POLITICA
Las cumbres secretas en el country de Insaurralde cuando estalló el escándalo del yate: funcionarios, contratistas y Sofía Clerici
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Desde el sábado 30 de septiembre de 2023, cuando se difundió en Instagram la fotografía de Martín Insaurralde navegando a bordo del yate Bandido por el Mar Mediterráneo con la modelo Sofía Clerici, el exintendente de Lomas de Zamora estuvo desaparecido y no se lo volvió a ver públicamente.
Sin embargo, accedió al listado de las entradas y salidas del country Fincas de San Vicente Club de Chacras, ubicado sobre Juan Pablo II Nº 1600 y Ruta 58, donde en los lotes 242 y 243 Insaurralde tiene una casona, cuyo origen es investigado por la Justicia.
De ese listado se desprende que Insaurralde se encontraba allí ese fin de semana donde se reunieron en su residencia, durante varios días, sus máximos hombres de confianza de la política, como el legislador y exintendente del partido de la Costa Juan Pablo de Jesús, acusado de ser su testaferro; el integrante del Tribunal de Cuentas bonaerense Juan Pablo Peredo, uno de sus referentes en el mundo del juego, y su abogado, Víctor Matassi. En algunos casos el encuentro duró dos días al menos, ya que se registra la entrada al country de alguno de los contertulios el sábado 30 de septiembre y su salida el día lunes 2 octubre.
Esa lista de visitas además revela la presencia en la casa de Insaurralde de empresarios contratistas de la Municipalidad de Lomas de Zamora y la estadía, durante dos días del mes de agosto, de la modelo Clerici, su compañera de viaje del 15 de septiembre del año pasado que devino en escándalo. Clerici ingresó en el country el viernes 4 de agosto de 2023 a las 21:37:47 segundos y se fue del barrio privado el domingo 6 de agosto a la noche, a la 22:04:29 segundos.
Esa lista de visitas está incorporada como prueba al expediente judicial donde el juez Ernesto Kreplak y el fiscal Sergio Mola investigan a Insaurralde, a su exesposa Jesica Cirio y a Clerici por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero luego de que en octubre pasado se conociera una foto del funcionario y Clerici navegando por el Mediterráneo, entre copas de champagne, mariscos y regalos de lujo.
El día que se conocieron las fotos, el 30 de septiembre y los inmediatamente posteriores, fueron de alta exposición y críticas para el exintendente de Lomas de Zamora, que tuvo que renunciar a su cargo de jefe de Gabinete bonaerense y a su candidatura a concejal en su distrito. En esas jornadas, una parte importante de su tropa de dirigentes políticos más cercanos se acercó a su casa en San Vicente.
Ese 30 de septiembre ingresó al country como “invitado” de Insaurralde el actual secretario técnico, administrativo y legal de la Municipalidad de Lomas de Zamora, Víctor Matassi, que es uno de los abogados del exjefe de Gabinete bonaerense (en esa dependencia ocupó el mismo cargo que tiene en Lomas). Su salida del country quedó registrada el 2 de octubre, por la madrugada. Una larga reunión.
El día del estallido del caso también pasó por la casa de Insaurralde en el country Juan Pablo Peredo, un exdirectivo de la firma de juego Codere, al que Insaurralde ubicó como vocal del Tribunal de Cuentas bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Un cargo vitalicio, desde donde Peredo tiene asignada la función específica de controlar a organismos descentralizados. Entre ellos, el Instituto de Lotería y Casinos bonaerense. Peredo se retiró apenas comenzado el 2 de octubre y coincidió con la presencia del abogado Matassi.
El senador bonaerense Adrián Santarelli, otro de los dirigentes más cercanos a Insaurralde, visitó en esas horas conflictivas a su jefe político y, al igual que Peredo y que Matassi, llegó el 30 de septiembre y se retiró el 2 de octubre a la madrugada.
El secretario de Salud de Lomas de Zamora, Mariano Ortega, que en un lapso de diez meses realizó 16 visitas a la vivienda de San Vicente, se acercó el mismo 30 de septiembre de la difusión del caso. Repitió esas visitas los días 2, 3, 5, 6 y 7 de octubre.
