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La Cámara del Trabajo revocó la cautelar que frenaba la reforma laboral y restableció la vigencia de 83 artículos

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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió modificar el efecto concedido al recurso de apelación presentado por el Estado nacional en la causa que discute la reforma laboral y dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de una parte significativa de la ley. La decisión fue adoptada por la Sala VIII del tribunal, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino.

La resolución se dictó en el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, en trámite ante el Juzgado N° 63, y revisa el alcance del recurso interpuesto por el Estado contra la medida cautelar innovativa dictada el 30 de marzo. En ese antecedente, el juez Enrique Ojeda había hecho lugar al planteo de la Confederación General del Trabajo y suspendido la vigencia de una cantidad relevante de artículos de la Ley 27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de ese mes.

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Según surge de la resolución de Cámara, el Estado había apelado esa decisión y el recurso fue concedido el 7 de abril “en relación y con efecto devolutivo”, lo que implicaba que la cautelar seguía vigente durante la tramitación de la apelación. Frente a ese encuadre, el Estado se presentó en queja para que se modificara el efecto del recurso y se le otorgara carácter suspensivo.

El comunicado que posteó Sandra Pettovello para difundir que la Cámara Laboral validó la Reforma Laboral (X)

La Sala VIII hizo lugar a ese planteo y fundó su decisión en lo dispuesto por el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Esa norma establece que cuando una cautelar suspende, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo que se verifiquen supuestos excepcionales vinculados a la tutela de derechos especialmente protegidos.

En ese sentido, los jueces sostuvieron que, prima facie, en el caso no se encontraban configuradas esas excepciones. Destacaron además que la cautelar había suspendido la vigencia de una cantidad significativa de artículos de una ley sancionada por el Congreso, lo que activa el régimen especial previsto en la norma. Bajo ese criterio, señalaron que corresponde que sea la Cámara —en tanto tribunal colegiado— la que evalúe la confirmación o revocación de la medida, en función de la entidad institucional del acto cuestionado.

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Con ese encuadre, el tribunal resolvió “modificar la resolución del 7 de abril de 2026 y otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación deducido por el Estado Nacional”. La consecuencia inmediata es que la cautelar deja de tener efecto mientras se sustancia el trámite ante la Cámara.

Desde el punto de vista práctico, la decisión implica que los artículos de la reforma laboral que habían sido suspendidos recuperan vigencia en esta etapa del proceso. La medida cautelar, que había tenido efecto inmediato y alcance general, queda sin aplicación hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo.

La presentación original de la CGT había cuestionado una parte sustancial de la reforma laboral, con argumentos centrados en la afectación de derechos laborales y sindicales. Entre los puntos objetados se incluyeron modificaciones al régimen de indemnizaciones, cambios en las condiciones de contratación, alteraciones en la jornada laboral y disposiciones vinculadas a la representación sindical.

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El fallo de primera instancia había considerado acreditados los requisitos para dictar una medida cautelar, en particular la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo de daño irreparable, y sobre esa base dispuso la suspensión de 83 artículos de la ley.

El Estado nacional apeló esa decisión a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, donde cuestionó la procedencia de la cautelar, la legitimación de la CGT y el alcance de la resolución judicial. También sostuvo que no existía un caso concreto que justificara la suspensión de una norma de carácter general sancionada por el Congreso.

Además de la apelación, el Gobierno presentó un recurso extraordinario por “per saltum” ante la Corte Suprema, con el objetivo de que se revise la suspensión de la reforma laboral.

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La Ley 27.802 forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno en materia económica y laboral. El Ejecutivo sostiene que introduce cambios destinados a modificar el funcionamiento del mercado de trabajo, con el objetivo de reducir la litigiosidad y promover la formalización del empleo.

En resumen, la intervención se inscribe en la estrategia judicial del Gobierno, con participación del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques. En tanto, desde el sector sindical, la norma es cuestionada por considerar que implica una reducción de derechos laborales y una alteración del sistema de protección vigente.

Con la decisión de la Cámara, el expediente continúa su trámite en una nueva etapa. El tribunal deberá analizar los planteos de fondo formulados por las partes y definir si corresponde confirmar o revocar la medida cautelar en función de los argumentos jurídicos presentados.

