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El canciller Pablo Quirno informó este miércoles que dos argentinos fueron liberados tras ser arrestados en Libia cuando intentaban llegar a Gaza en una misión humanitaria. El Ministro de Relaciones Exteriores confirmó que ambos estaban en Turquía a la espera de regresar al país.

Los ciudadanos fueron identificados como María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, quienes fueron detenidos el pasado 24 de mayo en la zona de Sirte, que se encuentra a casi 500 kilómetros de la capital Trípoli. De allí los trasladaron a Bengasi, al este del país, hasta que esta mañana finalmente fueron expulsados y viajaron a Estambul, donde los recibió un equipo diplomático.

“Desde el 24 de mayo, fecha en la que Gimenez y Aguilera fueron detenidos, la Cancillería Argentina, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y la Embajada Argentina en Túnez, llevó adelante de manera permanente distintas gestiones consulares y políticas, incluyendo el desplazamiento del Cónsul argentino en Túnez a Bengasi y las arduas gestiones junto a países amigos, la UNSMIL (Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia) y el Comité Internacional de la Cruz Roja hicieron posible su liberación”, explicó Quirno.

Y añadió: “La Cancillería Argentina no hace política ni espectáculo con los ciudadanos argentinos que necesitan ayuda en el exterior. Todas estas gestiones se llevaron adelante con la cautela que la situación ameritaba, debido a la complejidad del caso y del contexto jurídico-político en que se desarrollaron”.

Días atrás, el diputado kirchnerista Hugo Yanksy había pedido citar a Quirno para que expliqué qué fue lo que había pasado con los dos ciudadanos.

Quiénes son los dos argentinos que fueron expulsados de Libia

María Paula Giménez, de 42 años, es psicóloga, y Lucas Aguilera, de 49, es médico veterinario. Ambos son oriundos de Mendoza —ella de la localidad de Alvear y él de Luján de Cuyo— y se desempeñan como directores de investigación de la agencia de noticias Nodal. Según explicó Adalberto Aguilera, hermano de Lucas, los dos tienen una extensa trayectoria ligada a la militancia social, la investigación periodística y la defensa de los derechos humanos, convicción desde la cual decidieron sumarse a la misión.

El recorrido del grupo comenzó en Estambul y continuó hacia Trípoli, donde se incorporaron a la caravana internacional. Aunque contaban con la documentación necesaria para transitar por Libia y habían recibido apoyo de gran parte de la población local, fueron arrestados cuando intentaban obtener autorización para avanzar por el noreste del país. Según relató la familia, las dificultades previstas estaban más cerca de Egipto y de la frontera con Gaza, por lo que la detención en territorio libio tomó por sorpresa a todos los integrantes de la delegación.

El convoy del que formaban parte, el Convoy Terrestre Global Sumud Maghreb, estaba integrado por más de 200 participantes de 25 países: médicos, periodistas, ingenieros, psicólogas, veterinarios, trabajadores humanitarios, parlamentarios, académicos y voluntarios civiles, además de ambulancias, vehículos logísticos y asistencia especializada destinada a la población palestina, de acuerdo con la información difundida por las organizaciones que acompañaron el caso. El objetivo era llegar al paso fronterizo de Rafah para exigir el ingreso seguro de ayuda humanitaria y denunciar el bloqueo impuesto sobre Gaza.

Tras recuperar la libertad, Aguilera se refirió a la experiencia en sus primeras declaraciones públicas. “Fueron días durísimos”, afirmó, y destacó la unión que se generó entre los detenidos pese a las diferencias idiomáticas y culturales. “Éramos de países distintos. Yo no hablo inglés, unos hablaban italiano, los otros inglés, y nos supimos comunicar, nos supimos sacar la fortaleza de adentro y salimos adelante”, señaló. El grupo de diez personas que compartió el cautiverio se autodenominó “los diez del Magreb”, según sus propias palabras.

Las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos que acompañaron el proceso celebraron la liberación, pero advirtieron sobre la gravedad de lo ocurrido. En un comunicado, sostuvieron que “la libertad de las diez personas no borra la gravedad de lo ocurrido” y que “durante semanas fueron privadas arbitrariamente de su libertad, alejadas de sus familias y sometidas a una situación de extrema incertidumbre”. Calificaron la detención como un secuestro y afirmaron que los integrantes de la misión “nunca debieron haber sido secuestrados, retenidos ni criminalizados por participar de una misión civil y humanitaria”.

