El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces se reanuda este lunes ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 con la continuación de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de Los Sauces. En la última audiencia, el fiscal Diego Velasco expuso la hipótesis de la fiscalía sobre el circuito de dinero que, según la acusación, fluía desde empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo hacia la familia Kirchner a través de contratos de alquiler con la inmobiliaria.

A partir del jueves siguiente está previsto que se habilite la causa Hotesur.

La Fiscalía calificó el esquema como una “compleja maniobra delictiva” mediante la cual, a su criterio, los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner habrían montado una matriz de corrupción para enriquecer de forma ilegítima a empresarios vinculados y a la propia familia. En Los Sauces, la acusación investiga lavado de activos a través de una estructura inmobiliaria y hotelera que, según el planteo, utilizaba alquileres para dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito.

El mecanismo descrito apunta a que los Kirchner beneficiaron a empresas de Báez y del Grupo Indalo con contratos del Estado Nacional y que parte de ese dinero retornaba a la familia mediante Los Sauces, constituida por los expresidentes y su hijo Máximo. Con esos fondos, la inmobiliaria adquirió propiedades, hoteles y terrenos que luego se pusieron a disposición de las mismas empresas a través de contratos de alquiler.

“De esta forma, el dinero proveniente de las empresas de los grupos económicos era recibido mensualmente como ‘dinero limpio’ en concepto de canon locativo a los expresidentes y a sus hijos, quienes luego podían declararlo ante el Fisco y ante la Oficina Anticorrupción como dinero legítimamente obtenido”, señaló la Fiscalía.

El desvío de fondo a través de Los Sauces

Según el requerimiento, el 88% de la facturación de Los Sauces correspondía a sus “empresarios amigos”: un 65% provenía de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia (Grupo Indalo) y un 23% del Grupo Báez, a través de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, y Valle Mitre.

Entre 2009 y 2016, Los Sauces facturó a estos grupos $25.968.042,30 en alquileres de propiedades y hoteles, calificados en la acusación como “innecesarios” o por encima de valores de mercado. En ese período, el patrimonio neto de la inmobiliaria se incrementó más de un 12.000%, de $100.000 a $12.122.430,26.

La Fiscalía ubicó el origen de los fondos en dos vertientes: para Báez, dinero de “la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz”, en el marco de la causa Vialidad; para López y De Sousa, fondos obtenidos por dádivas en contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos.

El Gobierno nacional formalizó la designación de Walter Fabián Agüero como director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), el organismo creado para coordinar las políticas de protección del ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información y los activos digitales estratégicos del Estado.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1313/2026, publicado en el Boletín Oficial. El texto del decreto no establece una fecha para la asunción de Agüero ni informa modificaciones en las demás autoridades del organismo.

El decreto de creación del Centro Nacional de Ciberseguridad estableció una conducción integrada por un director ejecutivo, con rango y jerarquía de subsecretario, y un subdirector ejecutivo, con rango de director nacional. Ambos cargos deben ser designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

La creación del CNC definió un campo de acción amplio para el organismo. Según la norma constitutiva, su misión abarca la planificación, ejecución y supervisión de programas y acciones vinculadas con la ciberseguridad.

Entre los bienes y sistemas que deberán ser protegidos se encuentran el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos que pertenecen al Estado nacional y las herramientas tecnológicas que se utilizan para prestar servicios públicos esenciales.

Agüero cuenta con antecedentes académicos y de investigación vinculados con la seguridad informática. En 2019 publicó junto con Mercedes Carolina Vallejo el trabajo Integrando estrategias de ciberdefensa mediante una propuesta de trabajo, editado por la Universidad de la Defensa Nacional, sobre la protección de infraestructuras frente a ataques cibernéticos.

Además, la Universidad Siglo 21 lo identifica como docente, investigador y director de un proyecto dedicado a la detección de ataques de denegación de servicio distribuido —conocidos como DDoS— mediante inteligencia artificial en redes definidas por software.

