obras gasíferas en las boletas de gas. Por último, una causa sustancial refiere al incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y acuerdos 2023, donde Buenos Aires reclama la aplicación correcta de los convenios y el recupero de recursos fiscales. El monto reclamado supera $1,13 billones, e incluso alcanza $2,2 billones al considerar las diferencias por el Fondo del Conurbano y saldos impagos de convenios recientes.
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POLITICA
Dura crítica de Martín Menem a Axel Kicillof: “Tendría que estar inhabilitado para ocupar cargos públicos”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó con dureza al gobernador Axel Kicillof al afirmar que “debería estar inhabilitado para ocupar cargos públicos”, al evaluar negativamente su gestión como ministro de Economía durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Lo hizo en la antesala del próximo año electoral, en el que se espera que el mandatario sea el candidato presidencial por el peronismo.
En una entrevista, el dirigente riojano dio esa definición al responder un comentario crítico de Kicillof sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei. “No dijo nada, en realidad. Tendría que estar inhabilitado para ejercer cargos públicos. Fue el peor ministro de Economía de la historia. Argentina puso el cepo con este tipo”, dijo en el canal TN.
Menem defendió la gestión de Milei y consideró que el expresidente Carlos Menem “estaría orgulloso del gobierno actual”. El dirigente oficialista también destacó la reciente designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, a quien definió como “un jugadorazo, un político de raza. Trabajamos palmo a palmo desde el momento que asumió como ministro del Interior”.
Consultado sobre la cruda interna dentro del oficialismo, en la que estuvo involucrado Manuel Adorni, Menem negó su importancia: “Pensar distinto en una mesa de cinco o seis no es interna, es normal. Intercambiamos opiniones, avanzamos, el gobierno avanza”, sostuvo.
La campaña presidencial y la proyección hacia 2027
El titular de la Cámara Baja sostuvo que La Libertad Avanza apostará por la gestión como eje central de la próxima campaña electoral, sin importar quién sea el adversario político. “Nosotros vamos a mostrar gestión, no importa quién esté enfrente”, puntualizó. “El panorama es muy bueno y muy alentador. En 2023 la gente tampoco llegaba a fin de mes y el dólar volaba, no había materias primas ni se podía exportar”, continuó.
Sobre la situación económica, Menem pronosticó que el próximo índice de inflación se ubicará por debajo del 2% y expresó confianza en la continuidad de la tendencia a la baja. “Va a seguir bajando, está todo dado”, aseguró. Además, planteó que la recuperación dependerá de que “la política no joda como hizo el año pasado”, y consideró que si ese escenario se cumple “toda la economía va a mejorar”.
“La inflación va a seguir bajando, está todo dado. Tenés superávit desde el día 1, con 27 meses de superávit primario y 25 meses de superávit financiero. El riesgo país estaba en tres mil, está en 400 puntos. Las reservas del Banco Central este año ya compraron 11 mil millones de dólares, la meta era 10 mil y va a seguir comprando. Toda la deuda en pesos está con tasas más bajas y previsibles. El programa económico ya tiene solucionados todos los vencimientos en dólares”, describió.

Sin embargo, el dirigente libertario, alineado en la interna con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, admitió que existen sectores que aún no perciben la mejoría económica. “Empatizamos absolutamente con todas las personas que por ahí les va a llegar un poquito más adelante. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, va a llegar más temprano que tarde. Si la política no jode como jodió a partir de mayo del 2025, toda la economía va a mejorar”, manifestó, y precisó que “hay sectores que arrancaron antes que otros, pero el panorama es muy alentador”.
Martín Menem también se refirió al asesinato de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, ocurrido el 6 de junio, general de GENTECH y socio cercano del titular de la Cámara baja. Osorio Peñaloza fue hallado sin vida en su departamento ubicado sobre la avenida Díaz Vélez, en el barrio porteño de Caballito, ante el presunto ataque de una viuda negra. “La verdad era una persona que trabajaba conmigo, casi como un hermano de la vida. Era el jugador más importante a nivel laboral y fue víctima de un caso típico de viuda negra”, planteó.
En esa causa, se dictó el procesamiento y la prisión preventiva de Anabela Sabrina Olmedo (33), la principal sospechosa imputada por la muerte. “Hay una persona procesada y detenida. Está la justicia en el tema. Muy triste para mí, no me quiero acordar”, agregó.
Menem planteó que el gobierno de Javier Milei está “reconstruyendo a la Argentina de cero”, y lo comparó con la situación recibida con la de “la Venezuela que se está recuperando del terremoto”, ya que el kirchnerismo fue “una catástrofe”. “Es muy grave la situación en la que recibe el presidente. Estamos reconstruyendo de cero, desde los cimientos”, dijo, y confió: “Argentina prendió todos los motores para que la economía crezca”.
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POLITICA
Quién es Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que debilitó el caso $LIBRA

