POLITICA
Javier Milei no desacelera la motosierra en el Gabinete y ya despidió a 55 altos funcionarios

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Esa lógica de Milei se traslada al manejo de sus equipos de ministros, asesores y colaboradores. En los 223 días que lleva al frente del Gobierno, el líder de los libertarios echó a unos 55 funcionarios de alto rango. Es decir, personas que habían sido designadas en puestos estratégicos de la función pública y que estaban al mando de carteras, secretarías, subsecretarías o empresas que controla el Estado. En base a esas cifras se deduce que, en promedio, casi dos funcionarios fueron eyectados por semana de sus cargos desde que Milei tomó posesión el 10 de diciembre pasado. Dicho de otro modo: cada cuatro días de gestión, un integrante de la planta política de la administración nacional fue desplazado de sus funciones por orden de Milei, quien dio el salto a la política grande sin contar con experiencia en la gestión de grandes estructuras de poder o la tarea de articular equipos de asesores y manejar enormes presupuestos.
Julio Garro (Deportes) y Fernando Vilella (Bioeconomía) fueron las últimas víctimas de la ira de Milei y de su principal comisario político en el aparato estatal: Santiago Caputo, asesor de la Secretaría General de la Presidencia. Caputo es el funcionario que más poder acumuló en la Casa Rosada desde que Nicolás Posse fue exonerado de la jefatura de Gabinete. Como Karina Milei, el influyente asesor se sienta en la mesa chica del Presidente y se mete directamente en decisiones de ministerios u organismos públicos, donde coloniza áreas con soldados fieles.
El ritmo frenético de la “purga” que ejecutan de manera impiadosa Milei y Caputo ante aquellos que contradicen el relato oficial o no se alinean con las directivas expresas que emanan desde la cúpula del Gobierno no aminoró con el correr de la gestión ni la aprobación de las reformas económicas en el Congreso. Al contrario, en los meses de mayo y junio, cuando ya concluía el primer semestre de los libertarios en el poder, hubo un récord de despidos. Al menos veinticuatro funcionarios perdieron su lugar en la estructura nacional en esos 60 días. O sea, hubo doce expulsados por mes. Hasta ese momento los picos máximos se habían dado en febrero y abril, con siete bajas. Y en lo que va de julio ya se fueron seis altos funcionarios. El dato se desprende de un trabajo del politólogo y consultor Pablo Salinas, quien realiza un monitoreo diario de los despidos en el Estado. Las áreas que más bajas sufrieron son Capital Humano (29%); Economía (24%), Jefatura de Gabinete (13%); Salud (7%); y Educación (5%).
Con la cesantía de Posse como jefe de Gabinete, no solo se aceleró la mutación en el seno del equipo de ministros, sino que se instauró una nueva dinámica interna en la Casa Rosada. En rigor, las necesidades políticas se impusieron a las urgencias de la gestión. Aquellos colaboradores de Milei que estaban encargados de la estrategia electoral y el armado político se quedaron con el control y la gerencia del Estado.
El avance de Caputo
Poco a poco, Caputo desarmó el diseño organizacional que había preparado Posse desde que inició la campaña presidencial. Guillermo Francos, el fixer de Milei a la hora de trenzar acuerdos con la oposición en el Congreso, fue promovido a ministro coordinador, pero, en rigor, su misión principal sigue siendo la articulación política. “Nadie ordena la gestión y tiene que ver con una mirada política: el Estado no tiene impacto, solo genera problemas o intervenciones innecesarias en la vida de la gente. Entonces, creen que por más que mejoren el funcionamiento del equipo, el impacto va a ser marginal en la sociedad”, grafican cerca de un ministro de Milei.
En paralelo, Caputo delegó tareas de la jefatura de Gabinete en el nuevo ministerio del “coloso” Federico Sturzenegger y colocó a sus leales en posiciones estratégicas o áreas donde hay cajas codiciadas. Por caso, el abogado Silvestre Sívori, el titular de la AFI que había seleccionado Posse, fue reemplazado por Sergio Neiffert, un hombre que responde a Caputo. El asesor más influyente de la Casa Rosada también se quedó con el manejo de la secretaría que administra las empresas del Estado, donde ubicó a Diego Chaher. La privatización de las compañías públicas es uno de los objetivos prioritarios para el relato de Milei. Por esa razón, Caputo oficia como un “facilitador” de los encargados de llevar adelante el proceso de venta. Antes de que Chaher se hiciera cargo de las privatizaciones, el asunto estaba en manos de Mauricio González Botto, cercano a Posse.
