POLITICA
Javier Milei no desacelera la motosierra en el Gabinete y ya despidió a 55 altos funcionarios
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Esa lógica de Milei se traslada al manejo de sus equipos de ministros, asesores y colaboradores. En los 223 días que lleva al frente del Gobierno, el líder de los libertarios echó a unos 55 funcionarios de alto rango. Es decir, personas que habían sido designadas en puestos estratégicos de la función pública y que estaban al mando de carteras, secretarías, subsecretarías o empresas que controla el Estado. En base a esas cifras se deduce que, en promedio, casi dos funcionarios fueron eyectados por semana de sus cargos desde que Milei tomó posesión el 10 de diciembre pasado. Dicho de otro modo: cada cuatro días de gestión, un integrante de la planta política de la administración nacional fue desplazado de sus funciones por orden de Milei, quien dio el salto a la política grande sin contar con experiencia en la gestión de grandes estructuras de poder o la tarea de articular equipos de asesores y manejar enormes presupuestos.
Julio Garro (Deportes) y Fernando Vilella (Bioeconomía) fueron las últimas víctimas de la ira de Milei y de su principal comisario político en el aparato estatal: Santiago Caputo, asesor de la Secretaría General de la Presidencia. Caputo es el funcionario que más poder acumuló en la Casa Rosada desde que Nicolás Posse fue exonerado de la jefatura de Gabinete. Como Karina Milei, el influyente asesor se sienta en la mesa chica del Presidente y se mete directamente en decisiones de ministerios u organismos públicos, donde coloniza áreas con soldados fieles.
El ritmo frenético de la “purga” que ejecutan de manera impiadosa Milei y Caputo ante aquellos que contradicen el relato oficial o no se alinean con las directivas expresas que emanan desde la cúpula del Gobierno no aminoró con el correr de la gestión ni la aprobación de las reformas económicas en el Congreso. Al contrario, en los meses de mayo y junio, cuando ya concluía el primer semestre de los libertarios en el poder, hubo un récord de despidos. Al menos veinticuatro funcionarios perdieron su lugar en la estructura nacional en esos 60 días. O sea, hubo doce expulsados por mes. Hasta ese momento los picos máximos se habían dado en febrero y abril, con siete bajas. Y en lo que va de julio ya se fueron seis altos funcionarios. El dato se desprende de un trabajo del politólogo y consultor Pablo Salinas, quien realiza un monitoreo diario de los despidos en el Estado. Las áreas que más bajas sufrieron son Capital Humano (29%); Economía (24%), Jefatura de Gabinete (13%); Salud (7%); y Educación (5%).
Con la cesantía de Posse como jefe de Gabinete, no solo se aceleró la mutación en el seno del equipo de ministros, sino que se instauró una nueva dinámica interna en la Casa Rosada. En rigor, las necesidades políticas se impusieron a las urgencias de la gestión. Aquellos colaboradores de Milei que estaban encargados de la estrategia electoral y el armado político se quedaron con el control y la gerencia del Estado.
El avance de Caputo
Poco a poco, Caputo desarmó el diseño organizacional que había preparado Posse desde que inició la campaña presidencial. Guillermo Francos, el fixer de Milei a la hora de trenzar acuerdos con la oposición en el Congreso, fue promovido a ministro coordinador, pero, en rigor, su misión principal sigue siendo la articulación política. “Nadie ordena la gestión y tiene que ver con una mirada política: el Estado no tiene impacto, solo genera problemas o intervenciones innecesarias en la vida de la gente. Entonces, creen que por más que mejoren el funcionamiento del equipo, el impacto va a ser marginal en la sociedad”, grafican cerca de un ministro de Milei.
En paralelo, Caputo delegó tareas de la jefatura de Gabinete en el nuevo ministerio del “coloso” Federico Sturzenegger y colocó a sus leales en posiciones estratégicas o áreas donde hay cajas codiciadas. Por caso, el abogado Silvestre Sívori, el titular de la AFI que había seleccionado Posse, fue reemplazado por Sergio Neiffert, un hombre que responde a Caputo. El asesor más influyente de la Casa Rosada también se quedó con el manejo de la secretaría que administra las empresas del Estado, donde ubicó a Diego Chaher. La privatización de las compañías públicas es uno de los objetivos prioritarios para el relato de Milei. Por esa razón, Caputo oficia como un “facilitador” de los encargados de llevar adelante el proceso de venta. Antes de que Chaher se hiciera cargo de las privatizaciones, el asunto estaba en manos de Mauricio González Botto, cercano a Posse.
