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POLITICA

La Cámara del Trabajo revocó la cautelar que frenaba la reforma laboral y restableció la vigencia de 83 artículos

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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió modificar el efecto concedido al recurso de apelación presentado por el Estado nacional en la causa que discute la reforma laboral y dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de una parte significativa de la ley. La decisión fue adoptada por la Sala VIII del tribunal, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino.

La resolución se dictó en el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, en trámite ante el Juzgado N° 63, y revisa el alcance del recurso interpuesto por el Estado contra la medida cautelar innovativa dictada el 30 de marzo. En ese antecedente, el juez Enrique Ojeda había hecho lugar al planteo de la Confederación General del Trabajo y suspendido la vigencia de una cantidad relevante de artículos de la Ley 27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de ese mes.

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Según surge de la resolución de Cámara, el Estado había apelado esa decisión y el recurso fue concedido el 7 de abril “en relación y con efecto devolutivo”, lo que implicaba que la cautelar seguía vigente durante la tramitación de la apelación. Frente a ese encuadre, el Estado se presentó en queja para que se modificara el efecto del recurso y se le otorgara carácter suspensivo.

El comunicado que posteó Sandra Pettovello para difundir que la Cámara Laboral validó la Reforma Laboral (X)

La Sala VIII hizo lugar a ese planteo y fundó su decisión en lo dispuesto por el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Esa norma establece que cuando una cautelar suspende, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo que se verifiquen supuestos excepcionales vinculados a la tutela de derechos especialmente protegidos.

En ese sentido, los jueces sostuvieron que, prima facie, en el caso no se encontraban configuradas esas excepciones. Destacaron además que la cautelar había suspendido la vigencia de una cantidad significativa de artículos de una ley sancionada por el Congreso, lo que activa el régimen especial previsto en la norma. Bajo ese criterio, señalaron que corresponde que sea la Cámara —en tanto tribunal colegiado— la que evalúe la confirmación o revocación de la medida, en función de la entidad institucional del acto cuestionado.

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Con ese encuadre, el tribunal resolvió “modificar la resolución del 7 de abril de 2026 y otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación deducido por el Estado Nacional”. La consecuencia inmediata es que la cautelar deja de tener efecto mientras se sustancia el trámite ante la Cámara.

Desde el punto de vista práctico, la decisión implica que los artículos de la reforma laboral que habían sido suspendidos recuperan vigencia en esta etapa del proceso. La medida cautelar, que había tenido efecto inmediato y alcance general, queda sin aplicación hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo.

La presentación original de la CGT había cuestionado una parte sustancial de la reforma laboral, con argumentos centrados en la afectación de derechos laborales y sindicales. Entre los puntos objetados se incluyeron modificaciones al régimen de indemnizaciones, cambios en las condiciones de contratación, alteraciones en la jornada laboral y disposiciones vinculadas a la representación sindical.

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El fallo de primera instancia había considerado acreditados los requisitos para dictar una medida cautelar, en particular la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo de daño irreparable, y sobre esa base dispuso la suspensión de 83 artículos de la ley.

El Estado nacional apeló esa decisión a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, donde cuestionó la procedencia de la cautelar, la legitimación de la CGT y el alcance de la resolución judicial. También sostuvo que no existía un caso concreto que justificara la suspensión de una norma de carácter general sancionada por el Congreso.

Además de la apelación, el Gobierno presentó un recurso extraordinario por “per saltum” ante la Corte Suprema, con el objetivo de que se revise la suspensión de la reforma laboral.

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La Ley 27.802 forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno en materia económica y laboral. El Ejecutivo sostiene que introduce cambios destinados a modificar el funcionamiento del mercado de trabajo, con el objetivo de reducir la litigiosidad y promover la formalización del empleo.

En resumen, la intervención se inscribe en la estrategia judicial del Gobierno, con participación del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques. En tanto, desde el sector sindical, la norma es cuestionada por considerar que implica una reducción de derechos laborales y una alteración del sistema de protección vigente.

Con la decisión de la Cámara, el expediente continúa su trámite en una nueva etapa. El tribunal deberá analizar los planteos de fondo formulados por las partes y definir si corresponde confirmar o revocar la medida cautelar en función de los argumentos jurídicos presentados.

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Hasta tanto se produzca esa definición, la reforma laboral se mantiene vigente en los términos establecidos por la ley. La discusión judicial sigue en curso y no se descarta su eventual tratamiento por la Corte Suprema en instancias posteriores.

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POLITICA

Realismo libertario: Milei reclama a su tropa una defensa cerrada del plan económico y busca reactivar sus proyectos

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Desde que retomó la actividad en la Casa Rosada, Javier Milei suma encuentros con ministros y legisladores, y los dedica centralmente a la marcha de la Economía, no con sentido académico sino para reclamar una defensa activa, y cerrada, del plan de Gobierno. Lo acaba de repetir en el inicio de esta semana, marcada además por la intención de reactivar proyectos propios en el Congreso. El oficialismo tiene pendiente una extensa lista de iniciativas, algunas por ahora realmente complicadas, como la reforma electoral con eje en la eliminación de las PASO. Y añade también como objetivos prioritarios el Presupuesto 2027, desde este martes, y el texto sobre Malvinas. En el fondo, es un clásico: intensidad política cuando los números no acompañan, al menos como se esperaba. Algo así como realismo libertario.

