En menos de un mes habrá elecciones en Brasil, Israel y Estados Unidos. Con matices, diferencias e intereses contrapuestos, el resultado de estos procesos impctarán de lleno en la política exterior del gobierno libertario. Javier Milei ratificó la semana pasada, en el marco de la Asamblea General de la ONU, su estrategia geopolítica y reinvindicó su cecanía con Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

El Presidente no escatimó elogios. “Agradezco la oportunidad que me han brindado de formar parte de su círculo de amigos y socios”, afirmó durante una entrevista con Bloomberg en el Economic Club de Nueva York. Y los definió como “los dos grandes héroes de la humanidad en este momento”.

En Brasil la situación es más compleja.

El próximo 4 de octubre se celebrará la primera vuelta presidencial y, salvo una sorpresa, habrá segunda vuelta el 25 de octubre. El escenario que proyectan todas las encuestadoras es un duelo con final abierto entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, inhabilitado para presentarse tras su condena penal.

Los números más recientes —AtlasIntel/Bloomberg del 17 de septiembre, con 5.018 encuestados y margen de error de un punto porcentual— muestran al senador con 47,2% frente al 46,8% de Lula en un escenario de balotaje: empate técnico perfecto. En primera vuelta, el presidente retiene la delantera con 44,1% contra 41,7% del opositor.

Para la Argentina, el resultado brasileño tiene una carga adicional que va más allá de la ideología. Brasil es el principal socio comercial del país: el intercambio bilateral supera los 20.000 millones de dólares anuales y ningún otro mercado concentra tanto volumen de exportaciones argentinas. Sin embargo, la relación entre Milei y Lula da Silva atraviesa su peor momento, con un vínculo diplomático degradado a nivel de encargado de negocios.

El presidente argentino participó de un acto de proclamación de Flavio Bolsonaro como candidato opositor, cuestionó públicamente al mandatario brasileño y criticó al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, lo que motivó una respuesta institucional del gobierno de Brasilia: el retiro de los embajadores. Los jefes de las misiones, Julio Bitelli, por el gobierno de Lula, y Daniel Raimondi, por el gobierno de Milei, volvieron a sus respectivos países por tiempo indeterminado.

Elsa Llenderrozas, directora del Comité de Estudios de Asuntos Latinoamericanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), describió el proceso electoral como “muy importante por varias razones”. Consultada por Infobae, señaló que una victoria de Bolsonaro “puede facilitar que se normalicen las relaciones con Argentina”, mientras que la continuidad de Lula “haría más costoso el diálogo diplomático, aunque no imposible”.

Llenderrozas también adviertió sobre el rol de Washington en la ecuación: “Estados Unidos está presionando a Brasil con sanciones políticas, aranceles unilaterales y coacciones de todo tipo”. Según su análisis, esa presión empuja al gobierno de Lula hacia China, mientras que un eventual presidente Flavio Bolsonaro “tendrá posibilidad de recomponer más rápido la relación con Trump, aunque su vínculo con Xi también será pragmático y evitará los errores iniciales que cometió su padre en el gobierno”.

Según la analista, Milei se enfrenta a una paradoja, porque “una victoria de Bolsonaro puede desplazar a Milei como aliado privilegiado de Trump en la región”. “Esa es la trampa en la que se encuentra el presidente argentino: apoyar a un candidato que puede desplazarlo de lo que considera su lugar de privilegio”, afirmó.

Por último, Llenderrozas puso el foco en una dimensión institucional. “Estas elecciones son importantes para medir la resiliencia democrática en Brasil. El temor es la reacción de un candidato como Bolsonaro, si pierde por una diferencia menor a un dígito, teniendo en cuenta lo que sucedió con la derrota de su padre y el ataque a las instituciones de gobierno”, indicó.

Israel: la primera elección tras el ataque de Hamás del 7 de octubre

El 27 de octubre, Israel celebrará las primeras elecciones desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Se pondrán en juego los 120 escaños del Knéset —el parlamento israelí— para conformar el nuevo gobierno.

Las encuestas posicionan como favorito al partido Yashar, liderado por el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Gadi Eisenkot, con proyecciones de entre 23 y 25 escaños. El Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu aparece segundo, con alrededor de 20 escaños. La alianza Beyachad, que agrupa al ex premier Naftali Bennett con Yair Lapid de Yesh Atid, sumaría entre 12 y 16 escaños. Ningún bloque tiene asegurada la mayoría de 61 escaños necesaria para gobernar, lo que abre la puerta a negociaciones complejas tras el cierre de las urnas.

La elección tiene una resonancia particular en Argentina, que alberga la comunidad judía más grande de América Latina y la quinta del mundo. Para Milei, el resultado también importa en clave diplomática: el presidente anunció el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén y abrió vuelos directos entre ambos países.

