POLITICA
El Ministerio de Capital Humano apelará el fallo que ordenó continuar con el plan Volver al Trabajo
El Gobierno acatará el fallo judicial que ordenó la continuidad del programa Volver al Trabajo, pero avanzará en paralelo con una apelación para revertir la medida cautelar que frenó su reformulación. La decisión implica, en los hechos, sostener el esquema de transferencias que alcanzaba a más de 900 mil beneficiarios con un ingreso mensual de $78.000, pese a que el Ministerio de Capital Humano ya había diseñado un redireccionamiento de esos recursos hacia políticas de capacitación laboral y el establecimiento de la doble jornada en escuelas de sectores vulnerables.
La resolución que condiciona la estrategia oficial fue dictada por el juez federal con jurisdicción en Campana, Adrián González Charvay, que hizo lugar a una cautelar presentada contra la eliminación del programa. El fallo obliga al Ejecutivo a mantener vigente el plan en su formato original, al menos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que “el Programa Volver al Trabajo finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento su creación”.
“El Ministerio efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal”, continuó el parte de prensa.
Y agregó: “En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”.
Un cambio frenado por la Justicia
En la Casa Rosada y en el área que conduce Sandra Pettovello interpretan la decisión como una intromisión del Poder Judicial en el diseño de la política pública.
“Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo”, sintetizó una fuente del Gobierno ante la consulta de Infobae. La definición expone la línea institucional que busca sostener el oficialismo —cumplimiento formal de las decisiones judiciales—, pero al mismo tiempo deja en claro el desacuerdo de fondo con el criterio adoptado por el magistrado.
El eje del conflicto remite a la reconversión de los planes sociales que había comenzado a delinear el Ministerio de Capital Humano. El programa Volver al Trabajo, heredero de esquemas previos de asistencia, tenía —según explican en el Gobierno— un horizonte temporal definido y una lógica de transición hacia el empleo formal. Esa ingeniería quedó interrumpida por la cautelar que firmó González Charvay.
Desde el Gobierno aseguran que el rediseño contemplaba una reasignación integral de la partida presupuestaria. Por un lado, se proyectaba un sistema de vouchers para capacitación, con adhesión de centros formativos en las provincias, orientado a mejorar la empleabilidad de los beneficiarios. Por otro, se buscaba financiar la extensión de la doble escolaridad en escuelas de contextos vulnerables, como mecanismo de intervención temprana sobre la pobreza estructural.
“La reconversión de los planes de trabajo fue cercenada por esta decisión”, señalaron las fuentes consultadas. En esa lectura, la cautelar no sólo interrumpe un cambio administrativo, sino que altera el sentido estratégico de la política social del Gobierno, que intenta correrse de los esquemas de transferencia directa sin contraprestación.
El argumento central que circula en el oficialismo es que la resolución judicial “obliga a usar el dinero en lo que ya existía”, consolidando —según esa visión— un modelo de asistencia que el Gobierno pretende modificar. “Esto es la perpetuidad del asistencialismo”, describieron en términos críticos. La expresión condensa una idea que atraviesa el diagnóstico libertario: la persistencia de programas sociales como un mecanismo que, lejos de resolver la pobreza, la cristaliza.
En ese marco, el fallo es interpretado como un obstáculo directo a la agenda de transformación que impulsa la administración de Javier Milei. “Una vez más, el Poder Judicial termina haciendo política pública y nos dice cómo asignar los recursos”, agregaron desde Capital Humano, en una crítica que apunta a la expansión del rol de los jueces en decisiones de carácter presupuestario.
El programa Volver al Trabajo, tal como estaba concebido en la transición, tenía un plazo de ejecución acotado. “Era un esquema que empezaba y terminaba en un período determinado”, explicaron cerca de la ministra. La cautelar, en cambio, introduce un factor de indefinición que, en la práctica, extiende la vigencia del plan sin un horizonte claro de salida.
Esa extensión es leída en el oficialismo como un retroceso respecto del objetivo de sustituir la asistencia por herramientas de inserción laboral. La combinación de capacitación y estímulos a la escolaridad formaba parte de una estrategia más amplia, que ahora queda, al menos temporalmente, en suspenso.
“Le sacaron la posibilidad a los chicos más vulnerables de acceder a más horas de escuela”, plantearon las fuentes, en referencia al componente educativo que iba a financiarse con los fondos del programa. La doble escolaridad aparecía como una de las apuestas centrales del redireccionamiento, bajo la premisa de que la intervención en la infancia tiene efectos de largo plazo más robustos que la asistencia monetaria directa.
