La fiscal Alejandra Mángano pidió archivar la causa iniciada contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunta malversación de caudales públicos a raíz de la inclusión de su pareja, Bettina Angeletti, en la gira oficial de marzo a los Estados Unidos.

La fiscal sostuvo que aunque Angeletti no integraba formalmente la comitiva, fue invitada por el Poder Ejecutivo y su presencia no significó costos extras para el Estado: en el vuelo había asientos libres y no hay registros de gastos adicionales durante la estadía, ni de viáticos, ni de alojamientos, sostuvo, puesto que las habitaciones facturadas, en el hotel The Langham, sobre la quinta avenida, eran dobles y no tenían un valor distinto por una o dos personas.

“A partir de todas las constancias de pago, facturación y detalles de gastos vinculados a la actividad del Jefe de Gabinete en el viaje oficial de referencia, se encuentra acreditado que la presencia de Bettina Julieta Angeletti no generó un costo adicional para el Estado”, dijo la fiscal en su dictamen.

Sostuvo también que la decisión de incluir a Angeletti en la comitiva se encontraba dentro del umbral “razonable” de decisiones del Poder Ejecutivo. “La decisión de Presidencia de la Nación de cursar una invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales”, sostuvo la fiscal.

La decisión final sobre la suerte del expediente correrá por cuenta del juez Daniel Rafecas.

Las otras causas

El viaje de Angeletti a los Estados Unidos fue el disparador de una seguilla de pesares en los tribunales para el jefe de Gabinete. Se conoció a raíz de una foto durante una parada de la comitiva oficial en la tumba del rebe de Lubavitch, en Queens. Con la foto, la oposición presentó pedidos de informes y empezaron las preguntas sobre por qué una persona sin cargo público había viajado en el avión presidencial.

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, dijo el funcionario, para justificar la presencia de Angeletti en el viaje oficial.

Luego llegaría el video con el que se hizo público el viaje de Adorni y su familia a Punta del Este, en un avión privado, durante los feriados de carnaval, por el que se inició otra causa en los tribunales que tramita en el juzgado de Ariel Lijo.

En este otro expediente quedó constatado en una serie de testimonios que el periodista Marcelo Grandio, que es amigo de Adorni y trabó contratos con la TV Pública, había invitado a la familia del jefe de Gabinete a su casa de Punta del Este y había pagado los vuelos privados.

Los viajes de Adorni también son protagonistas en una tercera causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. Allí, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, busca tener una foto lo mas precisa posible de todos los gastos del jefe de Gabinete. Para ello, entre otras cuestiones, pidió información sobre todos sus viajes al exterior y confirmó que el funcionario viajó a Aruba junto a su familia y se hospedó en dos hoteles de primera línea.

Indagados hoy en el juicio de los Cuadernos de las Coimas, los empresarios ligados al kirchnerismo Cristóbal López y Carlos Fabián de Sousa, dueños y directivos del Grupo Indalo, negaron haber pagado sobornos y cargaron contra el grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

“Sacaron a quien habían imputado el primer día, que era el Grupo Petersen, para ponernos a nosotros”, arremetió De Sousa. “Era mucho más fácil ponernos a nosotros que al grupo Petersen”, completó.

Minutos antes y en la misma línea, frente a los jueces del Tribunal Oral Federal 7, declaró su socio López. “Sacaron a los Eskenazi y me metieron a mí y a mis socios”, sostuvo, aunque sin dar mayores explicaciones.

Sobre ellos y Osvaldo Manuel De Sousa, hermano y socio de Fabián, que también declaró hoy, pesa la acusación fiscal de haber realizado al menos 6 pagos irregulares, entre agosto de 2011 y agosto de 2012, por un total de 12 millones de pesos.

La acusación tiene por base un señalamiento del financista Ernesto Clarens, señalado como nexo entre algunos empresarios y la cúpula del kirchnerismo.

“Doy certezas -dijo Fabián De Sousa- que mi empresa, CPC, mis socios y mis funcionarios, jamás le pagaron al Gobierno, jamás le pagaron al funcionario públicos, jamás le pagamos dinero a interpósitas personas, como era Clarens”.

Los empresarios sostuvieron que la causa estaba “armada” y moldeada por “presiones mediática”; hablaron también de “aprietes” durante las declaraciones e “inconsistencias” en las acusaciones.

En su defensa, López intentó apuntar contra una supuesta serie de contradicciones en las declaraciones de Clarens, quien dijo no conocer a López durante una de sus primeras declaraciones en la causa, porque este “tenía línea directa” con el poder.

“En el nuevo acuerdo -marcó López- el señor Clarens mete 6 anexos, con importes y nombres. Y en el anexo 6 aparece mágicamente CPC [S.A], que es la empresa constructora del Grupo Indalo. Hasta ese día éramos desconocidos por Clarens, porque teníamos línea directa, pero ahí aparecemos en un escrito”.

El empresario reconoció luego cuán estrecho era su vínculo con la expresidenta Cristina Kirchner: “…es cierto, yo tenía [línea] directo, yo me podía sentar con la Presidenta y decirle doctora me están pidiendo plata, [pero] nunca me pidieron”.

Acusada de ser la cabeza de un sistema de recaudación ilegal, Cristina Kirchner es la principal apuntada en el juicio de los Cuadernos, nacido tras una investigación de . Está acusada de ser jefa de una presunta asociación ilícita y de cohecho pasivo, es decir, de haber recibido coimas durante el tiempo en que estuvo al frente del Poder Ejecutivo.

La expresidenta, que cumple una condena de 6 años por corrupción en la causa Vialidad, ya fue indagada en los Cuadernos a mediados de marzo. En su descarog, intentó desacreditar el proceso y cargó en duros términos contra el fiscal que instruyó la causa, Carlos Stornelli y el Poder Judicial en general.

Los ataques contra el modo en que el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli llevaron la instrucción fue una de las principales líneas en la estrategia de defensa de empresarios y funcionarios. A ella se plegaron hoy López y los hermanos De Sousa. “Esta causa, en lo que mí se refiere, y a CPC, es totalmente falsa y armada por el fiscal [Carlos] Stornelli y el juez [Caludio] Bonadio”, sostuvo López.

El empresario afirmó que él y sus socios fueron incorporados al expediente en la causa por una presunta “deuda” que, a criterio de López, el juez Bonadío mantenía con Sebastián Esnekazi, hijo de Enrique Eskenazi, quien fuera la cabeza del grupo Petersen.

“Bonadio mantenía una relación de amistad y algo más con la familia Eskenazi, especialmente con Sebastián Eskenazi”, explicó, y afirmó que el hijo del juez, que es músico y productor, fue sobreseído en una causa luego de justificar 1 millón de dólares mediante dos préstamos: uno de Sebastián Eskenazi, de 600 mil dólares de Sebastián Eskenazi; y otro de 400 mil dólares del empresario Mario Montoto.

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