En el Gobierno quedan pocos funcionarios de confianza del exjefe de Gabinete en cargos relevantes. Sobrevivieron José Rolandi, que tuvo un rol clave en la negociación con la oposición para sancionar la Ley Bases y el paquete fiscal, y Julio Cordero, secretario de Trabajo. O los jefes de las fuerzas federales -como Alfredo Gallardo, titular de la PSA-, a quienes Posse designó antes de que Patricia Bullrich pudiera hacer sugerencias.
Al igual que Rolandi o Cordero, Eduardo Rodríguez Chirillo se mantiene cargo de la Secretaría de Energía. Chirillo, del equipo de Carlos Bastos y Domingo Cavallo, también sufre el agobio de la avanzada de Caputo, quien influye en el área energética a través de Mario Cairella, vicepresidente de Cammesa. Lo mismo padece Diana Mondino en Cancillería, donde Karina Milei puso como veedora a Úrsula Basset.
Asimismo, los tentáculos de Caputo llegan al Enacom, YPF -con Guillermo Garat- o el sector de Salud, donde Mario Lugones -su hijo Rodrigo es íntimo amigo del estratega de Milei- tiene una enorme capacidad de interferencia. A su vez, el asesor presidencial desembarcó en el Ministerio de Justicia, donde Sebastián Amerio controla de facto los hilos de la cartera de Mariano Cúneo Libarona, quien perdió a su mano derecha, el abogado Diego Guerendiain, en mayo pasado.
Pese a que el avance de Caputo genera roces internos y despierta reproches, Francos avaló el nuevo diseño de la Jefatura de Gabinete porque no tiene intenciones de ser un controller de la gestión o asumir la performance de monitorear al resto de los ministros. De hecho, nombró pocos hombres de su confianza en áreas clave y delegó tareas en Caputo. Por ejemplo, apenas colocó al radical José Luis Vila para reemplazar a Jorge Antelo, un leal a Posse, al frente de la Secretaría de Estrategia Nacional. Es que Francos no exhibe voluntad de construir poder. Prefiere enfocarse en crear relaciones con los dialoguistas y fortificar la base de sustentación política de Milei.

De este modo, la gestión de Milei se quedó sin un liderazgo definido que oficie como ordenador, admiten funcionarios actuales y cesanteados por el Presidente. Y la avalancha de 55 despidos de altos funcionarios provoca un mal clima interno. “Se despide gente por cualquier error y eso genera poco compromiso, o que nadie se quiera sumar. Los que están solo buscan sobrevivir”, retrata un asesor del Gobierno. La nueva estructura de la Jefatura de Gabinete se reflejará en el decreto de reformulación del Estado que preparan en Balcarce 50.
En las últimas horas, Francos buscó relativizar el efecto de la ola de despidos en la calidad de la gestión. A pesar de que admitió que Milei aún no pudo consolidar los equipos porque LLA es una fuerza nueva, vinculó las intempestivas salidas de funcionarios a la falta de resistencia de los desplazados a las dificultades de la gestión, y no a las falencias del liderazgo del Presidente o la ausencia de experiencia en la función pública. “Hay mucha gente que llegó a la función pública y no tuvo el aguante suficiente”, señaló Francos en una entrevista que concedió al diario Perfil.
La mutación del Gabinete de Milei también exhibe cómo el Presidente fue perdiendo aliados o desgastando los vínculos con sus socios políticos a raíz de los contratiempos de la gestión o los traspiés en las batallas legislativas del oficialismo. Eso se refleja, por ejemplo, en las salidas de Osvaldo Giordano (Anses), Flavia Royón (Minería), Pablo de la Torre (Niñez, Adolescencia y Familia) y Omar Yasín (Trabajo), entre otros. Con excepción de Bullrich o Luis Petri (Defensa), los aliados fueron relegados a un rol marginal.
Según Federico Aurelio, de Aresco, los despidos en el Estado no afectaron hasta ahora el nivel de imagen del Presidente en las encuestas. “No modificó nada, ni para bien ni para mal. Fue absolutamente inocuo. Si la gente viera que las cosas no funcionan y hay una continuidad de estos movimientos, lo puede afectar a Milei en el futuro, sobre todo, si no se ven resultados”, indica Aurelio.