En paralelo, el Gobierno avanzará con la apelación del fallo, con el objetivo de revertir la cautelar y recuperar margen de maniobra sobre el diseño de la política social. La presentación judicial buscará cuestionar los fundamentos de la medida y reponer la potestad del Ejecutivo para definir la asignación de partidas presupuestarias.
“Vamos a hacer las presentaciones correspondientes”, confirmaron en Capital Humano. La estrategia combina, así, dos planos: cumplimiento de la orden judicial y disputa legal para modificarla. Es una lógica que el Gobierno ya aplicó en otros frentes, en los que se vio condicionado por decisiones de la Justicia.
Mientras tanto, la continuidad del programa implica sostener el esquema de transferencias tal como venía funcionando. Para el oficialismo, esa situación refuerza un modelo que considera agotado. Para los sectores que promovieron la cautelar, en cambio, se trata de garantizar ingresos en un contexto de alta vulnerabilidad social.
Para la Casa Rosada, el trasfondo del conflicto excede el destino de un programa puntual, sino que lo que está en discusión es el enfoque de la política social: asistencia directa versus reconversión hacia empleo y educación. La cautelar congeló, por ahora, ese cambio.
POLITICA
Procesaron a un intendente de la UCR por haber retenido el DNI de 27 personas para impedir que voten
Unas elecciones de resultado muy ajustado en Maipú, distrito de la quinta sección electoral bonaerense, en el año 2019, derivaron en una denuncia por maniobras para manipular el resultado y esa investigación decantó en el procesamiento, siete años después, del intendente municipal, Matías Rappallini, y su exsecretaria de Gobierno, Lorena Otermín, actual intendenta interina en reemplazo de Rappallini, que está de licencia.
El juez federal Alejo Ramos Padilla definió este miércoles el procesamiento del jefe comunal, enrolado en la Unión Cívica Radical, por considerar que, junto a Otermín, “organizaron y realizaron acciones coordinadas dirigidas a retener documentos de identidad de terceros mediante engaños y así lograr impedirles ejercer su derecho al voto”.
La causa que derivó en el procesamiento del intendente de Maipú se inició en 2019, en medio de los comicios en los que se impuso por una diferencia de solo 49 votos (4212 contra 4163) a Carlos Coudannes, candidato del Frente de Todos. Se denunció la retención de los documentos de identidad de al menos 27 ciudadanos que habrían sido impedidos de votar, y la posterior entrega de esas identificaciones a cambio de dinero, alimentos u otros bienes.
Los damnificados, según la investigación, fueron mayoritariamente personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, principalmente mujeres con hijos a cargo.
El juez, en el mismo fallo, dispuso la falta de mérito para Marcelo Osvaldo Condoleo, que era jefe comunal de la policía en Maipú, y sobreseyó a Federico Rappallini.
En 2022 y 2023, el juzgado de Ramos Padilla (juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires) dictó los primeros procesamientos contra personas vinculadas a la Municipalidad de Maipú por estos hechos. La Cámara Nacional Electoral consideró acreditada la existencia de un mecanismo organizado para intervenir en el proceso electoral.
La investigación fue delegada en el Ministerio Público Fiscal y, el 25 de abril de 2025, se solicitó la elevación a juicio de imputados que ya estaban procesados. En febrero de 2026, según consignaron desde el juzgado de Ramos Padilla, la fiscalía pidió nuevas declaraciones indagatorias respecto de otros involucrados.
Desde 2024, Rappallini está de licencia como intendente por tiempo indefinido. Solicitó apartarse del cargo para dedicarse a su empresa familiar, la firma de cosméticos Gigot. Otermín asumió en su reemplazo, como intendenta interina. El jefe comunal ganó, en 2023, su tercer mandato consecutivo. Entre 2007 y 2015, gobernó el municipio su hermano, Aníbal Rappallini.
por maniobras,Alejo Ramos Padilla,Provincia de Buenos Aires,Conforme a,,Regresa de Israel. El caldo de cultivo que recibe a Milei: internas, economía y los avances judiciales sobre Adorni y el Banco Nación,,Por fuera de la escritura. Declaró el hijo de una de las jubiladas: dijo que acordó con Adorni un pago adicional de US$65.000,,Por un proyecto minero. Quintela se pelea con Orrego y pide al Senado que revea los límites entre La Rioja y San Juan,Alejo Ramos Padilla,,Revés. La Justicia electoral ordenó oficializar la lista de Zamora en Tigre y revocó la decisión del PJ bonaerense,,Duplicados. La Justicia detectó 217 candidatos bonaerenses que figuraban simultáneamente en distintas listas,,Piden su juicio político. Juntos por el Cambio denunció al juez Alejo Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura
POLITICA
Andrés Larroque ponderó a Kicillof como presidenciable y llamó al PJ a superar su “tendencia autodestructiva”
El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, respaldó al gobernador Axel Kicillof como una de las figuras mejor posicionadas dentro del peronismo para las elecciones del 2027 y planteó la necesidad de ordenar al espacio. Además, habló de la crisis económica y social que vive la provincia de Buenos Aires.
