POLITICA
El diezmo de Adorni, el faltazo de Villarruel y los gestos de Kicillof, en la misa por Francisco en Luján
Imágenes de Jorge Bergoglio en pantalla grande, aplausos espontáneos y la presencia de dirigentes políticos de distintas extracciones que compartieron las primeras filas en la Basílica de Luján -a excepción de Victoria Villarruel– marcaron el homenaje que la Iglesia argentina le tributó al papa Francisco, a un año de su muerte, en la misa oficiada por los obispos que integran la Conferencia Episcopal Argentina.
La celebración reunió a un amplio espectro de la política nacional, en una convocatoria del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, quien revalorizó el legado del pontífice argentino y su cercanía a los sectores más postergados. Y lamentó los cuestionamientos que se le hicieron en vida y envió un mensaje para condenar “la agresividad permanente en el lenguaje y los gestos violentos”.
El encuentro religioso tuvo, sin embargo, notorios matices políticos: al faltazo de Villarruel -que regresó a Buenos Aires a mitad de camino de Luján- se sumaron la imagen del diezmo que dejó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la misa y ante la atenta mirada de propios y extraños; y algunos gestos que hizo el gobernador Axel Kicillof, con abrazos incluidos para algunos de los prelados.
“Mucho nos hemos lamentado de no haberlo tratado bien, de haber sido mezquinos como sociedad e incluso como Iglesia, al no acoger sus propuestas bien inspiradas, al desconfiar y retacear nuestro apoyo a tantas iniciativas en favor de nuestro pueblo. Nos queda aprender de una buena vez y no seguir castigándonos con la indiferencia, el desinterés, la agresividad permanente en el lenguaje y los gestos violentos”, expresó el arzobispo Colombo.
El homenaje a Francisco congregó en un mismo espacio a casi la totalidad del gabinete libertario del Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por Adorni, con representantes del peronismo bonaerense, liderados por Kicillof, que estuvo escoltado por intendentes, no todos ellos de su misma línea interna. De hecho, se la vio a la camporista Mayra Mendoza, que viene de protagonizaron un cruce dialéctico con el gobernador.
Mientras el presidente Milei ejecuta un recorte presupuestario en distintas áreas de gobierno, que también se manifiesta en la Provincia con la gestión de Kicillof, el presidente del Episcopado rescató “el pensamiento y la acción pastoral del papa Francisco, su mirada social y sus insistentes llamados a ir a la periferia y proteger a los excluidos”.
Colombo agregó: “Francisco nos propuso asumir los desafíos pastorales que conllevan, en particular, la situación de los excluidos y descartados, así como el protagonismo de los movimientos sociales como articuladores de la solidaridad profética de los pobres”.
A su vez, recordó el primer viaje de Francisco a Lampedusa, para visibilizar la muerte de los migrantes; o la oración bajo la lluvia, en pandemia, en la Plaza de San Pedro; cuando se arrodilló y besó los pies de los líderes políticos de Sudan del Sur, suplicándoles la paz para sus pueblos.
“Ha pasado un año desde su fallecimiento y nos conmueve su viva presencia como testigo, profeta y pastor de estos tiempos de la Iglesia y la humanidad”, recalcó el arzobispo Colombo.
Por otro lado, destacó los insistentes llamados de Francisco a que “los trabajadores tengan derechos, todas las familias techo, todos los campesinos tierra, todos los niños educación, todos los jóvenes futuro, todos los ancianos una buena jubilación, todas las mujeres igualdad de derechos”. En el mismo sentido, en palabras de Francisco, pidió que “todos los pueblos tengan soberanía, todos los indígenas territorio, todos los migrantes acogida, todas las etnias respeto, todos los credos libertad, todas las regiones paz”.
La Basílica de Luján reunió a fieles e integrantes de los Hogares de Cristo impulsados por los curas villeros que colmaron el templo. El perímetro, sin embargo, contó con un importante dispositivo de seguridad dada la confluencia de políticos que se esperaba. En la puerta principal se efectuaron chequeos y controles magnéticos a los presentes por parte de los efectivos de las fuerzas federales.
