POLITICA
Karina Milei encabeza una cumbre de LLA en la Provincia: la posible alianza del PRO y qué dijo Pareja sobre la interna
La cumbre de La Libertad Avanza en la localidad bonaerense de Suipacha busca ser un primer peldaño en la estrategia del partido de cara a las elecciones a gobernador del año próximo. El evento es impulsado por el diputado nacional y presidente provincial del partido, Sebastián Pareja, que tendrá como principal asistente al evento a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que configura un apoyo sustancial de parte de la cúpula presidencial al armado bonaerense en momentos donde su liderazgo es cuestionado por las huestes digitales del oficialismo.
La actividad central de la jornada es la presentación del Programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), extensión académica del partido que durante el último año buscó capacitar a más de 4.000 dirigentes libertarios bajo el lema “conocer para legislar”, y que ahora incorpora nuevos módulos sobre comunicación, liderazgo y transformación de los sistemas de salud y educación.
El encuentro —que comenzó a las 9 de la mañana y se extenderá hasta la tarde— tiene entre sus asistentes no solo a la hermana del Presidente, sino también a figuras como el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la directora general de EFDAP, Miriam Niveyro.
Sebastián Pareja, presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, explicó en una conferencia de prensa este mediodía que el armado político de LLA para las próximas elecciones responde a un plan estratégico definido por el presidente de la Nación. Según Pareja, la meta superior es ganar en ciudades clave de la provincia para asegurar el triunfo bonaerense, lo que consideran indispensable para la reelección presidencial. Afirmó que el desafío principal es lograr una alternativa de gobierno frente a lo que describió como una gestión deficiente del actual gobernador Axel Kicillof y un peronismo atravesado por conflictos internos.
Pareja minimizó la influencia de las tensiones internas, en particular la ausencia de referentes principales del sector conocido como Las Fuerzas del Cielo en el acto, señalando que estas diferencias no se reflejan en el trabajo territorial. Explicó que dentro del espacio conviven distintas posiciones: “Yo no tengo margen para internismos, no tengo espacio para dejar afuera a gente. Ese gusto no me lo puedo dar. Con lo cual, lo que estoy es abierto al diálogo”.
Respecto a las alianzas, Pareja aseguró que La Libertad Avanza mantiene un canal de diálogo fluido con el PRO y otros espacios como el radicalismo y el vecinalismo, en busca de una alternativa amplia al peronismo bonaerense: “El objetivo mío es ganar la provincia de Buenos Aires”.
El despliegue organizativo en Suipacha, una ciudad actualmente gobernada por el peronista Juan Luis Mancini, se produce en un clima de fuerte competencia interna y sirve como respuesta del oficialismo nacional a los recientes conflictos en las filas libertarias bonaerenses. En palabras precisas, la convocatoria abarcó “militantes y dirigentes de los 135 municipios de la Provincia, entre senadores, diputados, concejales y legisladores” con la expectativa de construir una sólida base para llegar con fuerza a las elecciones del 2027.
En la última elección nacional, La Libertad Avanza logró un 41,45% de los votos en Buenos Aires, superando al peronismo y revirtiendo la tendencia de la elección provincial, en la que se había impuesto Fuerza Patria. Este desempeño electoral sustenta el optimismo oficialista de cara a reeditar los resultados el año próximo.
La selección del candidato a gobernador para 2027 se mantiene abierta, aunque tanto Pareja como Santilli figuran entre los nombres en disputa. Santilli, quien en 2025 encabezó como referente de La Libertad Avanza la lista de diputados nacionales tras el desplazamiento de José Luis Espert, investigado por sus lazos con el narco Federico Fred Machado, y ahora se consolidó como una de las figuras de peso del armado libertario. La presencia del actual ministro del Interior en el acto partidario configura un alejamiento aún mayor del PRO, el espacio en el que actualmente está afiliado.
Hace dos semanas que quedó en evidencia la fuerte disputa intrapartidaria entre la facción alineada con Pareja y Las Fuerzas del Cielo, el sector afín al asesor presidencial Santiago Caputo. La tensión se agravó recientemente con el cruce público entre la diputada nacional Lilia Lemoine —presidenta de la comisión de Juicio Político— y el activista Daniel Parisini (“Gordo Dan”), conductor de la “Misa en el streaming Carajo”. Lemoine había instado a excluir a quienes no sostienen al grupo de Pareja.