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Agüero reemplaza a Waissbein en la conducción del CNC

La designación de Walter Fabián Agüero como director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) supone un relevo en la conducción del organismo. Hasta ahora, el cargo estaba ocupado por Ariel Waissbein, quien había sido nombrado en febrero de 2026 mediante el Decreto 92/2026, pocos meses después de la creación de la entidad.

Waissbein estuvo al frente de la primera etapa operativa del CNC. Durante su gestión, el organismo avanzó en una agenda destinada a reforzar la protección de los sistemas estatales y de las infraestructuras consideradas críticas, entre ellas las vinculadas con energía, salud, telecomunicaciones y servicios digitales.

También había anticipado la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad nacional para centralizar alertas sobre incidentes y mejorar el intercambio de información entre las dependencias públicas.

La puesta en marcha del CNC formó parte de una reorganización del esquema estatal en la materia. El Gobierno separó las funciones de ciberseguridad de las tareas de ciberinteligencia: el centro quedó a cargo de la prevención, coordinación y respuesta ante riesgos que afectan a sistemas, datos y servicios esenciales, mientras que la anterior Agencia Federal de Ciberseguridad pasó a llamarse Agencia Federal de Ciberinteligencia y quedó bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

La entidad funciona como organismo descentralizado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, actualmente dependiente de la Vicejefatura de Gabinete. El decreto de su nombramiento no detalla si continuará con los programas anunciados durante la gestión anterior ni si habrá cambios en las prioridades del organismo.

Ariel Waissbein,Inteligencia Artificial,IA,CIberseguridad

El posible desdoblamiento de las elecciones provinciales incorporó una nueva variable a la disputa por el liderazgo del peronismo para 2027. La posibilidad de que algunos distritos elijan gobernador antes de la presidencial podría modificar las relaciones de fuerza dentro del PJ y fortalecer la capacidad de negociación de quienes consigan victorias territoriales, mientras las principales facciones del partido mantienen diferencias sobre las candidaturas y el mecanismo para definirlas.

La discusión adquiere especial importancia en Buenos Aires y San Juan, donde las decisiones sobre el calendario todavía están pendientes. Axel Kicillof evalúa volver a separar los comicios bonaerenses, mientras Sergio Uñac apuesta a que Marcelo Orrego haga lo mismo en San Juan.

Aunque ambos buscan fortalecer su proyección nacional, sus necesidades políticas son diferentes. El gobernador bonaerense debe resolver su sucesión sin perder influencia en el principal distrito electoral del país y el exmandatario sanjuanino pretende recuperar una gobernación que el peronismo perdió en 2023.

La interna bonaerense condiciona la estrategia electoral

Kicillof necesita acordar las condiciones de su sucesión y la conformación de las listas, mientras La Cámpora busca conservar su influencia en esas definiciones. Las diferencias también alcanzan al mecanismo para elegir candidatos, en momentos en que el gobernador intenta consolidar su proyección presidencial.

La tensión se profundizó después de que Kicillof planteara ante más de 20 intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) la posibilidad de competir en internas, incluso frente a Cristina Kirchner o Sergio Massa. La posición provocó cuestionamientos del camporismo. El senador provincial Emmanuel González Santalla recordó que fue la expresidenta quien impulsó su candidatura a gobernador en 2019, mientras que el diputado Facundo Tignanelli también salió a criticarlo.

Con ese conflicto todavía abierto, el gobernador convocó para este miércoles, a las 17, al Consejo Provincial del PJ en La Plata. La reunión deberá avanzar en la convocatoria al Congreso partidario, que presidirá Máximo Kirchner según el acuerdo alcanzado en febrero, y abordar las definiciones pendientes sobre la Junta Electoral. Esas instancias tendrán intervención en las decisiones partidarias y electorales que el peronismo deberá resolver antes de 2027.

