POLITICA
La parálisis de la Legislatura bonaerense traba los proyectos de Kicillof para este año y las iniciativas opositoras
Los proyectos legislativos que el gobierno de Axel Kicillof se trazó como objetivos para este año y aquellos que son apuestas para bloques de la oposición bonaerense están frenados ante la parálisis que exhibe la Legislatura provincial, en cuyas cámaras no se modificó la situación de indefinición de las autoridades e integrantes de las comisiones de trabajo y la ausencia total de sesiones ordinarias.
Desde el oficialismo provincial, uno de los proyectos truncos es el de una ley de producción pública de medicamentos. En las filas opositoras, aguardan que puedan tener tratamiento iniciativas para modificar la dinámica electoral, el funcionamiento del IOMA o debatir modificaciones judiciales vinculadas a la baja de la edad de imputabilidad.
Ni la Cámara de Diputados bonaerense ni el Senado provincial arrancaron sus sesiones ordinarias, a pesar de que la apertura del período fue el 2 de marzo. Los diputados y senadores provinciales bonaerenses realizaron solos dos sesiones en lo que va del año, ninguna de ellas de carácter ordinario.
En Diputados, se celebró una sesión extraordinaria, el 24 de febrero (en la que se creó la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía), y una sesión especial, el 18 de marzo (por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia). El Senado, en tanto, concretó una sesión preparatoria, el 27 de febrero (para definir las autoridades de la Cámara) y la sesión especial de conmemoración por los 50 años del estallido del último golpe militar (se hizo el 26 de marzo). En ninguna de las dos cámaras se avanzó con la conformación de las comisiones, en las que se deben tratar los proyectos antes de llegar a los recintos.
Con la Legislatura congelada, quedaron paralizados proyectos del gobernador Kicillof. Se trata de iniciativas que anunció en su discurso para la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el 2 de marzo pasado. Entre ellos, el proyecto de ley de producción pública de medicamentos, que el mandatario provincial caracterizó en ese discurso como necesario para “reducir costos y garantizar el acceso en toda la provincia”.
“La Legislatura está manejada por un sector que eligió jugar a ser oposición. Entraron en una lógica dañina. ¿Cómo van a armar una interna cuando el gobierno nacional está en este quilombo?”, reprochó una fuente kicillofista ante la consulta de por la falta de actividad legislativa. La disputa peronista entre Kicillof y Cristina Kirchner es uno de los motivos que traba la conformación de las comisiones legislativas.
La Cámara de Diputados bonaerense cuenta con un presupuesto para este año de $222.800.000.000; el de la de Senadores es de $156.204.115.970.
La inactividad de la Legislatura también le impide al gobernador bonaerense el tratamiento de su proyecto de ley para el personal policial y la modificación de la Ley de Seguridad Pública, ambas iniciativas que prometió en su discurso ante los diputados y senadores en la apertura de sesiones.
La oposición, por su parte, intenta impulsar cambios electorales, como la implementación de la boleta única de papel. Es una iniciativa clave para los bloques opositores, que al menos comparten La Libertad Avanza, el radicalismo y Pro, pero que tampoco registra avances concretos debido a la falta de comisiones y de sesiones. El lunes pasado, los bloques UCR+Cambio Federal y Coalición Cívica organizaron una jornada sobre la boleta única de papel, las PASO y el acceso a la información pública. A principios de abril, LLA presentó su proyecto de boleta única de papel en el Senado, iniciativa que ya había presentado en 2024. Sigue sin avanzar, al igual que los proyectos radicales y de Pro sobre la temática.
“Se modificó el Código Penal con la ley de imputabilidad en el Congreso [el 12 de febrero, se aprobó bajar la edad de imputabilidad a 14 años]. Hay un artículo de esa ley que dice que, en 180 días, todas las provincias tienen que modificar sus códigos procesales. Eso va a ser una gran discusión. Hay seis meses [de plazo]”, advirtió una fuente de Pro en la Legislatura. “Ya estamos casi en mayo, ese mes se tendría que resolver sí o sí”, agregó la fuente al referirse a la conformación de las comisiones.