En el Gobierno quedan pocos funcionarios de confianza del exjefe de Gabinete en cargos relevantes. Sobrevivieron José Rolandi, que tuvo un rol clave en la negociación con la oposición para sancionar la Ley Bases y el paquete fiscal, y Julio Cordero, secretario de Trabajo. O los jefes de las fuerzas federales -como Alfredo Gallardo, titular de la PSA-, a quienes Posse designó antes de que Patricia Bullrich pudiera hacer sugerencias.
Al igual que Rolandi o Cordero, Eduardo Rodríguez Chirillo se mantiene cargo de la Secretaría de Energía. Chirillo, del equipo de Carlos Bastos y Domingo Cavallo, también sufre el agobio de la avanzada de Caputo, quien influye en el área energética a través de Mario Cairella, vicepresidente de Cammesa. Lo mismo padece Diana Mondino en Cancillería, donde Karina Milei puso como veedora a Úrsula Basset.
Asimismo, los tentáculos de Caputo llegan al Enacom, YPF -con Guillermo Garat- o el sector de Salud, donde Mario Lugones -su hijo Rodrigo es íntimo amigo del estratega de Milei- tiene una enorme capacidad de interferencia. A su vez, el asesor presidencial desembarcó en el Ministerio de Justicia, donde Sebastián Amerio controla de facto los hilos de la cartera de Mariano Cúneo Libarona, quien perdió a su mano derecha, el abogado Diego Guerendiain, en mayo pasado.
Pese a que el avance de Caputo genera roces internos y despierta reproches, Francos avaló el nuevo diseño de la Jefatura de Gabinete porque no tiene intenciones de ser un controller de la gestión o asumir la performance de monitorear al resto de los ministros. De hecho, nombró pocos hombres de su confianza en áreas clave y delegó tareas en Caputo. Por ejemplo, apenas colocó al radical José Luis Vila para reemplazar a Jorge Antelo, un leal a Posse, al frente de la Secretaría de Estrategia Nacional. Es que Francos no exhibe voluntad de construir poder. Prefiere enfocarse en crear relaciones con los dialoguistas y fortificar la base de sustentación política de Milei.
De este modo, la gestión de Milei se quedó sin un liderazgo definido que oficie como ordenador, admiten funcionarios actuales y cesanteados por el Presidente. Y la avalancha de 55 despidos de altos funcionarios provoca un mal clima interno. “Se despide gente por cualquier error y eso genera poco compromiso, o que nadie se quiera sumar. Los que están solo buscan sobrevivir”, retrata un asesor del Gobierno. La nueva estructura de la Jefatura de Gabinete se reflejará en el decreto de reformulación del Estado que preparan en Balcarce 50.
En las últimas horas, Francos buscó relativizar el efecto de la ola de despidos en la calidad de la gestión. A pesar de que admitió que Milei aún no pudo consolidar los equipos porque LLA es una fuerza nueva, vinculó las intempestivas salidas de funcionarios a la falta de resistencia de los desplazados a las dificultades de la gestión, y no a las falencias del liderazgo del Presidente o la ausencia de experiencia en la función pública. “Hay mucha gente que llegó a la función pública y no tuvo el aguante suficiente”, señaló Francos en una entrevista que concedió al diario Perfil.
La mutación del Gabinete de Milei también exhibe cómo el Presidente fue perdiendo aliados o desgastando los vínculos con sus socios políticos a raíz de los contratiempos de la gestión o los traspiés en las batallas legislativas del oficialismo. Eso se refleja, por ejemplo, en las salidas de Osvaldo Giordano (Anses), Flavia Royón (Minería), Pablo de la Torre (Niñez, Adolescencia y Familia) y Omar Yasín (Trabajo), entre otros. Con excepción de Bullrich o Luis Petri (Defensa), los aliados fueron relegados a un rol marginal.
Según Federico Aurelio, de Aresco, los despidos en el Estado no afectaron hasta ahora el nivel de imagen del Presidente en las encuestas. “No modificó nada, ni para bien ni para mal. Fue absolutamente inocuo. Si la gente viera que las cosas no funcionan y hay una continuidad de estos movimientos, lo puede afectar a Milei en el futuro, sobre todo, si no se ven resultados”, indica Aurelio.
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella volvió a caer en junio, cuando el Presidente echó a doce funcionarios. Según la encuesta, la gestión de Milei obtuvo 2,46 puntos (en una escala que va de 0 a 5), lo que significó una baja del 2,1% respecto de mayo.