Kicillof ingresó 20 minutos antes del comienzo de la ceremonia por ese acceso. Lo hizo con un amplio grupo de integrantes de su gobierno y jefes municipales, entre ellos, Gustavo Menéndez (Merlo), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Mariel Fernández (Moreno). Se sentaron en el primer banco del lado izquierdo del templo católico. Allí ya estaba Eduardo “Wado” de Pedro. Entre medio del mandatario bonaerense y el senador kirchnerista se ubicó el intendente local, Leonardo Boto. Al final de la misa se sumó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
Con el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, de viaje por Israel; la Casa Rosada envió una amplia comitiva que arribó por uno de los accesos laterales casi sobre el comienzo de la ceremonia. Encabezados por Adorni, se apostaron en el banco del frente de la hilera derecha el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Interior, Diego Santilli; el de Defensa, Carlos Presti; la de Justicia, Alejandra Monteoliva; y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
Más atrás se ubicaron el ministro de Salud, Mario Lugones; el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el jefe del bloque de los diputados libertarios, Gabriel Bornoroni; y su compañero de bancada en la Cámara baja y presidente de la seccional partidaria de LLA a nivel bonaerense, Sebastián Pareja. De la primera plana oficialista no estuvieron ni la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, ni la jefa de los senadores violetas, Patricia Bullrich.
Tampoco participó Villarruel, quien a último momento decidió bajarse de la convocatoria para, según pudo averiguar , evitar exponerse a una postal con los representantes libertarios encabezados por Adorni, sentados en el sector en el cual a ella también se le había asignado ubicación. Del otro lado, en el corralito que se constituyó dentro de la basílica para los políticos, tampoco fue opción, dado que allí estaban Kicillof y compañía.
Manuel Casado,Conforme a
POLITICA
La Justicia ordenó nuevas medidas en la causa por los créditos del Banco Nación y pidió legajos de funcionarios
El juez Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba en la causa que investiga los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios, legisladores y asesores vinculados al oficialismo. La decisión respondió a un pedido del fiscal Gerardo Policita e incluyó una auditoría general de los préstamos y la solicitud de documentación detallada sobre los beneficiarios.
Entre las medidas, el magistrado requirió los legajos de Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, Maira Raquel Frías y Alejandro Carrancio. Se trata de integrantes del Ministerio de Economía, directores de organismos, diputados nacionales y asesores.
La resolución también alcanzó al Banco Central, al que se le pidió que informe qué cargos ocuparon Furiase e Inchauspe desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, junto con los decretos, resoluciones y actos administrativos correspondientes.
Auditoría y documentación de los créditos
El eje central de la medida apunta a relevar en detalle cómo se otorgaron los créditos. Lijo ordenó acceder a las carpetas presentadas por los beneficiarios, que incluyen información sobre ingresos, solicitudes y las propiedades a adquirir, con el objetivo de verificar si cumplían con las condiciones requeridas.
Además, el juez solicitó al Banco Central que remita todo el marco legal, normativo y las comunicaciones vigentes sobre los procedimientos para la adjudicación de créditos hipotecarios en el sistema financiero, en el que se inscribe el Banco Nación.
La operatoria de los préstamos otorgados por el Banco Nación alcanzó montos de hasta US$350.000.
Funcionarios y cargos bajo análisis
Entre los nombres incluidos en el requerimiento judicial aparecen figuras con roles clave en la gestión económica y legislativa de Javier Milei. Furiase se desempeña como secretario de Finanzas, mientras que Inchauspe es director del Banco Central. Núñez integra el Banco de Inversión y Comercio Exterior.
También figuran Juan Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial; Mongilardi, director de YPF; y un grupo de diputados nacionales como Campero, Santurio, Villaverde, Bongiovanni, Frías y Carrancio. A ellos se suma Sharif Menem, asesor del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Tras la difusión del caso, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, salieron a respaldar a los funcionarios involucrados.
“Los tomaron por recomendación mía”, afirmó Caputo, y agregó que “no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral” en el otorgamiento de los créditos. El ministro calificó de “realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”.
La causa quedó ahora centrada en el análisis de la documentación y en la auditoría ordenada por el juez, que buscará determinar si existieron irregularidades en el acceso a los préstamos.