Los principales bloques legislativos de oposición acumulan expedientes sin avances por la parálisis de la Legislatura. LLA tiene frenados, entre otros proyectos, varios de reducción impositiva y de modernización y reducción del Estado, según indicaron desde el espacio libertario en la Legislatura. Algunos de ellos, de autoría del senador provincial Matías De Urraza son los de derogación de la ley que declara la actividad audiovisual como actividad productiva de transformación, de interés público y cultural, o el de disolución del Fondo Fiduciario del Programa de Seguridad Vial y del Transporte de la provincia de Buenos Aires.
En la fila de los asuntos pendientes en la Legislatura se acumulan proyectos sobre la para establecer la autarquía financiera de la obra social estatal IOMA (presentado por el diputado radical Diego Garciarena), o para prohibir la utilización de teléfonos celulares en las cárceles (del bloque Hechos, en el Senado, iniciativa que no tomó estado parlamentario), entre otros.
El bloque de Unión y Libertad, un espacio que tiene como referente al senador bonaerense Carlos Kikuchi (exarmador político del presidente Javier Milei) presentó, en medio de la parálisis legislativa, un proyecto para modificar la distribución de los fondos de coparticipación para los municipios.
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POLITICA
Nombraron al reemplazo de Carlos Frugoni: quién será el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura
El Gobierno nacional nombró a quien asumirá la conducción de la Secretaría de Coordinación de Infaestructura luego de que su ex titular, Carlos Frugoni, sea desplazado de su cargo.
Según informó el Ministerio de Economía, será Fernando Herrmann, quien tome el puesto que queda vacante. No se trata de una nueva incorporación; por el contrario, Herrmann se desempeñaba como titular de la cartera de Transporte.
“Por su parte, Mariano Plencovich, asumirá el cargo de Secretario de Transporte”, informaron desde el Gobierno.
El Gobierno tomó la decisión de desplazar a Frugoni luego de que se conociera que había omitido incluir en su declaración jurada una serie de propiedades en Estados Unidos.
Herrnann, arquitecto de profesión, asumió la conducción del área de Transporte en enero de este año tras la salida de Luis Octavio Pierrini. Todo quedó oficializado mediante el Decreto 47/2026.
En simultáneo, se dieron otros cambios entre las máximas autoridades de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF): los dos presidentes de las empresas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, renunciaron esa misma semana.
La salida de Carlos Frugoni
El funcionario del área de Infraestructura presentó su dimisión tras revelarse que omitió siete propiedades en Miami y Palm Beach de sus declaraciones juradas, adquiridas entre 2020 y 2022 a través de sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware. La situación generó una crisis de confianza que hizo insostenible su continuidad en el cargo.
Al menos cinco de esos inmuebles fueron identificados en registros oficiales del condado de Palm Beach, con valores de entre USD 215.000 y USD 216.000. El listado incluye el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane en Delray Beach; el departamento 309 de 300 Waterway Drive South en Lantana; una unidad en 13212 Glenmoor Drive en West Palm Beach; el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive en West Palm Beach; y el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard en South Palm Beach. Las adquisiciones se canalizaron a través de las sociedades Genova y Waki, constituidas en Delaware en 2021 y 2025, respectivamente, y ninguna fue informada ante las autoridades argentinas.
El propio Frugoni admitió su error ante el periodista Nicolás Wiñaski: “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”. Justificó las omisiones al señalar que hasta ese momento solo tributaba en Estados Unidos, aunque aseguró que regularizaría la situación tras asumir su cargo nacional.
El crecimiento de su patrimonio refuerza las dudas sobre la transparencia de su gestión. En 2019, Frugoni declaró USD 98.000 en caja y tres millones de pesos en acciones. Tras las compras en Miami, sus acciones superaron los 40 millones de pesos en 2023 y declaró inversiones en 16 empresas, junto a depósitos de 400.000 dólares en el exterior.
Las revelaciones impulsaron denuncias judiciales lideradas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso. Las causas quedaron radicadas en el juzgado federal a cargo del juez Daniel Rafecas e implican presuntos delitos por ocultar un patrimonio superior a 1,5 millones de dólares.
Del Gaiso no ahorró críticas y publicó en la red X: “Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar 7 propiedades en Miami y olvidarse de declararlas, le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones en 16 empresas por 40 millones de pesos, con el dólar a $200.” El legislador también subrayó que el ahora exfuncionario cobró sueldos oficiales mientras enviaba fondos personales al exterior.