Cuando aún formaba parte del Gobierno, Posse supo ser un pararrayos cuando el Presidente o Caputo pedían cortar cabezas de funcionarios díscolos en un ataque de furia. “¿Para qué los vamos a echar?”, respondía Posse en situaciones de crisis para apaciguar los ánimos e intermediar. Pedía templanza para no incrementar la incertidumbre y el desorden en el manejo de la gestión del Estado. En cambio, los detractores de Posse creían que exhibía quietismo en la toma de decisiones. “Yo soy bilardista, esto es resultado puro. Se fue Posse y la productividad del gobierno voló”, afirmó el viernes último Milei en diálogo con el canal Neura.
El exjefe de Gabinete chocaba con Caputo a la hora de avanzar con nombramientos en sillas codiciadas. “No renuncié tres veces, sino más de 300″, suele decir Posse a sus íntimos. Por estos días disfruta de unos días de vacaciones con su familia, alejado de los altos niveles de estrés de la función pública. Al igual que durante su travesía por el Gobierno, Posse sigue cultivando un bajo perfil. “Los que trabajamos desde el principio estamos apenados. Ahora la épica del relato no está en la inexperiencia de liderazgo de la mesa chica de Javier, sino que la gente que llegó a la función pública ‘no tenía aguante’”, ironiza un exfuncionario nacional de LLA.
El rol marginal de los aliados
El gabinete de Milei se gestó durante la campaña electoral en un bar de Palermo, ubicado cerca de la sede de Corporación América, la empresa de Eduardo Eurnekian, donde trabajaba Posse. Luego, se mudaron a unas oficinas de coworking de la compañía HIT. Por allí desfilaban Mondino, Victoria Villarruel, que añoraban tener injerencia en Seguridad y Defensa, Pettovello o Rodríguez Chirillo.
Hasta el desembarco de los libertarios en la Casa Rosada, Karina Milei y Caputo eran los encargados de bosquejar el relato político, definir la hoja de ruta de la campaña y tallar la identidad del candidato presidencial. Posse, en tanto, era quien se ocupaba de organizar los equipos técnicos, reclutar eventuales ministros o secretarios -como fueron los casos de Guillermo Ferraro o Vilella y Luis Caputo- y potenciales inversores. Era el gerente general del “Gabinete en las sombras”, como le decía Milei. A contrarreloj, construyeron un equipo de gestión como si fuera una startup. “Era un espacio nuevo y en construcción. Javier le encargó armar un Gobierno, porque no tenía experiencia y no pensó que iba a ganar. Por eso, le dio poder o le entregó la AFI”, recuerda uno de los protagonistas de la gestación del gobierno de LLA.
En el arranque de la gestión de Milei había un hilo conductor entre Francos, Caputo, Posse y Karina Milei. Todos ellos resistían el avance de Mauricio Macri sobre áreas sensibles del Gobierno. Bullrich y Petri (Defensa), que se mantenían como islas autónomas, también notaron en sus carteras el avance de Caputo con la reestructuración de la AFI. Hay decenas de dirigentes con pasado en Pro en el Estado, como Alejo Maxit (Aysa) o Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica), pero todos ellos no ingresaron por un acuerdo con Macri. Bullrich acobijó a sus fieles y otros amarillos tejieron lazos para garantizarse un lugar en el Estado. Por caso, Macri tampoco promovió a Alejandro Pablo Cecati, titular de la Agencia de Seguridad Nacional, que funcionará bajo la órbita de la SIDE. Sin embargo, tiene una relación de amistad, ya que Cecati fue jefe de su custodia durante años. Es más, Cecati era asesor en el Ministerio de Seguridad de Vicente Ventura Barreiro, a quien Bullrich desplazó y denunció ante la Oficina Anticorrupción.
Lucas Aparicio (Pro) estuvo a punto de convertirse en el jefe de asesores de Pettovello, una de las ministras que más bajas sufrió: 16. Sin embargo, Aparicio quedará como asesor y no asumirá en el lugar que dejó vacante Fernando Szeresesky tras la crisis por el escándalo del reparto de alimentos.
A Garro, quien debió presentar su dimisión después de la polémica que generó en las redes sociales su opinión sobre los cánticos racistas de la selección argentina, lo reemplazó el exfuncionario macrista Diógenes de Urquiza, quien ya tenía la confianza de Daniel Scioli, secretario del área y ladero de Francos.