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Hasta tanto se produzca esa definición, la reforma laboral se mantiene vigente en los términos establecidos por la ley. La discusión judicial sigue en curso y no se descarta su eventual tratamiento por la Corte Suprema en instancias posteriores.

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La incomodidad en el Gabinete por la diferenciación de Bullrich y la hipótesis que reaviva la interna

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El caso del desmarcamiento de Patricia Bullrich de decisiones tomadas por Javier y Karina Milei incomoda sobremanera al Gabinete. Mientras todos se alinean con las políticas del Presidente y su hermana y evitan todo tipo de cuestionamiento en público, observan impávidos cómo la titular del bloque de Senadores continúa intacta y sin reproches de la cúpula del Gobierno.

“Acá es saludo uno, saludo dos”, dicen en el equipo de los ministros, donde apenas hablan públicamente por temor a represalias de la Secretaria General. Y, si se expresan por lo bajo, tienen extremos cuidados de que no se note.

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Por caso, según revelaron a Infobae, hubo una decisión generalizada de los más altos funcionarios de evitar presentar sus respectivas Declaraciones Juradas antes de que lo haga el cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sobre todo después de que Bullrich no tuviera ese cuidado y la pusiera a disposición de la OA antes que nadie, hace dos semanas.

No hubo una bajada clara de parte de Karina Milei en ese sentido, pero en las carteras aplicaron un viejo dicho para ilustrar la medida preventiva: “A buen entendedor, pocas palabras”. “Ni se nos ocurriría”, dijeron en una de las carteras de mejor relación con el Presidente y su hermana. Nadie quería quedar “pegado” a un desmarque del Gobierno.

La mesa política: Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt

En LLA trataron restarle relevancia a la jugada: dijeron que la senadora “siempre adelanta sus presentaciones”. Pero en privado empezaron a sospechar de las intenciones. Y en algunos días en el grupo de karinistas pasaron de la sorpresa al enojo por las diferenciaciones de Bullrich. Mientras, en el PRO, quienes mejor la conocen deslizaron a este medio que no tienen dudas de que son señales de que “está haciendo su propio juego”.

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En el Gabinete, del lado de Santiago Caputo (que no tiene el cargo de ministro pero funciona como tal y en algunos casos, por encima), responsabilizaron al “equipo Rocket” por la jugada que desembocó en la “objeción de conciencia” de Bullrich. Así llaman despectivamente al grupo político que responde de Martín Menem. Están convencidos de que de parte ese sector, que responde a Karina Milei, hubo una “mala praxis”. Que enviaron el pliego de la jueza Verónica Michelli por error, sin tener en cuenta que el Presidente no la aprobaría. Y después quisieron “usar” a Patricia Bullrich para retirarlo.

Patricia Bullrich en el Senado (Comunicación Senado)

Con malestar, también recordaron que se habían producido ruidos con los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, supuestamente ligados a la AFA, y deslizaron que “los mismos que los enviaron ahora plantean que no avancen en el Senado”. Apuntaron hacia el área del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que llegó a ese lugar con el aval y la protección de la hermana del Presidente.

Casualmente, o no, ayer no se hizo, como es habitual, la reunión de la mesa política que lidera Karina Milei y de la que participa desde el año pasado Patricia Bullrich. Mientras, Martín Menem admitió que existe una interna en el Gobierno, aunque para bajarle el tono: “Yo no creo que le cambie la vida a nadie, son cosas normales que pasan en todos los gobiernos, nadie está pensando en eso cuando está yendo a laburar, cuando tiene que producir”, sostuvo en el encuentro de ayer del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

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Como en el Gabinete, una sensación de descontento corrió ayer también por el bloque libertario. Inquietos, algunos alfiles mileístas en la Cámara alta deslizaron que podrían ellos mismos alegar objeción de conciencia con otros temas.

María Verónica Michelli

Mientras tanto, Milei, frenético usuario de X, hizo caso omiso del mensaje a través del cual Patricia Bullrich, el lunes, ventiló su objeción contra el retiro del pliego de Michelli y provocó un tembladeral político en el Gobierno. Pero en la Casa Rosada confirmaron a este medio que no le aceptó la dimisión de la presidencia de la Cámara.