Alejandro Melincovsky, director para Países de Habla Hispana de la Organización Sionista Mundial y ex representante para Argentina del Foro de Familias de Secuestrados y Desaparecidos, advirtió a Infobae que las encuestas en Israel deben leerse con más cautela que en otros países, dado que el voto no es obligatorio. “Mucho tiene que ver cómo se levanta alguien a la mañana, no solo a quién va a votar, sino si toma la decisión de salir a votar o no. Eso puede cambiar mucho”, señaló. Como ejemplo histórico, citó las elecciones de 1996, cuando la abstención masiva de la población árabe israelí le dio el triunfo a Netanyahu sobre Shimon Peres.

Sobre la formación de gobierno, describió tres escenarios posibles: que Netanyahu logre armar una coalición de 61 escaños, que la oposición lo logre con apoyo de partidos árabes, o que no se llegue a ningún acuerdo y el país deba convocar a nuevas elecciones. El sistema otorga 90 días para intentar conformar gobierno, con posibilidad de prórroga. Un elemento clave en ese proceso es el umbral electoral del 3,25%, que obliga a los partidos pequeños a fusionarse o arriesgarse a que sus votos “vayan a la basura” y redistribuyan entre los que sí ingresan al Knéset.

En cuanto al impacto sobre Argentina, Melincovsky sostuvo que existe consenso entre los principales candidatos —incluida la oposición— sobre mantener el vínculo con Buenos Aires. Y recordó cuando Milei visitó Israel se reunió también con Lapid, jefe de la oposición, quien “elogió el posicionamiento internacional de Argentina” y anticipó que continuaría en la misma línea.

“No importa quién llegue a ganar las elecciones: el que sea va a seguir alineándose con Argentina mientras tenga un gobierno afín”, afirmó. Y agregó que esa alineación trasciende al actual gobierno.

Los demócratas van por el Congreso

Por otro lado, el 3 de noviembre se harán en Estados Unidos las elecciones de medio término, en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes (435 bancas) y 35 escaños del Senado. Las últimas encuestas favorecen a los demócratas en la batalla por la Cámara Baja, mientras que en el Senado la disputa es más pareja: Texas, Michigan, Georgia y Florida concentran los cruces más reñidos, con diferencias dentro del margen de error.

El resultado tiene consecuencia directa para la Casa Rosada. Jorge Arguello, exembajador argentino en Estados Unidos, advirtió a Infobae que “lo que ocurra en noviembre no será para la Argentina solamente un dato de la política interna norteamericana”. Para el diplomático, el gobierno de Milei “ha hecho de su vínculo con la administración Trump el eje central de su política exterior”, lo que convierte cualquier modificación del equilibrio en el Congreso en un factor de impacto directo sobre Buenos Aires.

Arguello puso el foco en lo que define como un problema de “timing”: el giro latinoamericano de Washington podría estar produciéndose justo cuando el escenario político interno podría modificarse. “Si así fuera, podría aparecer una suerte de descalce entre el ciclo político regional y el norteamericano”, señaló.

“La relación estratégica de la Argentina con Estados Unidos debería construirse con el país en su conjunto y con una perspectiva que trascienda una administración determinada”, plantéo, y añadió que Argentina necesita “multiplicar sus vínculos, diversificar sus relaciones y ampliar sus márgenes de acción, no reducirlos”.

Benjamin Gedan, investigador del Centro Stimson, planteó a este medio otra dimensión de análisis. Advirtió que si los demócratas conquistan al menos una cámara, la relación entre Milei y Trump quedará “bajo la lupa”, incluido el rescate financiero que Washington extendió a Buenos Aires. “Milei se juega todo a una sola carta y, de repente, la relación entre Estados Unidos y Argentina se ha convertido en un tema partidario en Washington, algo que no suele ocurrir”, remarcó.

Más allá de la asistencia de USD 20.000 millones que instrumentó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a fines de 2025, antes de las elecciones legislativas, para contener la fragilidad de las reservas del Banco Central, la volatilidad cambiaria y la presión sobre los mercados financieros, esta semana se aunció el corredor Andes-Atlántico, un acuerdo que prevé inversiones de hasta USD 7.000 millones para 2027 en obras de energía, minería, transporte y telecomunicaciones.

2027 será, precisamente, el momento de Milei para competir por su reelección. En Nueva York ratificó la red internacional para sostener su figura y su gobierno. A los inversores les dejó un mensaje: “Todos los actores económicos del mundo libre saben que si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”. El nuevo mapa geopolítico que emerja de este proceso de elecciones moldeará las condiciones externas en las que Argentina deberá transitar su propio año electoral.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad que revocó el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseído a un adolescente de 14 años.