La semana pasada había sido el turno de Vilella, exsecretario de Bioeconomía, quien se enteró en París, Francia, de que ya no formaba parte del Gabinete de Milei después de una gira oficial por Asia. A Vilella lo sustituirá Sergio Iraeta, con pasado en la universidad del CEMA y cercano a Luis Caputo. “Milei aprendió algo de Macri: la gestión del Estado o la ‘institucionalidad’ no sirven para ganar elecciones”, grafica un exfuncionario de Cambiemos.
Matías Moreno,LA NACION,Política
POLITICA
El Papa en Luján: las invitaciones que va a hacer Kicillof y los enviados de Milei a la misa en territorio opositor
A un mes de la llegada del papa León XIV (que hoy anunció que deberá operarse de un nódulo en un pulmón), la dirigencia local se prepara para participar de una visita que quedará en la historia del país por décadas y décadas. ¿Qué funcionario querría perderse esa foto? La Iglesia intenta de todas las formas posibles despolitizar el desembarco del Sumo Pontífice a la Argentina, un país atravesado por sus disputas ideológicas.
La misa que el Papa dará en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, la patrona de la Argentina, aparece a esta hora como aquella en la que el peronismo tendrá su presencia más numerosa. Se hará el miércoles 11 de noviembre, a las 10, y los anfitriones son dos integrantes del Partido Justicialista (PJ): el gobernador Axel Kicillof y el intendente Leo Boto.
Sin embargo, desde la Casa Rosada confirmaron a que también enviarán su comitiva a esa última ceremonia religiosa que encabezará León en su gira acá.
“Vamos a invitar a toda la política bonaerense”, anticiparon fuentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires a sobre los planes para la misa en Luján.
Según pudo averiguar este medio, en principio al gobierno de Axel Kicillof le habilitaron entre 300 y 350 plazas para realizar las invitaciones que él quiera.
Voces al tanto aseguraron a este medio que el llamado no va a ser exclusivo para dirigentes peronistas, preponderantes en la PBA. “Se va a hacer una invitación institucional a intendentes y legisladores de todos los sectores”, afirmaron.
El número inicial de “pulseritas” disponibles para la gestión de Kicillof parece bastante amplio en una primera mirada, pero para la cantidad de integrantes que tiene la dirigencia bonaerense se queda corto. Por eso, el gobierno bonaerense intenta negociar más espacio.
“Entre intendentes y legisladores ya cubrís más de 300 lugares. Si querés sumar representantes sindicales o empresariales, mínimo 500 personas”, calcula una voz de peso en el esquema peronista provincial.
La semana que viene, el gobierno de Kicillof tiene en agenda una reunión interna de organización, en la que se repasará el paso a paso del operativo que está montándose para el arribo de León XIV a tierras bonaerenses. Los representantes más activos del gobernador en estas tareas son su jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; y su ministro de Seguridad, Javier Alonso.
Dentro del gobierno provincial hay referentes de organizaciones sociales devotas de la Virgen del Luján (con la que suelen encabezar sus movilizaciones), que confluyen dentro de la UTEP, de fuertes nexos con los curas villeros. Algunos de esos dirigentes, que tienen cargos en la gestión bonaerense, están a la espera del encuentro interno para saber cómo participar de la misa masiva. “Vamos a articular para que salga todo prolijo”, afirman.
Por su parte, el gobierno de Javier Milei -anfitrión nacional del papa León en esta visita de Estado del 8 al 11 de noviembre- también tendrá su representación en Luján. El Presidente y Kicillof apuestan a la polarización para competir uno contra otro en las elecciones de 2027.
De acuerdo a lo que pudo saber de fuentes oficiales de la Casa Rosada, hasta ahora está previsto que al menos cuatro funcionarios de Milei participen de la misa en la Provincia.
Dicen en el Gobierno que Diego Santilli será uno de los que esté ahí. El jefe de Gabinete aspira a competir para gobernador bonaerense por La Libertad Avanza (LLA) el año próximo y es el exponente más representativo que tiene la gestión nacional en ese territorio.
También desembarcará en Luján el secretario de Prensa, Fabián Fernández, otro conocedor de la política bonaerense, que nació en Valentín Alsina y que trabajó en la comunicación de la intendencia de Lanús junto a Néstor Grindetti.
Asimismo, a Luján irán el canciller Pablo Quirno y el secretario de Culto, Agustín Caulo.
Quirno y Caulo serán los representantes de Milei en las tres misas.
Sin embargo, de esas tres instancias, el gobierno nacional tendrá su máximo despliegue en la primera ceremonia, a realizarse el lunes 9, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
Allí, según confirmaron de momento fuentes oficiales, estarán el presidente Javier Milei y todo su gabinete de ministros.