Las reuniones referidas y la significativa actividad presidencial en redes sociales asoman en espejo con la economía. La batería está dirigida a contrarrestar lo que el círculo de Olivos percibe como preocupación en el interior del oficialismo, alimentada por el olfato de algunos libertarios y variadas encuestas, no sólo ni principalmente las que circulan de manera pública. Es llamativo, pero para aplacar las inquietudes propias no alanza ya con lo ocurre en las otras veredas: el peronismo/kirchnerismo embarrado en sus internas y otras franjas políticas dispersas, fragmentadas.

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La reiteración del mensaje de Milei ante funcionarios, diputados y senadores se produjo después de una semana que dejó a la vista un cuadro de datos contrapuestos, pero distante del concepto de economía con dos velocidades. Algunos, aún con los cuidados del caso, prefieren la figura de la K para describir sectores en alza y rubros en caída. El Gobierno celebró la desaceleración del IPC de agosto (1,7%) dos días después de la difusión de los informes del INDEC con registro de derrumbe en la industria y en la construcción. Pero además, en los últimos días se consolidó entre economistas de diverso perfil que el PBI cerrará el 2026 con un crecimiento módico, algo por encima de los 2 puntos porcentuales, lejos del cálculo inicial del oficialismo, que lo ubicaba en 5 puntos y tal vez un poco más.

Eso remite directamente al Presupuesto. El texto enviado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso para el 2026 fue superado por la realidad no sólo en cuanto a aquella cifra de crecimiento económico, sino además en materia de inflación anual, estimada en 10,1%. El acumulado en los ocho meses ya cerrados trepa a 21,3%.

Por supuesto, no serán los únicos puntos de atención en el Presupuesto 2027. Están los más tradicionales, cruzados por las tensiones de estos tiempos, como Educación y en particular, financiamiento universitario. Del mismo modo, con similar eco de las disputas legislativas, serán considerados los montos proyectados para el área de discapacidad. Y esta vez, un foco se lo llevará Defensa. Importa qué partida será asignada al desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia.

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Pablo Quirno y Carlos Presti, en su reciente viaje a Ushuaia

Pablo Quirno y Carlos Presti visitaron el lugar la semana pasada. El viaje del canciller y del ministro de Defensa a Tierra del Fuego buscó destacar el giro del Gobierno sobre el reclamo de soberanía por Malvinas. También expuso que recién ahora pasó a ser una prioridad. Es una obra anunciada en el 2022 y que en la práctica, tuvo nulo o muy escaso avance desde entonces. Al regreso a Buenos Aires, en una entrevista, Presti expresó indignación por ese estado de cosas. Significativo, porque es una historia que involucra a la gestión de Alberto Fernández/CFK y también a la actual.

En lo inmediato, fuera de la cuestión presupuestaria, el Congreso espera el texto específico sobre Malvinas, bajo el título de Defensa de la Soberanía Nacional. La redacción del articulado demandaría unos días más para su “pulido”, en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica, según se dejaba trascender desde el oficialismo. En buena medida, tiene que ver con que Milei realizó un giro en este terreno.

El proyecto va al Congreso con categoría de prioritario, al igual que el Presupuesto 2027, de acuerdo con las indicaciones de Olivos a sus legisladores. Eso no significa que sean desatendidos los objetivos planteados desde hace tiempo. En ese lote, se destaca la reforma electoral y, en especial, la intención de anular las PASO, en función del proyecto reeleccionista de Milei. La decisión de retomar el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, este martes, no significa que esté asegurado el trámite.

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Por el contrario, se trata de un tanteo, que incluye el tratamiento de Ficha Limpia como gesto de LLA a sus aliados. Parece contemplar también y más seriamente alternativas para evitar que las primarias sean obligatorias. De todos modos, los trascendidos que se hacen circular desde oficinas libertarias no desarman los recelos de socios y dialoguistas. Por ahora, resultan confusas las señales a los jefes provinciales de buen trato con el Gobierno. El Presupuesto también debe ser contemplado en ese marco.

Menos complicada pinta esta semana la posibilidad de que el Senado tenga sesión, después de algunas frustraciones del oficialismo. Está previsto que el jueves sean tratadas en el recinto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda entrega de Inocencia Fiscal. Las prevenciones tienen que ver con “errores de cálculo” en anteriores intentos de sesionar. El último ejemplo: la caída de la sesión motorizada por LLA para debatir la ley de biocombustibles, hace una semana. No les dio el número, por desacuerdos con varios gobernadores.

Con todo, los encuentros encabezados por Milei no habrían girado en torno del trabajo legislativo. El Presidente utilizó la reunión con legisladores para señalar la necesidad de defender la política económica. Y el Gobierno difundió fotos que lo muestran utilizando un pizarrón para desarrollar sus argumentos. Campaña, ya sin vueltas.