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella volvió a caer en junio, cuando el Presidente echó a doce funcionarios. Según la encuesta, la gestión de Milei obtuvo 2,46 puntos (en una escala que va de 0 a 5), lo que significó una baja del 2,1% respecto de mayo.
Cuando aún formaba parte del Gobierno, Posse supo ser un pararrayos cuando el Presidente o Caputo pedían cortar cabezas de funcionarios díscolos en un ataque de furia. “¿Para qué los vamos a echar?”, respondía Posse en situaciones de crisis para apaciguar los ánimos e intermediar. Pedía templanza para no incrementar la incertidumbre y el desorden en el manejo de la gestión del Estado. En cambio, los detractores de Posse creían que exhibía quietismo en la toma de decisiones. “Yo soy bilardista, esto es resultado puro. Se fue Posse y la productividad del gobierno voló”, afirmó el viernes último Milei en diálogo con el canal Neura.
El exjefe de Gabinete chocaba con Caputo a la hora de avanzar con nombramientos en sillas codiciadas. “No renuncié tres veces, sino más de 300″, suele decir Posse a sus íntimos. Por estos días disfruta de unos días de vacaciones con su familia, alejado de los altos niveles de estrés de la función pública. Al igual que durante su travesía por el Gobierno, Posse sigue cultivando un bajo perfil. “Los que trabajamos desde el principio estamos apenados. Ahora la épica del relato no está en la inexperiencia de liderazgo de la mesa chica de Javier, sino que la gente que llegó a la función pública ‘no tenía aguante’”, ironiza un exfuncionario nacional de LLA.
El rol marginal de los aliados
El gabinete de Milei se gestó durante la campaña electoral en un bar de Palermo, ubicado cerca de la sede de Corporación América, la empresa de Eduardo Eurnekian, donde trabajaba Posse. Luego, se mudaron a unas oficinas de coworking de la compañía HIT. Por allí desfilaban Mondino, Victoria Villarruel, que añoraban tener injerencia en Seguridad y Defensa, Pettovello o Rodríguez Chirillo.
Hasta el desembarco de los libertarios en la Casa Rosada, Karina Milei y Caputo eran los encargados de bosquejar el relato político, definir la hoja de ruta de la campaña y tallar la identidad del candidato presidencial. Posse, en tanto, era quien se ocupaba de organizar los equipos técnicos, reclutar eventuales ministros o secretarios -como fueron los casos de Guillermo Ferraro o Vilella y Luis Caputo- y potenciales inversores. Era el gerente general del “Gabinete en las sombras”, como le decía Milei. A contrarreloj, construyeron un equipo de gestión como si fuera una startup. “Era un espacio nuevo y en construcción. Javier le encargó armar un Gobierno, porque no tenía experiencia y no pensó que iba a ganar. Por eso, le dio poder o le entregó la AFI”, recuerda uno de los protagonistas de la gestación del gobierno de LLA.
En el arranque de la gestión de Milei había un hilo conductor entre Francos, Caputo, Posse y Karina Milei. Todos ellos resistían el avance de Mauricio Macri sobre áreas sensibles del Gobierno. Bullrich y Petri (Defensa), que se mantenían como islas autónomas, también notaron en sus carteras el avance de Caputo con la reestructuración de la AFI. Hay decenas de dirigentes con pasado en Pro en el Estado, como Alejo Maxit (Aysa) o Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica), pero todos ellos no ingresaron por un acuerdo con Macri. Bullrich acobijó a sus fieles y otros amarillos tejieron lazos para garantizarse un lugar en el Estado. Por caso, Macri tampoco promovió a Alejandro Pablo Cecati, titular de la Agencia de Seguridad Nacional, que funcionará bajo la órbita de la SIDE. Sin embargo, tiene una relación de amistad, ya que Cecati fue jefe de su custodia durante años. Es más, Cecati era asesor en el Ministerio de Seguridad de Vicente Ventura Barreiro, a quien Bullrich desplazó y denunció ante la Oficina Anticorrupción.
Lucas Aparicio (Pro) estuvo a punto de convertirse en el jefe de asesores de Pettovello, una de las ministras que más bajas sufrió: 16. Sin embargo, Aparicio quedará como asesor y no asumirá en el lugar que dejó vacante Fernando Szeresesky tras la crisis por el escándalo del reparto de alimentos.
