EL CALAFATE.- La Justicia Federal de Caleta Olivia dictó el sobreseimiento de Juan Carlos Molina, apoderado de la Fundación Valdocco y actual diputado nacional por el kirchnerismo en Santa Cruz, en la causa que los investigaba por el presunto delito de trata de personas. La denuncia había sido presentada por el gobierno provincial por presuntos hechos que involucraban a la entidad en Cañadón Seco.

La resolución, que también alcanza a Ana Valeria Gómez, determinó que el hecho denunciado “no se cometió”, despejando así las sospechas más graves que pesaban sobre el extitular de la Sedronar y actual diputado nacional.

La génesis del conflicto se remonta a una denuncia conjunta presentada en octubre pasado por las ministras de Desarrollo Social y Educación de Santa Cruz, Luisa Cárdenas (que luego renunció) e Iris Rasgido, quienes habían alertado sobre un “entramado de captación” y traslado irregular de menores —mayormente de comunidades Wichi— desde El Chaco hacia el predio rural “Casa Pibes de la Patagonia”, ubicado en Cañadón Seco, Santa Cruz. Según la acusación original, los jóvenes eran retenidos con fines de explotación institucional y política en un ambiente carente de infraestructura básica.

Sin embargo, tras meses de instrucción, el juez Marcelo Vázquez, subrogante del juzgado de Caleta Olivia, concluyó que la permanencia de los niños en la fundación tiene una finalidad estrictamente asistencial. “No se extraen indicadores de trata de menores con fines de explotación; pues todas las constancias de la causa señalan, de manera unívoca, que aquellos no han sufrido vulneración alguna en sus derechos”, señaló el juez; y argumentó que los traslados se realizaban al amparo de un Acuerdo Marco de Cooperación Mutua entre la Provincia del Chaco, la Provincia de Santa Cruz y la Fundación Valdocco.

El actual diputado nacional Molina celebró la noticia del fallo favorable: “Queda claro que los hechos que denunciaron no existieron, que solo fue una persecución política, y que no hubo ninguna situación de vulneración de derechos”, afirmó a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, en las que es muy activo.

“Queremos transmitir a las familias de Santa Cruz y Chaco, que son parte de nuestra comunidad porque son parte de nuestras casas, que no nos quedaremos de brazos cruzados hasta que se restablezcan cada uno de los derechos que el gobierno provincial viene pisoteando”, sostuvo el sacerdote. Insistió en que la denuncia tuvo fines electorales, en tanto que terminó un mensaje y agregó: “Es muy bueno que la verdad empiece a conocerse. Que Dios los perdone”.

El alivio para Molina en el fuero federal no significa el cierre definitivo de sus frentes judiciales. El juez Vázquez se declaró incompetente para seguir entendiendo en las denuncias por defraudación, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos. Según el tribunal, al estar involucrados exclusivamente fondos del erario de Santa Cruz y no detectarse afectación de recursos nacionales, la investigación debe continuar en la justicia ordinaria.

Actualmente, el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos mantiene bajo la lupa las presuntas irregularidades en el manejo de subsidios para comedores y el pago de haberes docentes. La sospecha de la fiscalía provincial apunta a que la fundación habría “inflado” las nóminas de beneficiarios para obtener transferencias indebidas del estado santacruceño.

La Fundación Valdocco fue creada en Santa Cruz por Molina hace más de 20 años como un centro de recuperación terapéutica y con fines educativos para jóvenes en contexto de riesgo y marginalidad. Comenzó con un fuerte financiamiento estatal y donaciones. A partir de allí fue creciendo hasta fundar sedes en El Calafate, Chaco y hasta en Haití.

A finales de 2024, tras el cambio de color político en Santa Cruz, el gobierno provincial de Claudio Vidal denunció a la fundación por el manejo de fondos y luego, en un cruce de información entre las dos provincias, descubrieron el doble cobro de sueldos simultáneos de personal en ambas jurisdicciones. A finales del año pasado, el gobierno chaqueño suspendió los aportes públicos a la fundación, en el marco de una causa que investiga el pago de salarios a docentes que no prestarían servicios efectivos y otros que percibirían doble remuneración, una en Chaco y otra en Santa Cruz.

La Justicia provincial de Chaco falló a favor de la fundación, pero en la segunda instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia revocó el amparo, cuestionando que la Fundación no acreditó ni acompañó con documentación respaldatoria los cargos docentes y detalló que solo aportaron papeles sobre siete maestros y cuestionó que la institución se arrogara la representación de la comunidad wichi.