El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) hizo una fuerte defensa de la existencia de un estatuto del periodismo, como herramienta para evitar una aumento de la vulnerabilidad que, según plantearon sus autoridades, prevalece en el ejercicio de la profesión. Ante una comisión del Senado, las autoridades del colectivo periodístico abogaron por la sanción de un nuevo estatuto, ante la derogación del que estaba vigente, definida al aprobarse el proyecto de modernización laboral del gobierno del presidente Javier Milei.

Claudio Jacquelin, vicepresidente de Fopea y columnista de , planteó ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado que el periodismo se ejerce en “un marco de absoluta vulnerabilidad”. Y subrayó: “La ausencia de una ley específica, como el estatuto, dejaría en una condición de aún mayor vulnerabilidad al ejercicio periodístico, que es una institución fundamental de la democracia, como lo reconocen tratados a los que adscribe la Argentina y están vigentes, así como pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

Jacquelin también puntualizó el rechazo de Fopea a la colegiación del periodismo (una iniciativa que propuso el Gobierno) y, en paralelo, volvió a argumentar a favor de la vigencia de un estatuto periodístico. “La existencia de un marco legal nacional garantizaría el ejercicio de la profesión en todo el país, teniendo en cuenta las particularidades de un país como la Argentina y las fragilidades con las que se desarrolla el ejercicio profesional a lo largo y ancho del país. Es imprescindible contar con una ley nacional que dé marco y garantía para ese ejercicio esencial a la democracia”, subrayó. El estatuto del periodista fue derogado por la ley de reforma laboral y dejará de regir en enero de 2027.

Entre otros puntos relevantes de protección de la tarea periodística, Jacquelin sostuvo que se debe “contar con un marco de respeto a la libertad de conciencia para el ejercicio de la profesión”, en un contexto de “estigmatización, acoso y ataque a la libertad de prensa”.

El vicepresidente de Fopea, además, abogó por el establecimiento de un “blindaje ante la vigilancia”. Señaló que se trata de “situaciones que, por avances tecnológicos y falta de acción de protección de parte de la Justicia y el Estado, se ven cada vez con mayor frecuencia”. También defendió la “autonomía de códigos de ética”.

En la comisión, presidida por la senadora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal), también se escucharon los planteos del presidente de Fopea, Fernando Stanich, y de la secretaria del foro, Paula Moreno. El encuentro se desarrolló en el Salón Illia.

Stanich rechazó que la vigencia de un estatuto signifique defender privilegios; por el contrario, consideró que implica la preservación de un “escudo democrático” que garantiza la circulación de información de interés público sin presiones políticas ni económicas. Aportó cifras del Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea, que marcan que, en 2025, hubo un récord de agresiones a periodistas (278 casos), con el que se superó el pico anterior, en 2013 (193 hechos).

Moreno, a su turno, identificó los ejes “El periodista y el derecho a la información”, “Independencia profesional y compromiso ético”, y “Entorno digital e Inteligencia Artificial” como los puntos que estructuran los lineamientos de Fopea. “Si cae el estatuto, no solo pierde el periodista; pierde la sociedad la posibilidad de acceder a información veraz y confiable”, dijo Fopea tras la intervención de sus autoridades en la Cámara alta.

El proyecto de ley que modifica el régimen de Zonas Frías dio este miércoles un nuevo paso en el Congreso, luego de que un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzó a firmar dictamen con la intención de dejar la iniciativa en condiciones de ser tratada en el recinto en la próxima sesión de la Cámara alta.

La propuesta, impulsada por el Poder Ejecutivo bajo el nombre de “Medidas Energéticas”, que había recibido media sanción de la Cámara de Diputados en mayo último, modifica el régimen vigente de subsidios al consumo residencial de gas natural.

Según afirmó la senadora Flavia Royón (Primero los Salteños), presidenta de la Comisión de Minería, la iniciativa obtuvo dictamen tal cual fue aprobada por Diputados, por lo que estaría en condiciones de convertirse en ley si el Senado lo aprueba sin incluirle cambios. De lo contrario, deberá volver en segunda revisión a la Cámara baja.

La firma del despacho se produjo al término de una reunión de la que participó la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, quien defendió la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y justificó los cambios en el exceso cometido por las administraciones kirchneristas al extender el subsidio al consumo de gas a amplios sectores de la población con fines electoralistas.

“Fue claramente una ley que buscó tener votos para las elecciones, pero que no tenía ninguna racionalidad con un esquema de subsidios que tiene que ayudar a las zonas y a las familias que realmente lo necesitan”, afirmó la funcionaria en alusión a la norma sancionada en 2021 por impulso de Máximo Kirchner.

En ese sentido, Tettamanti dijo que “el Gobierno quiere que haya energía, y eso se logra con competencia”, tras lo cual admitió que “hay un segmento de la población que tiene dificultades para el pago de las facturas”, pero volvió a la carga con la idea de que “tiene que haber subsidios para las familias que tienen problemas para pagarlo, no puede haber subsidios generalizados”.

Con el kirchnerismo ausente en el debate, la única voz peronista crítica al proyecto fue la del puntano Fernando Salino, quien se quejó por la pérdida de subsidios que sufrirán amplios sectores de la provincia de San Luis en caso de aprobarse el nuevo régimen.

“En mi provincia se va a incrementar el 55% la tarifa del gas”, afirmó Salino, tras lo cual precisó que con el esquema que propone el Poder Ejecutivo, “en San Luis se perjudican casi 300 mil personas”.

También se quejó el provincial santacruceño José María Carambia, quien calificó la iniciativa como “una forma alternativa de aumentar tarifas” y cuestionó las amplias facilidades que le otorga al Poder Ejecutivo para, dijo, “subir tarifas cuando se le dé la gana”.

La norma en debate en el Senado viene a corregir el régimen de subsidios ampliado en 2021, que llegó a considerar como zona fría a departamentos y localidades de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

Según el proyecto, el beneficio se mantendrá para las zonas históricamente comprendidas por el régimen -las provincias de la Patagonia, Malargüe y la Puna-, mientras que en las áreas incorporadas por la reforma de 2021 el acceso quedaría limitado a hogares que acrediten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, entre ellos quienes estén comprendidos en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Otro de los puntos sensibles de la iniciativa es la modificación de la base de cálculo del descuento. El proyecto plantea que la bonificación se aplique sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, que también incluye cargos de transporte y distribución. Ese cambio fue cuestionado por sectores de la oposición y por legisladores de provincias alcanzadas por el régimen vigente, que advierten sobre un posible impacto en las boletas de los usuarios.