En Córdoba, el martes 10, también habrá representación nacional, para la misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). A Quirno y Caulo, por los planes que manejan hasta ahora en Balcarce 50, se sumará la secretaria general, Karina Milei, que centraliza bajo su mando la organización de la llegada del Papa al país.
La acompañará, asimismo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, oriunda de esa provincia y mano derecha de la hermana presidencial en el diseño del operativo de recepción. También la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de nexo con la Iglesia por las tareas de su cartera.
Por ahora, en el Gobierno no confirman la presencia de Milei ni en Luján ni en Córdoba, aunque aclaran sobre las comitivas: “Puede haber cambios”.
papa León XIV,que hoy anunció que deberá operarse de un nódulo en un pulmón,Paula Rossi,Axel Kicillof,Javier Milei,Luján,Conforme a
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Milei consiguió sus primeros acuerdos de palabra con gobernadores y se gesta una negociación “blue” para bajar impuestos
El lunes de la semana pasada comenzó con la novedad de que Javier Milei invitó a la reunión de Gabinete al economista Alberto Ades. No tan conocido para la mayoría de los funcionarios, el Presidente lo había recibido el día anterior a la Quinta de Olivos para desayunar y hablar de economía. Su reflexión sobre la geopolítica y sus efectos de la coyuntura en la Argentina lo interesó sobremanera, al punto que le propuso que le transmitiera sus lecturas a la plana mayor del Gobierno.
“Nos contó cómo se posicionaba la Argentina en este contexto global. Habló de las tasas altas, de la situación del petróleo. No mencionó nada vinculado al programa económico”, contó uno de los asistentes de la cumbre a Infobae. No pasó desapercibido que no hubiera ido a la reunión el ministro de Economía, Luis Caputo. En su sector justificaron que no se sentía bien, justo en el encuentro en el que Milei llevó a otro economista con altísima experiencia en Wall Street. Pero las suspicacias se dispararon al ver que el ministro asistió a la noche al streaming Carajo a exponer su visión de la marcha económica. Una persona que lo vio in situ confió a este medio: “Lo vi bastante bien”.
Chimentos de peluquería, diría Milei. No hay ningún tipo de posibilidad de que se cuestione la continuidad de Caputo. Lo curioso es que hacia mediados de la semana un integrante de la Casa Rosada comenzó a sondear entre diferentes despachos para ver quién había lanzado las operaciones. Las sospechas son varias y no contribuyen a generar confianza interna en un momento de la gestión que se presagia clave.
El Gobierno se encuentra ante una situación paradójica. Todavía no se iniciaron las negociaciones electorales pero debe cerciorarse de que los actores económicos sientan, como nunca, que el oficialismo está en condiciones para ganar. El mercado seguramente mutará a un modo cada vez más conservador en la medida en que no se pueda asegurar una continuidad del rumbo macroeconómico. Y el Gobierno no tiene mayores aspiraciones de poder impulsar otras reformas significativas que repercutan en la economía. Al menos no hasta después del 2028, si es que reeligen. Ese lapso es, en esencia, un limbo en el que la cúpula libertaria busca venderle previsibilidad a un mercado que en su mayoría no tiene el incentivo para apostar su capital sin saber cuál será el país que tendrá en un año y medio.
El ministro Caputo ha dicho en reuniones privadas que han desplegado todos los recursos y políticas que tienen a su alcance para poder convencer al mercado. Ha afirmado que ahora es el turno de la política. Por eso se lo ha visto más activo en reuniones con gobernadores. “Le tienen confianza. Sabe que puede ser duro con algunos ajustes macro, pero que cuando promete algo, cumple”, dice un funcionario que participa de esos encuentros.
El plan de la Casa Rosada es persuadir al mercado con una serie de acuerdos políticos que le permitan visualizar que hay una alianza amplia dentro del espectro del centro hacia la derecha para que el modelo macroeconómico nacional continúe. Lo que el mendocino Alfredo Cornejo sintetizó en medio de su estadía en París: “El Gobierno puede ser validado electoralmente en el 2027 en una primera vuelta si hace buenas alianzas con 10, 12 gobernadores”. El trade-off de ese pacto es que La Libertad Avanza debe ceder en su pretensión de ganar gobernaciones.