En el entorno gubernamental, el caso generó reacciones de distinta intensidad. Un alto funcionario calificó el hecho de “gravísimo” y señaló que Frugoni “tiene que explicarlo”, según publicó Infobae. Otras voces consultadas por el mismo medio consideraron que el episodio supera en gravedad a antecedentes recientes, como el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Una fuente cercana al despacho presidencial marcó la diferencia: “Nos llama la atención que los medios sean tan diferentes con el que es un escándalo en serio que con lo que fueron con Manuel, que todos saben que es una pelotudez sin corrupción ni omisión”. Otro funcionario fue más directo al comparar la magnitud de los bienes: “Estás comparando siete casas en Miami con dos propiedades en Argentina. Tiene que aclarar el tema”.
POLITICA
Pidieron la indagatoria del titular de ARCA: lo acusan de ocultar propiedades en Miami por más de US$2 millones
En medio de la investigación judicial que tiene como protagonista al jefe de Gabinete por su patrimonio, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, fue señalado por la Justicia por presuntamente haber ocultado a la Oficina Anticorrupción y al organismo que conduce la posesión de tres propiedades en Estados Unidos que valen más de US$2,1 millones.
El pedido de indagatoria fue emitido por el fiscal nacional de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien consideró que Vázquez debería ser procesado por el delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial.
Se trata de una figura penal que prevé hasta 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. En paralelo, Rodríguez le solicitó al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En su solicitud, que deberá ser resuelta por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el titular de la PIA enfatizó que “sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vinculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”.
El funcionario, que fue nombrado como titular de la Dirección General Impositiva (DGI) en octubre de 2024 y ascendido a la cúpula de ARCA en diciembre de 2025 por Javier Milei, es investigado desde diciembre de 2024 luego de que se conociera su supuesta vinculación con tres inmuebles en Miami.
Las propiedades señaladas son las unidades 3504 y 2811 del complejo Icon Brickell, adquiridas en enero de 2013 por US$710.000 y US$400.000, respectivamente, mediante la sociedad panameña Alcorta Corp., además de la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, comprada en julio de 2015 por US$980.000 a través de Pompeya Group Corp.
Ambas firmas de origen panameño pasaron en 2016 a manos de Galanthus Capital Limited, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas donde Vázquez figura como beneficiario final, según formularios internos del estudio Trident Trust a los que accedió el diario La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). En esos documentos, Vázquez fue catalogado como Persona Políticamente Expuesta (PEP).
En este escenario, tres diputados de la Coalición Cívica -Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Mónica Frade- presentaron una denuncia penal que cayó en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal federal Carlos Rívolo. Sin embargo, luego pasó a Martínez de Giorgi y el fiscal Guillermo Marijuán, quien solicitó información adicional de las Islas Vírgenes Británicas mediante un exhorto judicial.
En esa tarea, también trabajan junto al fiscal dos fiscalías especializadas: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativa. Fue esta última quien ahora pidió la citación indagatoria al argumentar que Vázquez nunca hizo mención a sus propiedades en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción y la AFIP entre 2011 y 2015, y en 2023.
Para el fiscal Rodríguez, existe una hipótesis de enriquecimiento ilícito, ya que Vázquez declaró tener US$40 mil en activos líquidos al cierre de 2012 y US$44.000 al cierre de 2013, pero compró inmuebles por US$1,1 millón en enero de 2013 y por otros US$980.000 en julio de 2015.
En ese contexto, Rodríguez aseguró en su dictamen haber verificado que el funcionario y su exesposa Silvia Ivone Rodríguez, empleada de ARCA, pagaron impuestos municipales en el condado de Miami por esos inmuebles por un total de US$136.761 entre 2014 y 2018. Según su investigación, también se registraron reintegros de impuestos enviados a nombre del propio Vázquez y su exesposa, mientras que sus hijas residen allí desde 2022, de acuerdo a la declaración de domicilio real ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
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Además de pedir la citación indagatoria, la PIA solicitó al juez Martínez de Giorgi librar exhortos internacionales al Bank of America, al PNC Bank y al Wells Fargo, donde Vázquez y su grupo familiar tendrían cuentas, y reiterar el pedido de información a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas.