“Un necesario freno al garantismo judicial. La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso”, publicó Jorge Macri en sus redes sociales después de que se conociera la resolución del tribunal de alzada.

La Cámara no solo dejó sin efecto la decisión de la magistrada, sino que también dispuso apartarla del expediente. De esta manera, el caso deberá continuar con otro juez, que podrá investigar al adolescente de 14 años por la tentativa de robo.

El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, fijó en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal y comenzó a regir el 5 de septiembre.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó las reglas que rigen la auditoría interna en el Estado. Después de más de dos décadas de vigencia, las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (NAIG) fueron reformuladas para incorporar los cambios producidos en la administración pública, los nuevos riesgos y los avances tecnológicos.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución SIGEN N° 292/2026, que deja sin efecto las normas aprobadas en 2002 y establece un nuevo marco técnico y metodológico para la actividad de auditoría interna en el Sector Público Nacional y las Universidades Nacionales.

La actualización no supone un quiebre con el modelo anterior. Parte de la experiencia acumulada durante más de veinte años y suma nuevos criterios y prácticas profesionales para fortalecer el sistema de control interno.

Uno de los principales cambios es la concepción de la auditoría como una herramienta que no solo revisa lo ocurrido, sino que también identifica riesgos, anticipa problemas y aporta información para mejorar la toma de decisiones.

Del control que revisa al control que anticipa

Las nuevas Normas de Auditoría Interna Gubernamental fortalecen la independencia y objetividad de la auditoría interna y amplían su función como instancia de aseguramiento y asesoramiento estratégico.

El nuevo enfoque pone el acento en la gobernanza, la gestión de riesgos y el control, con una mirada orientada a generar recomendaciones y oportunidades concretas de mejora.

La idea es que la auditoría pueda aportar una visión prospectiva y basada en evidencia sobre el funcionamiento de las organizaciones públicas.

Tecnología y nuevos riesgos

La transformación tecnológica ocupa un lugar central en las nuevas normas.

Las Normas de Auditoría Interna Gubernamental incorporan el uso de herramientas tecnológicas para la recopilación, análisis y evaluación de información, además de contemplar la gestión de recursos tecnológicos y los riesgos asociados a su utilización.

También se profundizan las capacidades profesionales requeridas para los equipos de auditoría, entre ellas conocimientos actualizados, análisis de riesgos, herramientas de datos y capacidad para comunicar con claridad sus conclusiones.

En otras palabras, si cambió la forma de gestionar el Estado, también tenía que cambiar la forma de controlarlo.

Un control con mirada productiva

Otro de los ejes de la actualización es la incorporación de un enfoque productivo de la acción pública.

Las nuevas normas establecen que la auditoría debe prestar especial atención a los costos y gastos innecesarios, la calidad de los bienes y servicios, el impacto económico de los controles y los indicadores de desempeño.

Incluso las recomendaciones de nuevos controles deberán contemplar la relación entre costo y beneficio, y considerar tanto los riesgos que se busca reducir como los posibles efectos sobre los procesos de gestión.

“La auditoría tiene que ser una herramienta útil para la gestión. Controlar no es poner obstáculos: es ayudar a que las cosas se hagan mejor”, señaló Alejandro Díaz, síndico general de la Nación.

Una agenda que también estuvo en el Congreso

La actualización de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental se conoce después del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, organizado por la SIGEN bajo el lema “La auditoría pública frente a los desafíos del siglo XXI”.

Durante tres jornadas, especialistas, funcionarios y referentes del control de distintos países debatieron sobre innovación, tecnología, gestión de riesgos, calidad y las transformaciones que enfrenta el Estado.

El encuentro reunió a más de 750 visitantes acreditados, 42 speakers y representantes de 11 países, y recibió más de 60 trabajos en el marco del concurso de ponencias sobre innovación y nuevos desafíos para el control gubernamental.

En ese contexto, las nuevas NAIG representan un paso concreto en una agenda que busca adaptar el control público a una gestión cada vez más compleja y tecnológica.

Cinco componentes y 13 principios

El nuevo marco organiza las normas en cinco componentes y 13 principios, que abarcan el propósito de la auditoría, las condiciones para su ejercicio, el gobierno de la función, su gestión y el desempeño de los servicios de auditoría.

El esquema incorpora, además, criterios de planificación basada en riesgos, gestión de recursos, tecnología, comunicación, calidad y mejora continua.

Las nuevas normas también contemplan requisitos mínimos para un Sistema de Gestión de la Calidad de las Unidades de Auditoría Interna.

Después de más de veinte años, la SIGEN actualiza así el marco que regula la auditoría interna gubernamental y consolida una visión del control como una herramienta para mejorar la gestión, cuidar los recursos públicos, prevenir riesgos y generar valor para el Estado.