El enfrentamiento ideológico en el espacio virtual se reflejó también en el terreno judicial. La fiscal porteña Celsa Ramírez avanzó semanas atrás con llamados a indagatoria a unos usuarios libertarios que fueron denunciados por Pareja debido a que difundieron su número de teléfono en las redes.
Durante esos días también se dio a conocer un cambio de funciones al interior de la dinámica libertaria en la Legislatura bonaerense: Agustín Romo será trasladado de la presidencia del bloque de Diputados bonaerense a la vicepresidencia segunda de la cámara; una decisión digitada desde la Casa Rosada e instrumentada por Pareja. Juanes Osaba asumió en su lugar. Aun así, esto no está formalizado y debe darse en la próxima sesión que haya en la Legislatura.
El presidente Javier Milei participa este viernes del acto por el aniversario número 32 del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el lunes 18 de julio de 1994 en la sede de la mutual, ubicada en el barrio porteño de Once, donde fueron asesinadas 85 personas.
El evento se da en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluye cierres al tránsito de las calles Pasteur, Azcuénaga y Uriburu, entre las avenidas Córdoba y Corrientes.
El mandatario, visiblemente emocionado, llegó acompañado de su hermana, Karina Milei, y uno de sus hombres de mayor confianza, Mario Suli. Con su habitual gorra negra, Suli quedó ubicado a unos pasos.
Detrás del mandatario se desplegaba una cuadra repleta de gente, que a las 9.53 escuchó la sirena que sonó, como desde hace 31 años, para marcar el comienzo del acto en reclamo de justicia. Todo bajo un silencio sepulcral y los carteles con los rostros y nombres de cada una de las 85 víctimas, la menor de ellas Sebastián Barreiro, de cinco años.
Junto al Presidente están también en el evento el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la líder del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, los ministros Mario Lugones [Salud], Alejandra Monteoliva [Seguridad] y Carlos Presti [Defensa]. A ellos se suman el embajador estadounidense Peter Lamelas, y los diputados Maximiliano Ferraro y Sabrina Ajmechet.
Otros de los asistentes son el juez Mariano Borinsky, que trató el expediente de AMIA, y el extitular del área de Derechos Humanos en tiempos macristas, Claudio Avruj.
Milei había confirmado días atrás su participación en el acto de conmemoración, sobre la calle Pasteur al 633, donde se reconstruyó la sede de la AMIA luego del ataque.
Al arribar al lugar Bullrich habló con LN+: “Es un día para recordar la tristeza y también la rebeldía frente al terrorismo. Esto está siendo juzgado y es un paso trascendental en la historia de fallidos que tuvo este juicio, se va a llegar a la verdad». Tras ello, remarcó sobre la presencia del libertario: “Es muy bueno que venga el Presidente, han venido pocos”.
Desde que asumió en Casa Rosada, en diciembre de 2023, Milei asistió a todos los actos de conmemoración. Al igual que en esas ocasiones, fue ubicado en las primeras filas, entre familiares de las víctimas y autoridades de la AMIA y de la DAIA, muy cerca del embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Seal.
El operativo de seguridad combina la presencia de miembros de distintas divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA) y Casa Militar, el órgano mixto de civiles y uniformados, que se encarga de la custodia presidencial, según pudo saber .
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The Guardian pidió que el Reino Unido reabra negociaciones con Argentina por las Malvinas: “No pueden ser británicas para siempre”
La aparición de una bandera que clamaba que “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos de la selección argentina, tras la victoria por 2 a 1 a Inglaterra en semifinales, volvió a poner sobre la mesa la discusión por la soberanía de las islas del Atlántico Sur. Aunque algunos medios internacionales tildaron el gesto de “arrogante”, el diario británico The Guardian pidió al Reino Unido que reabra las negociaciones.
“No pueden ser británicas para siempre”, planteó el periodista y columnista Simon Jenkins, luego de que ofreciera un repaso histórico sobre los territorios que alguna vez fueron colonias británicas y que, paulatinamente, dejaron de responder a la corona.
De hecho, entre los hitos más recientes mencionó el acuerdo que Reino Unido y España cerraron esta semana en torno a la soberanía de Gibraltar. Así, la disposición para eliminar el histórico enrejado no solo representó la desaparición de la frontera física, sino el fin de otra discusión diplomática que se extendió por varias décadas.