Karina Milei ya sentó postura al decirle a varios de ellos que la única prioridad es la reelección de su hermano. Con esa premisa, Diego Santilli volvió del Argentina Week con la misión de tratar de cerrar los acuerdos políticos que, a su vez, permitan aprobar la Reforma Política y suspender las PASO. Esto último le importa al Gobierno para poder aplazar la incertidumbre electoral, más que por la repercusión que pueda generar en el peronismo.
La semana que pasó contó con algunos primeros encuentros con mandatarios provinciales. A 20 días de que termine el mes, lo que aseguran los negociadores políticos de la Casa Rosada es que “el combo de los votos de los gobernadores está sólido” y que se lograron “acuerdos de palabra” con varios de ellos. Quienes siguen el poroteo que llevan Santilli y los primos Menem dicen que “hay que trabajar” los votos de algunos senadores, en especial de los radicales. Algunos responden a gobernadores del mismo signo.
¿Qué está faltando, entonces? Quienes están puertas adentro con los negociadores libertarios opinan que “hace falta un cierre político” a las conversaciones. La novedad que se oficializará en los próximos días es que se está trabajando con los gobernadores en una modificación de la Reforma Política que incluirá una boleta por espacio político máximo. “Esa es una de las salidas, además de otros componentes adicionales”, afirman.
Infobae adelantó la semana pasada que un sector del ala política está negociando no competir con intensidad en algunos distritos provinciales a cambio de que los gobernadores garanticen un camino desregulador y de baja de impuestos para sus provincias.
En un plenario hecho el viernes en Tigre, Martín Menem dijo: “Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza, pero si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, lo que tenemos que hacer es tener agendas programáticas similares. Bajar impuestos, seguir desregulando, seguridad jurídica, previsibilidad, no cambiarle las reglas a la gente”.
Hace una semana se habían producido quejas significativas sobre la política tributaria de Neuquén, la provincia más beneficiada por el modelo macroeconómico actual. Coincidentemente, el gobernador Rolando Figueroa anunció el miércoles una propuesta para eliminar el impuesto de los Ingresos Brutos a las empresas que creen puestos de trabajo en el 2028. La promesa de baja impositiva se produce a días de que Milei viaje a la provincia. Más precisamente, el Presidente asistirá el 19 de octubre a la inauguración oficial de la expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026. Forma parte de una serie de viajes provinciales que quiere hacer antes de que termine el año.
En otros sectores del Gobierno son más optimistas y creen que no hay gobernadores aliados que estén en contra de bajar impuestos. “Esto se va a facilitar siempre y cuando se discuta un nuevo acuerdo fiscal integral entre la Nación y las provincias”, afirman. Un acuerdo integral en términos tributarios parece altamente improbable, aunque es algo que forma parte de las conversaciones que Santilli y Caputo mantienen con los gobernadores.
Casualmente, ambos funcionarios del Gobierno estarán dando una presentación juntos en la Conferencia de Federalismo Fiscal (CONFEFI II) que se desarrollará el 14 de octubre. El panel se llama Federalismo fiscal y expectativas económicas de la Argentina. Antes de ellos hablará el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y después los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta). El jefe de Gabinete apuesta a aprovechar el viaje de alguno de ellos a Buenos Aires para invitarlos a conversar mano a mano en Casa Rosada.
Además de los acuerdos electorales, hay una negociación blue vinculada a lo tributario. Además de lo dicho por Menem, los gobernadores piden a cambio que Nación aplique una reducción o eliminación progresiva de las retenciones, bajar o eliminar el impuesto al cheque y reducir las cargas patronales, con el objetivo de aliviar la presión fiscal sobre la producción, la inversión y el empleo. Si las provincias de Vaca Muerta, de potencialidad minera y de producción agropecuaria intensiva se vieron beneficiadas por el modelo macroeconómico, quienes tienen industrias y sectores afectados por estas reglas de juego, buscan que se las equipare con otras medidas.
Si así lo hacen, varios gobernadores les dicen a los funcionarios del Gobierno que podrían impulsar acuerdos con intendentes para reducir las tasas municipales. Parecen intenciones que distan de lo que después termina pasando en términos prácticos, aunque es real que estos temas fueron abordados por casi media docena de gobernadores en diálogo con Caputo.
Aunque las tratativas políticas parecen signar la agenda de múltiples funcionarios, la económica será clave para esta semana. El dato de inflación de septiembre se conocerá el martes próximo con un panorama que no invita al optimismo: la Ciudad de Buenos Aires ya registró una leve aceleración en ese mes, lo que anticipa que el índice nacional podría seguir la misma tendencia.