“Es de persona de bien presentar la renuncia”, dijeron por lo bajo en el entorno de la ex PRO. Mientras aumentan los rumores de que tiene planes de ser nuevamente candidata a presidenta el año que viene, o en 2031, ella lo niega en privado y en público (la semana pasada escribió que tal versión era una “fake news”, una noticia falsa).

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También en el círculo bullrichista deslizaron que con el primer mandatario “hablaron de otros temas”, una muestra de que la legisladora permanecerá en su lugar.

Ayer, Bullrich participó de un evento sobre ciberseguridad en Mendoza. Horas antes, una funcionaria que había llegado al ministerio de Salud de su mano, Mara Reynoso, del área de Salud Sexual, se sumaba a la lista de funcionarios de su órbita que dejan el Gobierno. La semana pasada le había tocado el turno a Federico Angelini, que dejó el ministerio de Seguridad.

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El juez Mahiques denuncia una “persecución mediática” y pide sancionar a fuentes judiciales que informen a periodistas

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El juez Carlos Mahiques, integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, presentó una nota formal en la que denunció un proceso de “acoso mediático” contra los integrantes del Poder Judicial y pidió aplicar “sanciones éticas” por el intercambio de información entre magistrados y comunicadores.

En un documento dirigido al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, el padre del ministro de Justicia de Javier Milei, Juan Bautista Mahiques, repudió lo que llamó una “incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes”.

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El juez, a quien recientemente el Senado le dio acuerdo para continuar en el cargo más allá del tope de los 75 años de edad, sostuvo que el resguardo de una información pública “recta y objetiva” es una exigencia republicana que se está viendo vulnerada por un tratamiento mediático que privilegia el impacto emocional por sobre el análisis fáctico.

En su alegato, puntualizó que los temas judiciales han sido objeto de “innumerables comentarios, artículos o editoriales en portales digitales y -con particular virulencia en la grilla televisiva y on line de la empresa S.A. La Nación+-”.

Denunció que un grupo de comunicadores, a los que calificó peyorativamente como “epígonos”, se dedican a deslizar sospechas y afirmar falsedades sobre los magistrados. Mahiques acusó a estos sectores de aludir a los jueces —incluyéndose a sí mismo— “con términos y calificaciones pretendidamente sarcásticas o caricaturescas cuando no decididamente injuriosas”.

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Mahiques, en el SenadoSoledad Aznarez

Para el magistrado, no se trata de hechos aislados, sino de un patrón de hostilidad protagonizado por lo que llama “nuevos sicofantes” que montan operaciones contra el Poder Judicial. Mahiques advierte que estos ataques tienen un “efecto corrosivo ocasionado a la imagen, la dignidad y la legitimidad de la Justicia como un poder del Estado”.

Advirtió que analiza tomar medidas legales en lo que respecta a lo que se escribe o dice sobre él: “De mi parte habré de evaluar si ese hostigamiento pretendidamente informativo, por su encono y sesgo descalificador, tiene relevancia en el ámbito civil o penal como merecedor de reparación o de sanción a sus responsables físicos o jurídicos”.

Se declaró víctima de desprotección: “Los jueces y funcionarios, Sr. Presidente, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de ‘preservación de las fuentes’”.

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Mahiques, de 75 años, fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires en la gestión de María Eugenia Vidal. Renunció después de seis meses. Fue nombrado camarista en la Casación ordinaria (tribunal que trata delitos comunes, como homicidios y robos) y desde allí fue trasladado, con la firma de Mauricio Macri, a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.

Carlos Mahiques con su hijo Juan Bautista, actual ministro de JusticiaRodriguez Yebra, Martin (Secretario de Política)

Mahiques fue uno de los magistrados que quedó envuelto en el caso Lago Escondido, en 2022, por un viaje que hicieron con empresarios y lobbistas a la estancia de Joe Lewis, en la Patagonia, y por la difusión de presuntos chats que daban cuenta de cómo los integrantes de ese viaje intentaron que los detalles de la invitación no trascendieran. Estuvo imputado -junto con su hijo que hoy es ministro- cuando la causa estaba en el Sur, pero luego el caso pasó a los tribunales de Comodoro Py y todos los acusados fueron sobreseídos sin que la fiscalía apelara.