Apenas 24 horas habían transcurrido de la celebración por la firma del tratado en Bruselas, cuando el reclamo por la soberanía de Malvinas resurgió en plena celebración del Mundial 2026. “Pero, ¿será mucho esperar que una negociación similar surja producto de la semifinal de anoche?“, cuestionó el columnista del medio británico.
“Ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene el derecho eterno de permanecer como están, menos uno que le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras esterlinas en materia de defensa por año”, criticó.
Bajo el punto de vista de The Guardian, la ferviente defensa de los gobiernos británicos por el control de las islas estaría íntimamente ligada a la inyección de popularidad que la victoria en la Guerra de Malvinas (1982) le brindó a la administración encabezada por la ex primera ministra Margaret Thatcher.
De la misma manera, consideraron que las políticas de protección también estarían relacionadas “con el hecho de que los isleños, a diferencia de los residentes de Hong Kong o Diego García (islas que supieron responder al gobierno británico), eran británicos blancos”.
Sin embargo, el columnista británico desempolvó los archivos históricos para mencionar que durante la década de los ‘70 el Reino Unido se encontraba en medio de negociaciones para transferir la soberanía de las islas al gobierno argentino. Un movimiento que, en paralelo, fue impulsado por las Naciones Unidas (ONU) en los ex imperios francés, portugués y español.
Según reconstruye el artículo de The Guardian, para 1971 se había establecido un acuerdo para que los habitantes de las islas pudieran viajar hacia el territorio continental y hacer uso de los hospitales, tiendas y otros servicios. “Gradualmente, los isleños estaban formando lazos cercanos con sus vecinos costeros”, destacaron.
“La problemática no era por una cuestión histórica -un argumento eterno-, sino por un sentido común geográfico”, señaló el periodista británico respecto de la predisposición que mostraba por aquel entonces la administración del Reino Unido. La búsqueda por ahorrar dinero también impulsó esa postura, tras indicar que las islas se encontraban expuestas y sin defensas.
En este sentido, reiteró: “Para el Reino Unido, era ridículo que un estado europeo debiera destinar fondos para financiar una gran marina de guerra para defender tierras distantes y disputadas”. Sin embargo, reprochó que el atropello por parte de las fuerzas militares argentinas en 1982 no solo desató el enfrentamiento armado, sino que generó un quiebre en las negociaciones en curso.
“Tal fue la lógica de la guerra que, una vez que comenzó, requirió una ‘victoria’. Un trato podría haber salvado a cientos de vidas y miles de libras”, analizó el artículo, tras hacer mención a los esfuerzos de los Estados Unidos y Perú de que ambas naciones bajaran las armas.
A pesar de esto, el columnista de The Guardian cuestionó que “lo que la guerra de 1982 no necesitaba era que el Reino Unido congelara completamente cualquier tipo de discusión sobre la soberanía de las islas por más de 40 años”.
“La realidad es que estas colonias, inevitablemente, tarde o temprano, se convertirán en parte de sus continentes. No pueden ser protegidas indefinidamente por un patrón europeo y los reclamos argentinos no se irán a ningún lado”, señaló.
De la misma manera, Jenkins consideró que los resultados del referéndum realizado en 2013 sobre el tema, en donde 99,8% de un total de 1517 participantes votaron por permanecer anexados como parte del gobierno británico, no eran suficiente justificativo.
“Tarde o temprano, el gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de reanudar las negociaciones. Como están las cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth y el ministro de Defensa pospondrán el problema”, analizó, tras plantear que “sería gratificante si la bandera de las Malvinas exhibida durante el partido en los Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción”.
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POLITICA
La Justicia avanza contra una casa de cambio que movió millones de dólares de un secretario de Kirchner
Doce años después de iniciada la investigación, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó los procesamientos de cuatro directivos del grupo Jonestur por el delito de lavado de activos agravado mediante una estructura destinada a captar fondos de clientes, administrarlos por fuera de la actividad formal de la casa de cambio y transferirlos a sociedades en Panamá y cuentas bancarias en Andorra.
La Cámara Federal consideró que existen pruebas suficientes para sostener que los cambistas involucrados manejaron una cartera de al menos US$138 millones de sus clientes. Entre ellos, el círculo íntimo de uno de los secretarios privados de la familia Kirchner, Daniel Muñoz, que terminó por adquirir inmuebles en Miami y en el otrora hotel Plaza de Nueva York, e involucrados en maniobras de narcotráfico que formaron parte del operativo “Carbón Blanco”.
