La Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo que obliga al Gobierno nacional a actualizar salarios y becas en las universidades públicas. El tribunal determinó que el Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada luego de más de dos años de reclamos sociales y litigios judiciales. La decisión afecta de manera directa a docentes, no docentes y estudiantes de todo el país, quienes demandaron recursos para salarios y becas.

El conflicto comenzó ante la ausencia de presupuesto específico para las universidades. La ley surgió porque el Ejecutivo funcionaba con un presupuesto prorrogado, lo que generó un vacío sobre los fondos universitarios. Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), subrayó en Infobae en Vivo que el reclamo social resultó “válido y justo”.

El fallo judicial determinó que salarios y becas tienen carácter alimentario, lo que exige su actualización inmediata. La Corte Suprema desestimó los argumentos del Gobierno y ratificó el fallo de cámara, así como la resolución de primera instancia, que ya había ordenado la recomposición.

Recorrido social y político del reclamo universitario

Cagnacci destacó el consenso social que acompañó el reclamo. “Lo que hubo es un reclamo que se tomó como válido, se tomó como justo por parte de la sociedad”, afirmó. Las movilizaciones a lo largo del país demostraron, según el dirigente, que el apoyo trascendió ideologías y partidos políticos.

El secretario general remarcó que el sistema universitario unió a autoridades, docentes, no docentes y estudiantes en una causa común. “Están todos los colores políticos, y sin embargo, en cuanto a un reclamo real, todos salimos juntos”, explicó. Señaló además que el Gobierno intentó transformar el reclamo en una disputa partidaria, pero la sociedad mantuvo su apoyo.

Durante los dos años de conflicto, el Gobierno intentó desacreditar el reclamo con argumentos sobre supuestas irregularidades. Cagnacci indicó que “no llevaron nada a la justicia”, lo que, según su visión, evidenció la falta de sustento de esas acusaciones.

Auditorías y argumentos del Gobierno

El debate público incluyó cuestionamientos sobre auditorías universitarias. Funcionarios reclamaron la posibilidad de auditar los fondos. Sin embargo, según Cagnacci, las universidades realizan auditorías internas y externas de forma habitual.

La Auditoría General de la Nación (AGN) no avanzó en las auditorías externas por falta de representantes designados por la Cámara de Diputados. “El Gobierno trababa la posibilidad de generar esas auditorías”, afirmó Cagnacci. Añadió que “en cualquier instancia que tiene que ver con el dinero público tiene que ser auditada por todos y todas”.

Obligaciones presupuestarias y costo fiscal

La ley de financiamiento universitario implicó la reasignación de partidas presupuestarias, no la creación de fondos nuevos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo de la ley en 0,23% del Producto Bruto Interno en el momento de su sanción. Cagnacci explicó que el Congreso votó la ley para subsanar la falta de presupuesto que persistió por dos años.

El reclamo no se trató de una demanda partidaria, sino de una exigencia para garantizar el funcionamiento del sistema universitario. “No era un reclamo contra el gobierno, sino un reclamo justo que tenía que ver con un proceso de no tener presupuesto”, afirmó el dirigente gremial.

El cumplimiento del fallo requiere que el jefe de gabinete reasigne los fondos necesarios para salarios y becas. “La Corte Suprema le ha dicho: queda en pie el fallo de Cámara. No hay ningún argumento jurídico para que pueda no hacerlo”, enfatizó Cagnacci.

Consecuencias del desfinanciamiento en las universidades públicas

El desfinanciamiento impactó de manera directa en el sistema universitario. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades perdieron 10 mil cargos docentes en dos años y medio. “No es solo se recupera con plata”, señaló Cagnacci. La pérdida de recursos humanos afecta la calidad educativa y la capacidad de formación.

El sector no docente, especialmente los hospitales universitarios, sufrió la salida de profesionales por el retraso salarial. Un médico residente en el Hospital de Clínicas percibía un millón doscientos mil pesos de bolsillo antes del último aumento. Cagnacci planteó la dificultad de sostener carreras profesionales en ese contexto.

El congelamiento de becas estudiantiles agravó la situación. La beca Progresar, la de mayor cobertura, permanece en treinta y cinco mil pesos, equivalentes a veintiocho mil pesos de bolsillo. “¿Qué familia puede solventar a un estudiante con ese monto?”, cuestionó Cagnacci. Remarcó que la actualización ordenada por la Corte incluye la recomposición total de esas becas.

Actualizaciones salariales y próximas medidas

El 10 de junio, las partes firmaron un acta paritaria que dispuso un aumento salarial del 24,3%, aunque Cagnacci aclaró que aún resta recomponer cerca del 30% en términos salariales. El acuerdo paritario y el fallo judicial son procesos independientes. La actualización de becas, según el dirigente, sigue pendiente.

