El papa León XIV recibió en el Vaticano una carta de las universidades públicas argentinas en la que cuestionan al gobierno de Javier Milei por el deterioro presupuestario del sistema y por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El documento fue entregado por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

La presentación tuvo lugar durante la audiencia general que el Pontífice encabezó en el Vaticano. Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), llevó el texto en representación de las autoridades universitarias, en la antesala de la visita de León XIV a la Argentina prevista para noviembre.

La carta plantea que el conflicto excede la discusión sobre las partidas destinadas a las casas de estudio. Las universidades sostienen que la falta de ejecución de una ley aprobada y ratificada por el Congreso, junto con las disputas judiciales por su cumplimiento, afecta el funcionamiento de las instituciones democráticas.

El documento llegó el miércoles pasado a manos del Papa, seis días después de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre. Para los involucrados en las gestiones para el encuentro, la decisión del sumo pontífice de recibir el reclamo implicó, en los hechos, un fuerte gesto político. Estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas reclamaron entonces una recomposición salarial, recursos para las universidades y el cumplimiento de la legislación vigente.

Además, la audiencia se realizó un día después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal admitiera una apelación del Poder Ejecutivo vinculada con la ejecución de una medida cautelar sobre salarios y becas. La decisión representó un avance procesal para el Gobierno, aunque no resolvió el fondo del conflicto.

Las universidades alertaron al Papa por el cumplimiento de la ley y la división de poderes

La carta tiene tres páginas y reúne datos sobre la reducción de recursos, el impacto en la enseñanza y la investigación, y cuestionamientos a lo que el CIN define como una campaña de descalificación contra la educación superior pública.

“El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República”, afirma el texto al que accedió Infobae. Según el documento, el Gobierno ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y desoye las decisiones judiciales que ordenan su aplicación inmediata.

El CIN advirtió que el desacuerdo tiene consecuencias institucionales. “Cuando el gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, señalaron las autoridades universitarias.

Durante el encuentro, Bartolacci transmitió al Pontífice el saludo de la comunidad universitaria y sus expectativas ante su próxima llegada al país. “Fue un honor saludar al Papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país”, expresó el rector.

El titular del CIN indicó que buscaban brindarle al Papa información precisa sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia antes de su visita, prevista para el 8 de noviembre próximo. También manifestó la expectativa de que su presencia contribuya a promover el diálogo en un escenario de tensiones políticas y económicas.

El organismo no informó que León XIV haya asumido compromisos específicos sobre el reclamo. La audiencia tuvo como objetivo ponerlo al tanto de las dificultades que atraviesan las instituciones y de la posición de las autoridades académicas.

El CIN calculó que la inversión universitaria cayó al 0,47% del PBI en 2026

Uno de los principales argumentos de la presentación está vinculado con la evolución del gasto destinado al sistema. Según el documento, el presupuesto de las universidades nacionales pasó de un promedio de 0,74% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2016 y 2023 a 0,47% en 2026.

Para las autoridades académicas, esa cifra constituye el nivel más bajo de inversión histórica en el sistema universitario argentino. La baja equivale a 0,27 puntos porcentuales del PBI frente al promedio de los ocho años anteriores, una reducción cercana al 36,5% en términos relativos.

El CIN afirmó que la restricción de fondos condiciona el funcionamiento cotidiano de las universidades y alcanza a los proyectos de investigación científica, las tareas de extensión, la vinculación tecnológica y la compra de equipamiento.

La carta también relaciona la situación con las trayectorias estudiantiles. “Cuando el financiamiento universitario se deteriora, las consecuencias no se limitan a las aulas, los talleres o los laboratorios de enseñanza”, señala el texto, que menciona entre sus efectos las dificultades para sostener las actividades científicas y garantizar que los estudiantes completen sus carreras.

Las autoridades recordaron una definición del papa Francisco, quien calificó a los recortes en educación como un “suicidio programado”. La cita fue incorporada para reforzar el lugar que la educación ocupa, según el CIN, en las políticas de inclusión y desarrollo.

La Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 fue sancionada por el Congreso y luego ratificada con mayorías especiales tras el veto presidencial. La norma contempla mecanismos de recomposición presupuestaria, actualizaciones salariales para docentes y no docentes y recursos para las becas estudiantiles.

El Poder Ejecutivo condicionó su aplicación mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que debían identificarse las fuentes de financiamiento. A partir de esa decisión, las universidades iniciaron reclamos judiciales para exigir el cumplimiento de la norma.

El juez federal en lo contencioso administrativo Martín Cormick dictó resoluciones favorables a los reclamos universitarios, entre ellas una cautelar sobre salarios y becas. También declaró inconstitucional la condición fijada por el Gobierno para ejecutar la ley.