A Garro, quien debió presentar su dimisión después de la polémica que generó en las redes sociales su opinión sobre los cánticos racistas de la selección argentina, lo reemplazó el exfuncionario macrista Diógenes de Urquiza, quien ya tenía la confianza de Daniel Scioli, secretario del área y ladero de Francos.
La semana pasada había sido el turno de Vilella, exsecretario de Bioeconomía, quien se enteró en París, Francia, de que ya no formaba parte del Gabinete de Milei después de una gira oficial por Asia. A Vilella lo sustituirá Sergio Iraeta, con pasado en la universidad del CEMA y cercano a Luis Caputo. “Milei aprendió algo de Macri: la gestión del Estado o la ‘institucionalidad’ no sirven para ganar elecciones”, grafica un exfuncionario de Cambiemos.
Matías Moreno,LA NACION,Política
POLITICA
La mansión registrada por familiares de Jesica Cirio que alimenta las sospechas sobre Martín Insaurralde

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La casa no es una casa. Es la mansión de Tony Montana. O un trasatlántico acorde a los gustos del protagonista de “Scarface”, encallado en el corazón del conurbano bonaerense. Una mole blanca con mármoles rosados de casi 750 metros cuadrados cubiertos, 8 ambientes, 5 baños, una habitación antipánico, parque, quincho, pileta, barras, hidromasaje y mil chirimbolos más que no ocultan una verdad a gritos y una leyenda que corre en susurros. ¿La verdad? La casa figura a nombre de familiares de Jesica Cirio, a los que la Justicia investiga como presuntos testaferros de Martín Insaurralde en una megacausa por lavado de activos por cerca de US$100 millones. ¿La leyenda? Que la compró, por US$1.800.000, uno de los políticos más encumbrados de la provincia de Buenos Aires.
La casa queda en la calle José María Penna al 1700 de Banfield Oeste, a 15 cuadras de la estación y a 17 kilómetros al sur del Obelisco porteño. Sobresale como una ballena blanca en el barrio de clase media que ve con malos ojos a sus moradores. Por sus hábitos de nuevos ricos, por sus horarios exóticos, por sus movimientos sigilosos en camionetas negras con vidrios polarizados y porque exudan poder, aunque se esfumaron, cuentan los vecinos, desde que estalló el escándalo del yate “Bandido”.
¿Quiénes figuran como dueños de la casa que no es una casa? En el Registro de la Propiedad Inmueble provincial aparecen los Ferrante, según cotejó . Él es Andrés Ferrante, 65 años y otrora dueño de “París”, un boliche icónico de Lomas de Zamora, que en 2016 fue condenado a 5 años de prisión por “lesiones graves calificadas por el vínculo y el ensañamiento” contra su pareja. Y ella es su hija, Priscila Daiana Ferrante. Con 33 años y abocada a los servicios de entretenimiento, Jesica Cirio la presentó en varios reportajes como su sobrina y en otros apareció como su prima, mientras que en su cuenta de Instagram la anunció como la madrina de su hija con Insaurralde. En entrevistas a revistas del corazón de hace una década, la joven Ferrante contó que conocía a Insaurralde desde chica y que fue quien se lo presentó a Cirio.

Pero más importante que el parentesco y las relaciones sociales es un expediente penal: la Justicia federal la investiga a Priscila como presunta testaferro del ahora exjefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof, confirmaron fuentes judiciales.

El expediente judicial resulta demasiado incómodo para demasiadas personas. La tiene el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y se centra en una presunta asociación ilícita abocada al lavado de activos de la corrupción y otros delitos como la intermediación financiera no autorizada por el Banco Central (BCRA). Sus ramificaciones son explosivas. Hay testigos e imputados que señalan al supuesto jefe de la banda, Heber Ariel Russo, que es o fue pareja de Priscilla, como testaferro de Insaurralde; aunque las derivaciones llegan hasta el entonces gobernador Daniel Scioli, al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y de manera más larvada, al candidato a presidente Sergio Massa.
La investigación, sin embargo, se dividió en tramos. El juez Armella ya remitió el primer tramo a los tribunales federales de La Plata para que 28 acusados afronten un juicio oral. Los procesó tras encontrar evidencias de que habrían evadido más de $4000 millones a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a mediados de la década pasada, por lo que el monto bajo sospecha superaría los US$100 millones, bajo el mando de Heber Russo y Claudio Gómez, dueños en los papeles de dos constructoras: CFS Construcciones y Construcciones Viales.