Al mismo tiempo advirtió que el Gobierno puede utilizar parte del aumento paritario para cumplir con la obligación judicial, pero la recomposición debe alcanzar los valores de diciembre de 2023. La situación de las becas, especialmente la Progresar, exige una actualización completa.

El secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA consideró que la calidad de la democracia se mide por el cumplimiento de las decisiones judiciales. “Acá la Corte Suprema le ha dicho: queda en pie el fallo de Cámara. No hay ningún argumento jurídico para que pueda no hacerlo”, reiteró. La expectativa recae en la ejecución efectiva de la decisión de la Corte Suprema y en la recuperación del sistema universitario tras el fallo.

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educación,huelga

En los últimos días, el PRO volvió a levantar el perfil y a marcar diferencias con el Gobierno nacional. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, endureció la postura del partido fundado por Mauricio Macri, que en reiteradas oportunidades le reclamó al presidente Javier Milei que apartara al funcionario de su cargo.

Al mismo tiempo, quien fuera el principal aliado del Gobierno en los primeros dos años de gestión continúa con la estrategia de reposicionarse en el tablero político nacional, con el objetivo de llegar con mayor poder de fuego a las elecciones del 2027. Al frente de ese proceso está Macri, que desde hace meses está de gira por todo el país.

Luego de visitar el interior del país y participar días atrás de la Convención anual de la Cámara de la Construcción, el expresidente volverá a encabezar un acto en la provincia de Buenos Aires. La cita será este viernes a las 18.30, en Mar del Plata, donde se espera un gran despliegue con la presencia de los principales referentes del PRO.

El evento se hará en el complejo La Normandina y tendrá la lógica de los actos anteriores: tres paneles temáticos, identificados con las tres letras que dan nombre al partido. El primero será el “P”, que hará referencia a los principios del espacio: allí disertarán sobre la identidad y los valores del partido. Luego le seguirá el panel “R”, con foco en la realidad. Por último, el segmento más político de la jornada, el panel “O”, que hará referencia a la oportunidad que se le presenta al PRO.

Leé también: Sin quórum y con acusaciones cruzadas: cómo el Gobierno frenó la sesión en el Senado y evitó el pedido de interpelación a Adorni

Además de Macri, entre los oradores confirmados están el presidente del PRO en la provincia y jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y el senador provincial y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. También serán de la partida legisladores nacionales y provinciales, así como los intendentes.

La relación entre Macri y Milei

“Él quiso ayudar en su momento y le negaron esa colaboración”, explicó un referente de primera línea en el PRO. “No hay más relación ni diálogo entre Macri y el Ejecutivo”, sentenció otro dirigente cercano al expresidente.

Pese a que Macri supo tener una relación cercana con Milei, en el último tiempo se distanciaron. Pasaron de compartir almuerzos y cenas de milanesas a no saludarse en el último evento público que compartieron. Su último vínculo con el Gobierno fue a través del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, pero con su salida se terminó el contacto.

“No apoyamos al gobierno, lo acompañamos en el Congreso, en las leyes que consideramos que son buenas para el país y los argentinos”, aclaró otro referente del PRO respecto de la posición del partido. “Estamos apoyando una idea de cambio, un rumbo, no a un gobierno”, subrayó.

Pese a la presión sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el pedido para su salida del Ejecutivo, en el PRO no están pensando en cambiar de postura respecto del rumbo del Gobierno. “Esté Milei, o Macri, o quien sea, es este el camino correcto. No lo vamos a modificar por un irresponsable”, aseguraron.

La gira del “próximo paso”

Macri, como titular del PRO, busca que el espacio que ayudó a fundar hace 20 años recupere el protagonismo perdido. Por eso levantó el perfil y, además, se hicieron actos para recobrar la primera plana de la política.

El más grande fue en Parque Norte, con dirigentes de todo el país, y ahora la idea es llevar al PRO al interior. De alguna manera, es la continuidad de ese “próximo paso” que anunció Macri aquel mediodía de mediados de marzo.

El propio expresidente es quien lidera ese camino. Visitó Resistencia el 17 de abril para encabezar una actividad partidaria en el marco del fortalecimiento territorial del PRO a nivel nacional. Allí expresó su apoyo al Gobierno de Javier Milei, pero dejó abierta la chance de competir en 2027. “El cambio no está blindado. La única manera de no retroceder es avanzar. Y nos tenemos que preparar”, señaló.

En su discurso, el expresidente envió guiños a la gestión libertaria, al mismo tiempo que remarcó la identidad de su partido. “Nos decidimos a participar en política para llevar adelante un cambio profundo. El PRO plantó la semilla de la libertad y el cambio en la Argentina”, expresó.

El expresidente encabezó también un acto en Mendoza, como parte de la gira que lidera desde hace varios meses. Allí apuntó a la interna del Gobierno: “Los enemigos del cambio a veces están afuera pero también pueden estar adentro”.