En paralelo, Kicillof acelera el despliegue del MDF en todo el país y suma dirigentes que lo pueden acercar a un electorado más esquivo, como Juan Grabois, y sigue su recorrido por el interior del país. La negociación también involucra a los intendentes, que reclaman modificar la ley que limita sus reelecciones. La iniciativa todavía no reúne los acuerdos necesarios en la Legislatura y suma otra diferencia entre los sectores que deberán negociar, tanto la sucesión bonaerense como el armado nacional.

La disputa por el liderazgo del peronismo también está condicionada por la situación judicial de Cristina Kirchner. Pese a su inhabilitación para ejercer cargos públicos, el kirchnerismo no resigna la posibilidad de que vuelva a competir por la Presidencia, una posición que Máximo Kirchner ratificó públicamente y que mantiene abierta la discusión sobre el papel de la expresidenta en el armado electoral de 2027.

En ese escenario, La Cámpora sigue de cerca el trámite iniciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y espera que antes de fin de año haya una respuesta sobre la medida cautelar solicitada para suspender la inhabilitación. El organismo advirtió que el análisis de la cuestión de fondo podría demorar varios años, pero esa demora no implica necesariamente el mismo plazo para resolver el pedido cautelar.

Las elecciones provinciales y el peso de los gobernadores

La posibilidad de que San Juan vote antes de las elecciones nacionales tiene una importancia particular para Uñac, que busca recuperar la gobernación mientras trabaja en su proyección presidencial. Una victoria provincial anticipada no es una condición indispensable para sostener sus aspiraciones presidenciales, pero le permitiría llegar a la discusión por las candidaturas del PJ con mayor respaldo territorial. La decisión sobre el calendario, sin embargo, depende de Orrego.

Por eso su proyección nacional se apoya además en su actividad fuera de San Juan. Este lunes viajará a La Rioja, donde Ricardo Quintela también busca ordenar su sucesión sin perder influencia en las negociaciones nacionales. En Buenos Aires, Uñac abrió una oficina política en Rivadavia y Ayacucho, cerca del Congreso, desde donde organiza parte de su actividad y reúne a sus equipos de campaña.

Pero mientras desarrolla esa agenda nacional, todavía debe resolver quién encabezará la propuesta del peronismo para recuperar San Juan. Entre los dirigentes que impulsa para disputar la gobernación están los diputados nacionales Cristian Andino y Jorge Chica, cuyas posibilidades analizará con mediciones electorales. La definición provincial forma parte de una estrategia más amplia, en la que el resultado de los comicios sanjuaninos podría incidir en su posición dentro del armado presidencial.

El calendario plantea también escenarios diversos en otros distritos. Tucumán, gobernada por Osvaldo Jaldo, votará el 9 de mayo, mientras Santa Fe celebrará sus elecciones generales el 13 de junio, en medio de las negociaciones del peronismo provincial para intentar superar sus divisiones. Catamarca, en cambio, mantendrá la simultaneidad con la elección presidencial por decisión de Raúl Jalil.

En el armado nacional también miran cómo se mueven dirigentes que conservan autonomía respecto de las principales conducciones del PJ. En Córdoba, Martín Llaryora mantiene su construcción provincial, mientras Miguel Ángel Pichetto busca sumar dirigentes alejados del peronismo. Gerardo Zamora, exgobernador de Santiago del Estero, es mencionado entre las alternativas presidenciales.

La diversidad de posiciones entre los dirigentes provinciales también forma parte de las negociaciones de Sergio Massa, que mantiene contactos frecuentes con gobernadores peronistas, Cristina Kirchner y dirigentes territoriales y busca ampliar los acuerdos para lograr la unidad del PJ. Aunque sostiene su papel de articulador, el líder del Frente Renovador deja correr las versiones sobre su eventual candidatura presidencial y, al mismo tiempo, fortalece sus vínculos construidos durante años con dirigentes del Partido Demócrata estadounidense.

Elecciones 2027, Peronismo, PJ