En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Larroque fue terminante: “Me parece que esta tendencia autodestructiva en la cual en algún momento naufragó nuestra fuerza política, y derivó en Milei, hay que dejarla atrás, no busquemos culpables. No es esa la idea, pero sí tengamos la madurez de poder mirar hacia adelante, de una manera más constructiva”.
El funcionario ponderó el liderazgo de Kicillof tras la derrota del peronismo en 2023: “Es un sobreviviente de una situación muy difícil del peronismo, como fue la derrota del 2023. Se paró desde el primer minuto, en una confrontación con Milei sin ambigüedad. Y bueno, yo no soy de creer mucho en las encuestas y demás, pero sí, claramente hay un posicionamiento. Falta mucho”.
Consultado sobre si el gobernador podría ser el candidato presidencial del espacio en 2027, Larroque afirmó: “Me parece que es uno de los mejor posicionados, claramente. Es el lugar institucional más importante que retuvo el peronismo y transcurridos dos años y medio de esta catástrofe que significa Milei, se sostiene en pie y, y más diría. Bueno, eso nos da una oportunidad”.
Cuando se le preguntó si Kicillof es kirchnerista, Larroque respondió: “Sí, ¿por qué no? Él tiene una frase. Porque Néstor decía: ‘Cuando nos dicen kirchneristas, somos peronistas, nos quieren bajar el precio’. Axel siempre dice: ‘Cuando me dicen kirchnerista me suben el precio’. Pero me parece que lo que necesita la Argentina es que construyamos algo mucho más grande que cualquier rótulo”.
Durante el diálogo, Larroque también abordó la situación social en la provincia de Buenos Aires y el impacto del ajuste nacional en los programas alimentarios. “Nosotros anunciamos ayer el aumento del 30 % del SAE, que es la política central. Estamos hablando de pasar de una inversión de 41 mil millones de pesos mensuales a 44 mil millones de pesos. Duplicamos la asistencia alimentaria a los municipios y aumentamos el 25 % de las prestaciones de todos nuestros programas”.
El funcionario denunció el abandono por parte del Gobierno nacional: “Al día de hoy no transfirieron un peso. Este año no nos transfirieron un peso. El año pasado hubo una transferencia de setenta y cinco mil millones de pesos para el SAE, justamente. Nosotros habíamos reclamado ciento cincuenta mil, que era lo que recibíamos hasta el día antes que asumió Milei”.
Larroque advirtió sobre la gravedad de la situación: “Tenemos una duplicación de demanda alimentaria en el conurbano, una quintuplicación de demanda alimentaria en el interior de la provincia. Esto es de la era Milei, digamos. Esto es un fenómeno nuevo”.
Finalmente, el ministro instó a Nación a atender la crisis social: “Me parece que, del 40 % que aporta la provincia, solo recupera el 7 %. Milei oficia hoy como pareciera presidente de otro país, como agente de una fuerza extranjera, sin ocuparse de los problemas de su país. Me parece menos adornos y más alimentos”.
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POLITICA
Quiénes son los dirigentes y exfuncionarios que no podrían ser candidatos si se aprueba Ficha Limpia
El presidente Javier Milei confirmó, ayer, que reflotará el proyecto de Ficha Limpia para impedir que personas condenadas en segunda instancia se presenten como candidatos para cargos electivos. De aprobarse, la restricción dejaría fuera de competencia a distintos dirigentes del Partido Justicialista (PJ) involucrados en casos de corrupción.
La propuesta del Ejecutivo, según trascendió, se aplicaría para todas aquellas personas condenadas en segunda instancia por casos de corrupción o delitos dolosos. Las penas deben ser confirmadas antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral para ser tenidas en cuenta.