El 20 de octubre, la Sala III de la Cámara habilitó la revisión de decisiones que el magistrado de primera instancia había considerado inapelables. El tribunal entendió que el Estado podía discutir la continuidad de la cautelar, ante el planteo oficial de que había perdido vigencia luego de la sentencia de fondo.

La Cámara no definió si la cautelar sigue vigente ni estableció si el Gobierno cumplió con las obligaciones ordenadas. Los jueces aclararon que admitir la apelación no implicaba adelantar una posición sobre el cumplimiento de la medida.

Para el Gobierno, la resolución respaldó su postura en el litigio. Las universidades, en cambio, mantuvieron su reclamo por la aplicación efectiva de la ley y por la asignación de recursos en el marco de la discusión del Presupuesto 2027.

En su documento, el CIN sostuvo que el sistema universitario público reúne a cerca de tres millones de personas en más de 70 instituciones de distintas tradiciones académicas. También destacó su aporte a la movilidad social, la formación profesional, la producción científica y el desarrollo tecnológico.

“La universidad pública y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación son factores fundamentales de la economía del país”, planteó la carta. El organismo vinculó el financiamiento de esas capacidades con la posibilidad de agregar valor a las materias primas y generar empleo.

El texto también recuperó reflexiones de León XIV sobre el diálogo, la comunicación y la búsqueda de la verdad frente a la desinformación y la polarización. Para el CIN, las universidades deben formar ciudadanos capaces de contrastar fuentes y participar de los debates públicos.

“La universidad argentina, pública, gratuita y federal, es una valiosa conquista de muchas generaciones y nuestra responsabilidad es preservarla para quienes vengan”, concluye uno de los últimos pasajes de la carta.

Las autoridades universitarias expresaron su confianza en que el reconocimiento del Pontífice al sistema, su palabra y su bendición permitan renovar la confianza en las instituciones democráticas. La presentación en el Vaticano sumó así una instancia internacional a un conflicto que seguirá abierto en el Congreso y en los tribunales.

El Gobierno demora la aplicación de nuevas sanciones contra empresas vinculadas con actividades económicas en las Islas Malvinas, mientras persisten las tensiones internas por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La Casa Rosada abrió procedimientos administrativos contra 60 personas y compañías en septiembre, pero todavía no confirmó resoluciones definitivas correspondientes a esos expedientes. En el Ejecutivo aseguran que la iniciativa legislativa sigue siendo una prioridad de Javier Milei, aunque reconocen diferencias sobre el alcance del nuevo Consejo de Seguridad Nacional.

Las actuaciones anunciadas por el Gobierno se encuentran bajo la órbita de Cancillería, que trabaja de manera reservada con la Secretaría Legal y Técnica. “Lo está manejando la Secretaría de Malvinas de forma confidencial con Legal y Técnica”, expresan en Nación al ser consultados sobre la posibilidad de aplicar penalidades antes de la aprobación de la nueva ley. En otros despachos oficiales evitaron precisar cuándo se firmarán las primeras resoluciones sancionatorias.

La diferencia es que los anuncios realizados hasta ahora corresponden a la apertura de procedimientos y no a la imposición efectiva de nuevas penalidades. El 4 de septiembre, la Oficina del Presidente informó que la Cancillería había iniciado actuaciones contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas violaciones a la Ley 26.659. Cuatro días después incorporó a otros 15 sujetos, entre empresas, accionistas y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.

La legislación vigente ya permite inhabilitar durante un período de cinco a veinte años a quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina o participen de operaciones prohibidas. El procedimiento requiere determinar previamente la responsabilidad de cada involucrado. El Gobierno también cuenta con antecedentes de sanciones anteriores contra empresas petroleras, pero los nuevos expedientes anunciados en septiembre todavía no se tradujeron en una nómina confirmada de penalidades definitivas.

El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, incorporó herramientas para acelerar esas investigaciones. La norma designó a Cancillería como autoridad de aplicación, estableció un plazo de diez días hábiles administrativos para que los presuntos infractores presenten sus descargos y reforzó la coordinación entre organismos estatales.

También sumó controles vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que exige verificar el cumplimiento de la legislación sobre actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

La Casa Rosada pretende ampliar esas facultades mediante la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviada a Diputados el 17 de septiembre. El proyecto busca reemplazar la normativa vigente por un régimen que alcance la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables, además de endurecer las sanciones contra las empresas directamente involucradas, sus accionistas y proveedores. También contempla restricciones comerciales y mecanismos para promover el abandono de las actividades cuestionadas.

“No vamos a adelantar la jugada, pero la nueva ley permitiría sanciones más severas y herramientas más fuertes para sancionar el accionar de actividades económicas de todo tipo en las islas”, sostuvo otro funcionario del Ejecutivo.

La fuente aseguró además que la intención oficial es avanzar con el proyecto pese a los desacuerdos parlamentarios. En Nación consideran que las modificaciones legislativas permitirían ampliar el alcance de las medidas más allá de la actividad petrolera.