PRO, Mauricio Macri, Provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Defensa informó que ya tiene alistado personal militar especializado que se preparó para despegar hacia Venezuela para brindar asistencia humanitaria ante la emergencia provocada por los terremotos que devastaron al país caribeño. La operación se realizó en coordinación con la Cancillería Argentina y formó parte del dispositivo que el Gobierno nacional puso a disposición para colaborar con las tareas de rescate y asistencia a la población afectada.

Según informó la cartera conducida por el teniente general Carlos Presti, el contingente contó con capacidades de búsqueda y rescate, binomios perro-guía y equipamiento específico para intervenir en zonas golpeadas por el desastre natural. El objetivo fue apoyar las tareas de localización de sobrevivientes, colaborar con los equipos que trabajaron en estructuras colapsadas y asistir a las familias damnificadas.

La información difundida este viernes actualizó el estado del operativo argentino: ya no se trató solo de una oferta de colaboración, sino de personal militar especializado que permaneció alistado y preparado para despegar hacia Venezuela. La asistencia se articuló con la Cancillería y con las áreas nacionales que intervinieron en situaciones de emergencia internacional.

El operativo argentino y los recursos ofrecidos

El despliegue previsto formó parte de la respuesta humanitaria que el presidente Javier Milei resolvió ofrecer al pueblo venezolano luego de los terremotos que sacudieron la costa norte del país. Según había informado el vocero presidencial Adrián Ravier, Venezuela atravesó “una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente”, tras dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con menos de un minuto de diferencia, que dejaron cientos de muertos, miles de desaparecidos y heridos y familias sin hogar.

Ante ese escenario, el Gobierno argentino puso a disposición un conjunto de recursos sanitarios, logísticos, militares y humanitarios. La nómina difundida por Ravier incluyó médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos, ambulancia, enfermeros y auxiliares; un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

También ofreció dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino, expertos en estructuras colapsadas, drones con operadores y cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate, con capacidad para intervenir en estructuras colapsadas, inundaciones e incendios. A ese esquema se sumó el apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

El paquete de ayuda humanitaria incluyó además 134 carpas y 48 kits de cocina, además de colchones, camillas y aires acondicionados. La administración nacional buscó que la asistencia fuera rápida, ordenada y eficaz, en coordinación entre las distintas áreas del Estado involucradas.

Coordinación militar y rol de la Armada Argentina

El ministro Presti también había anticipado que el Ministerio de Defensa mantenía alistados medios y personal de las Fuerzas Armadas para intervenir en la emergencia, en coordinación con la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y la Agencia Federal de Emergencias. En ese marco, precisó que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, bajo coordinación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, se encontraron a disposición con capacidades de búsqueda y rescate, perros, potabilización de agua, apoyo médico y medios aéreos para eventuales traslados.

La Armada Argentina tendría un rol central en la primera etapa del despliegue. Según informó el Ministerio de Defensa, estaba previsto desplegar personal especializado, binomios perro-guía y una brigada para colaborar en la localización de sobrevivientes y apoyar las tareas en las zonas afectadas. Esa capacidad resultó clave durante las primeras horas posteriores a un terremoto, cuando las tareas de búsqueda bajo escombros requirieron equipos entrenados, perros especializados y coordinación técnica con las autoridades locales.

El Gobierno destacó que las Fuerzas Armadas argentinas contaron con capacidad para operar a gran distancia y actuar en escenarios complejos. La intervención prevista en Venezuela combinó recursos de asistencia sanitaria, rescate urbano, logística aérea, potabilización de agua y apoyo a damnificados, en un contexto de emergencia regional que exigió respuesta inmediata.

Coordinación diplomática y próximos pasos

La decisión argentina tuvo además una dimensión diplomática. La coordinación con la Cancillería Argentina buscó ordenar el envío de la asistencia en función de los requerimientos del país afectado y de los canales internacionales habilitados para este tipo de emergencias. En situaciones de desastre natural, los despliegues humanitarios requirieron autorización, articulación logística y definición precisa de las capacidades que serían recibidas en el terreno.

En el mensaje difundido por el vocero presidencial, el Gobierno expresó que “la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas”, y reconoció el trabajo de quienes participaron en las tareas de rescate y protección de la población. La cartera de Defensa, en tanto, remarcó que sus hombres, mujeres y perros adiestrados se alistaron para acompañar al pueblo venezolano ante la tragedia.

Con el contingente militar ya preparado para despegar, la Casa Rosada esperó avanzar en las próximas horas con la coordinación final del operativo. La prioridad sería trasladar capacidades críticas para búsqueda y rescate, asistencia médica, apoyo logístico y abastecimiento básico en las zonas más afectadas por los terremotos.