En paralelo, Rodríguez también requirió información a la Embajada de Estados Unidos sobre los movimientos migratorios de Vázquez, su ex esposa y sus dos hijas en territorio norteamericano desde 2012.
ARCA, Gobierno, Procuraduria de Investigaciones Administrativas
Luego de que el Gobierno radicara una denuncia contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno (TN) por presunto “espionaje” a raíz de grabaciones en diferentes áreas de uso común de la Casa Rosada, la periodista hizo un descargo en su programa. Aseguró que se trató de “videos clandestinos”. Además, justificó que las zonas filmadas son las mismas a las que se puede acceder a través de las redes sociales.
“Hoy vamos a empezar un poco distinto. A nosotros nos gusta mucho hacer este programa, lo pensamos cada domingo pensando en tener buena información, ser creativos y precisos, contar historias, investigar y hacerlo cada vez mejor. Hace un par de semanas yo tuve una idea para que Nacho, que tiene 23 años y hace dos que está acreditado en la Casa Rosada, trabajando rigurosa y responsablemente, cuente la interna política de una manera más visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada”, explicó el domingo en la apertura de su programa ¿Y mañana qué? por TN.
Geuna definió al informe que el oficialismo cuestionó como “bastante inocente” y marcó que en las grabaciones no imágenes prohibidas y/o tomadas en lugares no permitidos. “Naturalmente, avisamos con anterioridad a funcionarios del área de prensa que lo haríamos, por eso no hay manera de sostener que se trataba de una grabación clandestina ni mucho menos fuera de espacios de libre circulación de la Rosada”, afirmó.
Acto seguido, la periodista remarcó que las grabaciones fueron hechas en áreas a las que que incluso se puede acceder a través de Google Street View. “No se mostró nada que no haya sido reproducido públicamente antes”, indicó.
“Lamentablemente, el informe se prestó a confusiones e interpretaciones de cualquier tipo. Lo sentimos de verdad y creo en el aprendizaje que me dejan estas situaciones. Como ya saben, la Casa Militar hizo una denuncia penal por espionaje, por lo que mañana [lunes] a primera hora, todo el material en crudo, lo que salió al aire y todos los registros de esas grabaciones serán presentados por nuestros abogados en la Justicia”, subrayó.
Por su parte, Geuna cuestionó la medida del Poder Ejecutivo de cerrar la Sala de Prensa de la Casa Rosada para periodistas acreditados: “Es una decisión política que interpela a todos los que creemos y defendemos profundamente la libertad de expresión. Confío en que nuestros compañeros van a poder volver pronto a su trabajo”.
La denuncia del Gobierno
Tras la publicación del informe, la Casa Militar radicó una denuncia contra Geuna y Salerno que quedó en manos del juez Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py, bajo cargos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares. En las acciones legales señaló que el contenido vulneró la seguridad de las instalaciones y expuso datos estratégicos del Poder Ejecutivo.
La Casa Militar argumenta que el video muestra sistemas de vigilancia, equipos de comunicación y dispositivos de control de acceso que deben mantenerse bajo reserva, mientras que la acusación cita posibles delitos contra la seguridad nacional previstos en el Código Penal y la Ley Nacional de Inteligencia, bajo el argumento de que el material facilita inteligencia sobre los movimientos del Presidente.
En tanto, el presidente Javier Milei apuntó directamente contra Geuna y Salerno, a quienes tildó de “basuras repugnantes”. “Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) salir a defender lo que hicieron estos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables”, cruzó.
una denuncia contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno,pic.twitter.com/Z46PtFT74k,April 22, 2026,Javier Milei,Periodistas,Conforme a,,»Gravedad inusitada». El Club Político Argentino condena la expulsión de los periodistas acreditados en la Casa Rosada,,»Garantizar una prensa libre no es una opción». Pro cuestionó la decisión de la Casa Rosada de prohibir el ingreso de los periodistas acreditados,,Pese al repudio. La Casa Rosada mantuvo el cierre de la sala de prensa y Milei escaló su ofensiva contra periodistas,Javier Milei,,Análisis. Alerta meteorológica sobre el clima social,,Planes para 2027. El Gobierno busca cambiar la boleta única de papel para que los gobernadores no desdoblen sus elecciones,,»Te llaman fascista para matarte». Los mensajes que compartió Milei tras el intento de asesinato de Trump: insultos y críticas a la izquierda
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