En febrero pasado, su nombre quedó asociado a las investigaciones de la AFA, cuando reveló que había celebrado su último cumpleaños en la quinta de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la federación de fútbol. Su hijo, exfiscal general porteño, juró como ministro de Justicia en marzo y en una de sus primeras medidas envió al Senado el pliego para que su padre siga en el cargo cinco años más (lo que fue aprobado el 19 de mayo).

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Medidas drásticas

Ratificado en su función, el juez Mahiques propuso medidas institucionales drásticas para blindar al Poder Judicial frente al discurso mediático. En primer lugar, sugirió la “instalación de una vocería u organismo de prensa que sistematice desde el mismo tribunal la difusión en tiempo y forma” de las sentencias, con la intención de que la ciudadanía reciba información de una “fuente rigurosa, confiable y oficial”.

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Pero la propuesta más llamativa que enunció apunta a regular los vínculos personales entre los actores del sistema judicial y el periodismo. Mahiques instó a incorporar normas deontológicas a los reglamentos que regulen estas relaciones y que se sancione éticamente como una “grave falta el intercambio de información o de ‘favores’ que luego son utilizados por el periodismo como ‘fuentes judiciales’ no revelables”.

El magistrado describió el vínculo actual como una “promiscuidad informativa” y un “periodismo oportunista y mercenario” que debe ser enfrentado por un interlocutor judicial formado que “desmonte el fácil argumento de ‘buenos y malos’, la intolerancia maniquea y extrema, y que desenmascare a los inquisidores morales de doble estándar”.

En el cierre de la resolución citó al juez italiano Giovanni Falcone (asesinado en 1992 en un atentado explosivo de la Cosa Nostra): advierte sobre la aplicación de una “lógica mafiosa” por parte de los poderosos que buscan condicionar a la Justicia para obtener resoluciones favorables a sus intereses. Según la nota, el método consiste en un proceso de degradación pública: “Primero los ensucian, luego los aíslan, y finalmente los matan”.

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El 23 de mayo de 1992 es asesinado con un coche bomba el investigador antimafia Giovanni FalconeBruno Mosconi – AP

Mahiques concluye que, en el caso de los medios de comunicación, este ataque representa una “muerte lenta por desgaste personal y erosión simbólica” de los jueces. Por ello, considera urgente “re-institucionalizar el debate entre los jueces y los medios” y hallar un modo de “mesurar la desmesura” antes de que el Poder Judicial sea reducido a un simple “servidor del discurso mediático”.




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Javier y Karina Milei evitarán escalar la interna con Patricia Bullrich tras los cruces por el pliego de una jueza

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El Gobierno mira con desconfianza los últimos desmarques de Patricia Bullrich, pero evita escalar la tensión con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. En la Casa Rosada reconocen que no cayeron bien sus pronunciamientos públicos contra decisiones o estrategias oficiales, aunque por ahora buscan encuadrarlos como diferencias puntuales dentro del oficialismo.

En el entorno de Karina Milei buscan bajarle el tono a la discusión y transmitir que las diferencias de Bullrich no ponen en riesgo la coordinación general de la gestión. La lectura que hacen cerca de la Secretaria General de la Presidencia es que el oficialismo reúne dirigentes con “trayectorias y criterios propios”, y que ya hubo otros episodios de disidencias públicas sin que eso derivara en una ruptura. Aun así, admiten que sus cuestionamientos generan incomodidad cuando aparecen sobre temas sensibles para la mesa chica.

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El último episodio se dio por el retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. Bullrich adelantó que no acompañará la decisión del Poder Ejecutivo en el Senado y sostuvo que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia”. En el oficialismo intentan bajarle el tono, pero admiten que la postura complica la estrategia parlamentaria para convalidar el retiro de la postulación.

La decisión de Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, de retirar el pliego de Michelli se produjo después de que en el oficialismo objetaran su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon. La postulación ya había avanzado en la Comisión de Acuerdos y reunía firmas para obtener dictamen, de forma que el giro del oficialismo abrió una disputa institucional y política dentro del Senado.