La dinámica de este indicador no es para nada menor. El Gobierno apuesta a un crecimiento del salario que esté influenciado por una desaceleración de la suba de precios. También esperan que crezcan el crédito y la inversión, pero ambos están atados a que se disperse el clima de imprevisibilidad, que se ve reflejado, en parte, en el Riesgo País. “Ese número puede bajar [cayó 10% en la última semana hacia los 579 puntos básicos] si los factores que vienen del exterior se moderan y la recaudación y la acumulación de reservas siguen con una tendencia positiva”, asegura alguien que trabaja codo a codo con Milei.
Milei recibió el último viernes en la Quinta de Olivos a Patricia Bullrich para escuchar su lectura política respecto de los próximos meses. “Se habló de economía y cuáles son los motores que se tienen que prender y qué efectos se pueden lograr sin tocar las bases del programa. Tenemos que llegar a cada familia”, aseguró una fuente inobjetable a Infobae. El Presidente solo le hizo una observación: le dijo que no coincidía en absoluto con hablar de una reforma previsional como la que mencionó en el Coloquio de IDEA la semana anterior. Bullrich se lo reconoció y entendió que hay que dejarlo para una eventual reelección.
El vínculo entre ambos sigue siendo de respeto mutuo. No parece ser el mismo que tiene con ciertos miembros de la cúpula del Gobierno. Aunque el vínculo con el karinismo podría ser mejor, merece la atención la forma en la que están trabajando los alfiles de Bullrich con la armadora porteña de La Libertad Avanza. Hay más puntos en común que disidencias.
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La Corte Suprema de Justicia quedó envuelta en los últimos 15 días en una controversia política. El motivo fueron las idas y vueltas en torno a la ley de Tierras, que define el límite que pueden comprar los extranjeros. El conflicto avivó las diferencias internas entre los miembros del máximo tribunal y las expuso públicamente como pocas veces antes. La convivencia entre los tres jueces quedó “sensibilizada”, como la describió un funcionario judicial.
Primero, la Corte dejó sin efecto una medida cautelar que frenaba el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei del 20 de diciembre de 2023. Invocando un motivo procesal, la Corte Suprema dijo que quienes reclamaban la inconstitucionalidad del decreto, un Centro de Ex Combatientes de Malvinas, no estaban legitimados para hacerlo.
El fallo fue unánime, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Aunque versaba sobre un tecnicismo, generó un terremoto político, porque le quitó vigencia a la Ley de Tierras. De esa forma dejaba de regir el límite del 15% de zonas rurales que pueden adquirir los extranjeros.
La reacción pública fue inmediata y sonora. En medio de la polémica, la Corte Suprema, por decisión de Rosatti y Lorenzetti, respondió con un comunicado en el que aclaraba que ese fallo no cerraba la discusión y que el asunto podía volver a discutirse. En verdad, ya tenían previsto tratarlo. Rosenkrantz no fue consultado para ese comunicado, según dijeron sus allegados. Las diferencias comenzaban a salir a la luz. Luego, el viernes pasado, un nuevo fallo de la Corte volvió a dejar en vigencia la ley de Tierras y los límites a la venta de campos. Todo en apenas diez días.
Las dos decisiones generaron un estrépito político. Tras el primer fallo, la oposición buscó organizarse para voltear por completo el DNU de Milei. Tras el segundo, salió a criticar lo que considera una política de compensaciones de la Corte, primero en favor y luego en contra del Gobierno.
El caso exhibió las diferencias entre los jueces. Rosenkrantz votó en disidencia y, en un considerando que se apartó de sus argumentos técnicos, criticó elípticamente a la mayoría. Escribió que el “descontento social” que provocó el primer fallo “no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten”.
La segunda decisión había sido tomada por una mayoría que integraban Rosatti y Lorenzetti, acompañados por los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
El caso se tramitó a velocidad de vértigo. El voto mayoritario de cuatro jueces estaba listo hace tres días; la disidencia de Rosenkrantz ingresó anoche pasadas las 22, según dijeron a en tribunales.
En lo jurídico, el asunto exhibió diferencias. Para Rosenkrantz, los planteos de la ONG Árbol de Pie que motivó el segundo fallo deben resolverlos primero las instancias inferiores, y solo después podrían llegar a la Corte en revisión. Sus colegas sostuvieron que la Corte debía actuar ahora y otorgar la cautelar.
Pero más allá de los aspectos técnicos, la crisis tuvo raíces políticas porque Rosenkrantz sugirió que la mayoría actuaba para calmar el clamor popular. Esas expresiones dejaron un ambiente “sensibilizado”, según reconocieron funcionarios de los tribunales.