Créditos hipotecarios, Banco Nación, Banco Central, BNA
POLITICA
El juez Lijo pidió un amplio informe a la AGN por los créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores de Milei
El juez federal Ariel Lijo avanzó con la causa por los funcionarios y legisladores que sacaron créditos del Banco Nación por centenares de miles de dólares y pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que haga un exhaustivo análisis de los préstamos otorgados en los últimos tres años.
Lo hizo luego de que el fiscal Gerardo Pollicita requirió e impulsó la causa contra once acusados, entre ellos cuatro funcionarios, seis diputados y un empleado legislativo, al tiempo que pidió realizar una decena de medidas de prueba para saber si los créditos se otorgaron cumpliendo los requisitos del banco.
Lijo concentra las causas más sensibles que tiene el gobierno en su contra: la causa de los sobreprecios y cartelización en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el caso del supuesto enriquecimiento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ahora el caso de los créditos del Banco Nación.
Los denunciados por la legisladora Mónica Frade de la Coalición Cívica son Juan Pablo Carreira, conocido en X como “Juan Doe”, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, dedicada a desmentir a periodistas ($113 millones); Pedro Inchauspe, director del Banco Central ($510 millones); y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior ($510 millones).
También fueron apuntados Federico Furiase, secretario de Finanzas ($376 millones); Emiliano José Mongilardi, director de YPF ($309 millones); Sharif Menem, sobrino y mano derecha de Martín Menem ($357 millones); y los diputados libertarios Lorena Villaverde, Mariano Campero, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.
El Banco Nación se presentó en la causa y aportó un informe con los antecedentes de estos créditos, dijeron fuentes de la entidad a .
Lijo le solicitó al titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, que a la mayor brevedad posible efectúe “una amplia auditoría de la política de otorgamiento de créditos hipotecarios” del Banco Nación para identificar “posibles irregularidades en el otorgamiento de créditos hipotecarios y quiénes habrían sido sus destinatarios”.
Por eso, el juez les pidió “individualizar y analizar la política crediticia” del Banco Nación, además de revisar “la reglamentación aplicable, la normativa interna vigente, las comunicaciones, circulares, manuales de procedimiento e instructivos”. Es decir, todo aquello que sirva para dejar claros los hechos.
Además, Lijo dispuso informar del asunto a la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación.
La AGN es un organismo que depende del Congreso y está integrado por las diversas fuerzas políticas. Es de todos los organismos de control el que exhibe mayor independencia.
La medida de Lijo se dio luego de que el fiscal Pollicita impulsara el caso. Pollicita pidió y Lijo dispuso que Santiago Bausili, presidente del Banco Central, informe el marco legal y normativo, las comunicaciones, circulares y todos los instrumentos técnicos que regulan el procedimiento de otorgamiento de créditos hipotecarios para las entidades financieras, incluido el Banco de la Nación Argentina.
Debe informar los cambios que hubo desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Asimismo, debe informarse los cargos que ocupan Furiase e Inchauspe, receptores de créditos.
En septiembre de 2024, bajo la gestión de Daniel Tillard y Darío Wasserman, el Banco Nación, para salir a competir con otras entidades en las licitaciones destinadas a pagar los sueldos de la administración pública, ofertó productos bancarios como créditos, destinados a empleados y funcionarios
El juez Lijo le pidió al Banco Nación los legajos de cliente y las carpetas de los créditos que otorgó entre 2023 y la actualidad, con relación a Furiase, Carreira, Inchauspe, Núñez, Mongilardi, Mariano Campero, Santurio, Villaverde, Bongiovanni, Sharif Menem, Maira Raquel Frías y Alejandro Carrancio.
Son todos legisladores y funcionarios mencionados en diversas denuncias que tomaron información de informes periodísticos que alertaban sobre los créditos.
Lo que se investiga en esta causa es si los créditos se otorgaron de manera indebida, irregular, por fuera de los requisitos previstos en la normativa.
En ese marco, el juez Lijo quiere los informes de titularidad del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal o de las jurisdicciones, sus recibos de sueldo, comprobantes de facturación, de consumos, gastos o ingresos presentados por el titular del préstamo y las personas asociadas al crédito.