Verónica Michelli durante la audiencia pública en el Senado (Foto: Senado de la Nación).

El caso vuelve a exponer la incomodidad de Bullrich con algunas decisiones de la mesa chica. Semanas atrás, la senadora también se diferenció del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al reclamarle públicamente que presentara “de inmediato” su declaración jurada patrimonial para despejar las dudas sobre su situación judicial. Luego, ella misma adelantó la presentación de la suya ante el Senado y la Oficina Anticorrupción, en un movimiento que fue leído puertas adentro como una forma de marcarle el paso al ministro coordinador.

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A diferencia de lo que ocurrió con Adorni, en Balcarce 50 evitan apuntar contra Bullrich en esta ocasión. Cerca de Karina Milei reconocen que sus intervenciones públicas generan ruido, pero sostienen que no hay una decisión de abrir una confrontación directa. La exministra conserva peso propio, conducción parlamentaria en el Senado y una base política que el oficialismo todavía necesita para ordenar parte de la agenda legislativa.

Leé también: El Gobierno avanza con una reforma de la Ley de Semillas y prepara una resolución para reforzar controles

La relación, sin embargo, viene atravesada por meses de cortocircuitos. Hubo fuertes cruces entre emisarios de la secretaria general de la Presidencia y la jefa de la bancada libertaria por el manejo del Senado, la exposición pública de las diferencias y la disputa por espacios de influencia dentro del Ejecutivo. En ese marco también se produjo la salida de Federico Angelini, dirigente cercano a Bullrich que ocupaba la Subsecretaría de Intervención Federal en Seguridad.

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La renuncia de Angelini fue leída en el oficialismo como parte de la reconfiguración del área de Seguridad bajo la ministra Alejandra Monteoliva. El exfuncionario tenía incidencia en temas vinculados al narcotráfico, el Plan Bandera y el control de fronteras. Su salida dejó a Bullrich con menos presencia en una cartera que había sido su principal base de poder durante la primera etapa del Gobierno.

El caso de Michelli vuelve a exponer la incomodidad de Bullrich con algunas decisiones de la mesa chica (Foto: Casa Rosada).
El caso de Michelli vuelve a exponer la incomodidad de Bullrich con algunas decisiones de la mesa chica (Foto: Casa Rosada).

La nueva diferencia por los pliegos judiciales se suma además a la disputa por la órbita de Justicia entre Karina Milei y Santiago Caputo. Esa tensión se profundizó tras la salida de Sebastián Amerio y el desembarco de Juan Bautista Mahiques en el ministerio. Desde entonces, varias decisiones vinculadas a Comodoro Py, al envío de pliegos y a la estrategia judicial quedaron atravesadas por la interna entre ambos sectores.

El conflicto se refleja en los movimientos del Ejecutivo sobre las nominaciones judiciales. La Casa Rosada busca avanzar con una nueva tanda de pliegos en el Senado, pero el caso Michelli expuso idas y vueltas en el proceso de selección, validación política y tratamiento parlamentario. Para un sector del oficialismo, el episodio muestra problemas de coordinación interna; para otro, es una decisión política necesaria para evitar costos futuros.

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La misma disputa impacta en la reforma del Código Penal, que sigue trabada por diferencias políticas y técnicas dentro del Gobierno. En el entorno de Santiago Caputo sostienen que el texto permanece demorado en Justicia, mientras que en los equipos vinculados a Mahiques aseguran que todavía terminan de definir la redacción final. El borrador ya fue y volvió de Legal y Técnica en reiteradas ocasiones por observaciones sobre el contenido.

La Casa Rosada intenta administrar estos frentes sin sumar otro foco de conflicto público. En Nación creen que una pelea abierta con Bullrich podría debilitar al bloque oficialista en el Senado justo cuando el Gobierno necesita votos para pliegos judiciales, reformas económicas, proyectos de seguridad y eventuales acuerdos con aliados. Por eso, el mensaje oficial es de contención: diferencias sí, ruptura no.

Gobierno, Patricia Bullrich

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