La prohibición del ingreso de periodistas a la Casa Rosada, dispuesta este jueves por el Gobierno, generó un fuerte repudio de entidades periodísticas que condenaron la medida y solicitaron que sea eliminada. Organizaciones periodísticas como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera) marcaron la “máxima preocupación” que genera la decisión, su “gravedad institucional” y su carácter de “intempestiva”. La administración del presidente Javier Milei justificó el bloqueo al acceso del periodismo por la existencia de una investigación judicial abierta tras un informe televisivo en el que se grabaron instalaciones de la sede gubernamental y el presunto espionaje ruso con financiamiento a algunos medios.

ADEPA manifestó “su máxima preocupación por la decisión del gobierno nacional de restringir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina”.

En un comunicado, ADEPA (entidad que conduce Martín Etchevers) subrayó que “el acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo, que nunca fue interrumpida de manera generalizada, y que resulta esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno”.

“ADEPA advierte que la existencia de una investigación judicial en curso, así como eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo ni deben derivar en restricciones colectivas que limiten el acceso a la información pública. La decisión adoptada, además, impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático”, advirtió la entidad periodística.

En el cierre de su comunicado, ADEPA le solicitó al Gobierno “revisar de manera urgente esta medida”, además de “restablecer las condiciones habituales de trabajo para los periodistas acreditados, en resguardo de la transparencia institucional y del pleno ejercicio de la libertad de prensa”.

Por su parte, Fopea expresó “su rechazo ante la decisión del gobierno nacional de no permitir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida que afecta de manera generalizada a la totalidad de los trabajadores de prensa que cubren habitualmente la actividad del Poder Ejecutivo”. La entidad periodística remarcó que “se trata de una medida de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.

“Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno. En los hechos, implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes”, subrayó Fopea.

Según argumentó el gobierno nacional, la prohibición de ingreso para la totalidad de los periodistas acreditados en la Casa Rosada (se les retiró el registro de sus huellas digitales para el acceso) se implementó porque existe la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa (hecho por el que periodistas de siete medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de dos semanas) y por una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.

Fopea sostuvo que “la denuncia presentada [contra los periodistas de TN] por la Casa Militar no cuenta con una resolución judicial que determine la existencia de una conducta irregular” y que “resulta desproporcionado e injustificado accionar penalmente tanto como adoptar una medida de alcance general que suspende las acreditaciones de todos los periodistas”.

El foro de periodismo destacó que “este tipo de decisiones, por su alcance, no se corresponden con los principios que deben regir en un sistema democrático y generan un efecto que excede ampliamente el caso invocado como fundamento”.

“El foro insta al gobierno nacional a revisar de manera urgente esta decisión, restablecer el sistema de acreditaciones y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo en la Casa Rosada, en línea con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho a la información”, reclamó Fopea, entidad que preside Fernando Stanich.

El bloqueo total a la prensa acreditada en la Casa de Gobierno dispuesto por la administración de La Libertad Avanza motivó también el rechazo de Apera, organización periodística que conduce Fernando Ramírez. Expresó “su enorme preocupación porque a los acreditados en la Casa de Gobierno se les impide hoy el ingreso para desarrollar sus tareas profesionales”.

“Exhortamos a las autoridades de la Casa de Gobierno, y en especial al presidente Javier Milei, a que dispongan el cese de la intempestiva y arbitraria medida, que impide a los periodistas ejercer su derecho constitucional a trabajar. En una democracia no se cierra la Sala de Periodistas de la Casa Rosada”, se subrayó en el comunicado de Apera. “La Sala de Periodistas ‘Decano Roberto Di Sandro’ debe abrirse en forma urgente”, exigió la asociación.

También hubo un rechazo por la medida por parte del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), que denunció “otro impotente y desesperado intento del Gobierno de silenciar a la prensa”.

La Cámara del Trabajo otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado Nacional contra la medida cautelar decretada por el juez Horacio Ojeda que frenó más de 80 artículos de la reforma laboral, según el fallo al que accedió . De esta manera, la iniciativa aprobada en el Congreso está en vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Así lo resolvieron los camaristas de la Sala VIII, María Dora González y Víctor Pesino, que con su decisión dejaron en suspenso lo fallado en primera instancia por Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N° 63 y quien el 30 de marzo pasado dictó una medida cautelar innovativa en la que hizo lugar a un pedido de la CGT para suspender 82 artículos de la normativa de la ley 27.802.

La semana pasada, el Gobierno presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma laborala pedido de laConfederación General del Trabajo (CGT).

El Ministerio de Capital Humano celebró en redes sociales el fallo de la Cámara del Trabajo con un comunicado. “La Cámara Laboral revocó la decisión del juez Ojeda y declaró la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional”, expresó la cartera que depende de Sandra Pettovello, quien tiene bajo su órbita la Secretaría de Trabajo.

La medida cautelar de Ojeda había frenado por tres semanas la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga por sectores de actividad, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar los aguinaldos y otros pagos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la Ley de Teletrabajo, entre otros puntos de la iniciativa denominada de “modernización laboral”.

Ojeda es juez laboral desde 2012. Previamente fue empleado judicial y también fue asesor en asuntos legislativos del exministro de Trabajo Carlos Tomada durante el kirchnerismo. Su medida quedó ahora en suspenso.

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