Bajo estas condiciones, el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno es uno de los dirigentes peronistas que no podría volver a postularse en 2027. La Cámara Federal de Casación había confirmado, en mayo de 2025, la condena a tres años de prisión en suspenso del exfuncionario de Cristina Kirchner por alterar los datos de medición de la inflación del Indec. Es decir, enfrenta por ese delito una condena en segunda instancia tal como plantea el proyecto que enviará el gobierno nacional al Congreso.
El exfuncionario cuenta también con condena firme −es decir, confirmada por la Corte Suprema de Justicia, última instancia de apelación− en otras dos causas: una por la compra de cotillón anti-Clarín y otra por amenazas en una asamblea de Papel Prensa.
La pena contra Moreno ya incluía la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo cual plantea la pregunta sobre si Ficha Limpia modifica o no la situación electoral de este y otros exfuncionarios condenados e inhabilitados. El caso ineludible es el de la expresidenta Cristina Kirchner.
En declaraciones radiales, Moreno había deslizado que, de todos modos, buscaría presentarse en 2027 dado que −interpretaba− “la condena es por inhabilitación perpetua para ser funcionario público” y que “un funcionario público es un policía o un ministro”. A su criterio, la restricción no alcanzaría a los cargos electivos. Ahora, de aprobarse Ficha Limpia, quedaría frustrado de antemano cualquier intento de sortear esa condena.
Al igual que Moreno, Cristina Kirchner también cuenta con condena firme. En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme el fallo contra la expresidenta en la Causa Vialidad y la pena a seis años de prisión −que cumple en su domicilio de San José 1111, en Constitución− e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Otro de los dirigentes del PJ que podría verse afectado por Ficha Limpia es el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Había sido condenado por un tribunal oral provincial a ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública, pena que fue confirmada luego en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos.
De aprobarse el proyecto del oficialismo, Urribarri no podría postularse para cargos nacionales. Sí podría presentarse a cargos provinciales, dado que Entre Ríos aún no logró sancionar una ley provincial de Ficha Limpia.
Otro de los exfuncionarios kirchneristas que podría verse afectado por la aprobación de Ficha Limpia a nivel nacional es Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP (hoy, ARCA). El mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su condena a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública por haber favorecido a la empresa Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles. De aprobarse la reforma electoral que impulsa el Gobierno, no podría integrar una lista electoral.
También quedaría fuera de juego el empresario de la carne y dirigente peronista Alberto Samid, habitual animador de las contiendas electorales, por dentro o por fuera de la estructura del PJ. En 2019, el matarife recibió la confirmación por parte de la Casación Penal de una condena a cuatro años de prisión por haber integrado una asociación ilícita que evadió impuestos en los 90.
La sanción de Ficha Limpia no alcanzaría, en tanto, a dirigentes de otros partidos políticos que están siendo investigados por la Justicia como José Luis Espert. El exdiputado nacional y excandidato de La Libertad Avanza (LLA) quedó imputado, en octubre de 2025, por presunto lavado de dinero a instancias de una denuncia que presentó el legislador y dirigente social Juan Grabois luego de que se conociera que había cobrado 200.000 dólares de Federico Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico.
Aunque enfrenta esta denuncia, Espert no tiene condenas en su contra, ni siquiera en primera instancia, por lo que, incluso si se aprobara Ficha Limpia, no existiría ninguna restricción legal a una candidatura en caso de que decidiera volver a la arena política.
Otros dirigentes inhabilitados
A estos dirigentes afectados, se suman otros exfuncionarios kirchneristas que, incluso de no sancionarse Ficha Limpia, ya enfrentan algún tipo de inhabilitación para competir en elecciones. Es el caso, entre otros, del exvicepresidente de Cristina Kirchner, Amado Boudou. En 2020, la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Ciccone.
Algo similar sucede con el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por la Tragedia de Once. En noviembre del año pasado, la Corte Suprema dejó firme el fallo por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa por el siniestro ferroviario.
El exministro de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner Ricardo Jaime también tiene condena firme en la causa por la Tragedia de Once, de modo que tampoco podría ser candidato.
reflotará el proyecto de Ficha Limpia,April 21, 2026,condena firme,dejó firme el fallo contra la expresidenta,Había sido condenado,confirmó su condena,quedó imputado,condena a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua,la Corte Suprema dejó firme el fallo,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,»La superstición ya no tiene vigencia». Un diputado opositor y el Gobierno buscan derogar la “ley del lobizón”,,»Se acabó la joda». Milei envía la reforma electoral al Congreso: elimina las PASO e incluye ficha limpia,,Discapacidad. Lugones propone nuevos cambios y reaviva un conflicto con alto costo político para el Gobierno
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