El sucesor de Insaurralde en la intendencia de Lomas y hombre de su máxima confianza, Federico Otermín, ingresó como invitado al country el 30 de septiembre. Volvió al día siguiente. Juan Pablo de Jesús (exintendente del partido de La Costa, exvicejefe de Gabinete bonaerense y uno de los dirigentes más cercanos a Insaurralde) estuvo el 30 de septiembre y el 1º de octubre. De Jesús está imputado en una causa en la que se lo investiga como presunto testaferro del lomense.
Dirigentes del círculo más cercano a Insaurralde y algunos de sus familiares visitaron al exfuncionario bonaerense en los días más agitados. Su hermana Alejandra Insaurralde, que es subsecretaria de Servicios Informáticos de la Municipalidad de Lomas de Zamora, estuvo el 1º de octubre, y también los días 3 y 5 del mismo mes.
Los días 2, 4 y 11 de octubre estuvo en el country María Victoria Bourio, la histórica secretaria privada de Insaurralde, que sigue en ese cargo en la gestión de Otermín. El 5 de octubre fue Pablo De Rosa, otro de los hombres del exintendente en el Tribunal de Cuentas provincial (es secretario de Jurisprudencia, Consultas y Dictámenes), órgano clave porque revisa la ejecución de gastos de la Provincia, los 135 municipios y los organismos provinciales, con capacidad para cuestionarlos y aplicar multas y sanciones.
El 1º de octubre y el 2 de octubre ingresó al country con autorización de Insaurralde Cristian Scollo, que en total estuvo 112 veces en el período que va desde el 1º de enero y el 23 de octubre de 2023. Scollo es el director del Museo Histórico 17 de Octubre Quinta San Vicente (la quinta que fue propiedad de Juan y Eva Perón), aunque al ingresar al country de Insaurralde figura como “chofer”.
La lista de visitantes incluye a algunos empresarios. Por ejemplo, a Nicolás Sgherza, que aparece como integrante de la firma Luz y Control SRL, donde interviene Rodrigo Agustín Insaurralde, hijo del exintendente. Fue uno de los visitantes del 30 de septiembre. Ligado a esa empresa, acudió a la casa del country Carlos Alberto Cappiello, el 1° de abril de 2023..
La casa del country de San Vicente fue adquirida mediante un fideicomiso. La empresa contratista de la municipalidad de Lomas de Zamora DOIO SA, transfirió en 2001 junto con la exmujer de Insaurralde a la firma Sasaxa Libero SA, controlada por Insaurralde, mediante su familia, la casa del country Fincas de San Vicente, Club de Chacras, donde vivió el exfuncionario y no está declarada.
Doio fue contratista del gobierno de la provincia de Buenos Aires para la pavimentación de la ruta 16, y mientras Insaurralde era intendente construyó piletas de natación y vestuarios en Villa Albertina, la estación de transferencia Banfield-Lomas de Zamora, obras en el Concejo Deliberante, en un Hogar de Mujeres y en el Cuartel de Bomberos. Insaurralde era deudor de Víctor Mariano Donadio, socio de DOIO SRL, según documentos de la Procuraduría especializada en lavado de dinero.
Otro de los visitantes de la casa del country de San Vicente fue Florencia Stamato, que lo visitó el 25 de septiembre, cinco días antes de que estallara el escándalo de la fotografía. Stamato era secretaria general de Insaurralde, de estrecha vinculación con el exfuncionario, y sobrina del exintendente Jorge Rossi, su antecesor. Actualmente también se desempeña en el Tribunal de Cuentas que revisa los números de Kicillof y los intendentes.
Otro día de inusual actividad política en la casa de San Vicente fue el 20 de junio de 2023. Ese día se reunieron allí Ortega, Matassi, Otermín, Santarelli, además de Gastón Lassalle, presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria en Lomas de Zamora; Diego Cordera, que es el presidente del Consejo Deliberante y Matías Gasparrini, secretario de Cultura de la municipalidad. Ese martes 20 de junio faltaban cuatro días para el cierre de listas de las PASO, donde un Insaurralde empoderado por su alianza con Máximo Kirchner, pisaba fuerte en Lomas de Zamora y en la Provincia.
Hernán Cappiello,Javier Fuego Simondet,LA NACION,Política
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Milei viajará a EE.UU. en una semana caliente para el Congreso por el Presupuesto 2027 y el DNU 70/23 – Nexofin
En lo que se vislumbra como una semana de intensa actividad en el Congreso Nacional, el presidente Javier Milei realizará un nuevo viaje a Estados Unidos. En esta ocasión, el mandatario argentino asistirá a la Gala Oficial de la Herencia Hispánica, que se llevará a cabo en Washington DC.