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Pablo Quirno,Carlos Presti,Base Naval Integrada de Ushuaia,Tierra del Fuego

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POLITICA

El Gobierno reúne a la mesa política y busca avanzar con proyectos clave en el Congreso

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este martes la reunión de la mesa política en una semana marcada por el envío del Presupuesto 2027, el proyecto sobre soberanía en Malvinas y el arranque del debate por la reforma electoral.

El encuentro está previsto después de la conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier y reunirá al núcleo que coordina la estrategia parlamentaria.

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Con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciada por el Presidente en cadena nacional, el gobierno quiere endurecer sanciones a empresas que operen en las Islas Malvinas y en la plataforma continental sin autorización argentina. Alcanza a prestadores y crea un Consejo de Seguridad Nacional.

Con Karina Milei y Diego Santilli a la cabeza, el Gobierno reunió a su mesa política en Casa Rosada. (Foto: Presidencia)

El oficialismo evalúa ingresarlo por Diputados y considera que tiene más consenso transversal que el resto de la agenda, aunque no espera un tratamiento exprés.

El tercer frente es la reforma electoral. El martes la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados tiene prevista una reunión informativa.

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El debate de la reforma electoral

Apurado por la Cámara Nacional Electoral, el oficialismo iniciará este martes el debate por la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. El proyecto, considerado clave para la reelección de Javier Milei, todavía no cuenta con los votos de sus aliados para uno de los puntos centrales: la eliminación de las PASO.

En esta discusión, el tiempo se vuelve un factor clave. En una acordada publicada el martes pasado, el máximo tribunal electoral advirtió que cualquier cambio en el sistema de votación vigente deberá comunicarse con anticipación para ser implementado en los próximos comicios.

“La eliminación de las PASO no va a suceder”, sentenció en diálogo con este medio un legislador oficialista que sigue de cerca la discusión. Las razones van más allá de la disputa electoral del próximo año: ningún actor político quiere desprenderse de una herramienta que podría serle útil.

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Por eso, en Balcarce 50 consideraron la posibilidad de la suspensión, tal como se logró para las elecciones de 2025. Otra alternativa, menos atractiva para La Libertad Avanza, es la incorporación al debate de las primarias optativas para los espacios que necesiten dirimir sus internas.

“Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, afirmó a A24 a fines del mes pasado Patricia Bullrich, principal arquitecta de las negociaciones del oficialismo. Y agregó: “Lo que no queremos es que se acorte cuatro meses el Gobierno, el año que viene está casi perdido”.

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POLITICA

El Gobierno oficializó la declaración de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio

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El Gobierno oficializó la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio, con la promulgación de la de la Ley 27820.

La iniciativa establece que el reconocimiento alcance a la capital tucumana durante el Día de la Independencia y dispone que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para la fecha se realicen allí de forma permanente.

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La medida apunta a consolidar el vínculo institucional entre la celebración nacional y la ciudad donde el Congreso de Tucumán declaró definitivamente la ruptura con la Corona española en 1816.

Esta medida se encuadra dentro de una serie de acuerdos que alcanzó el oficialismo con los sectores aliados en el Congreso para enviar un gesto político a los gobernadores. De hecho, también se ampliaron las cámaras federales de apelaciones en Tucumán. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico para los diputados provinciales a nivel local.

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En ese sentido, otras de las iniciativas que se encuentran dentro de esta lista es la promulgación de la Ley 27823, que propone incorporar el ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero al patrimonio cultural inmaterial de la República Argentina.

La declaración prevista se encuadra en la ley 26.118, que ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El texto identifica al Camino de Brochero como una práctica que reúne expresiones de devoción, recorridos de peregrinación y actividades culturales.

Según lo dispuesto, este ritual, la celebración y la peregrinación asociados a la ruta forman parte del patrimonio inmaterial argentino. La figura comprende prácticas, representaciones y conocimientos que las comunidades reconocen como parte de su herencia cultural.

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La iniciativa declara de interés nacional el acuerdo de difusión entre el Camino de Brochero y el Camino de Santiago de Compostela en España

La propuesta alcanza a una manifestación religiosa vinculada con la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, cuya devoción convoca actividades y peregrinaciones en territorio cordobés.

A su vez, declararon de interés el “Memorándum de entendimiento para la difusión y promoción” que une las rutas del Camino de Brochero y del Camino de Santiago de Compostela. El documento contempla la preservación, divulgación y promoción de ambas tradiciones.

De esta manera, garantizaron el desarrollo de actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales y turísticas relacionadas con la ruta gallega y la ruta brocheriana. El alcance incluye otras acciones que se vinculen con la celebración y la devoción en ambos itinerarios.

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La ley impulsada por Alejandra Vigo recibió su aprobación definitiva a finales de agosto. La iniciativa ya había obtenido media sanción de la Cámara alta en septiembre de 2025.

La medida prevé que los peregrinos puedan acceder a un pasaporte para registrar el trayecto realizado. El mecanismo toma como referencia la experiencia del Camino de Santiago, en España.

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El documento permitirá acreditar las etapas del recorrido y facilitará la participación de los viajeros en propuestas asociadas al turismo, la gastronomía y las artesanías.

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