Más de 4.000 dirigentes participaron en un nuevo encuentro del Peronismo Federal en Comodoro Rivadavia, donde el espacio presentó un programa energético y retomó la discusión sobre un proyecto de gobierno federal con la producción, el empleo y la educación como ejes.

La convocatoria reunió en la ciudad chubutense a legisladores nacionales, intendentes, dirigentes sindicales y referentes territoriales. Fue la continuidad de las jornadas que el sector realizó el 1 de mayo en Parque Norte y luego en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con el objetivo de elaborar propuestas antes de definir candidaturas rumbo a 2027.

La elección de Comodoro Rivadavia, uno de los principales centros petroleros del país, puso el foco en la situación laboral de la Patagonia y en el futuro de las cuencas maduras de Chubut y Santa Cruz. Los organizadores señalaron que la salida de YPF de áreas convencionales y la caída de la actividad derivaron en la pérdida de miles de empleos.

En el encuentro se presentó el Programa Federal para el Desarrollo Energético, una iniciativa que propone una política de Estado con planificación y reglas estables para coordinar inversión pública y privada. El documento incluye medidas para agregar valor a los recursos, ampliar la participación de proveedores nacionales, preservar el papel de YPF y sostener la actividad en las cuencas maduras.

El plan también contempla obras de infraestructura, tarifas sostenibles, integración regional, investigación científica y tecnológica, además de la defensa de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y el Atlántico Sur. El planteo reconoce el crecimiento de la producción y las exportaciones energéticas, pero propone que ese avance se refleje en industria, empleo registrado y salarios.

El diputado nacional Juan Pablo Luque, anfitrión de la jornada, afirmó que el desempleo en la región pasó del 2 % al 10 % en menos de dos años y que se perdieron más de 13.000 puestos de trabajo en menos de 24 meses. Frente a ese escenario, pidió dejar de lado las discusiones individuales para abordar la matriz productiva, el desarrollo y la generación de empleo.

Dirigentes del espacio propusieron discutir ideas antes que candidaturas

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz sostuvo que la llegada de Peronismo Federal a la Patagonia, a través de los encuentros de Peronismo Debate, busca incorporar los problemas y las propuestas de cada provincia a una alternativa de alcance nacional. Cuestionó un modelo económico que, según afirmó, “extranjeriza y primariza la economía” y reclamó políticas que fortalezcan la industria y el valor agregado.

De cara a 2027, Tolosa Paz planteó que la unidad del peronismo debe fundarse en acuerdos programáticos. También defendió las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como mecanismo de ordenamiento interno. “Tenemos que debatir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas”, dijo.

Por su parte, el diputado nacional Guillermo Michel vinculó el actual saldo positivo de la balanza energética con decisiones adoptadas durante gobiernos peronistas, entre ellas la recuperación de Vaca Muerta y la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. “Pasamos de importar USD 10.000 millones en 2022 a terminar exportando este año más de USD 10.000 millones”, afirmó.

Además de Luque, Tolosa Paz y Michel, participaron los intendentes Othar Macharashvili, de Comodoro Rivadavia; Martín Pérez, de Río Grande; Pablo Grasso, de Río Gallegos; y Daniel Harrington, de Tolhuin. También asistieron las diputadas nacionales Moira Lanesán y Kelly Olmos, y los senadores nacionales Carlos Linares, Fernando Salino y Adán Bahl, entre otros representantes políticos y sindicales.

Las universidades patagónicas reclamaron financiamiento y desarrollo regional

Antes de la jornada política, parte de la delegación se reunió con autoridades de las nueve instituciones que integran la Red de Universidades Patagónicas (RUPA), en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Bajo la consigna “Defender la Universidad | Diálogo para el Desarrollo Regional”, analizaron el financiamiento universitario, la ciencia, la tecnología y el aporte de las casas de estudio al desarrollo regional.

Del intercambio participaron autoridades universitarias y representantes de los gremios ADU, FEDUN y APUNP. La agenda incluyó también la cuestión de la soberanía nacional en el Atlántico Sur.

Achával planteó que el desarrollo debe llegar a todas las provincias

Hacia el final del encuentro, el intendente de Pilar, Federico Achával, sostuvo que los recursos naturales y la capacidad productiva deben traducirse en industria, empleo y oportunidades. “El desarrollo no puede quedar concentrado en unos pocos lugares: tiene que llegar a cada ciudad y a cada familia”, afirmó.

El jefe comunal también calificó la jornada como “muy positiva”, por la posibilidad de debatir una Argentina federal basada en la producción, el trabajo y la educación. Además, reconoció la organización del diputado nacional Juan Pablo Luque y la participación de los vecinos de Comodoro Rivadavia.

Peronismo Federal prevé continuar los encuentros de Peronismo Debate en distintas regiones para ampliar el programa de gobierno que busca llevar a la discusión nacional.

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