El jefe de Estado partirá el martes a la capital del país norteamericano para dar el presente en el evento que se celebrará el miércoles por la noche.
El Gobierno busca reemplazar tecnología china por la de EE.UU. en el funcionamiento del Estado
En paralelo a este nuevo periplo presidencial, se desarrollará la reunión de la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. En ese marco, los legisladores de La Libertad Avanza impulsarán el debate de la llamada “Ley de Leyes”, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, según informó Clarín.
El miércoles tendrá lugar la discusión de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y el jueves, la oposición intentará abrir el recinto para voltear el DNU 70/23 y aprobar la extensión de la Emergencia en Discapacidad y una legislación para otorgar herramientas contra el endeudamiento familiar.
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Congreso,DNU 70/23,Estados Unidos,Javier Milei,Presupuesto 2027,viaje
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Dura advertencia de la Iglesia por el avance narco en barrios populares: “La ausencia del Estado permite que ocupe su lugar”
La Iglesia lanzó una advertencia por el avance del narcotráfico en los barrios populares y vinculó ese fenómeno con el retroceso de la presencia estatal. El obispo de San Justo, Eduardo García, sostuvo que la falta de servicios, oportunidades y respuestas institucionales favorece a las redes criminales. Sus palabras fueron escuchadas por funcionarios bonaerenses, jueces, fiscales y organizaciones sociales.
“La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas”, alertó García durante la Jornada de Acceso a la Justicia, que se realizó el martes en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), y que llamativamente no contó con la presencia ni del intendente local, Fernando Espinoza, ni de la vicegobernadora y ex mandataria, Verónica Magario. Allí, el prelado describió un circuito que resumió con una fórmula: “Las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio”. Como contrapartida, reclamó fortalecer “las tres C de la vida: colegio, capilla y club”.
El planteo excedió a un distrito específico y apuntó a una problemática presente en numerosos barrios del conurbano bonaerense: la combinación de exclusión social, economías delictivas y dificultades de acceso a derechos. García relacionó la expansión del narcotráfico con la falta de educación, atención sanitaria, cloacas y oportunidades de desarrollo.
También cuestionó el momento en que las instituciones judiciales toman contacto con esas realidades. Según afirmó, la Justicia ordinaria en los barrios populares “suele llegar tarde, interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho y el delito se ha cometido”. La observación expuso la tensión entre la respuesta penal ante hechos consumados y la prevención de las condiciones que facilitan el ingreso de adolescentes y jóvenes a circuitos criminales.
El encuentro se realizó en el Salón de las Américas de la UNLaM y reunió a representantes de la Iglesia, el Poder Judicial, el gobierno de Axel Kicillof y organizaciones territoriales. Participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; el juez federal de Morón Jorge Rodríguez; la fiscal general Patricia Ochoa; el diputado provincial Facundo Tignanelli y el rector de la universidad, Daniel Martínez.
Mena coincidió en ubicar a la desigualdad en el centro de la discusión. “Hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad”, afirmó. También se refirió a la relación entre los sectores más postergados y las instituciones: “La mayoría de los ciudadanos vulnerables conocen el sistema judicial a través de su peor cara, que es la Justicia Penal”.
El ministro defendió la necesidad de modificar ese vínculo y ampliar los mecanismos para resolver conflictos antes de que deriven en un expediente penal. Como ejemplo, destacó las visitas de integrantes del Ministerio Público Fiscal al barrio Puerta de Hierro, donde reciben las inquietudes de los vecinos.
Además, valoró la apertura de espacios de los Hogares de Cristo dentro de la Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esos ámbitos buscan acompañar a personas privadas de la libertad y ofrecer herramientas para reconstruir sus proyectos de vida.
El debate giró en torno a cómo evitar que el sistema penal se convierta en la única presencia estatal reconocible en los sectores marginados. Para los organizadores, acercar la Justicia supone garantizar la intervención de jueces y fiscales, facilitar el acceso a dispositivos de acompañamiento y promover la cooperación entre organismos públicos y organizaciones comunitarias.
La convocatoria fue organizada por áreas académicas de la UNLaM, el Obispado de San Justo, Cáritas, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la Pastoral Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. También participaron el defensor general Marcelo García, el presidente del Colegio de Abogados local, Martín Rivas, y el juez Franco Fiumara, entre otros referentes judiciales.