El tribunal también ordenó embargos por $10.000 millones contra cada uno de los procesados en la investigación que comenzó con una denuncia del Banco Central (BCRA) e impulsó la fiscal federal Laura Mazzaferri, titular de la Oficina de Criminalidad Económica y otros delitos complejos de Mar del Plata, con el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco.
En su resolución, la Cámara consideró acreditado que Jonestur operó como mucho más que una casa de cambio. También prestó servicios de administración patrimonial, asesoramiento financiero y gestión de carteras, y fugó fondos al exterior mediante sociedades constituidas en Panamá hacia cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Los procesamientos confirmados recayeron sobre los máximos responsables de Jonestutr -Oscar Rigano, Rubén Seret, Alfredo Blasco García y María Fernanda García Navarro-, quienes quedaron a un paso de afrontar un juicio oral “por haber tomado intervención en el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y haberse cometido de forma organizada”.
La Cámara también dictó la falta de mérito o el sobreseimiento de otros acusados -entre ellos, los directivos de Transcambio- y estimó que no hay evidencias suficientes para confirmar que integraron una asociación ilícita, tal como sostuvo el juez federal, Santiago Inchausti, al procesarlos, decisión que el Ministerio Público apelará ante la Casación Penal.
La operatoria bajo sospecha benefició, entre otros, al círculo íntimo de Daniel Muñoz, quien movió decenas de millones de dólares sin declarar. Según la investigación, su pareja, Carolina Pochetti, y uno de sus testaferros, Sergio Todisco recurrieron a esas estructuras financieras para triangular y reciclar fondos que terminaron en sociedades offshore para luego volcarse en operaciones inmobiliarias en Estados Unidos.
La causa se inició en 2014 a partir de una presentación del BCRA por posibles infracciones al Régimen Penal Cambiario atribuidas a sitios que operaban como “cuevas financieras” en la ciudad de Mar del Plata. La denuncia quedó radicada ante la justicia federal de esa ciudad e incluyó allanamientos en locales comerciales, oficinas paralelas y domicilios particulares. También se analizaron elementos tecnológicos, documentación secuestrada y registros vinculados con la operatoria financiera desplegada por el grupo investigado.
El intento de hacer caer la causa
Pronto afrontó, sin embargo, obstáculos y demoras en los tribunales, que se sumaron a los planteos de las defensas para cerrar el expediente. En ese sentido, la Cámara Federal marplatense llegó a disponer en un fallo anterior el apartamiento del juez Inchausti, el sobreseimiento de todos los imputados y el cierre de la investigación, pero la Casación revirtió la anulación y forzó la reapertura del expediente, en tanto que la Corte Suprema restableció a Inchausti al frente de la investigación judicial.
Con el expediente otra vez en sus manos, Inchausti avanzó contra los directivos de Jonestur y Transcambio en septiembre pasado. En total, procesó a 29 imputados; entre ellos, a miembros de las familias García Navarro, Ramaglio, Vattuone e Irazoqui, además de conocidos operadores financieros como Oscar Rigano, Rubén Seret y Rolando Todaro -señalado como nexo clave entre ambas organizaciones-. También, al comisario (RE) de la Policía bonaerense, Gerardo Julio Gómez, imputado por encubrimiento agravado porque omitió denunciar las maniobras.
Inchausti también libró una rogatoria internacional a Andorra para inmovilizar activos detectados en cuentas en la BPA de García Navarro, sus hijas y un conjunto de sociedades panameñas asociadas al grupo. El expediente detalla que en 2023, en Andorra, directivos de Jonestur —entre ellos Rigano y Seret— celebraron un acuerdo con el Ministerio Público del Principado, donde reconocieron delitos financieros y aceptaron multas por más de 32 millones de euros, además del decomiso de casi 8 millones de euros en comisiones ilegales. A pesar de ello, en la entidad andorrana permanecen congelados cerca de 40 millones de euros, que la Justicia argentina busca recuperar.
La investigación requirió años de escuchas telefónicas, peritajes contables, testimonios de ahorristas damnificados -muchos de ellos patrocinados por los letrados Pedro Bove, Julián Vespa y otros profesionales- y cooperación internacional. Y para Inchausti, “quedó acreditado que los fondos manejados provenían de actividades ilícitas y que ambas estructuras actuaron con vocación delictiva permanente”, configurando una de las mayores redes de intermediación financiera ilegal de las últimas décadas en Argentina.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
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