En una reunión en la que el oficialismo senatorial -que comanda Patricia Bullrich– ni siquiera consiguió el quorum inicial en la comisión de Legislación General -se esperaron los 30 minutos reglamentarios y luego se continuó con el tercio de la misma- , el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió esta tarde la nueva ley de Sociedades que empuja la Casa Rosada. El funcionario además buscó blindar un guiño de la administración libertaria hacia la aplicación de la inteligencia artificial y el mundo de los algoritmos que se incorporan, de manera muy acelerada, en procesos productivos.

Según Sturzenegger, con la creación de la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain, podría superar en condiciones a Estados Unidos y Europa. “¿Va a funcionar? No los sabemos. ¿Vale la pena? Sí“, planteó el ministro, quien puso también el ejemplo de Irlanda como país donde tributan empresas que no tienen procesos productivos in situ, pero que cobran un impuesto por la residencia fiscal.

Al inicio del encuentro disertó la subsecretaria de planeamiento estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán. Tras conceptos generales de una normativa vigente desde 1972, mencionó siete ejes: fortalecer la autonomía de la voluntad de los socios -Estado deja de presumir que conoce mejor que los particulares cómo organizar sus negocios-; ordenar reglas comunes y luego las de cada subtipo; simplificación de la actividad empresarial; digitalización profunda -libros contables, por caso-; reducción de discrecionalidad de organismos públicos -continúa la Comisión Nacional de Valores como autoridad de aplicación-; inclusión de nuevas figuras de la economía; e instrumentos flexibles de financiamiento e inversión.

Seguido a ello, el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez, direccionó la lupa hacia la brecha de empresas cada 1.000 habitantes: Chile y Uruguay; 60; México, 34; Argentina, 15. Después, advirtió que las reglas actuales están enfocadas, en “un 70%, para la gran empresa, que regula las Sociedades Anónimas, de una forma rígida”; y que el “99,8% de las empresas del país son MiPyME y generan el 64% del empleo privado formal”.

Fue Ramírez quien resaltó lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la digitalización de libros societarios y contables en un plazo de dos años. “Basta de pérdidas de libros cuando una está siendo investigada”, lanzó. Sobre las DAOs, afirmó que se “eligió legislar una parte pequeña”, mencionó que quienes quieran no identificar a beneficiarios finales “no serán recibidos por esta ley”, y que la “alternativa de no hacer nada tiene un costo”. “Podemos mirar hacia un costado y no regularlas, pero existen”, remarcó.

Tras ello, llegó el turno de Sturzenegger. Dijo que hay dos planos sobre las nuevas tecnologías: las sociedades automatizadas por robots -un subtipo de SA, pero de gestión por software o robots; y las DAO, administradas por inteligencia artificial pero con posibilidad de contratar humanos para diversas tareas. “A mediados de los ‘80, Irlanda tenía un ingreso promedio del 60%; a mediados de los 2000, 20 años después, era de 115% del promedio de la Unión Europea”.

Desde el kirchnerismo, Martín Soria (Río Negro) no perdió la chance para defenestrar a Sturzenegger y relacionar el proyecto con las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) impulsadas durante el macrismo y luego utilizadas en el pasado, según relató, por bandas del narcotráfico, como “Los Monos”. También mencionó los parámetros del Papa sobre este tema y alertó sobre el domicilio electrónico, que será considerado válido y vinculante para los casos en los que no exista sede física. Quien objetó otros puntos y realizó consultas extra fue el chaqueño Jorge Capitanich, las cuales fueron bien recibidas por los representantes del Ejecutivo.

En lo que se refiere a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el articulado mileísta introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones. Se prevén procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pagos para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria.

Al final de la reunión, la libertaria y presidenta de la comisión de Legislación General, Nadia Márquez (Neuquén), informó que la discusión continuará en asesores y se descarta que habrá lista de invitados. Así, se estima que el análisis de la ley seguirá por, al menos, varias semanas.