Durante la apertura, el rector Martínez sostuvo que el debate sobre los tribunales debe partir de las condiciones materiales de vida de la población. “Cuando hablamos de Justicia, lo primero que tenemos que hablar es de vida, de la gente”, expresó. También aludió a la decisión judicial que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y vinculó la educación pública con la garantía de derechos.
Uno de los anuncios políticos de la jornada estuvo a cargo de Tignanelli, vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense. El legislador anticipó que impulsará la incorporación de las denominadas “Reglas del Papa Francisco” como material obligatorio en la Escuela Judicial provincial. La propuesta busca que quienes aspiren a integrar la magistratura conozcan principios orientados a una Justicia cercana a las personas vulnerables y atenta a las desigualdades que condicionan el ejercicio de los derechos.
Tignanelli a su vez destacó el trabajo de la Iglesia a través de los Hogares de Cristo en los barrios más vulnerables de La Matanza: “La Iglesia es el gran articulador de toda esta actividad, es quien convoca a todos los actores que pueden hacer algo para poder dar una respuesta clara a las necesidades que están viviendo hoy los vecinos y vecinas de la Matanza”.
“Es muy importante el trabajo que vienen haciendo en distintos barrios de La Matanza, ahí dónde es más urgente y el Estado abandonó”, afirmó.
La jornada incluyó mesas de trabajo sobre adicciones en el sistema penal juvenil, violencia de género y derecho a la identidad en contextos de marginalidad. Los debates serán sistematizados en un documento académico con conclusiones y propuestas. Según informó la universidad, el material será remitido al papa León XIV y servirá de insumo para continuar el intercambio entre las instituciones participantes.
Los organizadores proyectan conformar una Mesa Territorial de Acceso a la Justicia de La Matanza. La iniciativa busca establecer un ámbito permanente de coordinación para identificar obstáculos, compartir experiencias e impulsar respuestas conjuntas entre los equipos judiciales y las organizaciones que trabajan en los barrios.
POLITICA
Caso $LIBRA: EE.UU. rechazó el pedido de colaboración de la Justicia argentina tras concluir que faltan pruebas de un delito
Un día antes de que una jueza federal de Nueva York desestimara la demanda colectiva (“class action”) que impulsaron afectados por el lanzamiento y colapso de $LIBRA, el gobierno de Estados Unidos había fijado su propia posición, por escrito, que comunicó de manera formal a las autoridades argentinas. Sostuvo que los inversores en criptomonedas asumen los riesgos propios de comprar y vender activos financieros que son especulativos, nuevos y no regulados, y que la publicación viral de un político que promueve un criptoactivo no basta, por sí sola, para demostrar que fueron inducidos a una trampa.
La posición oficial del gobierno estadounidense, que hasta ahora no había trascendido y cuya copia obtuvo , fue más lejos. Tras transmitir su parecer, le informó al Gobierno de Javier Milei que no entregará los registros solicitados por la Justicia argentina porque la información aportada desde Buenos Aires fue insuficiente para demostrar que se había cometido un delito.
“Dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto”, indicó la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal del Departamento de Justicia. Y lo planteó mediante una carta de una carilla que remitió al Ministerio de Justicia argentino para que la presente ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de instruir la investigación criminal por presunto fraude en los tribunales federales de Comodoro Py.
La requisitoria argentina había comenzado a tramitarse hace más de un año y medio y el Departamento de Justicia la recibió el 8 de abril de 2025. El pedido buscaba acceder a “registros de suscriptor” para avanzar en la investigación por fraude en torno a $LIBRA, el criptoactivo que impulsaron el estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y que contó con el apoyo del presidente Milei, quien posteó en su cuenta de la red social X el código de 44 letras y números indispensable para adquirirlo.
Según surge de la respuesta oficial remitida desde Washington, funcionarios estadounidenses solicitaron información adicional a los tribunales argentinos en dos ocasiones —el 24 de abril y el 31 de julio de 2025— para evaluar si daban curso a la requisitoria. La primera respuesta argentina llegó el 31 de julio de 2025; la segunda, recién el 7 de mayo de 2026, más de nueve meses después. Pero, al final, la respuesta fue negativa.