Marcelo Martínez De Giorgi lleva más de tres décadas en el Poder Judicial de la Nación. De extremo bajo perfil, De Giorgi había vuelto a quedar bajo la mirada pública cuando el gobierno nacional promovió el pliego de su esposa, Ana María Juan, como nueva titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.
Este viernes, De Giorgi dictó un fallo que debilitó a la acusación en el caso $LIBRA al apartar a dos grupos de querellas en la causa que investiga el lanzamiento de la moneda digital que promovió el presidente Javier Milei. La decisión volvió a leerse en clave política y a posar la mirada en el juez.
De Giorgi cultiva la discreción. Prefiere evitar la atención y es un tiempista en el manejo de las causas. Los críticos le atribuyen los lentos movimientos de sus expedientes al objetivo de hacer equilibrio entre los diferentes sectores de poder.
Sus talentos le permitieron llegar lejos; mucho más lejos que la mayoría de los colegas.
Egresado de la Universidad John Kennedy en 1990, los memoriosos recuerdan que para entonces llevaba cinco años en el Juzgado de Sentencia “V” y que en 1992 pasó a trabajar como secretario para Horacio Cattani, uno de los más respetados del fuero, en la Sala II de la Cámara Federal.
Fueron tiempos aquellos en que la Sala II se ganó el mote de la “sala independiente” del poder político. Por sus fallos y por la conducta de sus integrantes. Y allí fue donde Martínez De Giorgi se granjeó buena fama. “Era estudioso, callado, honesto, laburador. Cattani se apoyaba mucho en él”, rememoró un funcionario judicial que lo conoce de esos años.
Algo, sin embargo, se rompió en la relación con Cattani tras la renuncia de Jorge Urso al Juzgado Federal N° 8 y De Giorgi ocupó la subrogancia.
Cattani renunció en 2018 y falleció en 2024.
De Giorgi tejió vinculaciones con el entonces director general de operaciones de los servicios de inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso, y los hermanos Ariel y Alfredo “Fredy” Lijo.
La causa “Oncca” fue, según sus críticos, el expediente que le valió su juzgado. Porque Ricardo Echegaray parecía estar contra las cuerdas en aquella investigación, pero salió indemne. Mérito de su defensor, León Arslanian, también de buena relación con Martínez De Giorgi, que cultivó su diálogo con el entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Ya al frente del Juzgado ocho tomó algunas decisiones fuertes, aunque siempre muy atento a los tiempos y el contexto. Lo mismo, al tomar la subrogancia del Juzgado cinco, tras la renuncia de Norberto Oyarbide. Y, más tarde, con el Juzgado 11, debido a la muerte de Claudio Bonadio.
Otros dos expedientes generaron más ruido a su alrededor. Uno fue el sobreseimiento del entonces camarista Eduardo Freiler –jefe directo de su esposa– en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El segundo, la investigación por el capítulo argentino del “Lava Jato”: el contrato por el soterramiento del tren Sarmiento.
Simpatizante de Boca Juniors, buen zaguero izquierdo que se quedó sin proyección con la suma de los años, devenido golfista regular, De Giorgi soñó con ser camarista.
A principio de julio, De Giorgi libró exhortos a Estados Unidospara avanzar con la investigación criminal quetiene bajo la lupa al actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA),Andrés Gerardo Vázquez. Busca determinar si el zar de los impuestos argentinos es, en efecto, el dueño de tres inmuebles en el estado de Florida.
Ahora, su decisión de rechazar a la querella del caso $LIBRA volvió a volcar la atención sobre su juzgado. La misma que prefiere evitar.
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POLITICA
Pese a la orden de la Corte, Cristina Kirchner busca frenar el remate de sus bienes

Un día después de que la Corte Suprema ratificara que los condenados en la causa Vialidad deben devolver $685.000 millones, la expresidenta Cristina Kirchner y Lázaro Báez presentaron recursos de queja para buscar dilatar la ejecución de sus propiedades, que serían alcanzadas por el decomiso.
El máximo tribunal confirmó este jueves la actualización del monto del decomiso, que pasó de $85.000 millones a $685.000 millones, y rechazó los planteos de nulidad presentados por la exmandataria y el empresario de la obra pública en Santa Cruz. La decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó resuelto el monto que deben afrontar los condenados. Sin embargo, todavía resta un paso: la ejecución patrimonial de los bienes, que ya generó nuevas presentaciones para intentar demorarla.
En las últimas horas, Cristina Kirchner y el exempresario de la obra pública santacruceña Báez fueron los primeros en buscar dilatar el proceso. Se opusieron al fallo de la Cámara de Casación que había confirmado la continuidad del decomiso, lo que llevó el expediente nuevamente a la Corte. Ahora, con el monto ya definido, la instancia final del proceso es la ejecución de las propiedades identificadas para ser rematadas, vendidas o cedidas.
El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, fue quien impulsó la estrategia de la exmandataria, que también quiere evitar el decomiso de bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. “No se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”, sostuvo la defensa.
Si el decomiso avanza, Cristina Kirchner perdería alrededor de veinte propiedades, entre ellas el departamento de San José 1111, donde permanece detenida desde hace un año, además de hoteles y sus casas en Río Gallegos y El Calafate. Entre los bienes alcanzados figurarían también los casi 5 millones de dólares secuestrados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner.
Leer más: Causa Vialidad: uno por uno, todos los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó decomisar
El valor total del decomiso para todos los condenados era originalmente de $84.835.227.378,04, calculado en base a los sobreprecios, la cartelización de las licitaciones y los daños ocasionados por todos los condenados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de 51 licitaciones de obra vial en Santa Cruz. Lo que hizo la Corte este jueves fue dejar firme el monto actualizado del decomiso, según el IPC del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025: así la cifra total asciende a $684.990.350.139,86.
A los planteos de la expresidenta y Báez se suman otros de los demás condenados en la causa, además de un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), que sostiene que los bienes decomisados en causas de lavado de activos deben quedar bajo la administración del organismo especializado.
En la Corte Suprema no hay plazos para resolver estas presentaciones, aunque las últimas quejas ingresaron hace menos de un mes. De todas formas, se sabe que las quejas no tienen efecto suspensivo, por lo que el inicio de la ejecución patrimonial podría avanzar en paralelo.
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