Durante años, Russo y Gómez se dieron la gran vida. El hombre vinculado a Priscila compró al menos 77 propiedades, entre las que figuran campos, chalets en Pinamar, pisos en Puerto Madero y dos departamentos en Miami, además de más de 200 rodados que incluyen autos, camiones y motos, sin contar ocho embarcaciones, joyas y montañas de dinero en efectivo.
¿Cuál era la fachada de Russo? Ser empresario. Pero en la práctica, según reconstruyó la AFIP en tiempos de Alberto Abad, era prestamista y “panadero”, además de presunto testaferro. Pero no amasaba pan, ni horneaba medialunas. Operaba una usina de facturas truchas –“panaderías”, en la jerga de los sabuesos tributarios–, que ayudó a evadir a más de 3500 contribuyentes. Desde clubes de fútbol y grandes empresas, hasta al sindicato de camioneros de Hugo Moyano y al contador de Daniel “Tano Angelici”, entre otros.

Tras la denuncia de la AFIP, la investigación judicial abarcó a decenas de sospechosos y abordó también las actividades del presunto lavado de activos, que también provendrían de supuestas actividades ilícitas que podrían llegar hasta las orillas de Scioli, Ishii, Massa y, por sobre todos, de Insaurralde en sus tiempos de intendente de Lomas de Zamora.
Esas presunciones quedaron plasmadas en el expediente, según reconstruyó . Escuchas telefónicas, testigos e incluso imputados esbozaron para quiénes trabajaría Russo, lo que él negó durante sus indagatorias. Negó conocer a Insaurralde o a Scioli, y negó haber puesto bienes a nombre de Priscila, quien también aparece vinculada a una sociedad comercial en el extranjero: Muriel LLP, del Reino Unido, según corroboró . Russo, en tanto, sí admitió que le compró un auto a Jesica Cirio que no declaró ante el fisco, pero negó que uno de los campos que regenteaba fuera, en realidad, del luego jefe de Gabinete de Kicillof.
Las sospechas sobre el ida y vuelta entre la banda y la dirigencia política son más amplias. Los investigadores sospechan que algunos involucrados, como Gómez, quien se presentaba como asesor de Unidad Ciudadana y era invitado a los actos de Cristina Fernández de Kirchner, podrían haberse reunido con una frecuencia de una o hasta dos veces al mes con miembros de los entornos de Massa e Ishii. Pero eso integra el segundo tramo de la investigación judicial, que también abarca a Priscila, y que Armella todavía mantiene en su Juzgado.

Cuadrillas municipales
Mientras tanto, la casa que no es una casa muestra hoy una quietud llamativa. Cuentan los vecinos que las cuadrillas municipales entraban y salían del lote como si fuera un edificio público más que una propiedad privada. Pero que desaparecieron cuando estalló el escándalo de Insaurralde a bordo del yate “Bandido” con la escort Sofía Clerici. Esos mismos vecinos chismorrean que hace unas semanas los Ferrante vendieron la casa en US$1,8 millón. En el Registro Propiedad Inmueble provincial, sin embargo, el dato es inamovible: la casa que no es una casa sigue a nombre de los Ferrante.
En los tribunales federales de La Plata, mientas tanto, se registraron ya dos intentos por evitar el juicio oral. Primero con unas probations; luego con un juicio abreviado. Pero no prosperaron. Ahora hay un ida y vuelta sobre cuál es el tribunal oral que deberá quedarse con el expediente y llevar adelante el juicio oral. Mientras tanto, Heber Russo, quien pasó una temporada en el penal de Ezeiza tras un año prófugo, calla y espera. La sobrina de Cirio, también.
Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política
POLITICA
Edgardo Kueider tendrá una nueva cita con la Justicia paraguaya esta semana

Este jueves por la mañana, Kueider y su pareja Iara Guinsel volverán a ser llevados al Palacio de Justicia de Asunción. De allí salieron la semana pasada con una sentencia en contra. El exlegislador recibió dos años. Ella, un año y 10 días. Fue por haber intentado ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar.
El exrepresentante de Entre Ríos en el Senado estará frente a frente con una cara conocida. Se trata del juez de Garantías Humberto Otazú. Fue quien llevó adelante la primera etapa del caso por contrabando. El magistrado tiene ahora la causa por lavado de activos en contra de Kueider y Guinsel.