También procura verificar los contratos de preaprobación del crédito firmados por los interesados y las cuentas mediante las cuales se pagaría el crédito, además de los movimientos registrados.
El juzgado busca también tener los manuales de “Riesgos crediticios” del banco. Pretende que se informe si en los casos denunciados se cumplieron “estándares normativos” y si se emitió algún Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
El juez requirió los documentos mediante los cuales se compraron las propiedades, las constancias de evaluación crediticia, copia de las escrituras, forma de pago de los montos abonados por el cliente y comisiones abonadas.
Lijo le pidió al Banco Nación que haga un informe con las modificaciones o flexibilizaciones sufridas por el marco legal y normativo y cómo se informó de ellas a los clientes, empleados y funcionarios.
También deberán enviar al juzgado todos los expedientes administrativos completos a partir de los cuales se originaron las líneas de crédito reguladas para empleados del sector público.
El juez quiere conocer el proceso de otorgamiento de un crédito hipotecario, cuánto demora, los pasos internos que recorre el legajo, la documentación requerida, las áreas del banco involucradas y los informes y tareas que se realizan hasta la aprobación.
A su vez, Lijo pretende saber el número total de créditos hipotecarios efectivamente otorgados, desde el mes de diciembre de 2023 hasta la actualidad, discriminándose la cantidad nominal de créditos y el monto dinerario insumido. También, según se trate de empleados, funcionarios de la administración pública nacional, de organismos descentralizados, autárquicos y legisladores nacionales.
Debe informarse la cantidad nominal de crédito, el monto de dinero otorgado y el porcentaje de la cartera de créditos hipotecarios otorgados desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.
Deberá informar el Banco Nación si detectó irregularidades, inconsistencias o eventuales incumplimientos de la normativa financiera en relación con esas operaciones.
A la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, le pidió que informe los cargos que ocuparon en la administración pública nacional los investigados Furiase, Carreira, Núñez y Mongilardi.
En tanto, a la Cámara de Diputados le solicitó que le informe desde cuándo tienen mandato y en qué bloque los legisladores de LLA investigados, y el cargo que ocupó Sharif Menem desde diciembre de 2023.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Gabriel Katopodis: “Milei va a ser el primer presidente de la historia que no va a inaugurar un solo kilómetro de ruta”
En una entrevista exclusiva con Gabriel Katopodis, ministro bonaerense, durante el programa Infobae al Regreso, el funcionario denunció la falta de ejecución de obras públicas nacionales bajo la administración de Javier Milei. Señaló que la provincia de Buenos Aires sufre especialmente el deterioro de las rutas y la exclusión de empresas estatales en licitaciones.
En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Katopodis sostuvo: “Cobran impuestos para hacer obras, pero las obras no están. ¿Dónde está la plata? En dos años y medio se quedaron con seis billones de pesos de todos los argentinos que tenían que ir a una cuenta solo para hacer obras. Esa ley no se está cumpliendo y las rutas son un verdadero peligro”.
Milei, los fondos y el deterioro de las rutas nacionales
El ministro bonaerense detalló cómo el Estado nacional recauda fondos específicos a través de impuestos al combustible, sin que se traduzcan en mejoras viales: “Cuando vos cargás el tanque de nafta, un tercio va a una cuenta afectada que tiene que utilizarse para mantener rutas, para arreglar caminos. Milei va a ser el primer presidente en la historia de nuestro país que no va a inaugurar un solo kilómetro de ruta”.
Katopodis enumeró los corredores más afectados en la provincia: “La cinco, la siete, la ocho y en el interior la 40, la 13, la 33”. Subrayó la gravedad del problema en un país de gran extensión: “En la Argentina, sin rutas, sin caminos que puedan conectar e integrar este país tan grande, se nos hace muy complicado desarrollarnos, que llegue la producción al puerto y que la gente pueda transitar con algo de seguridad vial”.
Al ser consultado sobre el diálogo institucional, Katopodis contó: “Le pedí siete audiencias a Caputo, porque es bajo quien está el área de obra pública y no me atendió nunca. Queremos sentarnos en cualquier mesa y entender qué quieren hacer con la obra pública, por qué han desfinanciado toda la infraestructura en el país”.