“Lamentablemente —indicó la carta, redactada en inglés, con traducción oficial en español, y firmada por la fiscal Mari Aponte—, la información fue insuficiente para obtener los registros solicitados, ya que no había pruebas suficientes que demostraran que se había cometido un delito”.
“Deben existir pruebas suficientes para demostrar que existe una conexión clara entre los sujetos de la investigación y los delitos objeto de investigación y las asistencias solicitadas”, abundó el texto, que en su cuerpo no aludió por sus nombres a Davis, Novelli y Terrones Godoy, entre otros acusados, ni a Milei, que sí figuró en la carátula de la misiva.
“Los inversores de criptomonedas asumen los riesgos de activos financieros especulativos nuevos y no regulados”, fijó como pauta general el Departamento de Justicia. “Las campañas agresivas en las redes sociales sobre un criptoactivo altamente volátil y una publicación viral de un político que lo promueve, por sí solas, no son suficientes para demostrar que los inversores fueron inducidos a invertir mediante falsedades”.
Aunque el texto no aludió a político alguno, esa descripción podría aplicarse a figuras como el presidente Donald Trump, su esposa Melania y Milei, quienes han utilizado sus redes sociales para difundir “memecoins” y otros criptoactivos con sus nombres -$Trump y $Melania- o, en el caso del jefe de Estado argentino, $LIBRA, para darles visibilidad y volumen financiero a esos proyectos.
Tras el colapso de $LIBRA, cabe recordar, Milei borró su posteo original y buscó despegarse del proyecto y de sus protagonistas. Remarcó que él solo se había limitado a “difundir”, pero no a “promocionar” el proyecto, del que empezó por afirmar que serviría para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, pero al que luego caracterizó como “ir al casino” o, incluso, una “ruleta rusa”.
En la misiva que llegó a Comodoro Py, el Departamento de Justicia terció en ese contrapunto, acaso sin buscarlo: aludió al político que “promueve” un criptoactivo, en lugar de sostener que se había limitado a difundirlo. La carta, sin embargo, se limitó a cerrar el trámite vinculado al pedido argentino, pero no precisó si la Sección Fraudes de la División Criminal tramita su propia investigación sobre lo ocurrido.
En ese sentido, funcionarios de la Sección Fraudes recibieron al menos un “reporte de operaciones criminales” en los días posteriores al colapso de $LIBRA, según reveló en febrero de 2025, ante la sospecha de una presunta megaestafa por entre 87 millones y 107 millones de dólares, que afectó a miles de inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países, e impactó en empresas del mundo cripto como KIP Protocol, Jupiter y Meteora, donde cayó uno de los máximos ejecutivos. No trascendió si esas actuaciones avanzaron.
Un día antes
La comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos se fechó el 28 de septiembre pasado, en Washington. Es decir, un día antes de que la jueza federal Jennifer Rochon rechazara en Nueva York la demanda colectiva de inversores damnificados por el lanzamiento y posterior colapso de $LIBRA y dispusiera el cierre de la causa que tramitaba ante los tribunales federales de Manhattan.
Rochon admitió así los pedidos de desestimación formulados por Davis y los demás integrantes de Kelsier Ventures, por Benjamin “Ben” Chow y por Dynamic Labs, y rechazó además el intento de los demandantes de ampliar nuevamente su denuncia, por lo que los impulsores de la “class action” deberán evaluar ahora si recurren a la Cámara de Apelaciones.
Rochon concluyó que los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta no habían logrado demostrar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley federal RICO —utilizada contra organizaciones que desarrollan un patrón continuado de actividades ilícitas—. En particular, consideró que no habían acreditado el requisito de continuidad exigido para configurar un “patrón” de actividad ilícita bajo esa legislación.
En ese sentido, la jueza mencionó 18 veces a Milei en su resolución y consignó que Davis envió mensajes a terceros afirmando que tenía “control” sobre el jefe de Estado y ofreciendo reuniones con el mandatario a cambio de dinero. También, según surge de los mensajes incorporados a la demanda colectiva, que afirmó que le enviaba dinero a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “y él firma lo que sea que yo le diga y hace lo que yo quiera”.
Rochon también consignó el papel que los propios demandantes atribuyeron a Milei en el lanzamiento del criptoactivo, el 14 de febrero de 2025, a partir de su posteo en la red social X. “En respuesta a su anuncio [por el posteo], el interés de los inversores, el volumen de operaciones y la cotización [de $LIBRA] subieron”, señaló la magistrada.
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