En la Corte Suprema hay dos explicaciones de lo sucedido y se contradicen. En los despachos de la mayoría señalaron que no hubo marcha atrás. Dijeron que los procesos colectivos se inscriben en un registro y deben resolverse en orden. “Si no, los hubiéramos resuelto juntos y no hubiera habido controversia”, dijo a una fuente que siguió la deliberación.
Agregan que la primera demanda no guardaba relación con el tema y por eso se rechazó por falta de legitimación de los excombatientes. La segunda, en cambio, la plantearon una ONG ambientalista y comunidades con legitimación para reclamar tutela ambiental. Según esa lectura de la mayoría, los dos fallos no se contradicen. El comunicado de la semana pasada solo buscó aclarar algo que “en la política leyeron mal”, porque creían que la posición era definitiva.
“Los jueces ya sabían que a la semana siguiente tenían que resolver el otro caso”, explicaron en los tribunales.
Cerca de Rosenkrantz la lectura es distinta. Allí ven que la mayoría retrocedió ante el clamor social y el conflicto político que se abrió por la derogación de los límites a la compra por parte de extranjeros. “A Rosenkrantz no le parece que los ministros de la Corte deban responder a las críticas de la sociedad, y menos con comunicados”, dijeron cerca del magistrado.
En el entorno de Lorenzetti bajan el tono. Hablan de “una diferencia legítima” con Rosenkrantz, a quien describen como más restrictivo en la interpretación de la ley ambiental.
“Siempre opinó así, no ahora”, dicen. La mayoría, en cambio, se apoya en precedentes como la causa del Riachuelo y en cautelares ambientales que el tribunal ya dictó sin oír a la contraparte. “Jurídicamente es inobjetable”, aseguran. Ese sector también busca relativizar el conflicto. “Hoy no tenemos conflictos; nos llevamos bien; es una diferencia jurídica y no de otro orden”, afirman.
Las reacciones vinieron del ámbito de la política y no se tradujeron en reclamos judiciales; es decir, hubo confrontación política en el Congreso, pero poco interés ambiental.
Enojo
“Veo funcionarios de la Corte muy enojados”, admitió una fuente del tribunal. De todos modos, sería erróneo hablar de una nueva mayoría en la Corte; en el próximo fallo las posiciones pueden ser distintas.
Más allá de las diferencias que mostró el debate por la Ley de Tierras, las diferencias “reales y persistentes” entre Rosenkrantz y Rosatti se mantienen. Tienen posturas distintas sobre la manera de ejercer el liderazgo de la Corte en el Consejo de la Magistratura y en el sistema de elección de los jueces.
Rosenkrantz y Lorenzetti cuestionaron la discrecionalidad que existe en las distintas etapas del proceso de selección de jueces, sobre todo en las entrevistas personales, que pueden colocar a dedo a candidatos en lugares privilegiados. Plantearon reformar el reglamento, iniciativa que quedó congelada en el Consejo de la Magistratura, que preside justamente Rosatti.
De hecho, Rosatti no firmó la acordada del cambio de reglamento que impulsaba Rosenkrantz sobre ese régimen.
En el entorno de la mayoría señalaron que el primer fallo, el de los excombatientes, fue también un mensaje hacia adentro del Poder Judicial: los tribunales inferiores no pueden elevar cualquier planteo, porque las causas tienen que llegar sustanciadas.
En la Corte minimizan el impacto político. Señalan que el DNU 70/2023 sigue vigente, salvo contadas excepciones, porque la oposición no logró rechazarlo en el Congreso.
“Si la agenda de la Corte está supeditada a la política, no tomás ninguna decisión”, resumió un funcionario del tribunal. Otro fue más gráfico: comparó a los dirigentes que agitan el tema con los teros, que gritan de un lado y ponen los huevos en el otro. Como prueba, dijo que contra la derogación de la Ley de Tierras hubo apenas dos acciones judiciales, cuando contra los aumentos de tarifas se presentaron cientos en todo el país.
El DNU 70/23 tendrá revancha, porque en la Corte sigue pendiente la discusión sobre el capítulo laboral. La Procuración ya dictaminó que ese capítulo es inconstitucional en cuanto a los aportes sindicales, y en el tribunal admiten que “en breve” deberán resolverlo. También esperan turno otros capítulos del decreto que amenazan con volver a mostrar las diferencias.
Hernán Cappiello,Conforme a
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