Ambos están imputados por ese delito debido a la compra de seis departamentos con sus cocheras. Los inmuebles están en un edificio de lujo ubicado en el centro de Asunción. La sospecha de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez es que fueron adquiridos con “dinero de procedencia ilícita”.
Las funcionarias judiciales entienden que el exsenador y su pareja compraron las unidades en el edificio Innova Las Mercedes, con plata negra introducida por ellos al circuito financiero y comercial de Paraguay. Dos ciudadanos del país vecino aparecen como posibles testaferros. Son los presuntos titulares de la empresa Golsur, firma que adquirió los departamentos. Los inmuebles quedaron embargados por orden de la Justicia.
En esta etapa, el juez Otazú deberá definir la imposición de medidas para Kueider y Guinsel. Ambos permanecen en prisión domiciliaria y con tobillera por decisión del mismo magistrado en los comienzos de la causa por contrabando. La resolución se prorrogó en la condena. Rolando Duarte, el juez que tramita el juicio de extradición a la Argentina del ex senador, también ordenó esas medidas en su momento.
Si Otazú considera que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, el exlegislador no tendrá que mudarse a un calabozo. Hoy por hoy está alojado en un departamento de un barrio de Asunción.
La jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, fue quien pidió que Kueider sea extraditado. La magistrada argentina también lo investiga por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En la mira hay una maniobra similar a la registrada en Paraguay. El uso de una sociedad fantasma, con testaferros al frente, con la que se compraron departamentos de lujo en un edificio en Entre Ríos.
La audiencia con Otazú debía realizarse el pasado miércoles 15 de julio. Por pedido de las defensas, Otazú decidió reprogramar para el jueves 23. Los abogados Carlos Arévalos Giret y Marcelo Bogado, que patrocinan a Kueider y Guinsel, lo solicitaron debido a la superposición de audiencias en otras causas judiciales.
La causa
El exsenador y su actual pareja fueron imputados en Paraguay durante junio por lavado de activos. Según cuál sea la calificación legal que determine la Fiscalía del país vecino, las penas podrían ir de los 5 a los 10 años.
En el centro de la investigación se encuentran los inmuebles localizados en el edificio Innova Las Mercedes. El complejo de lujo se ubica en la avenida General Santos esquina Marco de Brix en Asunción. Uno de los departamentos es la unidad “G” en el séptimo piso, tiene dos dormitorios y dos baños. Se suman cinco con una habitación y un sanitario. Dos en el sexto (“C” y “D”) y otros tantos en el segundo (“B” y “C”). El último está en el primer piso “B”.
La Justicia decretó además la prohibición de innovar y contratar sobre estas unidades. “Las agentes fiscales intervinientes solicitan la medida en la necesidad de asegurar, salvaguardar y/o garantizar la reparación del presumible perjuicio ocasionado”, marcó el juez Rodrígo Estigarríbia en su resolución, fechada el miércoles 24 de junio.
Luego, puntualizó que el circuito de operaciones bajo investigación se habría instrumentado mediante la utilización de la firma Golsur S.A. “como estructura de fachada, caracterizado por la recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería de forma original a “los imputados extranjeros -Kueider y Guinsel- pero colocados a nombre de la citada razón social con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”.
“La descripción del mecanismo utilizado, así como el volumen de las transacciones, permiten inferir razonablemente una relación directa entre los inmuebles cuya afectación se pretende y los encausados”, agregó el juez. Esto “torna verosímil la hipótesis fiscal en cuanto a la utilización de dicha ingeniería jurídica y patrimonial como instrumento para la comisión del hecho punible o como receptores de sus efectos económicos”.
En la maniobra también están comprometidos e imputados dos paraguayos: Amado Torales Banega y José Fermando Courisat. Ellos aparecieron como dueños de Golsur cinco meses antes del 4 de diciembre de 2024. Ese día, el exsenador argentino fue detenido con USD 200 mil sin declarar en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad.
Habían comprado la empresa a Pedro Roure y María Fernando Sbrocca. A mediados de diciembre, le firmaron un poder plenipotenciario a Guinsel para que manejara Golsur a su antojo. Ese es el principal elemento para sostener la hipótesis de que podrían ser testaferros. La empresa tenía domicilio en un hotel.
POLITICA
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