Licitaciones, peajes y el reclamo federal
El funcionario bonaerense denunció cambios en el modelo de licitación para rutas nacionales: “Después de dos años y medio de abandono y de haberse quedado con la plata, han propuesto concesionar las rutas nacionales. ¿Qué hicimos desde la provincia de Buenos Aires? Con AUBASA, que administra el corredor de la ruta dos Buenos Aires-Mar del Plata, nos presentamos. Nos sacaron de la licitación y la están adjudicando de manera absolutamente arbitraria”.
Explicó que la idea bonaerense era reinvertir el ciento por ciento de lo recaudado en obra pública: “AUBASA es una empresa que no tiene lucro. Caputo va a elegir a empresas que van a cobrar peajes muchísimo más caros”. Katopodis agregó que recurrieron a la vía administrativa y judicial para impugnar el proceso.
El ministro advirtió sobre la generalización del cobro de peajes: “Vamos a un sistema donde todas las rutas de la Argentina, vos vas a salir con tu auto y te vas a encontrar cabinas de peaje cada 100 kilómetros, cada 50 kilómetros. Si hacen las obras primero, no tengo problema. Ahora, el modelo de poner cabinas, tarifas dolarizadas y que no te corten el pasto es injusto”.
Respecto al apoyo de otros sectores políticos, sostuvo: “Todos los gobernadores, en ese tema, están parados en el mismo lugar. El federalismo y la obra pública unen a oficialistas y opositores”.
La situación de las rutas provinciales y la matriz tributaria
Ante la consulta sobre el estado de la infraestructura provincial, Katopodis remarcó: “Todos los días hay que seguir invirtiendo. Se está duplicando la ruta 11 en la costa, se está repavimentando la ruta dos, se están haciendo obras en casi todos los corredores productivos de la provincia. Falta, pero estamos en un contexto de mucha restricción y muy comprometidos presupuestariamente”.
A la hora de comparar gestiones, Katopodis afirmó: “No hemos tenido una sola denuncia en cuatro años como ministro ni en mis tres mandatos como intendente en San Martín. Nunca nos hubiésemos animado a cambiar una licitación una semana antes de que venza el plazo solo para armar la medida de algún negocio”.
Sobre la presión tributaria y el financiamiento de obras, el ministro descartó que la solución pase por subir impuestos a la clase media: “Da la sensación de que Milei le ha bajado los impuestos a los más ricos y que hoy el peso del esfuerzo lo están haciendo los sectores medios y la clase baja. Nosotros creemos que los más ricos de la Argentina tienen que cargar proporcionalmente y de una manera justa”.
Katopodis advirtió sobre el impacto del modelo nacional en el entramado social bonaerense: “La provincia de Buenos Aires es la más castigada. Fue elegida por Milei como la provincia enemiga. Las industrias más castigadas de la Argentina de este modelo son las que están en la provincia”. Destacó el esfuerzo de la gestión de Axel Kicillof para sostener la inversión pública y proteger a los sectores vulnerables.
El ministro también hizo un llamado a reconstruir la confianza en la política: “La gente está lejos de la política. Venimos de una defraudación reciente: Milei dijo que lo iba a arreglar él y anda con tres amigos multimillonarios. Si queremos elegir mejores representantes, tenemos que estar cerca, escuchar más y abrir el peronismo”.
Al referirse al futuro del peronismo bonaerense y la eventual sucesión en la provincia, Gabriel Katopodis sostuvo que su aspiración es que quien tome la posta comparta los mismos valores de gestión. Ante la consulta explícita sobre si le gustaría ser esa persona, respondió: “Sí, por supuesto, pero hoy mi tarea está en acompañar a Axel, en garantizar que en los 135 municipios haya obra pública, como lo hice cuando estuve en Nación”. De esta manera, el ministro dejó abierta la posibilidad, aunque remarcó que actualmente su prioridad es respaldar la gestión de Kicillof y asegurar la continuidad de la inversión pública en todo el territorio bonaerense.
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